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El corte en Gualeguaychú cumple una semana

ENTRE RIOS

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Lo que se llevaron ayer de la reunión con el presidente Néstor Kirchner no fue suficiente. Los miembros de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú mantenían este viernes el corte que desde hace una semana impide el tránsito en el puente que une esa ciudad con Fray Bentos, en Uruguay.


El bloqueo durará por lo menos hasta las 20, cuando los manifestantes volverán a reunirse en asamblea para definir la continuidad o no de la protesta. La exigencia de los vecinos es clara: que se detenga la construcción de las plantas hasta que se resuelva la controversia. LA REUNION CON KIRCHNER La decisión de seguir adelante con la protesta, la más larga desde que comenzó el reclamo de los vecinos contra la construcción de las papeleras a orillas del Río Uruguay, se tomó anoche tras la reunión que un grupo de ambientalistas mantuvo con el Presidente en la Casa Rosada. En ese encuentro, del que también participaron el jefe de Gabinete, Alberto Fernández y el canciller Jorge Taiana, el jefe del Estado apoyó la queja contra las plantas de celulosa y se mostró dispuesto a dialogar con Uruguay, pero volvió a referirse a los bloqueos en la ruta como acciones que pueden perjudicar la estrategia argentina de llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya, según relataron los ambientalistas. El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, por su parte, invitó públicamente a Kirchner a dialogar para bajar la tensión, aunque condicionó las negociaciones a que se levanten los piquetes. UN ACALORADO DEBATE POR LAS PAPELERAS SE PREVÉ EN EL CONGRESO Un acalorado debate se espera en el Congreso cuando se discuta, dentro de dos semanas, la decisión argentina de acudir a la Corte Internacional de La Haya para dirimir el conflicto con Uruguay por la instalación de las papeleras ENCE (España) y Botnia (Finlandia). El oficialismo confía en que logrará el apoyo parlamentario, pero no le será gratuito: casi todo el arco opositor criticará su política exterior y su incapacidad de arribar a un acuerdo con el vecino país. El Gobierno convocó al Congreso a debatir este asunto con el tácito objetivo de exhibir ante Uruguay el respaldo del Parlamento a su estrategia de acudir a La Haya, endureciendo así su posición frente al país limítrofe. Fuentes legislativas bien informadas del oficialismo indican que, con esta táctica, el Gobierno espera llegar a un pronto acuerdo con Uruguay. A diferencia de su par uruguayo, Tabaré Vázquez, el presidente Néstor Kirchner no podrá mostrar un apoyo monolítico de la oposición en torno a su postura. Tanto el socialismo como Propuesta Federal (Pro) presentarán proyectos alternativos. Además, se anticipan duros cuestionamientos al canciller Jorge Taiana cuando la semana que viene se presente a las comisiones legislativas para explicar la postura argentina. También serán invitados el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, y miembros de las asambleas ambientalistas de Gualeguaychú, según confirmó ayer a LA NACION el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Jorge Argüello (PJ-Capital). CONFIANZA Pese a las críticas opositoras, el oficialismo confía en que logrará el apoyo parlamentario a su estrategia, ya que tiene una amplia mayoría en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados contaría con el apoyo de sus tradicionales aliados y del Peronismo Federal. Precisamente, el ex canciller y actual diputado Carlos Ruckauf (Peronismo Federal-Buenos Aires) dio ayer su apoyo. “Es bueno encontrar una solución en una tercera instancia, que es la Corte Internacional de La Haya. Es un ámbito superador al de la Comisión Binacional del Río Uruguay, donde no se arribó a un acuerdo”, sostuvo Ruckauf ante LA NACION. El radicalismo todavía no definió su postura. El jefe del bloque de diputados, Fernando Chironi (Río Negro), cuestionó con dureza “las falencias de la política exterior” argentina, y Mario Negri (Córdoba) criticó “el desmanejo de las relaciones con Uruguay”. Sin embargo, la UCR entrerriana apoyó la decisión de acudir a La Haya. Cómo votar es un dilema que resolverán la semana próxima. Más definidos se expresaron los legisladores del Interbloque Propuesta Federal. Su coordinador, Federico Pinedo (CPC-Capital), confirmó a LA NACION el “muy probable” voto negativo de su bancada, y estimó más conveniente la propuesta del diputado Jorge Vanossi (CPC-Capital) de un tribunal binacional que ya actuó en otros conflictos, como el diferendo existente por Salto Grande. “El único objetivo de convocar al Congreso para este tema es para socializar las pérdidas de una mala gestión de la Cancillería”, remató Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino). El jefe del bloque socialista, Hermes Binner (Santa Fe), confirmó que su bancada suscribirá el proyecto del senador de ese partido, Rubén Giustiniani, y que presentará en las próximas horas un proyecto de resolución de similares características en la Cámara baja. En la misma sintonía crítica, el diputado Eduardo Macaluse (ARI-Buenos Aires) afirmó: “Queremos que el Gobierno brinde una explicación sobre su cambio repentino de opinión” en referencia a que el propio gobierno nacional relativizó en 2004, en un informe al Congreso del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el impacto ambiental de la instalación de las papeleras. En efecto, en respuesta a consultas del bloque arista, la Cancillería contestó por escrito que “el informe de los asesores de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) estableció que no habría un impacto ambiental sensible del lado argentino, estimándose que ese impacto sería, básicamente, los malos olores”. Por su parte, el senador Rodolfo Terragno (radical independiente) cuestionó que “durante casi tres años el Gobierno no haya hecho nada para evitar que el problema de las papeleras se resolviera a través del diálogo”. Fuente: La Nación

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado.

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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