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En 2006 Busti gastará en sueldos siete de cada 10 pesos del presupuesto

ENTRE RÍOS

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Cuestionan la concentración de facultades en el Ejecutivo para hacer uso del gasto en desmedro de la Legislatura. La economía provincial estará fuertemente dependiente de los recursos de la Nación, que se estima que crecerán un 10 % el año próximo.


El mensaje con el que el gobernador Jorge Busti elevó el proyecto de Presupuesto 2006 a la Legislatura lo dice en forma clara, sin ambages: en 2006 el Estado tiene previsto gastar en salarios del personal, ya sea empleados en forma directa o indirecta, de manera permanente o contratada, 1.390 millones de pesos. La cifra significa un 38,5 % sobre el total de las erogaciones previstas, que suman 3.614 millones de pesos. Pero si “se considera sólo los gastos atendidos con el Tesoro Provincial, dicho porcentaje asciende a 59,3 %, y se eleva al 69,8 % sumando al gasto de los agentes provinciales, el correspondiente a la atención del personal de los establecimientos educacionales privados y los pasivos provinciales”. Esa relación se diluye cuando se suman los abultados ingresos que se proyecta recibir de la Nación: de los 3.482 millones en gastos, 1.815 serán fondos federales. Del total de gastos proyectados en agentes públicos, el 91 % se lo lleva el Poder Ejecutivo, y de éstos el 42,32 % está concentrado en la administración central; la Legislatura, con 392 trabajadores en planta permanente, absorbe el 1,49 % del gasto en persona, y el Poder Judicial, con 1.732 empleados, se queda con el 7,42 %. El volumen de personal llega a una cifra superior a las 63 mil personas, si se tiene en cuenta que, en base a datos oficiales, hay 52.190 en planta permanente, 4.978 contratados y se pagan 216.185 horas cátedras en Educación (dividido ese total por las 36 horas cátedra tope que corresponde a cada docente, surgen alrededor de 6.000 empleados más). El Presupuesto 2006 contempla un total de recursos que ascienden a $ 3.482.650.000, conformado así: recursos corrientes, $ 3.165.805.000, y recursos de capital: $ 316.845.000, que representan el 90,9 % y 9,1 % respectivamente. Del total de recursos, $ 2.180.351.000 corresponden a ingresos del Tesoro Provincial, es decir un 62,6 %, y el resto está conformado por recursos de distinto origen. Sobre este punto, el economista Roberto Schunk, asesor del bloque de diputados del Nuevo Espacio, puntualiza que la asistencia financiera de la Nación está cobrando cada vez más preponderancia en Entre Ríos. “Hay una profunda crisis provincial, que se diluye por el altísimo aporte de recursos federales”, sostiene. Para 2006, el Ejecutivo proyecta un ingreso de 1.815 millones provenientes de la Nación, “lo que representa un incremento de 10,1 %” con respecto a la recaudación por igual concepto prevista en el Ejercicio 2005, según subraya el mensaje que envió la Administración Busti a la Legislatura”. Los montos estimados se corresponden con los valores proyectados por los organismos nacionales, fundado dicho incremento en una mejora sostenida de la actividad económica nacional y a la lucha contra la evasión impositiva”, añade. Los recursos propios de la provincia, en tanto, evolucionarán de una manera más modesta, ya que se han estimado en $ 474.397.000, “lo que representa un incremento del 6,2 %” con respecto a 2005. Schunk afirma que la participación de los recursos provinciales marca una franca caída: mientras que en el período 1990 a 2003 representaron una media del 33,60 %, en 2004 cayeron al 26,59 %. Con los números del Presupuesto, Schunk hace otra mirada: dice que históricamente Economía “infla” los números de los gastos de capital, lo que resta recursos para, entre otros destinos, mejorar la situación salarial de los empleados del Estado con el argumento de un eventual desequilibrio financiero. Así, el economista menciona que mientras en el Presupuesto 2005 se previeron 745 millones de pesos en gastos de capital, al 30 de septiembre el total ejecutado apenas llegaba a 192 millones de pesos. De igual forma, mientras en 2004 se había previsto gastar en ese rubro 562 millones de pesos, finalmente se ocuparon 275 millones, esto es el 49 % de lo que se había proyectado. Pero antes que en los números, Schunk se detiene en el “espíritu” del proyecto de ley del Gobierno, y pone el acento en la “excesiva concentración de atribuciones que le son propias de la Legislatura en poder del Ejecutivo” a la hora de definir el destino de los recursos públicos. En eso, dice, se entra en “colisión” con lo que establece la Constitución de Entre Ríos en el inciso 8 del artículo 81, que establece la potestad del Poder Legislativo en la tarea de “fijar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos”. No ocurre así —subraya— con el texto que ahora está en análisis en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y para eso menciona un puñado de artículos que, a su criterio, merecen una cuidadosa atención. Schunk menciona primordialmente los artículos 6º, 17º, 19º y 21º que dejan en manos del Ejecutivo “amplias facultades” para disponer del Presupuesto. “Lamentablemente hace rato vengo alertando sobre esto, y he lanzado la idea de recurrir con un planteo ante la Justicia porque aquí se está violentando el espíritu de la Constitución Provincial, ya que se ignoran las facultades que les corresponden a la Legislatura, pero no consigo que este tema se ponga en agenda, y se cuestione”, añade. EN EDUCACIÓN, TODO IGUAL Aunque el proyecto de presupuesto 2006 contempla un gasto para Educación del orden de los 619 millones de pesos, efectivamente el Estado provincial gastará en ese rubro 527 millones; el resto, 92 millones, se destinará a solventar el funcionamiento de las más de 300 escuelas públicas de gestión privada que hay en Entre Ríos, y que cuentan con una matrícula de 76 mil alumnos. De los 527 millones, pues, un altísimo porcentaje, el 97 %, se destinará al pago de personal, rubro que se lleva 516 millones de pesos. De tal forma, no hay crecimiento en inversión educativa con recursos propios de la provincia, sino que el próximo año también en este rubro los aportes de la Nación serán clave, tanto en los programas denominados de “inclusión” como también a capacitación docente. Fuente: El Diario de Paraná

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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