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Inauguran Centro de Formación y Entrenamiento

MANEJO DEL FUEGO

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En la ciudad de Apóstoles (Misiones), quedó inaugurado un Centro Nacional de Formación y Entrenamiento, destinado a la capacitación y perfeccionamiento de personal de las distintas jurisdicciones que integran el Sistema Federal de Manejo del Fuego y en el que se brindarán los cursos básicos y especializaciones que el sistema requiere para su desarrollo, pasantías de entrenamiento y se promoverá la conformación de planteles técnicos o profesionales que atiendan a las necesidades de desarrollo tecnológico que la materia demanda.


El acto inaugural contó con la presencia del ministro de Salud y Ambiente de la Nación Gines Mario González García; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Atilio Savino; el gobernador de Misiones Carlos Rovira e integrantes de su gabinete y una delegación del Gobierno de Corrientes encabezada por los ministros de Producción, Trabajo y Turismo Alfredo Aún y de Salud Pública David Dos Santos; el subsecretario de Salud Julian Dindart; el director de Recursos Forestales Luis María Mestres, el jefe del Departamento de Protección Forestal de la DRF Carlos Jacobo y el responsable del área de Emergencias Sanitarias del la cartera de Salud Julio Picón; por el PNMF su Coordinador Fernando Epele y sus colaboradores Daniel Bocos y Roberto Vélez junto al Coordinador de la Regional Mesopotámica Jorge Krieger y representantes de la Administración de Parques Nacionales. Durante la ceremonia inaugural, Savino destacó los objetivos del nuevo Centro, que prestará servicios de capacitación no solo para la mesopotamia y la región NEA, sino para todo el país, preparando a los actores públicos y privados en todo lo inherente a prevención, presupresión y combate de incendios rurales y forestales. Por su parte, el ministro González García señaló que la política del gobierno nacional se basa en la prevención subrayando que tanto en Salud como en ambiente, la prevención es el concepto primario. “Es lo que quiere el gobierno y se hace entre todos, cambiando la historia de los argentinos”, enunció, aludiendo a los distintos estados provinciales, al Plan Nacional de Manejo de Fuego e instituciones privadas que participan en este programa. González García respondió aludiendo a la eventual instalación de papeleras en territorio argentino, mencionando que “Argentina va a cuidar sus recursos” y que “hay que tener un equilibrio entre lo que son las capacidades productivas y la preservación del ambiente. Se pueden hacer con la moderna tecnología inversiones productivas que preserven y cuiden el ambiente. Hay que buscar ese equilibrio y no perjudicar a nadie y beneficiar a todos”. Asimismo, durante esta jornada, y en relación a las distintas posturas adoptadas sobre la instalación de papeleras y otras relacionadas, el ministro Alfredo Aún propuso a Gonzáles García y Savino, compatibilizar entre las provincias de la Mesopotamia y la Nación el desarrollo sustentable con el medio ambiente, definiendo en forma conjunta las políticas de la región y que el Gobierno Nacional derive al ámbito pertinente las decisiones adoptadas, tanto respecto de las relaciones con países limítrofes, como las adoptadas dentro de la jurisdicción Argentina. Los funcionarios manifestaron su total acuerdo con la propuesta y acordaron comenzar a la brevedad con las reuniones con las que se que arribe a una uniformidad de criterio y la adopción de una política ambiental común para la región. EL CENTRO El Gobierno de Corrientes prestó especial atención durante estos últimos años al cuidado de su patrimonio forestal ante el riesgo de los fuegos rurales. En tal sentido, fue dotando de autobombas y elementos de trabajo a todas las municipalidades y cuerpos de Bomberos Voluntarios del interior provincial y de elementos para el combate de incendios para el personal afectado a esta tarea y a los distintos consorcios de manejo de fuego. Asimismo, trabajó intensamente con el Plan Nacional de Manejo de Fuego e integró, junto a las demás provincias, el Sistema Federal de Manejo de Fuego, que además de trabajar en estrategias de prevención, presupresión y combate del fuego rural, se enfocó en la determinación de los índices de peligro de incendios forestales, cuyos datos conjugados con la característica de combustibles de cada lugar, pueden deducir un modelo de comportamiento del fuego y tomarse las decisiones en consecuencia. Pero además, se determinó como aspecto de mayor demanda por parte de las jurisdicciones integrantes, la formación de recursos humanos capacitados para el combate de los fuegos y las actividades inherentes a esta actividad. En ese marco, se encaró la tarea de corregir este déficit, a través de un sistema que garantice la homogeneidad de la formación impartida y un sistema de certificación para jerarquizar la actividad y lograr avances hacia el reconocimiento de la misma. Por eso se resolvió la creación de este Centro, en el cual se desarrollarán los cursos: básicos de combatiente y de jefe de cuadrilla; de comportamiento del fuego, de meteorología, director de tiro (uso de medios aéreos), quemas prescriptas, organización, investigación de causas, cartografía, sistemas de información geográfica, comunicaciones, sistemas de evaluación de peligro, primeros auxilios, mecánica y mantenimiento de los elementos de combate. Este Centro cuenta con las comodidades para alojar a 20 pasantes de distintas jurisdicciones durante dos turnos al año; se desarrollarán para asistentes provenientes de la región con bajo índice de peligro de incendios en ese período y contará con instructores que formarán parte de un equipo estable y otros para cursos cortos o especialidades. La permanencia de personal de distintas jurisdicciones en temporada de alto riesgo de incendios en la zona mesopotámica y norte, permitirá la participación de dicho personal en actividades de ataque ampliado, o cualquier otra actividad que demande apoyo de personal por parte de las jurisdicciones integrantes del sistema federal. Los gastos que demande esta capacitación y entrenamiento, unos $ 615.000, serán desembolsados por la Nación en dos tramos anuales y serán utilizados para equipamiento informático, mobiliario y electrodomésticos, equipamiento de comunicación radial, movilidad y equipos de seguridad personal e indumentaria de entrenamiento.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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