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Ahorro con la unificación de dependencias educativas

EN EL EDIFICIO DE LA EX NOBLEX

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Con el traslado de 17 dependencias administrativas y docentes del Ministerio de Educación, el Estado chaqueño ahorrará $24.000 por mes por el alquiler de las actuales oficinas, lo que representa un ahorro de $288.000 al año.


Con la misma cifra total, se podría construir un Jardín de Infantes cada año. La decisión del gobernador Roy Nikisch representará además un significativo avance en el funcionamiento del sistema educativo en general y simplificará la gestión de trámites docentes en particular, permitiendo ahorrar tiempo y optimizar recursos humanos. El gobernador Roy Nikisch anunció en diciembre pasado la unificación de 17 dependencias de la cartera educativa y en el transcurso de la semana que se inicia el 14 de febrero comenzará el traslado de cada área. A través de la Secretaría de Obras Públicas se completó la refacción y refuncionalización de los espacios por un monto de 3,5 millones de pesos. EL EQUIVALENTE A UN JARDÍN DE INFANTES El ahorro que el Estado realizará con el traslado de las dependencias educativas en concepto de alquiler de locales equivale a la construcción de un Jardín de Infantes similar al nuevo edificio del anexo a la EGB Nº 50 de Resistencia, previsto dentro del Programa 700 Escuelas. Con aproximadamente 300 mil pesos se realizan obras que incluyen dos salas con sanitarios para niños de 5 años, un área pedagógica; sala para docentes, un área administrativa compuesta por la Dirección y Secretaría, galerías de expansión y circulación, patio de formación y recreación. UBICACIÓN ACTUAL DE LAS DEPENDENCIAS Las 17 dependencias del Ministerio de Educación que se trasladarán al edificio de la ex Noblex se concentran en siete grupos de oficinas ubicados en distintos puntos de la ciudad. Algunas direcciones por donde deben peregrinar los docentes del interior y de la capital son: Güemes 120, Salta 43, Illia 245, Mitre 171, Castelli 62 y Sáenz Peña 408. La Coordinación de Infraestructura Escolar tiene sus oficinas en Castelli 62. La Subsecretaría de Educación, ubicada en calle Salta 43, comprende a las Direcciones de Planeamiento, Evaluación y Control de Educativa; de Gestión Educativa, Coordinaciones de Educación Privada, Educación Superior, y de Desarrollo Curricular; Programa de Mediación Escolar, Centro de Documentación e Información Educativa. La Dirección Regional Polinivel I, de Arturo Illia 245, comprende a las supervisiones técnicas de Nivel Inicial y de Bibliotecas, Nivel Primario, Secundario, Técnica, Educación Física y Educación Especial. Mientras que la Dirección Regional VII funciona en Juan B. Justo 184, 1er. piso. Las Juntas de Clasificación de Nivel Inicial y Bibliotecas, Primario, Secundario (Regiones I, II y VII) y Terciario se agrupan en el edificio de Roque Sáenz Peña 408. Las oficinas del Centro de la Medida de la Seguridad Educativa y la Dirección de Títulos y Equivalencias se ubican en calle Mitre 171. La Coordinación General Educativa de Programas y Proyectos, que funciona en el edificio del Banco del Chaco, calle Güemes 120, 6º piso, comprende a oficinas de los Programas Becas Estudiantiles, Cooperativismo Escolar, Huertas Escolares, Escuela y Comunidad, Programa de Jerarquización y Profesionalización de los Recursos Humanos (Perfeccionamiento Docente) y Escuelas para Jóvenes. El Tribunal de Disciplina funciona en calle Güemes 120, 6º piso. EL PEREGRINAR DE UN DOCENTE Para la gestión de un reclamo administrativo el docente debe acudir a más una oficina y eso representaba más de un día y en algunas situaciones hasta más de una semana. Pero con la unificación de las dependencias técnicas y administrativas en el edificio de la NOBLEX, disminuirá considerablemente el tiempo y los espacios a recorrer a cuestión de minutos. Así, por ejemplo, para inscribirse ante la Junta de Clasificación, hasta el año pasado tanto maestros como profesores debían retirar los certificados de perfeccionamiento docente del 6º piso del edificio ubicado en calle Güemes 120 para luego presentarlos ante las oficinas de Sáenz Peña 408. En no pocas ocasiones debían realizar más de una vez este recorrido. A todo esto se agrega que de si se trata de un docente que recién se inicia, previo a todo el trámite debía autenticar el título docente ante la Dirección de Títulos y Equivalencias, de Mitre 181.A partir de la unificación de las oficinas, ese tiempo disminuirá considerablemente y permitirá agilizar la concentración de docentes en los últimos días en períodos de inscripciones. Otro aspecto significativo constituyen las demandas urgentes para la reparación o construcción de edificios. Áreas tales como la Dirección de Planeamiento (Salta 43) o los datos aportados por la Dirección Regional (Arturo Illia 245) permiten que la Coordinación de Infraestructura Escolar (Castelli 62) dé una respuesta inmediata a las necesidades edilicias, fundamentalmente ante situaciones de emergencia o fenómenos meteorológicos. Por otra parte, para conocer el estado de una liquidación de haberes, un docente de General Vedia debía dirigirse en primer lugar, al tercer piso de Casa de Gobierno y, de presentarse discrepancias, remitirse hasta la Dirección Regional VII, que es la dependencia encargada de enviar los datos ubicada en calle Juan B. Justo 184, para luego regresar a Casa de Gobierno. A partir de este año para constatar la misma información podrá hacerlo en pocos minutos en un mismo edificio donde funcionarán ambas áreas.

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El País

Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales en Chaco

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Crédito: fotos.greenpeace.org.ar

Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 

“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Sobrevuelo detecta 10 mil hectáreas de desmontes ilegales

CHACO

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Greenpeace detectó, mediante la realización de sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, la deforestación de 10.329 hectáreas en la provincia, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes en noviembre pasado. 


“El gobernador Jorge Capitanich está avalando un crimen contra los bosques de su provincia. Las inundaciones y las sequías que cada año golpean al Chaco, aumentan a medida que se avanza con la deforestación. Y al mismo tiempo se está atentando contra el hogar de comunidades campesinas e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté. Ya es hora de que se prohíba y se penalice la destrucción de los bosques”, reclamó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

 

Ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el 5 de noviembre pasado la Justicia chaqueña dispuso la suspensión de los desmontes y de las autorizaciones de cambio de uso de suelo (1), con lo cual debían estar detenidas todas las topadoras. Sin embargo, las imágenes aéreas de Greenpeace muestran máquinas en actividad y se registró la destrucción de bosques en al menos diez puntos de la provincia.

 

“La grave crisis sanitaria, climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. La actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación; y debe hacerse mediante un proceso realmente participativo cuyos objetivos sean el fin de los desmontes, el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos”.

 

Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, Chaco fue la provincia con mayor pérdida de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.487 hectáreas deforestadas. Por su parte, el monitoreo satelital de Greenpeace detectó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en la provincia se perdieron 13.128 hectáreas de bosques. (2)

 

Nota:

La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”

 

2) Deforestación en el norte de Argentina. Informe anual 2020

https://greenpeace.org.ar/pdf/2021/Deforestaci%C3%B3n%20en%20el%20norte%20de%20Argentina%20Informe%20Anual%202020.pdf

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Amnistía Internacional registró denuncias de víctimas en Formosa

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Amnistía Internacional publicó el informe “COVID-19 y derechos humanos, la situación de la provincia de Formosa” en el que registró denuncias de violaciones a los derechos humanos ante casos de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza y represión contra manifestantes. El reporte releva más de 45 testimonios y da cuenta de la situación desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021.

“Como ya hemos advertido, el respeto a los derechos humanos es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas en tiempos de pandemia. A partir de la gran cantidad de denuncias recibidas, la organización relevó la situación de derechos humanos en Formosa y se puso a disposición de las autoridades para entablar un diálogo constructivo que garantice que el derecho internacional de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas constituya el marco de todas las medidas para afrontar al COVID-19 “, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La situación en Formosa

Según relevó Amnistía Internacional, la implementación de las medidas de control del COVID-19 por parte de las autoridades de Formosa entre marzo y diciembre del 2020 resultaron en vulneraciones de derechos humanos. El informe releva historias de varias personas que se encontraban varadas en la ruta a la espera de regresar a sus casas. Esta situación llegó a la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó el ingreso de 8500 ciudadanos a Formosa y calificó las medidas como “irrazonables”.

En enero de 2021 la provincia dispuso el alojamiento involuntario y obligatorio en establecimientos bajo custodia estatal, llamados Centros de Atención Sanitaria (CAS). Además de contar con los Centros de Alojamiento Preventivo (CAP), donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresaba a Formosa, se estableció que las personas con COVID-19 positivo, quienes tuvieran contacto estrecho con ellas (tengan test con resultado positivo o no), y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido el virus debían alojarse en los CAS.

“La implementación de estas medidas no garantizaron condiciones dignas para las personas y no han sido utilizadas como último recurso sin establecerse mecanismos alternativos, tales como la cuarentena o el asilamiento domiciliario. Por lo tanto, se vulneraron los derechos de las personas alojadas en los CAS, restringiendo su derecho a la libertad, impidiendo su regreso a casa y exponiéndolas a un mayor riesgo a su vida y su salud al alojarse en condiciones sanitarias e higiénicas inadecuadas, y obligándolas en todos los casos al confinamiento compulsivo en centros estatales por períodos inciertos”, indicaron desde Amnistía Internacional.

Durante febrero y marzo de este año, tras la visibilidad pública que tomaron las denuncias, se flexibilizaron algunas medidas en el caso de niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Sin embargo, para el resto, Formosa continuó implementado medidas que implican la cuarentena involuntaria y obligatoria de las personas exclusivamente en establecimientos bajo custodia estatal.

Además, el 5 de marzo de 2021 las fuerzas policiales reprimieron e hicieron uso abusivo de la fuerza contra manifestantes en la ciudad de Formosa. Al menos 90 personas fueron detenidas, incluyendo adolescentes, y más de 100 personas resultaron heridas.

Pedido de Amnistía Internacional

La pandemia a nivel global puso enormes desafíos a los Estados en la gestión de la pandemia. Amnistía Internacional ha monitoreado la situación de restricciones en diversas provincias e incluso en varios países y reconoce el esfuerzo que tanto el Estado nacional como las provincias llevan a cabo para dar una respuesta integral a la crisis sanitaria.

Sin embargo, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, limitada y necesaria; debe estar sujeta a un examen periódico y significativo.

En el caso de Formosa, la organización remitió sus preocupaciones en torno a la protección de los derechos humanos a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la organización requirió información a la provincia y solicitó en reiteradas oportunidades a las autoridades nacionales que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las medidas de respuesta a la pandemia en Formosa sean respetuosas de los derechos humanos.

La vulneración de derechos nunca es una alternativa y los derechos humanos deben guiar toda respuesta estatal a la pandemia. La experiencia ha demostrado que los enfoques represivos y desproporcionadamente restrictivos no son formas eficaces de responder a la pandemia y generan rechazo y desconfianza en la población. En cambio, deben priorizarse políticas de prevención del COVID-19 que brinden información adecuada y suficiente a las personas para proteger su propia salud, la de sus comunidades y la de sus seres queridos, y de manera voluntaria.

Al final del informe, la organización plantea una serie de recomendaciones para combatir a la pandemia en un entorno respetuoso de los derechos humanos, como garantizar que las medidas restrictivas de los derechos de las personas respeten los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.

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