Nacionales
Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia
“POR UNA NUEVA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA INFANCIA”
Por la derogación de las leyes de patronato nacionales y provinciales y de la legislación penal conexa; por la primacía de las políticas sociales básicas y universales, por una justicia juvenil; los Diputados Nacionales abajo firmantes junto a distintas instituciones y organizaciones con competencia en la materia, así como destacadas personalidades del mundo de la infancia señalan en un documento recibido por Corrientes al Día que, “una verdadera política de Estado que garantice efectivamente los derechos del niño, (el derecho a la alimentación, a la sobrevivencia y a la salud, así como el derecho real a la familia a la educación) requiere impulsar de manera inmediata una verdadera estrategia de redistribución de los ingresos que permita redefinir la situación del gasto público con destino a la educación, la salud y la asistencia a las familias mas necesitadas”.
Por tanto, el principio fundamental debe ser el restablecimiento de la primacía de las políticas sociales básicas y universales, otorgándole además progresividad a las mismas, prescindiendo de las aberrantes políticas focalizadas y asistencialistas. En segundo lugar se deben lograr los consensos necesarios para impulsar una reforma integral del sistema cuyo marco mínimo se encuentra dado en la Constitución Nacional –articulo 75 inciso 22- así como en otras normas internacionales que fueran los antecedentes e inspiración de la Convención sobre los Derechos del Niños. La mentada adecuación sustancial de la CIDN a nuestro ordenamiento jurídico interno, debe crear los mecanismos para hacer efectivos los derechos reconocidos en la convención, desarrollando un sistema de garantías para toda la categoría infancia y delimitando todas las respuestas estatales y de la comunidad dirigidas a la restitución de un derecho amenazado o vulnerado, es decir que, la desjudicializacion de los problemas sociales y de protección de derechos, debe contener las pautas y lineamientos desde una perspectiva comunitaria, descentralizada, y respetuosa de los derechos. Paralelamente crear un nuevo sistema de justicia juvenil para aquellas situaciones en que una persona menor de 18 años de edad, es imputada o encontrada responsable de haber cometido un delito (artículos 12, 37 y 40 de la CIDN). Tendiente a vedar la discrecionalidad imperante y el poder punitivo-represivo Estatal; otorgando garantías y un debido proceso en juicio. Obviamente una buena legislación es solamente el primer paso, ni siquiera el más importante ni el más difícil, en el camino de una efectiva defensa de los derechos de la infancia. Es solo la base de la reforma ya que la verdadera reforma se encuentra en la implementación y en la efectividad de las leyes aprobadas, rompiendo con oscuros y a menudo turbios intereses perseguidos a la sombra de la actual anomia del tema “menores” y vencer las resistencias para desarrollar aquellas políticas sociales necesarias para el cumplimiento del nuevo derecho de la infancia. LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Implica: la necesaria consideración de niños, niñas y adolescentes (por lo menos hasta los 18 años) como sujetos con derechos, y no ya como seres incapaces, poniendo en cabeza de la familia, la comunidad y el Estado la responsabilidad por la efectivización de sus derechos. Reforma institucional y de las normas que rigen la condición jurídica de la infancia acorde lo propuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – incorporados a la Constitución Nacional- transformación del actual Consejo Nacional creado por decreto presidencial. Federalización del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia con plena representación de todas las provincias del país y no sólo de Buenos Aires, y área metropolitana, y participación de las organizaciones sociales, de trabajadores y de la sociedad civil. Eliminación de la aplicación de las medidas privativas de la libertad como medidas de protección o tutela (derogación de la Protección de Persona), así como las de separación de los niños de sus familias y comunidades por los mismos motivos. Creación de vías recursivas eficaces a fin de restituir derechos vulnerados. Rediseño profundo de los órganos gubernamentales que rigen las políticas para la infancia (políticas sociales para cubrir las tareas de asistencia y la desjudicialización del sistema) Revisar la tercerización de los servicios destinados a la infancia, cuyos recursos no llegan a los chicos, y son caros para el Estado. Estos suelen encubrir verdaderas formas de privación de libertad bajo los nombres más diversos: instituciones de diagnóstico y tratamiento, de máxima y mediana contención, clínicas terapéuticas, psiquiátricas, etc. Las políticas públicas para la protección integral de los derechos, se deben desarrollar mediante acciones ejecutadas en forma coordinada e integrada por el Poder Ejecutivo Nacional, los Estados Provinciales y municipales, con activa participación comunitaria., y que se elaboren de acuerdo a las siguientes pautas: Planificación concertada, interjurisdiccional e intersectorialmente Ejecución descentralizada con paulatina municipalización de la atención directa y con recursos suficientes que garanticen la accesibilidad a políticas sociales, con destino específico a la población infantil y con controles efectivos a fin de evitar futuras desviaciones. Gestión asociada del gobierno Nacional, provincial, municipal y la sociedad civil, con fiscalización y capacitación permanente. Promoción de redes intersectoriales locales. Inclusión de un régimen de responsabilidades de los funcionarios por la falta de políticas y programas sociales tendientes a la restitución de derechos económicos sociales y culturales de la infancia y adolescencia. LEY PENAL Y NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL La Convención sobre los Derechos del Niño desarrolló una nueva concepción que distingue entre situaciones de abandono y necesidad y menores de edad infractores. En un caso, se requieren soluciones que provienen de políticas publicas activas y de orden administrativo, mientras que la segunda supone decisiones de carácter jurisdiccional. Para aquellas situaciones en que la persona menor de edad es imputada o encontrada responsable de haber cometido un delito, es necesario un nuevo sistema de justicia juvenil, que debe necesariamente nutrirse de la los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y lo tratados internacionales de Derechos Humanos. En especial deben ser tenido en cuenta los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, y los artículos 12, 37 y 40 de la Convención de los cuales se desprenden los principios básicos que deben regir cualquier sistema de respuesta estatal a las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, tales como principios de responsabilidad, legalidad, principio de inocencia, debido proceso y excepcionalidad de la privación de libertad. Un sistema penal juvenil no requiere necesariamente la “baja de la edad de punibilidad” Una propuesta de reforma debe tener como ejes fundamentales las siguientes pautas: Establecer de modo explícito todos los derechos y garantías que amparan a la niñez y jóvenes frente al aparato coactivo del estado cuando existe una imputación penal en su contra. Introducción de mecanismos de terminación anticipada del proceso. Incorporación de sanciones no privativas de libertad para adolescentes declarados penalmente responsables (amonestación, libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño, órdenes de supervisión y orientación). Estas sanciones deben estar claramente definidas por la ley en sus alcances y modo de ejecución y en caso de que su ejecución se extienda en el tiempo, deben tener un plazo máximo de duración. En relación con la sanción privativa de la libertad debe ser por el menor tiempo posible, solo en aquellos casos graves y en caso que no fuera factible otra medida menos lesiva: – definición de diferentes modalidades de la sanción privativa de la libertad (de fin de semana, domiciliaria, en centro especializado). Se debe prever que toda medida que signifique la restricción de derechos de los niños, niñas y adolescentes sea recurrible en al ámbito judicial. Principios del sistema penal especial para menores. El proceso penal especial deberá contemplar los siguientes principios, derechos y garantías: Legalidad; Inocencia; Derecho a ser informado en forma suficiente, oportuna y adecuada a su nivel cultural, sin demora de los cargos que se le imputan y de las garantías procesales con las que cuenta; Derecho de defensa; Derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo; Respeto pleno de su privacidad y de la confidencialidad de las actuaciones; Celeridad en la resolución de las causas; Oralidad y oficiosidad del procedimiento; Derecho del niño a ser oído e informado sin restricciones; Derecho del niño a tener asistencia técnica jurídica inmediata y permanente; Derecho del niño a solicitar la presencia, y de tener contacto permanente con sus progenitores y/o de sus representantes legales u otros familiares a partir de su aprehensión y en cualquier etapa del procedimiento; Derecho de los padres o representantes legales del menor a participar de las actuaciones y en particular de la defensa de su hijo o representado y a ser notificados en forma inmediata de su privación de libertad; Derecho a recurrir todas las decisiones judiciales que lo afecten y a la revisión periódica, y en su beneficio, de las medidas que se hubieren adoptado a su respecto. Firman el documento, Claudio Lozano; Laura Musa; Marta Maffei; Maria Elena Barbagelata; Margarita Stolbizer ;Jorge Rivas; Alicia Castro; Margarita Jarque; Mario Cafiero; Nilda Garré; Patricia Walsh; Maria América González; Alberto Piccinini; Alejandro Filomeno; Ariel Basteiro, Cinthya G. Hernández; Juan Carlos López; Silvana Guidici; Aldo Neri; Julio Cesar Accavallo, Víctor De Gennaro ; Estela Barnes de Carlotto; Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas; Miguel Monserrat; Laura Bonaparte; Carlos Bigalli; Luis Fernando Niño; Leopoldo Schiffrin; Carlos Cajade; Miguel Hesayne; Daniel Goldman; Luis Farinello; Hugo Cañon; Pablo Villegas; Gustavo Palmieri; Nora Schulman; Roberto Cossa; Laura Conte; Elisa Carca; Aldo Edchegoyen; Luis Lima; Alejandro Mosquera; Elizabeth Rivas; Fabián Salvioli; Carlos Sánchez Viamonte; Mauricio Tenembaum; Pablo Michelli; Victor Mendibil; Fabio Basteiro; Juan Jose Cantiello; Hugo Godoy; Leopoldo Gonzalez; Ricardo Peidro; Adolfo Aguirre; Roberto Baradel; Alberto Croce; Adrian Carlos Jesús Di Gregorio; Rodrigo Kon; Luis Osvaldo Roggi; Enrique Fidalgo; Cristina Terzaghi; Maria Laura Naclerio; Carlos Parenti; Daniel Agüero; Manuel Fassano; Maria Isabel Alcoba; Juan Pablo Desaille; Patricio Echegaray; Silvia Stuchlik; Estela Maldonado; Dario Aranda; Maria Elena Naddeo Abuelas de Plaza de Mayo; SERPAJ; Madres de Plaza de Mayo LF; CELS; CTA Nacional; Comisión Provincial por la Memoria; CASACIDN; APDH; Asociación Abogados de Buenos Aires; FADO; Colectivo de Derecho de Infancia y Adolescencia; Asociación Civil Surcos; Fundación Che Pibe; Observatorio Social de la Pcia. de Bs. As.; Fundación Farinello; La Casona de los Barriletes; CELIJ; Asociación Cristiana de Jóvenes; Asociación Americana de Juristas; Hogar La Paz; Asociación por un Barrio Mejor; Asociación 11 de Mayo; Asociación Civil Grupo Filantrópico IUVENILIS; Casa Abasto; Fundación SES; La Casita de Sebastián; Asociación Civil Igualdad de Derechos UMA; Fondo Ayuda Toxicología; SAP; CIRSA; FUNDAPART; CCESPPEDH; CEDEM; GRUPO SON; AMADI; Cátedra libre de Derechos Humanos – Medicina UBA; Cátedra Libre de DDHH Facultad de Filosofía y Letras – UBA; FASE; ATE Nacional; ATE Pcia. Bs. As. Comisión de Niñez y adolescencia; ATE Capital Federal Junta Interna Delegados CONNAF; UTE Secretaría DDHH; CTERA Secretaría DDHH; CTA Pcia Bs. As.; Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes GCBA; CTA Capital; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; APLICA; Consorcio de Oficinas de Derechos; SUTEBA; Asociación Judicial Bonaerense; Periochicos; A.D.I; El Arca; Hogar Materno Infantil Tribilín; A.N.A.V.I.; Cambio de Vía; M.A.M.A.; Fundación Alborada; Camino del Sol; Los Pibes del Playón; Los Pibes de La Boca; Comedor Capullitos; FTV Capital; Comedor Infantil Pantalón Cortito; Casa de la Cultura de Fiorito; Congreso de los Pobres; FTV Lomas de Zamora.
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
