Ante las noticias referidas al conflicto desatado con relación a la existencia de arroceras en torno a la Laguna Iberá, en cercanías de la colonia Carlos Pellegrini, la Fundación Reserva del Iberá quiere agregar información a la ciudadanía, y ofrecer su posición frente al tema.

Es importante considerar que la Reserva Natural del Iberá (RNI) es un área protegida establecida por Ley Provincial de año 1983 (Ley 3773) sobre una superficie de 1,3 millones de hectáreas, lo cual incluye la cuenca hídrica del Iberá en forma completa. Algunas otras normas provinciales posteriores han modificado levemente la original, promoviendo nuevas herramientas de conservación, pero sin alterar, en esencia, la vocación de conservación del área en cuestión establecida desde entonces. Más aún, la reciente Reforma de Carta Magna de la Provincia de Corrientes, incorporó expresamente un artículo en el que declara al Iberá: “Patrimonio estratégico, natural y cultural de la Provincia de Corrientes a los fines de su preservación, conservación y defensa”. Esta extensa superficie, incluye tanto áreas de propiedad Fiscal como áreas de propiedad privada (mayormente establecimientos rurales). Esto último no abarca una proporción menor, sino por el contrario, resulta significativa: aproximadamente el 60% de la superficie total de la reserva es propiedad privada. Como era de esperar, e incluso fue previsto en cada una de las normas en cuestión, el Turismo de Naturaleza (o Ecoturismo) fue creciendo en el Iberá y sumando actores, hasta convertirse en una verdadera “industria” cada vez más organizada y que depende en buena medida del buen estado de conservación del paisaje, la flora y la fauna. Esto último es lo que los turistas más aprecian de Iberá, y pagan por ello. La Colonia Carlos Pellegrini, situada a orillas de la Laguna Iberá (un área que apenas constituye una pequeña porción de la enorme cuenca), ha sido el escenario de mayor crecimiento del turismo. Hoy puede decirse que su gente “vive del turismo”, cosa que irá ocurriendo también en otras localidades de la cuenca. Las arroceras en aquella zona no son nuevas. Ya existieron muchos años y décadas atrás (incluso en mayor superficie que ahora) en torno a la misma laguna Iberá. De hecho, en algún momento la Colonia Carlos Pellegrini vio en ellas su principal fuente de ingresos. En estos últimos años, ciertamente algunas arroceras volvieron a operar. Esta vez en tiempos en que Pellegrini vive del turismo (y de una clase de turismo que aprecia la naturaleza bien preservada, la vegetación nativa y el paisaje no modificado por el hombre). Este conflicto es y era previsible. Y se ve agravado cuando los vecinos de Pellegrini, legítimamente preocupados por el impacto de los cultivos en áreas cercanas al pueblo, de forma que podrían afectar su fuente de ingresos, encuentran que existen irregularidades administrativas en la concesión estatal del servicio de aguas para el riego del arroz, y los controles de contaminación por agroquímicos. Estos problemas de tipo administrativo, tampoco son nuevos. Es por ello que la Fundación Reserva del Iberá prefiere llamar la atención sobre el problema de fondo. Hace 25 años que la reserva fue “creada”, pero nunca debidamente instrumentada. Esto último se logra con la “Reglamentación” de la ley, cosa que debió haber ocurrido de inmediato (la ley fijaba un plazo de un año a partir de su sanción), pero que jamás ocurrió, a pesar de los incansables pedidos que nuestra fundación (y otras organizaciones) realizaron desde sus orígenes al Estado correntino, y sus gobiernos de turno. La reglamentación es la encargada de que la ley adquiera “los detalles” acerca del cómo se llevará a cabo la conservación de la naturaleza en la cuenca del Iberá, contemplando de manera cuidadosa la existencia de numerosos establecimientos rurales, sus derechos e intereses. Dicha reglamentación es la encargada de decir cuáles son los límites exactos de la reserva, qué es lo que estará permitido hacer adentro de ella (por ejemplo, según distintas zonas ecológicas o aptitudes del suelo), de qué forma se penalizará a quienes no respeten la normativa, quién será la autoridad administrativa del caso, cuáles son los aportes que deberían realizar quienes utilizan algún tipo de recursos que provee la reserva (entre ellos los propios operadores turísticos) y cómo se compensará o ayudará a productores y pobladores si es que, en algún caso, su modo de vida o actividad productiva se viera modificada. La idea rectora de esta Reserva nunca fue que la misma constituya un impedimento al desarrollo de la Provincia, sino por el contrario, que contribuya a su enriquecimiento y a mejorar la calidad de vida de las personas. Mientras no se reglamente la reserva, no existirán reglas claras. Las personas que viven o tienen sus propiedades dentro de la misma no sabrán a qué atenerse. Y la sociedad pagará los costos de estas imprevisiones, con conflictos evitables, distracción de inversiones y esfuerzos, juicios y mucha “mala sangre” por parte de la gente. La presencia del Estado es fundamental. Muchos (y muy buenos) fueron los esfuerzos realizados en los últimos años en el plano técnico, para el desarrollo de una adecuada reglamentación. Nuestra fundación participó de ellos de manera activa, como lo hicieron también muchos otros actores de la Provincia. El actual gobierno provincial ha tomado el asunto en su recta final, y ha elaborado un Proyecto de Reglamentación que es una buena herramienta y un buen comienzo (que con la ayuda de los distintos actores luego podría ser perfectible). Pero dicho proyecto, ya a la firma de las máximas autoridades, no termina de concretarse. Nuestra fundación quiere llamar la atención a las autoridades en este punto: No se puede pretender que una norma en procura del bien común, que lógicamente encontrará ciertos intereses enfrentados, goce de un consenso absoluto para ser puesta en marcha. Queremos decirles a los altos funcionarios del Gobierno que pretender tal cosa para avanzar en lo que la Ley imperante y la Constitución señalan, puede atrasar innecesariamente la firma del decreto sin que se obtenga ese consenso total, sobre todo si es que (como en este caso), se han llevado adelante numerosos y amplios esfuerzos de participación de los distintos actores con diferentes intereses y las diferencias que resta subsanar son pequeñas pero las posturas radicales. Es deber del Estado escuchar los intereses de todos y promover su participación. Pero luego sigue siendo su deber administrar decisiones que tomen en cuenta lo anterior, o sea que promuevan el bien común. • Es la hora de que el Estado se haga cargo de administrar la conservación del Iberá, como emana de las leyes y la nueva Constitución, y la única forma de hacerlo es reglamentando la operatoria dentro de la reserva. • Es también la hora de encaminar un proceso más amplio de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Corrientes, en el que se contemplen las variables ambientales, tal y como lo demanda la reciente Ley Nacional de Bosques y con la participación de los actores interesados en esa materia. • Y es también la hora de que la gestión ambiental de nuestra provincia sea definitivamente jerarquizada, ya que en la actualidad permanece dispersa en pequeñas oficinas y con bajas jerarquías. • Resulta imperioso elevar la cuestión ambiental al rango de Secretaría de Estado, con presencia de su responsable en el gabinete de gobierno. De otra forma, el Iberá seguirá sangrando aquí y allá (Pellegrini es hoy una de esas heridas), en conflictos evitables si se tomaran decisiones de fondo. (*) Lic. Guillermo H. Cardozo, Asistencia de Coordinación Fundación Reserva del Iberá. Belgrano 897 – Mercedes (Ctes). CP: 3470. hc@fundacionibera.com.ar, MSN: cardozogh@hotmail.com. Tel: 03773-422260. Cel: 3773 – 440118. http://www.fundacionibera.com.ar