Nacionales
Instituto Nacional de Estadística y Censos
CARTA ABIERTA (*)
El 29 de enero de 2007 fue desplazada de su cargo la Directora del Índice de Precios de Consumo y su lugar fue ocupado, de hecho, por Beatriz Paglieri, hasta ese momento delegada del Ministerio de Economía con funciones de “veedora”, sin antecedentes profesionales en la producción estadística. Su designación como Directora se publicó en el Boletín Oficial el 6 de febrero, dos días después de la publicación del IPC-GBA de enero de 2007.
A partir del comienzo de esta intervención ocurrieron diversos hechos inéditos en el Instituto: Intento de violar el secreto estadístico, amparado por la ley N° 17.622 que prohíbe la divulgación de información que permita la identificación de los informantes. Los trabajadores del sector comenzaron a recibir órdenes impartidas de forma verbal y con carácter “confidencial” (según palabras de Paglieri), contrarias a criterios metodológicos de aplicación generalizada en la elaboración de estadísticas. Se aplicaron cambios en la construcción del Índice, sin el análisis y la discusión técnica habitual en cualquier proceso que implique modificaciones metodológicas: Sustitución de la fuente de información utilizada para calcular la variación de precios de turismo. Restricción de las mediciones referidas a medicina prepaga sólo a precios autorizados, apartándose de lo observado. En el grupo de las verduras, se descartaron mediciones observadas y validadas por la metodología vigente. Todas estas acciones tuvieron como contexto la presencia de personal de seguridad no identificado, reuniones privadas en oficinas custodiadas, produciendo un clima de intimidación, condicionando a los trabajadores. En esta situación de coerción, y ante la falta de apoyo institucional, los trabajadores del INDEC nos encontramos en una situación de peligrosa desprotección y vulnerabilidad. A partir de la publicación del IPC-GBA de enero y luego del nombramiento oficial de la nueva directora, comenzaron a profundizarse los cambios en todas las instancias del operativo: Relevamiento: La nueva directora entrevistó en forma individual a algunos encuestadores, quienes recibieron indicaciones que contradicen las pautas establecidas en los manuales de procedimiento vigentes. Ingreso de datos: se contrató a tres personas sin capacidad comprobada para desempeñar tareas críticas en el operativo, desplazando sin causa a trabajadores con muchos años de experiencia y verificada idoneidad. Es importante mencionar que uno de estos nuevos empleados había cumplido funciones de custodio en las oficinas durante los días anteriores, reforzándose de esta manera el clima intimidatorio. En general, se está induciendo a los trabajadores de todas las instancias de la Dirección a seguir instrucciones que no se corresponden con los manuales de procedimiento vigentes, reduciendo notablemente la calidad del operativo. Un ejemplo de esto la introducción de la idea de que hay determinados precios (que no cumplen con los acuerdos) que no deben ser relevados. CONSECUENCIAS Dadas las condiciones en que se calculó el IPC-GBA de enero de 2007, el dato publicado no resulta estrictamente comparable con la serie histórica que se publica, con sus avances metodológicos explicados, desde 1914. Si la profundización de los cambios arbitrarios continuara, se producirían alteraciones irreversibles que implicarían una ruptura irreparable de la serie histórica. Esta pérdida de comparabilidad se extiende también a otros indicadores que utilizan al IPC como insumo: PBI a precios constantes, canasta básica alimentaria, línea de pobreza, entre otros. Al verse afectada la credibilidad del Instituto frente a la sociedad, y al tomar estado público el clima de intimidación y de posibles violaciones al secreto estadístico, se está reduciendo la calidad y cantidad de respuesta de informantes en todos los operativos del Sistema Estadístico Nacional, conformado por el INDEC junto a las Direcciones Provinciales de Estadística y los servicios estadísticos de los organismos públicos. Esta intervención vulnera el compromiso ético de los trabajadores con la sociedad, lo cual implica un deterioro en la calidad del trabajo técnico. Las modificaciones metodológicas no consensuadas e intempestivas implican la pérdida de comparabilidad intertemporal e internacional, contribuyendo al descrédito del INDEC. Con respecto a la sociedad en su conjunto y a los diversos actores de la misma, la pérdida de credibilidad de las estadísticas oficiales implica: La pérdida de credibilidad de otros organismos públicos y privados que utilizan las estadísticas producidas por el INDEC. La pérdida de rigurosidad de la producción académica basada en datos estadísticos oficiales. Se genera un clima de incertidumbre poco propicio para las inversiones y la economía en general. Se ven comprometidos todos los procesos judiciales que utilizan datos del INDEC como referencia (juicios por alimentos, indemnizaciones, etc.). La falta de una medida creíble sobre el nivel de precios para las negociaciones salariales de todos los trabajadores (paritarias). La imposibilidad de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas, de manera eficiente. CONCLUSIONES Este problema afecta a toda la sociedad y violenta un derecho básico, el derecho a la información, imprescindible en una sociedad republicana, libre y democrática. Debe quedar claro que desde el Instituto no existe una negativa a discutir y revisar las metodologías, algo que de hecho se realiza constantemente con el fin de mejorar la calidad del trabajo. Sí rechazamos la imposición autoritaria de modificaciones que desacreditan la calidad técnica de nuestro trabajo. Los trabajadores del INDEC rechazamos la intervención y, hasta el momento, logramos impedir que ocurran cambios irreversibles. Recibimos múltiples expresiones de solidaridad y apoyo al trabajo que realizamos y de repudio a la intervención, manipulación de datos y falseamiento de la información. Invitamos a reflexionar sobre estos acontecimientos y a colaborar con su difusión. Convocamos a todos los sectores de la sociedad a la defensa de las estadísticas públicas manifestando públicamente su apoyo. (*) Recibido por Corrientes al Día de INDEC de Pie: indec_de_pie@yahoo.com.ar
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
