Los tres poderes del Estado trabajarán para la compilación de leyes en vigencia. Podrán contratar especialistas para la elaboración de la obra, para lo que contarán con presupuesto. Tienen 36 meses para finalizar el trabajo. La idea es la modernización y ordenamiento forense-legislativo.

Corrientes apunta a ser pionera en la modernización y actualización de todo su sistema jurídico-parlamentario a nivel país. A las medidas adoptadas en el ámbito legislativo –desde la presidencia de Diputados- para la eficiencia administrativa y de atención al ciudadano, se suma ahora, la compilación ordenada de leyes, la que será obligatoria en todas las áreas del estado y apunta entre otros objetivos a dar seguridad a inversores en el ámbito del Crecenea-Codesul, por dar un simple ejemplo. La autora del proyecto es Josefina Meabe de Mathó quien dio detalles de lo aprobado hace una semana en su ámbito y que espera la sanción definitiva del Senado para ser puesta en vigencia. La idea fundamental es lograr el ordenamiento, la sistematización, la actualización continua, la fidelidad y la publicidad del derecho positivo vigente provincial, con la participación de los tres Poderes del Estado. Para ello, se dispondrá de un presupuesto, e intervendrán especialistas en la materia. “Las normas jurídicas en nuestra Provincia, cuya proliferación ya se manifiesta de manera evidente, carecen totalmente de un ordenamiento adecuado, lo que puede originar algunos inconvenientes de naturaleza práctica y técnica”, inició la explicación Meabe de Mathó. “Muchas veces, el desordenamiento es causal de entorpecimiento del normal y eficaz desarrollo de los procedimientos legales a cumplirse para el dictado de los actos imprescindibles para una correcta administración. Por eso, no será extraño encontrar oportunidades en que un legislador presenta un proyecto de Ley que en verdad ya existe. Queremos con esto terminar con ese inconveniente.”, indicó como ejemplo práctico. La “dama de hierro” consideró para la iniciativa que esta deficiencia en cierta manera permite el exceso de normas jurídicas, “las que muchas veces pueden resultar contradictorias, incoherentes, o deficientemente concebidas, lo que indudablemente puede crear problemas de interpretación y de aplicación de las leyes y afectar el funcionamiento de las instituciones de la Provincia”. “Lo otro que ocurre es que se modifican sustancialmente leyes vigentes, y estas modificaciones no son tenidas en cuenta por quienes deben interpretarlas, aplicarlas o cumplirlas, debido al desconocimiento – muchas veces – generado por la falta del orden y la sistematización normativa mencionados precedentemente”, sentenció. Como ejemplo, para mayor entendimiento, citó “en algunos casos las modificaciones implican la derogación implícita de normas. Cuando estas derogaciones no quedan establecidas expresamente en un ordenamiento jurídico, muchas veces no se las conoce, y esto puede llegar a ocasionar la aplicación de leyes ya derogadas”, sostuvo. “Consecuentemente, se percibe la necesidad de contar con un ordenamiento de las distintas normas dispersas, sobrepuestas y a veces hasta contradictorias, que, en caso de no implementar a tiempo las medidas correctivas, pueden causar un caos legislativo y con ello una indeseada inseguridad jurídica, que seguramente repercutiría directamente en la ciudadanía, particularmente en la económicamente productiva, que depende de una legislación clara y de fácil interpretación”, manifestó. IMPORTANCIA EN EL MERCOSUR Uno de los desafíos que hoy enfrenta Corrientes, es crear las condiciones necesarias para aprovechar los beneficios potenciales que ofrece su territorio, extendido en su condición de integrante de la Región Crecenea-Litoral. “Uno de los compromisos importantes que deben tener las provincias integrantes de dicha región, es el de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento de esa integración regional. Y en eso, nosotros somos pioneros”, señaló Meabe. Para ser aún mas explícita agregó: “es necesario armonizar las legislaciones de manera tal de lograr la creación de un orden jurídico comunitario para que las relaciones jurídicas que se originan en una provincia y se desenvuelven en otra, tengan en ellas igual tratamiento y no sufran las alteraciones propias de los diferentes regímenes legales”. En definitiva, el digesto jurídico no es mas que una compilación de textos que contenga todas las normas provinciales vigentes, ordenadas cronológicamente y por materias, “entendiendo que el interés general se encuentra comprometido en la referida tarea, por lo cual será necesaria la más amplia y espontánea colaboración entre todos los Poderes del Estado Provincial, para su cumplimiento en el menor plazo posible”. LO QUE SE ESTABLECE La institución, vía Ley será una vez cumplimentado los pasos legales de rigor con carácter público y obligatorio para el ordenamiento, la sistematización, la actualización continua, la fidelidad y la publicidad del derecho positivo vigente en la Provincia, con la participación de los tres Poderes del Estado, conformado por el Ejecutivo, el Judicial como así también por las Cámaras de Senadores y Diputados que conforman el Poder Legislativo. Y deberá actualizarse constantemente. La Autoridad de Aplicación de la organización, elaboración y ejecución del Digesto Jurídico de la provincia será la “Comisión de Interpoderes del Digeto Jurídico, que por esta Ley se crea. Dicha Comisión estará integrada por dos (2) representantes titulares y 1 (uno) suplente por cada uno de los Poderes Ejecutivo y Judicial como así también por cada una de las Cámaras de Senadores y de Diputados que conforman el Poder Legislativo, designados por el titular de cada uno de ellos, quienes además establecerán el reglamento interno de funcionamiento en una resolución conjunta. La presidencia de la Comisión será rotativa anualmente entre los representantes de cada uno de los Poderes Ejecutivo y Judicial como así también de las Cámaras de Senadores y Diputados que conforman el Poder Legislativo. Desarrollará sus funciones teniendo en cuenta los antecedentes, informes y programas de contenidos y etapas, aprobados por resolución de la propia Comisión en el ámbito del Poder Legislativo. LOS PLAZOS La “Comisión Interporderes del Digesto tendrá un plazo de duración de treinta y seis (36) meses a partir de su constitución, lapso en que la obra deberá estar concluida y aprobada para su inmediata operatividad, con la permanente actualización e incorporación de la nueva normativa que deberá responder a los parámetros metodológicos fijados en un Manual de Técnica Legislativa, que a tal efecto se confeccionará e implementará a la brevedad posible, con el objeto de optimizar la redacción y eficacia del plexo normativo general provincial para el presente y el futuro. ASISTENCIA DE ESPECIALISTAS Los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial como así también los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, quedarán autorizados con la Ley, cada uno de ellos dentro de su respectiva jurisdicción, a contratar por tiempo determinado, la cooperación y asistencia técnica de especialistas, auxiliares, instituciones públicas, entidades privadas u organizaciones no gubernamentales de reconocida idoneidad, capacidad y trayectoria en la materia para asistir a sus representantes en el diseño, la elaboración y la ejecución del Digesto debiendo observarse los regímenes de contabilidad pública y administración financiera. SOBRE PRESUPUESTO EL Presupuesto para la ejecución de la obra será aprobado en forma igualitaria y simultánea, a prorrata mensual, conforme al grado de avance del trabajo, por parte de cada uno de los Poderes Ejecutivo y Judicial como así también, por cada uno de los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados que conforman el Poder Legislativo, mediante la pertinente transferencia anticipada de fondos a una cuenta bancaria especial que será operada por la Comisión, con sujeción al control de los servicios administrativos de cada uno de ellos y del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes.