Nacionales
Juan Ramón Morales, otro de los integrantes de la Triple A, detenido
OTRA CULATA DE LÓPEZ REGA
El juez Norberto Oyarbide detuvo a uno de los integrantes de la Alianza Antiterrorista Argentina. Se negó a declarar y quedó preso en su domicilio de Palermo por el beneficio de sus 88 años. Está acusado de asociación ilícita, ocho homicidios y tres desapariciones. En diez días se resolverá su situación procesal.
Juan Ramón Morales, 88 años, sorprendió por su lucidez a pesar de negarse a prestar declaración. Hace unos pocos días, cuando empezaron a revolver entre los papeles de una vieja y olvidada causa sobre la Triple A, los colaboradores del juez Norberto Oyarbide descubrieron que no sólo el ex subcomisario Rodolfo Almirón, hallado en España, tenía un pedido de captura pendiente desde 1984 por los crímenes de aquella organización terrorista. También había uno para su ex suegro, Juan Ramón Morales, encargado directo de la custodia de José López Rega. Almirón fue detenido el 28 de diciembre. En el juzgado sacaron cuentas al voleo y dieron casi por hecho que Morales estaba muerto. Pero el sábado se enteraron de que el jefe de la banda arraigada durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón vivía en Palermo. Le pusieron una guardia y finalmente lo detuvieron el domingo a la tarde. Ayer se negó a declarar. Por sus 88 años consiguió que le dieran arresto domiciliario. Lo que permitirá, pese al paso de los años, juzgar a Almirón, Morales y todos los ex miembros de las Tres A que sigan vivos, es una resolución del juez Oyarbide –anticipada por Página/12– que por primera vez calificó sus secuestros, atentados y asesinatos como delitos de lesa humanidad, que por lo tanto no prescriben. Al disponer la detención de Morales, el magistrado aludió a esa definición: decía que la organización fue “montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó” y constituyó la antesala del “plan sistemático” desarrollado a partir del golpe de 1976. Una investigación periodística española fue la que dio el puntapié para que resucitara, en los tribunales argentinos, el expediente sobre la Triple A, a la que manejaba y financiaba el Brujo López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social. El fiscal federal Eduardo Taiano había pedido su desarchivo en diciembre de 2005, pero los movimientos en la causa recién comenzaron el mes pasado, cuando el diario El Mundo informó que Almirón, uno de los jefes operativos de la estructura terrorista, llevaba una vida apacible a diez kilómetros de Valencia. Oyarbide actualizó un pedido de captura tipeado con máquina de escribir hace casi veintitrés años y el ex subcomisario fue encarcelado. Ahora enfrenta un proceso para definir su extradición, que puede durar varios meses. Algo que llamó la atención de los investigadores es que en la antigua orden de detención librada contra Morales sólo figuraba su apellido. Hablaba del “ex comisario Morales”, pero no estaban los escritos ni su nombre ni las razones para el arresto. Parecía todo dado para que nunca lo atraparan. Igual que en el caso de Almirón, que aparecía con un nombre incorrecto: decía Luis en lugar de Rodolfo Eduardo. Después de que la Policía Federal llamara a su puerta el domingo, Morales fue trasladado a la Unidad Antiterrorista, en barrio Parque, donde pasó la noche. A la mañana lo llevaron al juzgado, en los tribunales de Retiro, donde lo esperaba el juez para indagarlo por los delitos de “asociación ilícita en concurso real con homicidio en al menos ocho oportunidades y privación ilegal de la libertad y desaparición forzada en tres oportunidades”. El ex policía llevaba un saco marrón claro y camisa blanca. Lo acompañaron su esposa y la defensora oficial Silvia Otero Rella. Morales se quejó por los llamados telefónicos de periodistas que venía recibiendo, un punto al que el magistrado le restó trascendencia. Después no quiso contestar ninguna pregunta. El ex comisario había declarado en la causa en junio de 1977 y julio de 1978 como “imputado no procesado”, lo que implicaba según el viejo Código Penal que no corría demasiado riesgo de ir preso. En las dos oportunidades alegó que su única función había sido organizar, desde la Policía Federal, la custodia del Ministerio de Bienestar Social. Oyarbide considera que hay muchos elementos acopiados hace años en la causa que permiten considerarlo responsable de los asesinatos del diputado Rodolfo Ortega Peña, que compartía estudio de abogados con el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el abogado de presos políticos Alfredo Curutchet; el ex subcomisario de la Policía Bonaerense Julio Troxler; el profesor de sociología Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi, y su yerno Luis Mendiburu; también el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham. Todos estos crímenes, cometidos en 1974, fueron reivindicados por la organización que lideraba López Rega. El juez también contempla otros casos planteados por el fiscal Taiano, como los de Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif, así como el ataque sufrido por el ex rector de la UBA Raúl Laguzzi y su esposa, en el que murió su bebé de cuatro meses. La realidad es que se calcula que los crímenes de la estructura parapolicial que manejaba López Rega fueron por lo menos 1500. En la causa judicial también se mencionan, por ejemplo, los asesinatos del cura Carlos Mugica, al ex vicegobernador de Córdoba Atilio López y al ex secretario de Economía de esa provincia Juan Varas. CARTÓN LLENO Ya en la primera denuncia sobre la Triple A que hizo en 1975 el abogado Miguel Radrizzani Goñi, los principales acusados eran López Rega y sus colaboradores claves, Almirón y Morales. Cuando López Rega perdió poder y fue enviado en comisión a España se llevó a los dos con él y a un tercer policía: Miguel Angel Rovira. Almirón había estado casado hasta muy poco antes con la hija de Morales. Después se separó y se juntó con una azafata hija de españoles, y se quedó en el viejo continente. En los años sesenta, los dos ex policías se vinculaban desde la División Robos y Hurtos de la Federal con la banda de Miguel Prieto, conocido como el “loco Prieto”, especializada en robos a mano armada, contrabando, secuestros extorsivos, tráfico de droga y trata de blancas. En junio de 1964 Almirón participó en el asesinato, en una boite de Olivos, del teniente norteamericano Earl Davis, que estaba estudiando en Argentina. Fue, parece ser, fruto de una pelea “por mujeres”. Después de aquel episodio aparecieron misteriosamente asesinados seis miembros de la banda de Prieto. En algunos casos estaban exhibidos con un “estilo” similar al que más tarde usaría la Triple A: con más de cincuenta disparos en el cuerpo, amordazados, en basurales y a veces con las manos atadas en la espalda. Todos eran potenciales testigos de futuros juicios. Hasta Prieto apareció muerto en la cárcel, tras un incendio en su celda. En 1968 Morales fue detenido y procesado por robo y contrabando de autos. Almirón fue declarado “inepto para el servicio” en la policía dos años más tarde. Pero 1973 ambos fueron reincorporados por un decreto del entonces presidente Raúl Lastiri, yerno de López Rega. Incluso escalaron dentro de la fuerza: Almirón llegó a subcomisario y se encargó de la custodia presidencial y Morales trepó al grado de comisario principal mientras cuidaba las espaldas del Brujo. LO QUE VENDRÁ Oyarbide resolverá en los próximos diez días si procesa a Morales y si lo deja detenido. Por lo pronto, para incomodidad de sus vecinos, le concedió la prisión domiciliaria. Ya cuando declaró los homicidios de las Tres A como imprescriptibles, el juez dio plena validez a la confesión, al comienzo de la causa, de un teniente del Ejército arrepentido, Salvador Paino, que entregó un organigrama completo de la estructura terrorista donde Morales y Almirón aparecían en un lugar preponderante. Paino había estado a cargo de la prensa de Bienestar Social. Su relato, dijo el magistrado, también coincidió con el de Rodolfo Peregrino Fernández, un ex funcionario de Albano Harguindeguy durante la última dictadura que sumó detalles, en 1983, ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid. Ambos testimonios nutrieron la acusación en la que Aníbal Ibarra, en sus tiempos de fiscal federal, pidió prisión perpetua para López Rega después de lograr su extradición en 1986, aunque el juzgado no llegó a dictarle sentencia porque murió antes. Está todo dado para que el juzgado de Oyarbide pase un verano movido, pese a la feria judicial. De hecho, su equipo ya está estudiando la situación y el paradero de otros posibles responsables. Este diario reveló que también Felipe Romeo, quien dirigía la revista El Caudillo, el órgano de difusión de la Triple A y sus crímenes, vive en Buenos Aires como un reciclado restaurador de edificios antiguos y cúpulas, tras un breve exilio español. Pero parece que él y Morales no fueron los únicos que emprendieron el regreso creyendo en la impunidad. También volvió Rovira, quien fue escrachado por los obreros de Metrovías en 2001 cuando descubrieron que era el jefe de seguridad de la empresa y exigieron su despido. Pero Rovira todavía anda suelto y viviría en Parque Patricios. Días atrás Oyarbide advirtió sobre los posibles alcances de la investigación y dijo que hasta analiza la posibilidad de traerla a declarar, desde su casa cerca de Madrid, a la propia Isabelita. (Pagina 12)
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
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Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.