Nacionales
Presento junto a otros legisladores un proyecto para declarar nula de la deuda externa contraída durante la ultima dictadura
MARIO CAFIERO
En el proyecto de Ley se declara la nulidad de la deuda contraída durante la dictadura militar por ser considerada odiosa, de acuerdo al derecho internacional, y por lo tanto repudiable. También se reclama un resarcimiento para el Estado Argentino por parte de los organismos multilaterales de crédito y de los bancos que otorgaron préstamos durante el período 1976 – 1983.
FUNDAMENTOS Es harto sabido que bajo la última dictadura militar (1976 1983) se llevaron a cabo gravísimas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. También es conocido que durante ese período se produjo un descomunal incremento de nuestra deuda externa que pasó, en tan breve lapso, de U$S 7.8OO millones a U$S 46.OOO millones aproximadamente. Ambos acontecimientos solo podían tener lugar dentro una circunstancia histórica en la que la fuerza se impuso al derecho. El gobierno de facto comenzó por dictar una “norma” (“Estatuto de Reorganización Nacional”) al que quedaba subordinada todo el resto de la estructura jurídica del país, comenzando por la Constitución Nacional. Por supuesto que disolvió el Congreso de la Nación por lo que el Poder Legislativo quedó a cargo del Ejecutivo asistido por una Comisión de Asesoramiento Legislativo (C.A.L.) integrada por miembros de las tres fuerzas armadas. Toda posibilidad de control republicano sobre los actos de gobierno quedó abruptamente abolida. De esta manera el régimen militar podía disponer a su antojo de la vida y patrimonio de todos los habitantes del país y, efectivamente, así lo haría. Pero este fenómeno antijurídico también se extendió al desconocimiento y violación de principios de Derecho Internacional vigentes en ese momento, pudiendo citarse por ejemplo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Conferencia Internacional Americana de Bogotá en el año 1948) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (Proclamada por Res. 217-A -III- de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948) El retorno a la democracia luego de un gobierno de facto siempre replanteó el debate respecto de qué hacer con las normas dictadas durante el quiebre institucional. En general, la doctrina y los fallos de nuestra Corte Suprema encararon el tema desde un punto de vista pragmático evitando la caducidad automática de las normas de facto por entender que se produciría abruptamente una enorme inseguridad. La Constitución Nacional reformada en 1994 en su artículo 36 establece que ésta mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Concluye calificando de insanablemente nulos a esos actos. Si bien esta norma entró en vigencia en 1994, entendemos que el principio que consagra formalmente, ya tenía indiscutible vigencia material desde el origen mismo de nuestra vida constitucional. En efecto, siendo la Ley Fundamental una matriz jurídico política sobre la que se edifica el resto de la estructura normativa, mal podía dejar espacio a una interpretación que permitiera su violación por gobiernos de facto. Que el Constituyente resaltara la nulidad de los actos de fuerza, ante el recuerdo de la dictadura más sangrienta que padeciera la Nación, no desvirtúa su preexistencia tácita. Para decirlo de otra manera, la invalidez de los actos “de facto” siempre debería presumirse en tanto no sean ratificados expresamente por el órgano jurídicamente competente para su dictado. En materia de la aprobación o repudio de la gestión gubernamental correspondiente al período de facto, el Congreso Nacional, lejos de guardar silencio, ha manifestado expresamente su desaprobación mediante la sanción de la ley 23.854/90 en la que se rechaza las cuentas de inversión de los años 1976/1977/1978/1979/1980/1981/ 1982 y 1983. Esto constituye indiscutiblemente un antecedente explícito a la hora de establecer si actos posteriores de gobiernos democráticos han reconocido o no, la legitimidad de la deuda contraída durante la dictadura. A nuestro entender, por ejemplo, la aprobación en las leyes de presupuesto de partidas destinadas a cubrir servicios de la deuda cuyo origen directa o indirectamente haya sido generado durante la dictadura, no puede constituirse como elemento convalidante ni desvirtuar el rechazo tan claramente manifestado en la norma mencionada. Otro antecedente de singular relevancia a los fines del análisis de la invalidez de la deuda contraída en la dictadura lo constituye la causa ante el Juzgado Criminal y Correccional Nro 2, Expediente Nº 14.467 caratulado “OLMOS, Alejandro s/ Denuncia”. En esas actuaciones el Magistrado interviniente Dr. Jorge Ballestero, en julio del 2000, determinó en su resolución la existencia de, por lo menos, cuatrocientos setenta y siete delitos vinculados al endeudamiento externo ocurridos durante el gobierno militar. En dicha causa ha quedado también en evidencia la inexistencia o desaparición de registros sobre el endeudamiento externo; la promulgación de normas a los fines de someter al Estado Argentino a la jurisdicción de Tribunales Extranjeros (Ej. el art. 1 del Código Procesal Civil y Comercial); el endeudamiento de empresas públicas a fin de desviar los fondos hacia finalidades distintas a las denunciadas; la nacionalización o estatización de deuda privada que mediante este procedimiento fue finalmente asumida por la Nación (Circulares A-31, A-137, A-251 del Banco Central). Con relación a la responsabilidad del FMI, la resolución del Juez Ballesteros expresa que “debe recordarse que el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional, con lo cual aparecería de buen grado una nueva asistencia que mejorara sustancialmente la actual posición económica que luce el país, dando así razón a su controvertida existencia”. Con respecto a los sujetos beneficiados, la resolución judicial mencionada expresa que la deuda externa “ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”. Una de las conclusiones a la que permite arribar esta resolución judicial es la manifiesta y necesaria complicidad de organismos internacionales de crédito, bancos privados internacionales y empresas transnacionales, que conociendo la situación imperante en el país, optaron igualmente por contratar con el régimen militar ante la inexistencia de controles republicanos permitiendo consolidar un proyecto político económico sin oposición posible ante el marco de una masiva violación de los derechos humanos. Algunas de esas entidades son expresamente mencionadas en el fallo citado. De esta especial vinculación entre crímenes de lesa humanidad y el proceso de endeudamiento descrito resultan consecuencias específicas. Ya en 1927 Alexander N. Sack definió como deuda odiosa aquella que un régimen despótico contrata, no para sus necesidades ni las necesidades del Estado sino para fortalecerse y reprimir a la población que lucha contra él. El citado autor agregó que las deudas así contraídas no eran deudas de Estado sino deudas de Régimen y por ende caían con él. Podemos decir entonces que si son imprescriptibles las acciones contra violaciones de los derechos humanos, también lo son aquellas acciones que tienden a determinar y reparar los perjuicios del endeudamiento que le proveyó de sustento. Bajo esta óptica el derecho a invocar la ineficacia de las deudas Estatales así contraídas no ha decaído y por ende es oportuno el repudio que esta ley expresa. Finalmente entendemos que así como en la cuestión de la violación a los derechos humanos fue necesario con dolor y esfuerzo la búsqueda de la verdad y el castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad, también en el injustificado endeudamiento externo contraído por la misma dictadura corresponde obrar de la misma manera, en el entendimiento que ambos acontecimientos fueron parte de una matriz común, cuyos efectos dañosos perduran hasta estos días. Por todo lo expuesto, solicito la pronta aprobación de este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Artículo 1º: Declarar odiosa la totalidad de deuda pública externa contraída por la dictadura militar durante los años 1976, 1977, 1978, 1979, 198O, 1981, 1982 y 1983. Artículo 2º: Conforme lo dispuesto en el art. 1, el endeudamiento durante ese período es reputado ilegítimo y pasible de resarcimiento a favor del Estado Nacional, previa investigación a fin de determinar sus consecuencias sobre períodos posteriores y deslindar las responsabilidades de funcionarios públicos, personas físicas o jurídicas de derecho privado o de derecho internacional actuantes durante la dictadura militar referida. Artículo 3º: De forma. Diputados Firmantes: Mario Cafiero – Alicia Castro – Claudio Lozano – Héctor Polino – Jorge Rivas – Luis Zamora – Patricia Walsh – Eduardo Macaluse – María América Gonzalez – José Mirabile – Fabiana Ríos – Marta Maffei – Susana García – Daniel Carbonetto – Margarita Stolbizer INFORMES: (011) 6310 7338- bspopular@hcdn.gov.ar
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
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Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
