Mientras se convertía en el superministro encargado de evitar la suba de los precios, el secretario de Comercio Interior aprovechó sus influencias para hacer buenos negocios con las administraciones de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Con la ferretería que tiene en San Martín proveyó de herramientas, caños y materiales de construcción al Instituto de la Vivienda de Buenos Aires (IVC), a través de contrataciones directas. PERFIL tuvo acceso exclusivo a las facturas de estas operaciones que, según varios juristas, son incompatibles con su cargo de funcionario público. El macrismo buscó despegarse.

(Mariano Confalonieri de perfil.com) El hombre llega al edificio que el Instituto de la Vivienda (IVC) tiene en la calle Carlos Pellegrini al 200. Toma el ascensor y se baja en el sexto piso. Se anota para participar en un concurso de precios porque tiene una ferretería y quiere venderle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El negocio se llama Distribuidora América y su propietario no es otro que Mario Guillermo Moreno, el todopoderoso secretario de Comercio Interior de la Nación. El de bigotes y nariz grande que controla los precios y tiene más poder que cualquier ministro de Economía K. Es difícil imaginarlo protagonizando la escena. Sin embargo, al menos durante las gestiones de Aníbal Ibarra y de Jorge Telerman, Moreno fue el ferretero oficial del Gobierno porteño. Un ex titular del IVC confirmó que fue proveedor de la Ciudad al menos desde 2003. Este diario no pudo comprobar si con la gestión de Mauricio Macri lo sigue siendo. Según pudo constatar PERFIL a través de las correspondientes facturas, entre octubre de 2005 y julio de 2006 el funcionario percibió 306.429 pesos en ventas correspondientes a cables, baños, caños de PVC, chapas, cemento, lámparas, pinceles y cerámicos. Calculadas por mes, esas ventas representaron más del doble del salario que declaraba recibir como funcionario. Pero adicionalmente, este diario pudo acceder a otras resoluciones, como la 1.369 del directorio del Instituto de la Vivienda, que autorizaban pagos para el funcionario en octubre de 2005 por $ 92.260,46, en concepto de venta de materiales varios. Cabe entonces la pregunta: ¿es incompatible que un funcionario con rango de ministro sea proveedor del Estado, aunque se trate de un organismo porteño? Para algunos juristas sí lo es, en cuyo caso se configuraría un delito reprimido por el Código Penal. Pero para otros letrados la cuestión no está tan clara porque la legislación en la materia es de redacción muy ambigua. En cualquier caso, es al menos bastante irregular. FUNCIONARIO DE DOS CARAS Moreno fue proveedor privilegiado del IVC para casos de “emergencia”: el decreto 1.360 de la Ciudad le permitía entonces al Gobierno hacer compras directas sin comparación de precios, y sin que la persona jurídica o física estuviera inscripta como proveedora del Estado. Moreno fue vendedor recurrente para la refacción de las villas más conocidas –como la 1.11.14– y para el Plan Federal Mejor Vivir, ejecutado en Buenos Aires por el IVC. La mano de obra corría por cuenta de cooperativas de desocupados. Más allá de las compras directas, participó de operaciones a través de contrataciones derivadas de compulsas de precios, un mecanismo mediante el cual se presentaban tres ofertas y se elegía la menos costosa para las arcas comunales. Llamativamente, mientras el secretario era el ferretero del IVC, el mismo ente porteño le adjudicó a principios de 2003 la propiedad en la que actualmente reside, en el Barrio La Boca. Es decir que Moreno se benefició del mismo organismo al que le proveía materiales (ver recuadro). Esta relación con el Instituto le llamó la atención a quien era el presidente del organismo durante la gestión Ibarra, Ernesto Selzer. En diálogo con PERFIL, el ex funcionario admitió que no bien llegó a la gestión, le aclararon que Distribuidora América era de Guillermo Moreno. “Eso era algo sabido, era un proveedor habitual, como otros”, explicó. Y agregó que cuando tomó conocimiento le resultó “extraño. Entonces hice una consulta al departamento jurídico y me dijeron que no había ningún problema”. Por eso, Moreno siguió siendo funcionario y ferretero. LA DISTRIBUIDORA En 1985, Moreno decidió abrir su ferretería mayorista Distribuidora América (en realidad es un nombre de fantasía porque el funcionario factura con su CUIT personal), que tiene su sede en el distrito de San Martín. Hasta allí fue PERFIL. Sobre la calle diagonal Mendoza al 3200 hay una vieja casona de rejas con un gran galpón pegado a la vivienda. De allí entran y salen camiones que cargan mercadería. Pero no hay atención al público. El que está a cargo de los negocios de la distribuidora es José Pablo, el hijo de Moreno. “José no se encuentra, y no le puedo dar un teléfono”, contestó parada en la puerta de la vivienda, una mujer joven. “Esta es la ferretería del ministro, como es que se llama… Moreno”, dijo con naturalidad un vecino. En las tres visitas que realizó este diario al lugar, se percibió un clima muy hostil, al punto de que una fotógrafa terminó demorada en una comisaría por el llamado de un vecino. Distribuidora América tuvo su facturación más voluminosa con la gestión de Ibarra, quien en esa época era un ferviente kirchnerista. En diciembre de 2005 facturó por 212.731 pesos en concepto de venta de materiales para la construcción de viviendas precarias que tenían como objetivo albergar a las familias afectadas por un incendio múltiple en una villa porteña. Hubo otra voluminosa orden de pago –resolución 1.369/05– del 7 de octubre de ese año, por la que se autorizó a Moreno a retirar unos 92 mil pesos. Durante la gestión Telerman, la venta más notoria realizada por quien entonces era el secretario de Comunicaciones de la Nación fue por 41.200 pesos. Los pagos se dividieron en cinco facturas distintas fechadas el mismo día, el 18 de marzo de 2006, con excepción de una que data de dos días después. No sabe, no contesta. Tanto Ibarra como Telerman se desentendieron del asunto. “¿Usted piensa que yo podía conocer cada proveedor que había en la Ciudad?”, se defendió Telerman en diálogo con PERFIL. Telerman había logrado buena llegada a Julio De Vido y a su equipo gracias a la interna del peronismo porteño: el rechazo que le profesa Alberto Fernández lo arrojó a los brazos del ministro de Planificación. Aníbal Ibarra recurrió al mismo argumento que su sucesor: “Nada podía saber yo, era un organismo autárquico”. Consultado por este diario, el macrismo respondió que Moreno dejó de venderle al Gobierno porteño con la asunción del PRO, pero no dieron mayores precisiones. Por más que se insistió durante dos semanas, PERFIL nunca pudo comunicarse con el actual titular del IVC, Roberto Apelbaum para obtener más detalles. Las explicaciones que brindaron los titulares del IVC durante las gestiones de Ibarra y de Telerman fueron curiosas pero coincidieron en un punto: en casos de “emergencia” como el incendio de una vivienda, se recurría a Moreno porque era uno de los pocos proveedores disponibles que aceptaban entregar la mercadería al instante. Así lo precisó el ibarrista Selzer: “Imagínese que si hay que hacer una casa provisoria para una familia que se quedó sin techo hay que encontrar un proveedor que acepte entregar la mercadería en el momento, y que acepte que se le pague con retraso, y eso es muy difícil de conseguir”. El telermanista Claudio Freindin dijo por su parte: “En casos de emergencia se pueden hacer compras directas, porque si un domingo se incendia una casilla, la mayor parte de las ferreterías puede que estén cerradas”. Y ocurre que justo la única abierta era la de Moreno, que está en San Martín. ¿No está un poco lejos para apelar a ella en caso de una emergencia? ¿No hay otra en toda la Ciudad de Buenos Aires que esté disponible para sofocar un incendio de domingo? Suena difícil de creer. Pero queda disponible el beneficio de la duda. “Moreno era uno de los proveedores habituales del IVC junto con otros dos o tres más. Es difícil conseguir alguien que acepte las condiciones de contratación del Instituto, que no son las mejores para un proveedor. Por ejemplo, muchas veces la mercadería se entrega en lugares de riesgo, donde pueden sufrir un robo”, profundizó Selzer. ¿Incompatible? El artículo 265 del Código Penal reprime con hasta seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Lo que se pone a resguardo en este artículo, según escribió el jurista Sebastián Soler, es el fiel “desempeño de las funciones de la administración en sentido amplio, de manera que la actuación de los órganos (intervinientes en la compra o venta) no sólo sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad”. ¿Puede estar a salvo de cualquier sospecha de parcialidad el IVC si la factura que llega al mostrador está a nombre de un ministro nacional? ¿Da lo mismo que quien provea al Estado sea un ciudadano común o Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior? Al ver el nombre del funcionario, ¿los que tienen que hacer la contratación se sienten sin ningún tipo de presión? “Se podría calificar como una negociación incompatible con la función pública, porque lo que reprime el artículo 265 es la intervención del funcionario público para un beneficio privado”, detalló a este diario el abogado Ricardo Monners Sans. La Ley de Etica Pública también tiene un capítulo de incompatibilidades. Sin embargo, es de redacción ambigua ya que no detalla qué ocurre en el caso de que un funcionario nacional provea a un organismo de la Ciudad de Buenos Aires. Sin incompatibilidad o con ella es difícil considerar a Moreno un proveedor más cuando es el hombre que más incide sobre los precios de todo el país. Es difícil imaginar a Moreno como un simple ferretero. HAY LÍMITES ÉTICOS PARA LOS FUNCIONARIOS La Ley de Ética Pública, sancionada en 1999, establece las prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todos los funcionarios del gobierno nacional, cualquiera sea su jerarquía, destinadas a evitar que se produzca una eventual colisión entre la función pública que desempeñan y la actividad privada que desarrollan, o que pretendan ejercer después de haber cesado en sus cargos. Así, el artículo 13 declara incompatible la función pública con la de ser proveedor o concesionario del Estado. La norma sólo alude a los funcionarios nacionales integrantes de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, pero no se extiende a quienes desempeñan cargos provinciales, los cuales quedan sujetos a las normas locales sobre la materia. Sin embargo, en un sentido amplio y estrictamente ético podría entenderse que ella es aplicable a los funcionarios provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, aunque su incumplimiento no pueda acarrear las sanciones que prevé. Lo que pretende la ley es sancionar los privilegios que se atribuyen los gobernantes; designación de familiares para desempeñar funciones no electivas; recepción de dádivas o regalos en su condición de funcionarios; ejercer actividades empresariales o profesionales haciendo gravitar su condición de funcionario; y una serie de conductas, muchas de las cuales son calificadas como delitos por los artículos 256 a 268 del Código Penal, y por ende aplicables en el ámbito provincial y de la Ciudad de Buenos Aires. En esta última, no existe una ley de ética pública. Sí circulares de la Sindicatura General referentes a las declaraciones juradas patrimoniales que deben presentar los funcionarios y algunos proyectos de ley que reproducen el articulado de la ley nacional y de la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por el Congreso en 1997. Resultaría positiva la sanción de esa ley, sin mengua de admitir que, en la sociedad porteña, existen los anticuerpos suficientes para desencadenar sanciones sociales que, muchas veces, son más severas que las sanciones jurídicas. LA CASA QUE LE OTORGÓ EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA El comienzo de la gestión kirchnerista encontró a Guillermo Moreno con nuevo hogar. Se mudó de Palermo, su barrio de toda la vida, a La Boca. Su padre, Mario Antonio, tenía una preadjudicación de un departamento en un complejo habitacional construido con dinero del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavi), pero nunca llegó a habitarla. Su hijo Guillermo fue quien se encargó de pedir que lo cambiaran de barrio, y la adjudicación llegó entonces a principios de 2003 pero en otro punto de la Ciudad de Buenos Aires. El complejo Irala tiene siete torres y está sobre la calle que lleva el mismo nombre, detrás de la cancha de Boca. La gestión de las adjudicaciones para obtener un departamento allí se realizaba ante el Instituto de la Vivienda (IVC). En ese momento, Moreno tenía un cargo en el Ministerio de Economía. Más tarde ocuparía la Secretaría de Comunicaciones. Y la fama llegaría con su puesto en Comercio Interior. “El complejo de Irala estaba construido antes de que yo llegara. La verdad es que no me acuerdo de la adjudicación a Moreno, pero debe figurar en los registros del Instituto. Lo que creo recordar es que él era propietario desde antes o había una vivienda que estaba a su nombre. Son adjudicaciones que se hicieron sobre preadjudicaciones”, explicó el titular del IVC en 2003, Ernesto Selzer. Moreno vive en el piso 11 de la Torre 4, en una vivienda cómoda pero modesta en comparación con las que suelen tener los altos funcionarios. Los fines de semana suele caminar por el barrio, donde ya es toda una celebridad. Su popularidad creció a medida que en los diarios su nombre aparecía cada vez con más frecuencia, asociado generalmente con escándalos vinculados al control de precios, una obsesión del secretario de Comercio Interior. Dicen que habita un departamento de tres ambientes con su nueva pareja y un gato. Desde que se separó de su esposa, Moreno dejó de vivir con sus dos hijos.