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Presentaron un recurso de amparo contra el gobierno de Santa Fe

CRISIS PESQUERA EN EL PARANÁ (*)

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En la ciudad de Reconquista, un centro pesquero clave del norte de la provincia Santa Fe, se presentó un recurso de amparo, “contra el Poder Ejecutivo Provincial, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y/o la repartición que corresponda, tendiente a obtener que la Justicia ordene a la autoridad de aplicación, entre otros, reglamentar la Ley de Pesca 12.212 e implementar los controles permanentes necesarios para hacer cumplir las restricciones que fija la norma legal”, según indicaron los demandantes.


La acción legal es considerada una “iniciativa histórica” en el prolongado conflicto que pescadores artesanales y deportivos, y pequeños y medianos comerciantes de pescado, mantienen con las grandes empresas frigoríficas que exportan pescado en cantidades tales que han provocado una verdadera crisis del recurso pesquero en el río Paraná. El recurso legal está siendo tramitado en el Juzgado de Primera Instancia, Distrito Nº 4, en lo Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del juez José María Zarza. Actualmente la causa está a cargo del juez de turno Dr. Enrique Müller. La acción legal, patrocinada por los abogados Juan Lucas Cracogna y María Luz Cracogna, tiene como demandantes a Roald Omar Báscolo, Eloy Luis Cucit, Carlos Armando Del Zotto, Julio José Domínguez, Adolfo Lindolfo Espíndola, Maria Antonia Leguizamón y Hugo Neldo Mansur. El recurso de amparo fue acompañado de abundante documentación científica, incluyendo estudios realizados por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). La presentación judicial solicita además que se ordene al gobierno provincial santafesino “reglamentar los cupos máximos por especie; cambiar el criterio para que el pago de la tasa fiscal actual en lugar de que ser “por pieza” capturada sea “por Kg”; y descentralizar los controles de impacto ambiental”, además de “agilizar los trámites para poner en vigencia el convenio que otorga poder de control a la Prefectura Naval”. El recurso legal tiende a lograr que “ante la falta de información fidedigna de carácter estadístico (capturas y esfuerzo), y hasta tanto se implemente un sistema de información pesquera y se dictamine científicamente cuál es el rendimiento real que puede ser extraído en diferentes sectores de la cuenca sin poner en riesgo la integridad del recurso pesquero, se adecuen los cupos de exportación generados por la pesca industrial”. “Prohibir la instalación de nuevos frigoríficos pesqueros en la provincia de Santa Fe hasta tanto dictámenes científicos que emanen de entidades idóneas, independientes de la autoridad de aplicación, demuestren fehacientemente que el recurso pesquero no se encuentra en situación crítica o se haya salido de la situación actual de aparente sobreexplotación”, es otro de los objetivos del recurso de amparo. Otro de los puntos claves es “solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que emita un dictamen que justifique técnicamente la viabilidad de continuar autorizando la extracción indiscriminada del recurso pesquero por parte del sector vinculado a la pesca industrial”. CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL “Frente a la indiferencia de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia se conformó un grupo de vecinos espontáneamente agrupados en reuniones abiertas denominadas “Mesa de Trabajo”, acompañados por gente de los medios, en ejercicio del derecho que consagra la Constitución Nacional en su artículo 41 “a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, explicó el Dr. Juan Lucas Cracogna. “Durante un año se realizaron reclamos a la administración provincial para que ejerza los controles que indica la ley de pesca 12.212 de Santa Fe. La autoridad nunca respondió a estos requerimientos, los cuales incluso fueron realizados por el Concejo Municipal de Reconquista acompañando a los vecinos. Ante las omisiones de la Secretaría del Ambiente, las cuales son escandalosas, dado el innegable conocimiento de la autoridad provincial del estado crítico del recurso, y ante la inminencia de daños irreparables y la indiferencia oficial, los vecinos como intérpretes de la voluntad de la comunidad de la zona, interpusieron un recurso de amparo ante la justicia local”, consignó el Dr. Cracogna. “La acción legal busca que el tribunal que entienda en la causa haga respetar la Constitución Nacional y ordene al Poder Ejecutivo provincial cumplir con lo que se reclama, que no es más que lo que la ley exige. La acción de fondo del amparo, que se decide en la sentencia admitiendo el amparo o no, persigue que el Juez que entiende en la causa ordene a la autoridad de aplicación realizar lo que fuera oportunamente reclamado y que nunca fue respondido por la administración”, subrayó Cracogna. LA PRINCIPAL CAUSA DE LA CRISIS Por su parte Roald Omar Báscolo, uno de los demandantes, dijo que “la principal causa de la crisis pesquera es la deficiente actuación de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, una dependencia del Ejecutivo Provincial. Es este organismo el responsable del cuidado del recurso, de la regulación de las actividades y del control del tráfico de lo que se extrae del río. Es la ausencia del ente controlador lo que permite, lo que da carta blanca a cualquier depredador que sin obstáculos quiera llevar adelante un suculento negocio colando los ríos, sin medir las consecuencias para la sociedad”. “El recurso pesquero en el río Paraná sufre la peor crisis de los últimos 50 años. La crisis tiene varias causas, casi todas por actividades humanas, pero se destaca la sobreexplotación del río llevada a cabo de modo descontrolado por los grandes acopiadores como los frigoríficos pesqueros y los exportadores; también hay actividades contaminantes y algunas otras de menor importancia en cuanto al daño que provocan”, añadió Adolfo Espíndola. “Estamos asistiendo a un rally de la depredación y del descontrol consentido por la autoridad a la que corresponde controlar. Si esto se dilata en el tiempo, los daños serán irreparables. Por ello se solicitó la vía del amparo. Porque ante una situación extraordinaria y crítica el remedio debe ser extraordinario. Solamente solicitamos el respeto a la Constitución Nacional que consagra el derecho a un ambiente sano y que en su artículo 43 habilita el amparo para protegerlo. Sin contar el artículo 124 que responsabiliza a las provincias del cuidado de sus recursos. Los vecinos estamos a la espera, anhelando que la Justicia se haga presente y reconozca los derechos que son consagrados constitucionalmente, y no quedarnos solos con nuestras plegarias”, enfatizó finalmente Eloy Luis Cucit, otro de los firmantes del recurso de amparo. (*) Recibido por Corrientes al Día de Fundación PROTEGER, miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). Web: http://www.proteger.org.ar; email: rios.proteger@arnet.com.ar

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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