Corrientes al Día recibió un documento firmado por un grupo de argentinos que declaran haber investigado y denunciado públicamente la naturaleza ilegítima y fraudulenta de la deuda pública argentina. Aseguran además, que el motivo de esta carta es transmitirle sintéticamente informa-ción que pueda contribuir a comprender las verdaderas causas de la situación de insolvencia que atraviesa nuestro país, y a informarles de la existencia de causas judiciales pendientes donde hemos cuestionado la legalidad de una parte sustancial de los bonos que se encuentran en de-fault. A continuación el texto.

Nuestra intención no es eludir la responsabilidad del Estado Argentino, sino extender la corres-ponsabilidad hacia quienes contribuyeron dolosamente a este colapso: los funcionarios públicos responsables, la cúpula bancaria y empresarial, los bancos colocadores y los organismos finan-cieros internacionales que auditaron ese irresponsable e ilegal endeudamiento. También entendemos que no es justo que se descargue sobre una sola clase de acreedores el peso de la quita y que una salida más razonable debería basarse en un reparto equitativo de las pérdidas en función de las responsabilidades que cada parte haya tenido en este proceso. Para ello es imprescindible que se haga transparente lo que sucedió en la Argentina El proceso de endeudamiento externo comenzó a fines de la década del “70 cuando el país era gobernado por una dictadura y los bancos internacionales comenzaron a dirigir sus flujos finan-cieros hacia los países en desarrollo. En muchos casos los préstamos se realizaron sin respetar las formas y violando leyes internas. La posterior suba unilateral de intereses, y el hecho de que dichos préstamos alimentaron en su mayor parte la fuga de capitales, determinó que se forjara una situación de insolvencia económica financiera estructural. Como resultado de todo ello la sociedad argentina sin que pudiera ni siquiera opinar al respecto, vió como la deuda externa se multiplicaba 7 veces en pocos años, concentrada en un reducido núcleo de grandes bancos inter-nacionales. Por ese origen ilegítimo podemos afirmar que de acuerdo al derecho internacional, la deuda ex-terna argentina es una “deuda odiosa”. Este fraudulento proceso fue motivo de una causa judi-cial criminal (Alejandro Olmos contra Martinez de Hoz causa 14.467) donde la Justicia Federal Nacional en un fallo de Julio del 2000, determinó que existían préstamos irregulares, y que hubo connivencia entre banqueros y funcionarios; y corresponsabilidad del FMI en ese endeudamien-to ilegítimo. Ese expediente judicial fue finalmente derivado al Congreso Nacional donde se encuentra pendiente de un veredicto político, al que sin embargo el Congreso no se ha abocado, fruto de presiones externas y del FMI. Cabe agregar que en 1983 cuando se reinicia la democracia el Congreso Nacional sancionó la ley Nro 23.854 mediante la cual rechazó todas las Cuentas de Inversión de la dictadura. Esta trascendente decisión transformó a la deuda de la dictadura no solo en ilegítima, sino también en ilegal. Las presiones internacionales para que la Argentina reanudara los pagos a los bancos, y la imposibilidad de pago de esa deuda fue la causa de fuertes desequilibrios económicos, que die-ron entre otras cosas como resultado que la Argentina sea el único país en el mundo que registró dos hiperinflaciones sucesivas. Por ello la Argentina entró forzadamente en el Plan Brady, con el cual la deuda con los grandes bancos internacionales se vio reemplazada por deuda en bonos, que a cambio de un momentá-neo alivio financiero, la obligó a la venta y extranjerización de las empresas públicas, o sea a la liquidación del patrimonio público, cuyos ingresos se dilapidaron en pago de la deuda, en gas-tos corrientes; y en una indiscriminada apertura de la economía. Esta política de apertura comer-cial no encontró ninguna reciprocidad en los países centrales, que con sus políticas de protec-cionismo y subsidios agrícolas, siguen perjudicando la balanza comercial argentina. Muchos analistas consideran que de no existir estas distorsiones en el comercio internacional, nuestro país ya habría cancelado su deuda externa. No podemos dejar de reconocer que existieron graves errores de política económica interna, que sin embargo fueron deliberadamente ignorados o incluso alabados y sostenidos desde afue-ra, como lo es la adopción en la década del “90 del rígido sistema monetario de la convertibili-dad de la moneda, con una enorme sobrevaluación cambiaria. Esto perjudicó gravemente a la actividad productiva interna, pero funcionó como un seguro de cambio para la inversión externa, sobre todo la financiera, y le permitió a las empresas de servicios públicos extranjerizadas co-brar altísimas tarifas en dólares. A ello debe sumarse la privatización del sistema jubilatorio por exigencia del FMI, que no solo desfinanció al fisco, sino que hizo que buena parte del ahorro argentino se encaminara hacia el exterior, o volviera al fisco como préstamos con altísimos inte-reses. Todo esto debilitó la estructura económica argentina al punto que desde 1998 entró en una fuer-te recesión, cuya tendencia recién se comenzó a revertir cinco años después, habiéndose hasta ahora, solo recuperado la mitad de la caída del producto bruto interno. Esto, junto a un proceso de agudización de la desigualdad de la distribución de la riqueza, ha provocado que los indica-dores sociales se agravaran sustancialmente a partir del año 2001, cuando se declaró el default. Durante la década del “90, la deuda pública degeneró en una enorme burbuja especulativa, que creció vertiginosamente porque cada nueva emisión de bonos estaba destinada a pagar la emi-sión de los emitidos anteriormente. Las sobretasas de interés fruto del crecimiento de la tasa de riesgo país, y la subvaluación en la colocación de los bonos en el mercado, alcanzan por si solas para explicar el crecimiento de la deuda con la dinámica de una bola de nieve, cuyo núcleo ini-cial se remonta a la deuda con los grandes bancos contraída por la dictadura militar. Por ende no es cierto que la emisión de bonos fuera para paliar el déficit primario del Estado, al que por otro lado se le fue haciendo imposible obtener fuertes superavits primarios, para pagar una deuda que ya era insostenible, en una economía que se hundía en la recesión. Esta imperiosa necesidad de lanzar nuevas emisiones de bonos para financiar viejos bonos se realizó en muchos casos sin las debidas autorizaciones legales. En el 2001, cuando se agotaron las posibilidades de seguir refinanciando los vencimientos, so-breviene una crisis financiera total, de deuda, cambiaria y bancaria. Aquí es donde entendemos se produce una verdadera estafa a los bonistas en el denominado “megacanje” de deuda llevado a cabo en junio del 2001. Un ruinoso negociado financiero y a la vez una maniobra de engaño a bonistas desprevenidos de la inminente crisis que se avecinaba en la Argentina, que permitió a otros tenedores de bonos más informados (especialmente a las firmas de Wall Street) despren-derse de estos títulos argentinos próximos al default. En esta maniobra se beneficiaron las casas matrices de los bancos extranjeros del sistema financiero argentino quienes, aprovechándose de la información privilegiada que disponían, tuvieron la habilidad de desprenderse anticipadamen-te de los bonos argentinos, antes de que la crisis del 2001 estallara. De esta manera los bancos norteamericanos, ingleses y españoles que tenían títulos con jurisdic-ción en Nueva York (que eran la mayoría), los internalizaron nuevamente en la Argentina, a través de sus filiales y sucursales bancarias, llevándose a cambio las reservas de que estas dis-ponían. Esto lo hemos denunciado vivamente, y tenemos las pruebas de investigaciones realiza-das sobre los balances bancarios. A su vez los restantes bancos de Europa y Japón los transfirie-ron engañosamente a los pequeños ahorristas y jubilados, que creyeron que como esos bonos contaban con el aval de esos bancos y del FMI, estaba asegurado el cobro de las altísimas rentas que prometían. Es evidente la corresponsabilidad del FMI en todo este proceso irracional de endeudamiento, que destruyó a la economía y empobreció a la mayoría de los argentinos, el cual incluso en la fase final de la crisis, con sus “salvatajes” lo único que hizo fue alimentar una descomunal fuga de divisas, cuya existencia no podía ignorar. También es evidente la corresponsabilidad de los bancos creadores del mercado y de las calificadoras de riesgo, que alimentaron una burbuja es-peculativa con bonos argentinos cuando nuestro país era técnicamente insolvente, contrariando así el principio de conocer e informar al cliente. Por todo lo anteriormente expuesto se encuentran en trámite judicial causas de nulidad de los bonos en el fuero penal y contencioso administrativo. Asimismo se encuentra cuestionada la validez de la prórroga de jurisdicción y de renuncia a la inmunidad soberana, por ser violatorias de la Constitución Nacional, y por haberse realizado mediante un procedimiento irregular. Es obvio que cualquier país civilizado, después de un acontecimiento catastrófico como el de-fault argentino del año 2001, habría inmediatamente dispuesto realizar una investigación y audi-toría de la deuda, para determinar el origen, legalidad y validez de ese proceso de endeudamien-to, y el porque de la enorme crisis bancaria. Sin embargo, por exigencia de los grandes bancos internacionales y del FMI, esto no se hizo, debiendo incluso derogar el Congreso argentino por requerimiento expreso de ambos, leyes internas que sancionaban el vaciamiento bancario, con las que se habían abierto múltiples causas en la Justicia. Y por contrario, también por requeri-miento expreso del FMI, el Estado argentino debió afrontar una capitalización integral de los bancos, mediante una masiva emisión de bonos de la deuda, cuyos pagos hoy se están atendien-do normalmente. Pasaron así de ser corresponsables de las maniobras de endeudamiento y vaciamiento, a ser premiados por ello, razón por la que, por ley de las compensaciones, para que la enorme deuda argentina no se vea abultada aun mas, el actual gobierno se propone efectuar una sustancial qui-ta a los bonistas individuales, nacionales y extranjeros, que a lo largo de la historia de la opaca deuda argentina, han sido expresamente desinformados sobre las escabrosas vicisitudes de ella. Esta desinformación es consecuencia también de que tampoco se hizo esa auditoría en el año 1983, cuando cesó la dictadura militar que había contraído la deuda; ni en el año 1991, cuando se renegoció con el Plan Brady. Y hoy nuevamente se vuelve a tratar de renegociar la misma deuda, pero enormemente abultada, soslayando nuevamente el esclarecer su origen, el destino de los fondos, y las causas de esta tremenda catástrofe financiera y de hundimiento de un país. Se hará así extensiva su ilegalidad e ilegitimidad de origen, a los nuevos bonos que van a emitir-se, que nacerán envenenados, tal como nacen envenenados las ramas y frutos de un árbol con raíces envenenadas. En los actuales planteos solo parece importar la sustentabilidad económica financiera de la deuda, pero esta es solo una pata del problema al que le faltan otras dos : el de la sustentabili-dad legal y de legitimidad, de una deuda que desde sus orígenes viene envenenada; y el de la sustentabilidad social de una deuda, que aun obteniendo la quita que se propone obtener en desmedro de algunos de los acreedores, a poco de andar se tornará social y políticamente insos-tenible, sumándose así a su ilegitimidad de origen, la ilegitimidad político-social, aumentando el riesgo de un nuevo default. Por ello el problema de la deuda argentina no tiene solución, si se prescinde de la verdad sobre ella, desde sus orígenes hasta la fecha, cuya omisión ha permitido sacar del escenario a los verdaderos responsables de ella, y dejar enfrentados en él, a un gobierno que pese a sus reparos, va haciendo lo que el FMI y los bancos internacionales –los corresponsables del problema- le requieren; y a los pequeños ahorristas desesperados, que temen perder todo lo que en su vida ganaron. A partir de la verdad se pueden construir soluciones alternativas, en la que no necesariamente tienen que perder los más débiles, sino los que generaron el problema. Al respecto hemos esbo-zado distintas ideas alternativas que ponemos a su disposición.