Seguinos

Regionales

Los ambientalistas van por más y mantienen el corte en Gualeguaychú

MÁS DE TRES DÍAS

Publicado

el

El conflicto por las papeleras sigue acumulando tensión. Mientras los gobiernos de la Argentina y Uruguay ratificaron ayer sus posiciones en la controversia, los ambientalistas anunciaron esta mañana la continuidad del corte que desde el viernes pasado mantienen en uno de los pasos fronterizos al país vecino, el más largo desde que comenzaron las protestas contra las plantas de celulosa.


Tras reunirse y someter la decisión a la votación de sus miembros, la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú anunció pasadas las 6.30 la extensión del corte de la ruta 136 que une esa localidad argentina con Fray Bentos, en Uruguay. HASTA LAS 20 El asambleísta Oscar Vargas explicó que está previsto que la asamblea vuelva a reunirse a las 20 para definir la extensión o no de la medida. En declaraciones a radio 10, Vargas añadió que se decidió seguir adelante con el bloqueo de la ruta en función del contenido del informe de impacto ambiental de la Comisión Binacional por parte de Argentina. TABARE DIJO QUE “ARGENTINA NOS INFLINGIÓ UN DAÑO REAL A CAMBIO DE UNO HIPOTÉTICO” En un día en el que cada parte ratificó su posición en el conflicto, el presidente de Uruguay rompió el silencio sobre el tema de las papeleras y comparó a Argentina con un hombre golpeador. El gobernador Busti le llevó a Kirchner la documentación para acudir a La Haya. En Gualeguaychú continúa el corte. “Nos han infligido un daño real a cuenta de uno hipotético, de un virtual daño que quizá pueda aparecer dentro de algunos años”, dijo ayer Tabaré Vázquez en referencia a la controversia planteada por la construcción de las papeleras, y comparó lo que pasa entre Argentina y Uruguay con “la letra de un tango en que el hombre le pega hoy a la mujer a cuenta de que quizá dentro de cinco años la mujer lo va a engañar con otro”. Las palabras del mandatario uruguayo marcaron una jornada en la que cada una de las partes ratificó su posición en un conflicto que no parece que vaya a solucionarse en lo inmediato: el propio Vázquez aclaró que su administración no va a detener la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos; el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, le acercó a Néstor Kirchner la documentación para que demande a Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya y los ambientalistas de esa provincia decidieron prolongar el que ya es el más extenso corte del puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos. En la Casa Rosada, en tanto, imaginan una resolución recién a largo plazo. Vázquez rompió el silencio que mantenía en torno del tema de las papeleras y confirmó que días atrás dialogó con Kirchner al respecto. Si bien el mandatario uruguayo aseguró que durante la charla se destacó la necesidad de buscar “un camino de acuerdo, con paz y tranquilidad”, sus declaraciones tuvieron poco de conciliatorias: dijo que su administración no va a detener la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos y sostuvo que “nos han infligido un daño real a cuenta de uno hipotético, de un virtual daño que quizá pueda aparecer dentro de algunos años”. Lo que preocupa a las autoridades uruguayas es el efecto negativo de los cortes en los pasos fronterizos con Argentina. Desde que se suscitó el conflicto, los ambientalistas de Entre Ríos vienen interrumpiendo el tránsito en los tres puentes entre esa provincia y Uruguay. El punto más crítico es el que une Gualeguaychú con Fray Bentos, la ciudad en la que se están construyendo las dos papeleras. Ese puente permanece cortado desde el último viernes y los manifestantes decidieron anoche mantener la protesta por tiempo indeterminado. “Lo que ha pasado entre Argentina y Uruguay es casi como la letra de un tango en que el hombre le pega hoy a la mujer, la lastima, la golpea, le rompe algún hueso, a cuenta de que quizá dentro de cinco años la mujer lo va a engañar con otro, sin saber si realmente lo va a engañar y usando procedimientos que no son los adecuados”, declaró también Vázquez sobre la controversia por las papeleras. El presidente uruguayo se refirió al asunto durante un discurso que ofreció ante el Consejo de Ministros de ese país y fue en ese contexto que confirmó su diálogo al respecto con Kirchner. En contraste con el silencio que mantienen desde la Casa Rosada, Vázquez reconoció que la conversación tuvo lugar el pasado lunes 30 de enero con la idea de buscar “un camino de acuerdo, con paz y tranquilidad, respetando los derechos que tenemos los dos países de cuidar a nuestra gente”. “Estoy seguro de que lo vamos a lograr”, añadió el mandatario, aunque dejó en claro que la instalación de las plantas “no se detiene ni este gobierno va a dar ninguna orden para detener su construcción”. Lo que sí dijo fue que “el gobierno uruguayo se compromete a controlar estrictamente los efluentes químicos que salgan de estas plantas cuando estén funcionando para que los mismos estén comprendidos dentro de lo permitido por la normativa regional, nacional e internacional, que es muy estricta al respecto”. El control del proceso de producción de ambas plantas podría ser una salida satisfactoria para los ambientalistas de Entre Ríos, siempre y cuando se haga bajo los parámetros establecidos por Greenpeace, cosa que Uruguay no parece dispuesto a aceptar. Esa solución también le vendría bien a Busti, quien quedó en una situación comprometida ante la continuidad de las protestas de los entrerrianos. En una nueva visita a la Casa Rosada, el gobernador volvió a pedirle a Kirchner que demande a Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya y le acercó la documentación necesaria para concretar la presentación (ver aparte). Además de ratificar la construcción de las papeleras sobre el río Uruguay frente a Gualeguaychú, Vázquez anunció que realizará una gira por la región, que no incluye Argentina, para “llevar a cada uno de los gobiernos que visitaremos todo lo actuado por Uruguay en el tema plantas de celulosa”. Según precisó, el propósito es “hacer conocer a los países integrantes del Mercosur la seriedad y la responsabilidad con la que se ha actuado en este tema”. El tema de las papeleras ya figura en la agenda del viaje que Vázquez realizará a Chile el próximo 11 de marzo para asistir a la asunción de Michelle Bachelet como presidenta de ese país. El mandatario uruguayo también tiene previsto visitar ese mismo mes Brasil y Paraguay para exponer también allí la posición de su administración. Además, invitó a Montevideo a su par boliviano Evo Morales y en caso de que no acuda, ya tiene resuelto viajar también a su encuentro en La Paz. “La Argentina no figura en la gira porque el encuentro Tabaré Vázquez-Néstor Kirchner se dará cuando se encamine la solución de las papeleras y esto es imposible determinarlo”, aclararon fuentes del gobierno uruguayo. Y el mismo Vázquez dijo que se reunirá con su par argentino “una vez que estemos cerca de una solución”. (Pagina /12)

Seguir leyendo
Publicidad
Clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

Publicado

el

Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

Seguir leyendo

Regionales

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

Publicado

el

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

Seguir leyendo

Regionales

Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

Publicado

el

Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

Seguir leyendo

Más vistos