Estos signos elocuentes parecen constituir la base de los episodios que seguirán, ya sobre la iniciación de Abril, como los signos de la intención de ” vencer y dominar o reprimir y someter”, un esquema atribuido – en medios próximos al bloque del Frente para la Victoria -, a la estrategia de fondo que habría sido diseñada por el erpiano Zannini, para hacer frente a la nueva etapa iniciada tras el fracaso de la reunión del viernes 28 de Marzo e inspirada en los objetivos de varios cónsules romanos, según los relatos de Tito Livio.

El viernes 28 de marzo, los representantes de las organizaciones ruralistas se alejaron de la Casa de Gobierno con la convicción de que no podrían convencer a los auto convocados agraristas para que admitieran propuestas que no hacían otra cosa que eludir el tema de fondo, consistente en las retenciones, al extremo que uno de ellos lo confirmó cuando un parado de la provincia de Buenos Aires le comentó telefónicamente: “Nos quieren vender otra vez lo que ya compramos pero jamás nos entregaron: eso se llama estafa”. Pero, del mismo modo, algunos de los funcionarios comprometidos en el encuentro, sabían antes de finalizar el encuentro que no habría salida alguna ya que, en medio de la reunión, el propio Alberto Fernández pidió ser excusado unos minutos – hubo un brevísimo receso -, mientras se trasladaba hasta el despacho de la mujer de Kirchner para pedirle anuencia a fin de ofrecer una rebaja de la retención al 40 por ciento, o bien admitir un período de 30 días (los ruralistas habían pedido 90 días) de suspensión de las medidas, obteniendo – tras una comunicación telefónica de la presidenta con su marido – una rotunda negativa a ambas propuestas, con una aclaración que repetía, al parecer, lo escuchado telefónicamente de boca del presidente Kirchner: “Las medidas se adoptan para cumplirlas”. La línea seguida por el gobierno a partir de esa noche del viernes, consistió en elaborar propuestas y proyectos alternativos que tomaban en cuenta la decisión inapelable, ya adoptada por las asambleas ruralistas en todo el país, para la prosecución del paro y las medidas contingentes, con variaciones tan solo respecto de qué vehículos podrían o pasar por los cortes de ruta (ambulancias, colectivos, autos particulares y, en algunos casos, camiones que no contuvieran productos ni derivados del agro). Las propuestas parecen haber sido realistas en cuanto a evaluar la decisión del agrarismo de no transigir en el punto central de su reclamo sobre la libertad de producción y comercio y la oposición a las exacciones estatales al producto, en cualquiera de sus etapas y básicamente, ahora, las retenciones. Esta evaluación fue confirmándose a medida que transcurrieron las horas y el sábado por la noche, en el Residencia de Olivos habría existido ya la plena convicción de que era indispensable darle un respaldo político público del que, hasta ese momento – y hasta la actualidad – carecen, tanto la ex primera Dama y como sus decisiones políticas. De tal forma, tras tener clara convicción de que las cuatro organizaciones ruralistas, el domingo habían decidido solo presentarse cuando las citaran el lunes desde el gobierno para escuchar una propuesta concreta respecto del tema central de las retenciones y, en caso de no existir tal cosa y continuar con las propuestas aleatorias y un poco fantasiosas del viernes, retirarse del encuentro una vez más, se decidió comenzar a aplicar uno de los variados planes alternativos – algunos de ellos encadenados y sucedáneos, eventualmente – que se estaban elaborando, desde el martes anterior, en ocasión de las reacciones ante el primer discurso de la presidenta. Estos planes y proyectos, se pueden enunciar de la siguiente manera: a) Plan A – 1º) Prescindir de las organizaciones agrarias a las que se podría citar al solo efecto de comunicarles la decisión del gobierno de implementar un programa de acciones relativas al agro y al cultivo específico de la soja, consistente en una plataforma de subsidios (subsidios a los insumos, al valor de la soja cosechada, al gabelas del transporte y tarifas por transporte así como la exportación, abonadas al estado, las provincias o los municipios), líneas de créditos de muy bajo costo, un régimen de obras sociales especial y un régimen jubilatorio aleatorios también especiales; 2º) presentar el asunto en forma pública de manera que si las organizaciones la rechazan quedarían abiertos los canales para que, en forma inmediata, la presidenta presente el asunto mediante un discurso por la cadena oficial dirigida a los agraristas y la Nación, denunciando la situación de desabastecimiento, los daños a la población, etcétera y reclamando de la opinión pública y la estructura política del país, una ayuda para “la República”; 3º) en el caso de que los agraristas lo aceptaran (lo que parece muy difícil, naturalmente), hablaría la mujer de Kirchner de todas maneras, para anunciar el “triunfo de la razón y la cordura” y el acierto alimentado desde sus pasos anteriores; 4º) de manera coincidente dar amplio desarrollo al acto a realizarse en la Plaza de Mayo el martes 1 de Abril, que se concretará haya o no anuencia de los agraristas con las medidas, que comenzó a esbozarse en la tarde del Viernes 28 de Marzo cuando se verificó que el acto convocado por los piqueteros también la Plaza de Mayo, como se verá, se traduciría en una afrentosa derrota: se atribuye a Hugo Moyano haber denunciado, ante Néstor Carlos Kirchner, este “gol en contra” por no haber recurrido a la gente idónea en el asunto (autotitulándose capaz de movilizar cien mil personas) y recurriendo a la estructura del peronismo, ausente en todos estos eventos, hasta el momento y, de este modo, ratificar el discurso de la primera Dama del lunes, fuera cual fuere su contenido y dándole el soporte político que le ha faltado hasta el presente. b) Plan B – Esta iniciativa no es excluyente de la primera fase – Plan A – pero sí acumulativa en el tiempo, y sería algo así como un nuevo peldaño a utilizar en el caso de que sea necesario y que, con el primero de los planes, no se logre una nítida presencia del kirchnerismo dominando la escena y consiste en la aplicación de la Ley de Abastecimiento que, en su actual redacción permite al gobierno intervenir en plantas de producción – para el caso campos y haciendas – imponiendo, mediante el uso de la fuerza pública, la incautación de bienes que se retraigan al mercado, o bien la puesta en funciones de los servicios que se encuentren paralizados, incluyendo la detención, “manus militaris”, de los acusados de estos procedimientos y disponiendo la dirección aleatoria de las plantas de producción al margen de las autoridades naturales que éstas tengan, para lo cual sería indispensable contar con el concurso de las Fuerzas de Seguridad (lo que habría merecido un apartado tras este plan y el plan siguiente). c) Plan C – En el caso de que la situación se endurezca y haya episodios de difícil contralor, se procedería a establecer el “estado de sitio”, un mecanismo que no se ha implementado en el país desde Octubre de 1985, cuando lo impuso Raúl Ricardo Alfonsín, con la excusa de un complot de “bombas” que luego se verificó que eran colocadas ex profeso por el propio gobierno, mediante decreto, con la excusa de que se adoptaba en período de receso parlamentario (sin explicar jamás por qué no se convocó con urgencia a sesiones extraordinarias) y que, ahora, podría imponerse mediante un decreto de necesidad y urgencia (inexistente en 1985) con vista obligada al Congreso en una etapa posterior (sine die). El proyecto establecería la posibilidad de una declaración de “estado de sitio” singular y de dudosa implementación y legitimidad, ya que, si bien la norma de excepción puede aplicarse a todo el país o tan solo a una región determinada de él – una o más provincias, uno o más pueblos o ciudades -, en este caso se articularía, eventualmente, si no a todo el país “a todas las rutas y vias de comunicación del país” (sic, según un proyecto que danza entre la secretaría Legal y Técnica, algunos medios parlamentarios, el ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, el ministerio Jefe de Gabinete y, naturalmente, los despachos presidenciales de Puerto Madero y Casa de Gobierno) y, en todos los casos, toma en cuenta la necesidad de ordenar la prisión sin intervención judicial previa, la censura a los medios de comunicación, la suspensión de las garantías y derechos, etcétera. d) Apartado – En forma paralela y, si se quiere, como planes aleatorios de las anteriores medidas, se estaría estudiando la dotación de efectivos adicionales a los cuerpos de la Gendarmería y de la Prefectura, así como de la Policía Federal y las Policías provinciales, no solo por que el número de efectivos requeridos para el contralor se supone que será muy grande, sino por que, de hecho, habrá necesidad de contrabalancear problemas que pudieran suscitarse en unos y otros cuerpos. Previendo esto se estaría articulando un dispositivo especial para la incorporación de nuevos cuadros en las tres o cuatro fuerzas centrales, de manera de garantizar no solo su número sino la observancia muy disciplinada de las ordenes emanadas de un comando “civil” que dispondría los procedimientos, no solo en el caso del “estado de sitio”, sino también en cuanto a la aplicación de la Ley de Abastecimiento. Este dispositivo tendría como objetivo incorporar unos 4.500 o 5.000 cuadros con algún tipo de entrenamiento que son, aproximadamente, los efectivos que se le atribuyen a la estructura “squadrista” o paramilitar para la lucha de calles, que controlaría el bolivarismo a través de Luis D´Elia, algo que permitiría no solo disponer de cuadros para la ejecución de ordenes específicas y fiables, sino una suerte de estructura que podría actuar como contralores y disciplinadores políticos de los cuadros institucionalizados, al modo tradicional de los “comisarios” internos en la estructuras militares soviéticas y afines. (*) Recibido por Corrientes al Día desde Prognosis, Abril de 2008; Informe Argentina con Lupa.