La orden ha sido dada y los soldados de la avanzada ya se han encolumnado. Fiel al precepto kirchnerista de que la culpa siempre la tienen los demás, termine como termine el trámite legislativo de ratificación del esquema de retenciones móviles, el campo ha sido nominado y será el gran responsable de ahora en más de todos los males que aquejen a la Argentina.

El esquema ya se ha hecho patente en el caso del desabastecimiento y se ha visto cómo los empresarios amigos del Gobierno han salido a denunciar, a pedido de Guillermo Moreno, los faltantes de mercaderías e insumos, en algunos casos al borde de la exageración. Por lo tanto, los dirigentes ruralistas formales, las “cuatro personas a las que nadie votó”, y además los mediáticos que encolumnan a los productores autoconvocados (De Angeli & Cia.), deberán estar preparados para hacerse cargo simultáneamente del parate productivo, la inflación, la baja de la recaudación y el menor superávit fiscal, entre otras cosas, materias en las que el Gobierno ha encontrado un excelente chivo expiatorio para justificar algunos desaciertos que vienen de lejos y quizás la excusa para intentar un ajuste, palabra hasta ahora prohibida en el léxico oficial. Una vez que las cacerolas, que repudiaron masivamente a Luis D”Elía y a sus mandantes, impulsaron el envío del proyecto gubernamental al Congreso, bajó la presión sobre la Presidenta, ya que se produjo un cambio de interlocutores. La conferencia de prensa de Néstor Kirchner sirvió de amortiguador para que Cristina hiciera el anuncio con un tono muy racional, aunque luego, al día siguiente y ante la militancia, el discurso se convirtió en arenga y la situación se tensó nuevamente. Pese a la estrategia, el Ejecutivo no ha podido quedar del todo de lado, ya que ahora, tras el levantamiento del paro agropecuario y la normal circulación en las rutas, el alineamiento del número y del tiempo ha pasado a ser el desafío matemático que tiene por delante, para encolumnar a su propia tropa y sacar del Palacio Legislativo, con el menor daño posible, la ratificación de la Resolución 125. Sin embargo, este factor técnico tiene por detrás algunos elementos centrales de tipo ideológico-político que condicionan la cuenta final y que resultan clave para entender el problema en el que han quedado entrampados los diputados y senadores oficialistas, ya que su voto deberá atender a tres frentes a la vez: a) convalidar que la política de retenciones es parte de la potestad del Estado de adueñarse poco a poco de todos los recursos que se califiquen como “ganancias extraordinarias”, b) no desairar el emperramiento de NK, quien quiere poner al campo de rodillas y c) evitar que se siga desluciendo la figura presidencial. En verdad, la muy explícita exposición de motivos del Ejecutivo que acompaña al proyecto de ley no toca de modo directo todas estas situaciones, pero en ella subyacen cada uno de esos puntos, sobre todo el de una renta que en el fondo resulta imaginaria, ya que sólo toma en cuenta el precio, sin ocuparse de los costos ni de los rindes de la producción. Ese mensaje -al que no se le prestó la debida atención- es un frío y preciso compendio ideológico de los dos discursos presidenciales de la semana y en muchos pasajes resulta además un calco de aquello mismo que había pedido la Iglesia en su Declaración del 5 de junio, vilipendiada por Aníbal Fernández, cuando los obispos solicitaron “una vigencia aún más plena de las instituciones de la República”, aunque se enreda en explicaciones que apuntan a exhibir en plenitud las mayorías legislativas logradas en las urnas, como contrapeso de las paranoias desestabilizadoras. Entre esos fundamentos se mencionan sólo dos motivos por el cual se tomó la resolución de origen: la “mejora en la distribución del ingreso” (y por eso llamó la atención que el ex presidente asegurara que la Resolución “no es fiscalista”) y la necesidad de divorciar los precios internos de los alimentos de los internacionales. Más allá de que el argumento no sirve para la soja, ya que su consumo local es bajísimo, ya nada se dice en el proyecto sobre aquellas razones de elección productiva que había dado Martín Lousteau cuando propició el esquema, probablemente preocupado por las incertidumbres de Caja y del horizonte fiscal: evitar la mutilación del ecosistema y el desplazamiento de otras actividades agropecuarias. La prueba de álgebra legislativa a la que está siendo sometido el Gobierno tiene uno hoy de los factores por debajo del mínimo requerido en la Cámara de Diputados: son 108, a lo sumo 110, los legisladores que levantarían la mano a favor de aprobar a libro cerrado lo decidido por el Ejecutivo, sobre los 129 que tiene el Frente para la Victoria. En un juego de fulleros, muchos de ellos están esperando que la necesidad de llegar a consensos para conseguir la diferencia y evitar una derrota, les permita no quedar tan expuestos frente a sus propios votantes, sin quedar mal, a la vez, con los Kirchner. La otra variable es el tiempo y en función de ellos saber qué conviene. ¿Discutir en las comisiones, sumar otros proyectos, estirar el tratamiento y darle la oportunidad al lobby rural de convencer a los menos ideologizados o al internismo justicialista de repatriar a kirchneristas de ocasión? ¿O trabajar a paso redoblado, sacar el dictamen de apuro e impulsar un tratamiento sobre tablas que termine con el problema esta misma semana? De todo esto se está hablando en Olivos por estas horas entre los halcones, quienes creen que finalmente los diputados se alinearán, y las palomas más contemporizadoras, en un grupo íntimo de trabajo que no incluye al vicepresidente Julio Cobos, porque cometió el pecado de cortarse solo y de citar a gobernadores sin la anuencia de la Casa Rosada. Gobernadores calzonudos que primero dijeron que “sí” y que luego fueron obligados a desdecirse. Si como todo lo indica hasta ahora, finalmente se sigue adelante con la primera de las variantes, ya se ha decidido citar a las entidades para este lunes y sumar de apuro otros proyectos a la negociación (precio pleno para el trigo, promoción para la leche, fomento de la producción de carnes y la eventual transformación de la ONCCA en un símil de la Junta Nacional de Carnes y Granos) para que, si se necesita, cambiar figuritas y compensar el pago de las retenciones sin tocarlas. Otro precepto kirchnerista: si hay derrota que no se note. El propósito inicial de tratar a libro cerrado el proyecto de ley en el menor tiempo fue abandonado cuando se comprobó que el factor número no cerraba, por lo que se instaló la idea de la búsqueda de consensos, alimentada por una oposición que está unida detrás de otra alternativa que le pone un techo a la movilidad, lo que permitiría que se reimplante de inmediato el mercado a futuro de granos. Si se analiza el factor tiempo desde el lado del país, lo ideal sería terminar con la situación lo más rápidamente posible para dar señales sobre algún tipo de horizonte productivo y salir de la situación de “hibernación” que describió Mauricio Macri, caldo de cultivo de la anarquía y de la destrucción de los mecanismos institucionales. En ese sentido, mucho tiempo de discusión haría que las decisiones microeconómicas del campo se sigan postergando, que se vendan los cereales a cuenta gotas o que se posterguen aún más las decisiones que hacen a futuras inversiones del sector, con reflejo recesivo inmediato en todo el interior que depende de la agricultura, la ganadería y las economías regionales. Si se habla de la necesidad de poner otra vez a la economía en movimiento, y más allá de las chicanas del marketing para ver quien es el culpable de la situación en materia inflacionaria, productiva o fiscal o aún en la situación energética de inmediata vigencia por el avance del frío, algo habrá que hacer desde la macro, independientemente de cómo termine la situación. Para resolver el problema los analistas evalúan -como FIEL en su último Informe- que el Gobierno podría poner en marcha un escenario de “alta discrecionalidad”, mientras la economía “se encamina a una tasa baja de crecimiento con inflación alta”. En este sentido, la preocupación por la menor recaudación por retenciones y el crecimiento del ritmo del gasto quizás podrían empujar algún aumento de tarifas y un mayor torniquete en los subsidios, se especula. Además, la suba de la tasa de interés, producto de la fuga de capitales y caída de reservas, junto a la prevención de los banqueros para no quedarse sin liquidez han moderado el consumo, aunque los precios internos han volado durante los últimos 30 días, subsiste la falta de inversión y es nítida la ausencia de financiamiento externo. Por otro lado, habrá que evaluar si la baja del precio del dólar es una cuestión coyuntural para hacerle pagar a quienes compraron más caro una especie de impuesto a los tontos (el viernes se pagaba a $ 2,99 en algunas casas de cambio) o si el viraje de Martín Redrado se inscribe en un cambio radical en una de las patas del modelo, para seguir el camino de una cierta ortodoxia, al modo brasileño. Desde otra perspectiva, se podría afirmar que a estos precios se está financiando la corrida y también que de esta manera se está mejorando el ingreso de los asalariados. Lo cierto es que, más allá de cómo resulte el proceso legislativo sobre las retenciones, el ministerio de Carlos Fernández y su asesor en jefe, Néstor Kirchner, quien hace tres meses no quería que se enfríe la economía, deberían estar tomando por estas horas cartas en el asunto para definir rápidamente los nuevos escenarios, ya que el conflicto con el campo ha adelantado para el segundo semestre del año, corregidas y aumentadas, las dificultades que se esperaban para 2009.