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La represión sigue siendo política de estado

ARCHIVO 2011

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El 25 de noviembre, a las 18.30, CORREPI estará en Plaza de Mayo haciendo su presentación anual del Archivo de casos de personas asesinadas por las fuerzas represivas del estado. Hace 15 años, el gobierno menemista, en la voz de Carlos Corach, intentaba deslegitimar nuestra denuncia sobre su política represiva y nos pedían “números, datos”.


Así comenzó la tarea de sistematizar la información. Pero como, para nosotros, nuestros pibes muertos no son ni “números” ni “datos”, la información del archivo acompaña nuestra tarea militante diaria de organización, de denuncia y de lucha.
Hoy, después de la reelección de un gobierno que se adjudica el rol de “defensor de los DDHH”, nuestro archivo sigue evidenciando números que contradicen de pies a cabeza ese discurso.
Sobre 3.393 personas asesinadas desde diciembre de 1983 a la fecha, 1.836 murieron en los 8 años de gobierno kirchnerista, casi 200 en los últimos 12 meses. Más del 50 por ciento son pibes menores de 25 años.
Además, el Archivo muestra que la práctica del gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias son patrimonio de todas las provincias, todos los gobiernos y todas las policías y fuerzas del país. Desde las policías de los gobiernos “más reaccionarios” como el de Macri, que con su metropolitana, en lo que va del año, tiene 5 casos de gatillo en su haber, hasta la policía del “socialista” Hermes Binner, la policía santafesina, que vuelve a ocupar el primer lugar en cantidad de casos en proporción a la cantidad de habitantes de su provincia.
A estos datos, hay que agregar el recrudecimiento por parte del gobierno de políticas de persecución hacia los sectores organizados. La represión selectiva del kirchnerismo sigue manteniendo en sus cárceles a tres presos por razones políticas y criminaliza a quienes salen a luchar por salario, trabajo y mejores condiciones de vida.
La utilización de patotas sindicales y grupos de choque para dirimir conflictos gremiales o medidas de lucha han sido moneda corriente en este último periodo, como lo prueba el asesinato de Mariano Ferreyra.
Mientras el gobierno intenta despegarse de su responsabilidad de la represión, nosotros seguiremos denunciando y llamando a la organización frente a la represión. Porque lejos de ser una práctica del pasado, no sólo los números de nuestro archivo, sino la realidad, nos muestra que la represión sigue siendo política de estado, gobierne quien gobierne.
MARIANO FERREYRA: DE CÓMO LA JUSTICIA CUIDA A LOS SICARIOS DEL ESTADO
Esta semana, la Cámara en lo Criminal confirmó el procesamiento de siete policías federales por su apoyo, el 20 de octubre de 2010, a la patota de Pedraza que asesinó a Mariano Ferreyra.
Los policías imputados son el ex titular de la Superintedencia Metropolitana de la Policía Federal Hugo Lompizano, los comisarios Luis Echeverría, Jorge Ferreyra y Luis Mansilla, el subcomisario Rolando Garay, el principal Gastón Conti y el suboficial Villalba. Esta causa es un desprendimiento de la causa inicial por el asesinato de Mariano. Es que la estrategia de la justicia y del gobierno es disimular su responsabilidad sobre lo ocurrido y, por supuesto, cuidar a sus sicarios. 
Por esto mismo es que estos siete policías, cuatro de ellos oficiales jefes, fueron procesados por “abandono de persona seguido de muerte”, es decir, por no haber prestado auxilio a las víctimas después del hecho, y no como partícipes del asesinato, cuando está por demás probado que no actuaron por “omisión” sino que fueron una pieza fundamental del plan criminal, custodiando a la patota, abriéndole el paso para que actuara, permitiéndole un escape seguro y, finalmente, destruyendo pruebas de su accionar.
Ya la jueza Wilma López desoyó el planteo que hicimos los querellantes en la causa para que se los impute como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa, delito penado con prisión perpetua. Ahora es la Cámara en lo Criminal quien confirma el procesamiento realizado por la jueza, responsabilizándolos por un delito menor, que no refleja su verdadera participación en el asesinato de Mariano. Como siempre, la justicia se encarga de cuidar a los sicarios del estado, o de darles el menor castigo posible, limpiando la responsabilidad que tienen, tanto la policía como el gobierno, en el asesinato de un luchador.
CRISTIAN FERREYRA: OTRA VÍCTIMA DE UN CRIMEN “NACIONAL Y POPULAR”
“Asesinado por el agronegocio, Cristian vive, la lucha sigue”. Así tituló el oficialista diario Página/12 en relación al crimen de Cristian Ferreyra, el militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) asesinado en Copo, Monte Quemado, cuando el 16 de noviembre, junto a otro campesino también herido, se resistía al desalojo.
Rápidamente, el periodista Darío Aranda (autor de la nota), salió a denunciar al diario del gobierno, porque le censuraron la explicación del crimen que realiza el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Concretamente, Aranda dijo que le “podaron” el siguiente párrafo: “El MNCI donde militaba Ferreyra enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Zamora, el Poder Judicial de la provincia y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires, el vocero del MNCI Adolfo Farías fue explícito: hacemos público que vamos por el gobernador, es el responsable de las represiones”.
¿Qué evidencia este pasaje censurado de la crónica periodística, a manos de un medio oficialista?
¿Cómo se compadece este silenciamiento de la víctima en un medio del gobierno autodenominado de los derechos humanos? 
Como en el caso del otro Ferreyra, Mariano, estos crímenes se inscriben en el método de la represión tercerizada para defender, desde el estado, los intereses de los empresarios.
Que el “modelo nacional y popular” se asienta en los pooles sojeros, nadie puede negarlo: desde los Grobocopatel, Monsanto y compañía, hasta empresarios locales al estilo del asesino Jorge Ciccioli, responsable directo del crimen de Santiago del Estero).
Al amparo de las direcciones estatales de tierras, las policías provinciales y el propio poder judicial, las prebendas y privilegios que estos asesinos-socios del gobierno ostentan, han servido para consolidar el negocio de la sojización, con el que forma caja “el gobierno nacional y popular”.
Es que negocios son negocios, como lo explicara la propia presidenta, cuando, tiempo atrás, recibió a Pueblos Originarios reacios a su cooptación, aunque haya que decretar zonas liberadas, desalojos compulsivos ilegales e ilegítimos, cajoneo de múltiples denuncias e impunidad para el matonaje.
En esta lógica se inscribe el disparo mortal sobre Cristian Ferreyra. Como en el asesinato de Mariano, donde los intereses de los empresarios ferroviarios se contraponen con el de los trabajdores tercerizados, en el caso de Santiago del Estero, son los intereses de la burguesía sojera contra los del campesinado.
Y en ambos, el estado habilita el crimen y lo delega, tercerizando su participación y protagonismo. Para eso, necesitan socios como empresarios asesinos, gobernadores o burócratas sindicales afines, jueces, fiscales y policías convenientemente adiestrados tanto para la comisión como para la omisión, patotas prestas a actuar, y siempre, siempre, un diario que tergiverse un crimen de la burguesía.
CORCOVADO Y LUIS BOLAÑO: LA JUSTICIA EN EVIDENCIA
Esta semana presenciamos dos fallos judiciales que muestran sin disimulo el rol del aparato judicial como garante de la impunidad de los represores de cada día. Dos casos en los que las pruebas demuestran una cosa, y el fallo dice lo contrario.
En marzo de 2009, Corcovado, Chubut fue sitiado por la búsqueda de un prófugo. El GEOP (Grupo Especial de Operaciones de Policía), junto con otras reparticiones de la policía provincial, invadió el pueblo. Allanaron violentamente más de 20 viviendas, asesinaron a Wilson Bustos, dejaron parapléjico a su hermano Marcos, y hasta hoy sigue desaparecido el adolescente Luciano González. Hasta tomaron la radio zonal para que no se difundiera lo que sucedía.
Luego de la denuncia de las víctimas, la fiscalía amagó con la calificación de tortura, y de delitos de lesa humanidad, pero todo terminó con una tibia imputación por “excesos y abusos”. Se decidió acusar solamente al comisario Miguel Gómez, jefe del GEOP, y a ninguno de sus subordinados ni a los otros sectores de la fuerza policial que intervinieron. Tras casi tres años de espera, en estos días se conoció la sentencia, que causó asombro e indignación en Corcovado: lo absolvieron.
Los jueces decidieron, basándose en impresiones personales, y no en una base probatoria concreta, que probablemente los recuerdos de los habitantes de Corcovado “se vean mezclados por apreciaciones escuchadas, por un ataque que sintieron como aditamento de desgracias como la muerte de un integrante de la familia y otro gravemente herido”. Por otro lado, sobre lo actuado por los subordinados del comisario Gómez, concluyeron que “seguramente” no habrían sido decididos por él, y resultaron “excesos del personal policial”. Personal desconocido, por cierto, ya que no existe listado del personal policial que participó del operativo durante esos días.
Es decir, de la terrible semana que vivieron los habitantes de Corcovado no existe ningún responsable, ni material, ni político.
El otro fallo fue en el juicio por el asesinato de Luis Bolaño, en Grand Bourg, Buenos Aires, el mismo mes de marzo de 2009, por el vigilador privado Juan Pablo Rodríguez. Como hemos informado, Luis, un chico discapacitado mental y motriz, volvía a su casa cuando Rodríguez le disparó a matar. La historia del vigilador es que Luis era un delincuente armado y violento. Las pruebas, por su parte, muestran que Luis no hubiera podido siquiera sostener un arma, ya que tenía la “mano en garra” y el brazo atrofiado, aparte de que la supuesta arma nunca fue encontrada en la escena.
Esta semana, el tribunal oral nº 2 de San Martín condenó al vigilador de la empresa Clave seguridad SRL, contratada por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, a la pena de dos años y diez meses de prisión, por supuesto que sin ir preso.
¿Por qué? Porque, según los jueces, como Luis, desorientado, caminó erráticamente para un lado y parta otro, en un lugar donde eran frecuentes los robos a mano armada, el vigilador pudo equivocarse y creer que debía defenderse. Así, aplicaron la tesis de un “error en el ejercicio de la legítima defensa”, no sin aclarar que, después de todo, “…fue la propia acción de Bolaño la principal provocadora del error”.
Así como la policía es el brazo represivo del estado, el perro guardián de los poderosos, y su función es la de reprimir al pueblo, el aparato judicial es el que se encarga de defenderlos a ellos. La justicia no está en los tribunales, se consigue con organización y lucha.
DETENCIONES ARBITRARIAS: LA GRAN HERRAMIENTA DE LA REPRESIÓN PREVENTIVA
El diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba, informó, la semana pasada, que una mujer policía denunció que su jefe, el comisario de una seccional de la ciudad, porque obligaba a todos los policías a hacer detenciones sin motivo alguno para elevar el número de las estadísticas de la comisaría.
El comisario llevaba una planilla con los nombres de sus subordinados, y las cantidades de detenciones realizadas. Y también colgaba un cuadrito con las fotos de los verdugos más eficientes, al estilo del “empleado del mes”.
Esta es la política que CORREPI viene denunciando desde que existimos. Las detenciones arbitrarias, en Córdoba, Buenos Aires, Salta o Santa Cruz, son política de estado. Para garantizar la “seguridad” de los ricos, los asesinos de uniforme detienen arbitrariamente a todo pibe de barrio por pura pinta. Así lo vemos a diario en las calles del país, cuando la policía pone contra la pared y cachea a los pibes que andan vestidos con ropa deportiva y gorrita.
En el año 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia del Caso Walter Bulacio, ordenó al estado argentino derogar todas las normas y prácticas que habilitan detenciones arbitrarias. Sin embargo, en Córdoba, como en todo el país, siguen existiendo, al amparo legal de los Códigos de Faltas o Contravenciones y las facultades para detener personas en averiguación de antecedentes. Ni hablar de las prácticas que ni siquiera están normadas, como las razzias y las requisas que hace la gendarmería en los colectivos que entran y salen de la ciudad de Buenos Aires.
El estado argentino jamás va a cumplir con el dictamen de la Corte IDH porque se quedaría sin una de sus armas más elementales para controlar a los sectores más empobrecidos de la sociedad.
En un escaparate de sinceridad, el diario cordobés publicó: “El Gobierno argumenta que la detención no es una pena, sólo una medida preventiva, y que no se podría responder a las demandas de seguridad y a las denuncias de la sociedad…”. Es verdad, las detenciones arbitrarias son una herramienta de represión preventiva imprescindible para garantizar las demandas de seguridad de los explotadores.
OTRO BURÓCRATA DE LA UOCRA INTEGRANTE DEL BATALLÓN 601
En el Boletín Informativo Nº 616, de julio de este año, denunciamos la participación durante la última dictadura militar del secretario general de la UOCRA, como personal civil del batallón 601, donde realizaba tareas de inteligencia.
A principios de este mes, el SITRAIC (sindicato de trabajadores de la construcción y afines) denunció otro nombre más. Séquito de Gerardo Martínez por más de 20 años e integrante de la Triple A, Raúl Alberto Leiva (DNI 12.622.342) aparece a foja 46 y con número de orden 2474, en la nómina oficial que el Ejército Argentino entregara en 2010 a la ministra Nilda Garré.
En dictadura, entregaron compañeros a las manos del ejército. En “democracia”, son los mismos burócratas los que ejercen la represión. Los que muelen a palos a los trabajadores que se organizan de manera independiente, los que mandan a matar en las movilizaciones, como sucedió con Mariano Ferreyra, los que amenazan, los que amedrentan. Los que lavan la cara al gobierno, que terceriza la represión en estas patotas sindicales para sostener su discurso de “defensa de los DDHH”.
En dictadura o en “democracia”, el objetivo es el mismo: mantener callados a los que se organizan y quieren cambiar este orden nefasto de las cosas.
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Cristina firmó acuerdos con China por US$ 18.000 millones

MÁS ENDEUDAMIENTO

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El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.


(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.

 

De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.

 

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Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.

 

Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.

 

En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.

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A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.

 

Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.

 

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La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.

 

Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.

 

La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.

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Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal

CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON

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La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.


(www.perfil.comSegún reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.

 

La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.

 

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Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.

 

Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.

 

Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.

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A 20 años del atentado a la AMIA. Duros discursos contra Timerman y D´Elía

AÚN IMPUNE

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Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.


(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.

 

También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.

 

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Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.

 

“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.

 

“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.

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Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre.  Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.

 

“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.

 

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Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.

 

Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.

 

Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.

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Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.

 

El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.

 

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Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.

 

Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.

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