Nacionales
La Coalición Cívica apoya la sindicalización de la policía
UN PROYECTO DE LEY PARA LA POLÉMICA
Según el portal INFORMADOR PÚBLICO; los diputados de la Coalición Cívica Fernando Iglesias y Patricia Bullrich presentaron un proyecto de ley para autorizar la actividad sindical en la Policía Federal, que también lleva las firmas de Griselda Baldata e Hilma Re. Por lo que sabe, en el kirchnerismo miran con interés el proyecto. Éste es su texto:
SINDICALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA Artículo 1°: Objeto. La presente ley tiene por objeto otorgar el derecho a constituir una asociación sindical de ámbito nacional a los trabajadores que se desempeñan bajo relación de dependencia en la Policía Federal Argentina, para la defensa de sus intereses profesionales así como también el derecho a afiliarse y a participar activamente en el sindicato en los términos previstos por la presente y por las leyes vigentes en la materia. Art. 2°: Sujetos. Los sujetos de esta ley son los trabajadores que se desempeñan, como personal policial o civil, bajo relación de dependencia en la Policía Federal Argentina. Art. 3°: Principios. La asociación sindical que agrupe a los trabajadores del artículo 2 de la presente ley se rige por los siguientes principios: a) Principios de libertad sindical y protección del derecho de sindicación, según las disposiciones del “Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”, Nro. 87, de la Organización Internacional del Trabajo. b) Principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, según las disposiciones del “Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva”, Nro. 98, de la Organización Internacional del Trabajo. Art. 4°: Limitación de los derechos derivados de la asociación sindical. El personal de la Policía Federal Argentina no puede ejercer en ningún caso el derecho a huelga ni acciones sustitutivas que alteren el funcionamiento normal de los servicios de seguridad que deben prestar en el ejercicio de sus funciones y cumpliendo con los deberes y obligaciones descriptas en el Capítulo II de la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina (N° 21.965). Art. 5°: Participación en actividades sindicales. Modifícase el inciso f del artículo 9 de la “Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina” (Ley N° 21.965), el cual quedará redactado de la siguiente manera: “La no participación en actividades políticas o partidarias, ni el desempeño de funciones públicas propias de cargos electivos”. Art. 6°: De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. FUNDAMENTOS Señor presidente: Todo nuestro cuerpo legal, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional consideran a la sindicalización como uno de los derechos fundamentales de la población trabajadora. El art. 14 bis de la Constitución Nacional establece que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador”, entre otros derechos, el de la “organización sindical libre y democrática”. La ley 23.551 (de Asociaciones Sindicales) especifica además que “la acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador”. En el plano internacional, diversos tratados contemplan, incorporan, promueven y/o protegen -en forma directa o indirecta – la libertad sindical. Así, en el inciso 4 del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) se establece que “toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de Costa Rica, 1969) proclama en su artículo 16 la libertad de asociación con fines laborales; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (de 1966 y vigente desde 1976) insiste en que “toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”, determinando expresamente que no se autoriza a los Estados Partes a adoptar medidas legislativas ni aplicar la ley de tal manera que puedan menoscabar las garantías previstas en él (artículo 22); y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (de 1966 y vigente desde 1976) establece en su artículo 8 que los Estados Partes se comprometen a garantizar derechos vinculados con la libertad sindical, reforzando los ya garantizados en pactos previos -como el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección y el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos-. Sumado a ello, Argentina es Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo cual a nuestro país le aplican las disposiciones de los convenios N° 87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948, ratificado por Argentina en enero de 1960) y N° 98 de la OIT (Derecho de sindicación, ratificado por nuestro país en de julio de 1996). En el artículo 9 del Convenio N° 87, se establece que “La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio”. De igual modo, el artículo 5 del Convenio 98 determina que “La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía”. Es decir, estos instrumentos no anulan la posibilidad de sindicalización de los trabajadores policiales. A pesar de ello, al personal de la Policía Federal Argentina (así como al del Servicio Penitenciario Federal) se le ha venido negando sistemáticamente el derecho a asociarse sindicalmente. Ellos no tienen la libertad ni el derecho de agremiarse. Si bien los argumentos en contra de un sindicato policial suelen centrarse en la necesidad de impedir que el personal policial tenga derecho a huelga, ello no es suficiente para negarle s el derecho que toda persona tiene a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. En consecuencia, este proyecto le otorga a todo el personal policial y civil en relación de dependencia en la Policía Federal Argentina el derecho a asociarse sindicalmente y los derechos derivados de tal asociación estableciéndose que ellos deberán ejercerse “sin alterar el normal desenvolvimiento de los servicios de seguridad que deben prestar en el ejercicio de sus funciones” y con la imposibilidad para el personal con estado policial de tener derecho a huelga. Asimismo, se reafirma que el personal debe actuar en cumplimiento de los deberes y obligaciones descriptas en el Capítulo II de la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina (N° 21.965), y dado que la obligación impuesta en el inciso f del artículo 9 de dicha norma, que es el que impide que participen en actividades gremiales, atenta contra la posibilidad de ejercer el derecho de asociación sindical y los derechos derivados de dicha asociación, se modifica dicho inciso de modo de permitirle al personal civil y policial participar de actividades gremiales. Por último, la Corte Suprema de la Nación, en el caso ATE contra Ministerio de Trabajo, emitió un histórico fallo en noviembre de 2008, el cual no sólo invalidó las restricciones para ser delegado gremial (en respuesta al caso puntual que le llegó para su resolución) sino que cuestionó todo el modelo sindical en nuestro país. La mencionada sentencia hace referencia a los distintos instrumentos internacionales citados en estos fundamentos y, entre las múltiples consideraciones de la Corte, es de destacarse la siguiente: la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, adoptada en 1998, después de memorar que, “al incorporarse libremente a la OIT, todos los Miembros han aceptado los principios y derechos enunciados en su Constitución y en la Declaración de Filadelfia, y se han comprometido a esforzarse por lograr los objetivos generales de la Organización en toda la medida de sus posibilidades y atendiendo a sus condiciones específicas”, y afirmar que “esos principios y derechos han sido expresados y desarrollados en forma de derechos y obligaciones específicos en convenios que han sido reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la Organización”, declaró que “todos los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios”, inter alia, “la libertad de asociación y la libertad sindical”. En síntesis, los sindicatos cuando funcionan correctamente cumplen un importante rol en la defensa de los derechos laborales. El establecimiento del derecho a asociarse sindicalmente mejoraría la institución en general simplemente por la mejora de las condiciones laborales del personal policial y civil, quienes de una vez por todas accederían a algo tan básico como es el que le sean reconocidos sus derechos humanos laborales, incluyendo la libertad sindical y la negociación colectiva. Los derechos laborales también son derechos humanos. Por lo expuesto, entonces, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
