De perfil bajo este ex operador de radio que se sumó al kirchnerismo en los albores de la campaña de 2003, de la que fue tesorero, hoy maneja la Superintendencia de Salud de la Nación, una fuente de subsidios inestimable a la hora de disciplinar a los gremios.

(Por Laura Di Marco) Muchos definirían al superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Héctor Capaccioli, como “un buen tipo”, de esos que todos imaginarían un buen vecino y hasta, por qué no, como un buen yerno. Es que “Capa”, como lo apodan, no se pelea con nadie, es familiero y nadie lo odia demasiado dentro ni fuera de la administración K. Un dato que no significa poco viniendo de alguien que, como él, ha manejado y maneja suculentas cajas en la política del poder. “Capa es un buen tipo y, sobre todo, un soldado total de Alberto Fernández; tanto, que aceptó hacerse cargo de juntar a los impresentables del peronismo porteño, casi barrabravas, que toda fuerza política también necesita para confrontar.” Así lo presenta, con honestidad brutal, un diputado nacional del macrismo. Este peronista no kirchnerista, hoy PRO, en la vereda de enfrente de Capaccioli en la interna porteña, parece comprender, pese a todo, la insalubre tarea que le fue delegada a Capaccioli por su jefe y amigo, Alberto Fernández, también a cargo del peronismo capitalino. Si de recaudar fondos se trata, digamos que su debut fue a lo grande. En febrero de 2003, y sin más antecedentes que liderar el pequeño gremio de los operadores de radio y haber compartido la secundaria con Alberto Fernández, fue designado tesorero en la campaña presidencial de Néstor Kirchner. Una tarea que, nuevamente, le encomendó el actual jefe de Gabinete, que ya era influyente en aquel entorno santacruceño de la era pre K. La rendición de aquella campaña fue cuestionada, luego, por Poder Ciudadano, que encontró una brecha muy grande entre la versión oficial de lo gastado y lo gastado realmente. Pero el traspié no pareció amedrentar a Capaccioli. En la campaña de Rafael Bielsa, en 2005, volvió a ocupar el cargo de tesorero, mientras que su amigo, el malogrado interventor al que luego colocó en el quebrantado hospital Francés, Pedro “Peter” Salvatierra, ocupó el rol de responsable financiero. Y así, como quitándole capas a una cebolla, a poco de escarbar en la biografía de este personaje de bajísimo perfil, la historia empieza a confundir. Porque, en su corto paso por la función pública (debutó con el kirchnerismo en el poder), aquella primera imagen naif de muchacho bonachón de barrio choca con los datos duros que nos trae la realidad. Precisamente, si nos centramos en estos últimos -es decir, en los hechos-, lo primero que aparece en pantalla, conectado con Capaccioli, es el ahora famoso Sergio “Tuto” o “La Tuta” Muhamad, el ex barrabrava que, en octubre pasado, irrumpió como fuerza de choque, con varios matones más, en el conflicto gremial y social del hospital Francés para “defender” la gestión del interventor, el abogado “Peter” Salvatierra, colocado allí por la dupla Capaccioli-Fernández. Algunos dicen que el episodio Muhamad, integrante del grupo político de “Capa”, dañó severamente la relación entre los antiguos compañeros del Mariano Moreno. Sin embargo, el soldado albertista sigue firme en su cargo de la Superintendencia, un organismo encargado de controlar el funcionamiento de las obras sociales sindicales y que, además, supone el único ojo del Estado frente las medicinas prepagas. Por eso es que, en los últimos días, fue Capaccioli y no el ministro Ginés González García quien representó al Gobierno, desde el área de Salud, para explicar ante los medios la marcha atrás en el aumento del 22 por ciento de la medicina prepaga, a cambio de habilitar un sistema de copagos adicionales que, finalmente, terminarán incrementando en un cinco por ciento los costos de salud de una familia tipo. “Habilitar los copagos es sólo un maquillaje que termina favoreciendo a las propias empresas prepagas, porque permiten que el prestador fije su precio. Lo que pasa es que estos adicionales, que antes estaban incluidos, no se computan en el índice inflacionario que muestra el Indec y eso es lo que le interesa al Gobierno”, dice el economista y diputado Claudio Lozano. Y alerta, incluso, que el copago corre el riesgo de filtrarse en el sistema público de salud, a raíz de los acuerdos de muchas prepagas con las obras sociales sindicales. La complejidad del tema y su potencial costo social en un año electoral desvelaron al superintendente en los últimos tiempos hasta tal punto que, en la intimidad de su despacho, cree que todo ataque contra su persona – o lo que él visualiza como tal- tiene que ver con el fantasma de las prepagas. Es entonces cuando dice que quiere volver a la radio. ALTA FIDELIDAD Echemos un vistazo a los números para tener una idea acerca de qué hablamos cuando nos referimos al manejo de una caja formidable: las obras sociales sindicales manejan 6790 millones de pesos por año para dar prestación a unos 15 millones de personas; por el PAMI pasan 1250 millones, destinados a 3 millones de jubilados, mientras que las prepagas gastan lo mismo que la obra social de los jubilados pero para dos millones de usuarios, aproximadamente. Pero la explicación que da el superintendente es otra: “No pasa plata por aquí. Nuestra tarea consiste solamente en supervisar las obras sociales y asegurarnos de que los afiliados estén bien atendidos. Podemos sancionar, incluso intervenir, una obra social, que es la sanción más grave. Obviamente, si mirás para otro lado, sos corruptible, pero no es nuestro caso. Nosotros no somos así”. Sin embargo, más allá de que existan o no acuerdos non sanctos entre controladores y controlados, hay un dato que no puede discutirse: el espacio que conduce Capaccioli está destinado a cubrir un sistema de obras sociales que supone subsidios, lo que implica un arma contundente para disciplinar a los gremios. Así también lo entendió el camionero Hugo Moyano, siempre sagaz para detectar los resortes del poder, cuando, hace un año, logró colocar a un hombre suyo, el abogado laboralista Juan Rinaldi, en el Area de Atención de Programas Especiales (APE), que depende de la Superintendencia. El organismo, controlado indirectamente por el líder cegetista, controla ahora 350 millones de pesos para atender tratamientos de alta complejidad (HIV, cáncer, enfermedades crónicas) que no son cubiertos por las obras sociales sindicales. La antecesora de la actual Superintendencia fue el Ansal, un oscuro organismo en el que, por ejemplo, solía tener mucha influencia el gastronómico Luis Barrionuevo y, antes que eso, se llamaba Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS). Históricamente, el funcionario a cargo de ese espacio era nombrado por el Ministro de Salud, pero, por alguna interna palaciega, Alberto Fernández le ganó de mano, esta vez, al ministro Ginés González García, poniendo en ese espacio preciado a un hombre de su máxima confianza. Fernández designó como superintendente a Capaccioli hace exactamente un año. “Capa” venía de otra misión especial e imposible, también encomendada, claro, por su amigo. Durante el gobierno de Aníbal Ibarra había funcionado como el nexo kirchnerista con el Gobierno nacional. Su tarea también era políticamente clave porque tenía a su cargo el contacto privilegiado con los Centros de Gestión y Participación (CGP S) -la representación del gobierno local en los barrios- y, por ende, con los punteros barriales. Una relación imprescindible para todo aquel que busque, como Alberto Fernández, controlar políticamente un distrito. Y aquí es donde entra a tallar, en esta historia, el gigante “Tuto”, puntero de Villa Ortúzar. Capaccioli, entonces funcionario ibarrista, en su rol de Secretario de Descentralización, le había hecho un contrato a “Tuto” por algo más de 1200 pesos que, claro, fue rápidamente cancelado por Jorge Telerman el mismo día que este ex barrabrava, junto con otros punteros de cara cortada y revólver, aparecieron en las pantallas de los televisores hogareños defendiendo a las patadas la intervención capacciolista en el accidentado “salvataje” del Francés. “Yo nunca desconocí mi relación con ´Tuto -admite hoy el superintendente-; es imposible ser peronista y no conocerlo. Telerman también lo conocía, aunque ahora se haga el distraído. Yo nunca he renegado de mis conocidos”. Lo que afirma Capaccioli es cierto: todos lo conocían, solo que “Capa” tuvo la misión de adoptarlo en su agrupación, en el marco de su poco envidiable tarea de captar a los “horribles”, tal como llaman en el PJ porteño a sujetos como “Tuto”. Más aún, este ex barrabrava que descollaba en actos para niños haciendo de payaso había participado en el lanzamiento del Movimiento Popular de Mayo (MPM), la agrupación que lidera el superintendente dentro del Frente para la Victoria. Cuentan que cuando Alberto Fernández vio, desde su despacho en la Rosada, cómo “Tuto” le sacaba la gorra a un policía, se agarraba la cabeza preocupado por los monstruos que su amigo había ayudado a alimentar. SOLDADO TODO TERRENO Algunos, básicamente aquellos que están enfrentados con él en la interna peronista, lo llaman peyorativamente DJ, en alusión a su profesión de operador de radio. De licencia en su puesto de Radio El Mundo, era secretario general de su gremio cuando se sumó al kirchnerismo desde los inicios. Precisamente, fue su pequeño aparato sindical -tiene 700 afiliados en Capital y el doble en el país- el que aportó a La Corriente, el espacio, dentro del PJ, que respaldaba la candidatura presidencial de Néstor Kirchner. “Cuando entré a la función pública, en 2003, ganaba 2 mil pesos en el sindicato, 400 en la radio y 500 dólares en cargos sindicales internacionales. Mi sueldo actual de bolsillo es de 8 mil pesos”, informa, sin demasiadas vueltas el Superintedente, en su oficina de Diagonal Norte al 500, donde se recortan las fotos de sus tres hijos y se escucha una música suave. Su oficina tiene gente extraña; algunos traídos del gobierno de la Ciudad. Uno de sus gerentes, por ejemplo, es el médico Juan Carlos “El Tano” Biani, un dirigente pejotista porteño que, en los 90, fue menemista ortodoxo y mano derecha de Matilde Menéndez. Otro de los asesores que revista en su oficina es un ex puntero de Villa Lugano, Carlos Fernández, que estuvo procesado -aunque luego sobreseído- en una causa que, paradójicamente, inició Aníbal Ibarra contra Carlos Grosso por irregularidades en la privatización del campo municipal de golf. El 15 de febrero pasado, Capaccioli cumplió 49 años y lo festejó en el restaurant Syrah, en Puerto Madero, donde invitó a varios amigos de la política, entre ellos a Aníbal Ibarra, Juan Manuel Abal Medina (h), el líder de los jóvenes K, Nicolás Trotta, el polémico sindicalista Victor Santa María, el ministro Carlos Tomada y el jefe del bloque kirchnerista en la Legislatura, Diego Kravetz. “Yo volvería a ser operador de radio- afirma el Superintendente, en su despacho despojado-. La función pública no me gusta, no es para mí, de verdad La única aspiración que tengo es terminar mi tarea.” ¿Volvería, entonces, a la radio, para ganar 400 pesos? “No, bueno, eso era en 2003; ahora ganaría alrededor de 2 mil pesos. La función pública no es como la gente supone. Si no tenés otros rebusques, como es mi caso, es un lugar con excesiva responsabilidad que te va desgastando, y yo quiero ver crecer a mis hijos. Las cosas no son como la mayoría se imagina”. QUIÉN ES Héctor Capaccioli nació el 15 de febrero de 1958, en Capital Federal. Está casado y tiene tres hijos. Ex operador de radio, fue secretario general de su gremio hasta 2003, cuando su amigo Alberto Fernández lo llevó a la función pública. PUESTOS CLAVE Ex secretario de Descentralización porteño en el segundo gabinete de Aníbal Ibarra, está al frente, desde febrero de 2006, de la Superintendencia de Servicios de Salud, órgano encargado de controlar el funcionamiento de las obras sociales sindicales.