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“La ley de medios se aplica sólo como herramienta política de corto plazo”

HENOCH AGUIAR

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Especialista en comunicación y profesor de legislación comparada de la UBA, Aguiar cuestiona la utilización política de la norma, sancionada hace dos años, y reclama una autoridad de aplicación independiente del poder de turno.


(www.lanacion.com.ar) Entusiasta en el decir pero de opiniones templadas, el ex secretario de Comunicaciones de la Alianza Henoch Aguiar aprecia muchos aspectos positivos de la ley de servicios audiovisuales, que ahora cumple dos años, pero advierte que lo malo está en los detalles. El problema de la letra chica, como siempre. Por ejemplo, dice que la Autoridad Federal no es independiente del Gobierno. O que no resuelve el problema de la diversa concentración poblacional de un país como el nuestro, “a la vez Nueva York y el desierto del Sahara”, con respecto a la densidad de las FM. 
Opina que la ley está siendo aplicada como una herramienta política de corto plazo y que arrastra el defecto de origen de haber sido concebida contra el Grupo Clarín, al cual la Justicia le mantiene suspendida la aplicación del artículo 161, sobre la adecuación de la estructura. Aguiar dice que el Gobierno tampoco les está exigiendo a otros grupos que se ajusten a lo que la nueva ley dispone.
Recuerdo que usted no era demasiado crítico de la ley de servicios audiovisuales hace dos años, cuando se la debatía.
-En aquel entonces se planteaban dos posturas, dos no: un no a la ley y un no a los cambios de la ley. Unos negaban que fuera absolutamente necesario modificar la ley de radiodifusión, otros decían no a los cambios del proyecto presentado, como si fuera la última obra de arte perfecta que, como el David o la Mona Lisa, no admitiera retoque alguno. Mi postura era sí a la ley y sí a los cambios.
¿Cuál es hoy su opinión?
-Generar una autoridad de aplicación colegiada está bien. Un Consejo Federal para que la radiodifusión se debata entre las provincias, las licenciatarias, los periodistas. Eso está muy bien, lo mismo que crear un defensor del público (que aún no fue nombrado) y una comisión bicameral que siga estos temas. Sobre todo es buena la apertura para que todos puedan ser emisores, sin restricciones.
¿Y lo malo?
-Está en los detalles. Problemas específicos que en algunos casos derivan de falta de profundización y en otros, del hecho de que la ley no fue pensada sólo para la radiodifusión sino como herramienta de ataque contra el Grupo Clarín.
¿Puede precisar los detalles?
-La ley genera una autoridad federal pluralista que no es independiente. Sigue teniendo una mayoría gubernamental para la toma de decisiones. Hay muchas autoridades del área creadas con especial cuidado de que esto no suceda, de modo que el oficialismo siempre deba consensuar con buena parte de la oposición los nombres de aquellos que la integran. Por ejemplo, en el caso español se requiere mayoría parlamentaria de dos tercios para nombrar a los directores del ente de control. Después, hay aspectos de la ley que son buenas para unas partes del país y no para otras. 
La Argentina en algunas zonas es un país hipercomunicado y en otras, infracomunicado. En los grandes conglomerados urbanos no sólo no entra una radio más sino que debería haber menos para evitar que se interfieran unas a otras y sea posible escucharlas. En San Martín de los Andes no pasan de una quincena de radios. El país es a la vez Nueva York y el desierto del Sahara y la ley no discrimina estas situaciones. 
Dice que un mismo titular de radio o televisión puede tener sólo diez licencias. ¿Pero qué licencias? ¿De FM o de emisoras abiertas que cubran capitales provinciales? Da lo mismo: diez. Es como si alguien dijera que solamente puede tener diez billetes, no importa que sean de dos pesos o de cien dólares. Esto hace que los principales titulares se disputen las plazas importantes.
Después de dos años, ¿se verifica el enunciado de que esta ley venía a terminar con “los monopolios mediáticos”?
-La ley está a mitad de camino. Se suponía que iba a permitir la apertura a nuevas voces, organizaciones, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro y cooperativas, especialmente habilitadas para brindar servicios. Pero hay espacios de funcionamiento lento. Las cooperativas presentaron sus pedidos hace mucho tiempo y no recibieron los permisos.
¿Por qué?
-Una medida judicial los suspendió en julio de este año, pero hasta entonces el organismo de aplicación, que es la Autoridad Federal, no terminó de expedirse. Causa cierta sorpresa, porque lo que se creía que sería lo más rápido en la aplicación de la ley no se cumplió.
¿Entonces todavía no empezó la mentada “desmonopolización”?
-Sí, hay nuevos prestadores, hay nuevos llamados a concurso que se están por sustanciar para frecuencias de televisión digital, se está ordenando el espectro, hay un potencial jurídico abierto, pero los pedidos de licencias para cooperativas no se resolvieron a tiempo. Se llamó a concurso para nuevos prestadores sociales y para los sin fines de lucro, pero allí hubo otra sorpresa, porque el costo de los pliegos fue muy alto, de 70 a 120.000 pesos, dependiendo de la zona. Son cifras importantes sólo para presentar la oferta.
¿Eso tiene que pagarlo, por ejemplo, una ONG?
-Sí, una ONG que quiera tener televisión digital, más 24.000 pesos por mes para que la señal pueda ser subida y distribuida.
¿Que los pliegos sean tan caros no afecta el planteo democratizador?
-El Gobierno dice que es para las frecuencias más potentes, que después habrá precios más bajos o simbólicos para frecuencias de 5 o 10 kilómetros. Pero una cosa es la posibilidad jurídica de crear medios y otra, que se arbitren los recursos económicos, el financimiento y las condiciones que permitan ejercerlo. Hay distintas organizaciones, porque unas tienen capital detrás, como los sindicatos, y pueden subsidiar estos medios, y otras son las de fines estrictamente culturales, que no van a tener la posibilidad de acceder a esta porción del espectro.
El discurso político del Gobierno sostiene que la Justicia obstruye la aplicación de la ley.
-La Justicia intervino con respecto al Grupo Clarín, al cual en este momento no se le aplica el artículo 161, que estipula el plazo de un año para adecuar su estructura a las exigencias de la nueva ley. Hay muchos otros grupos que no responden exactamente a la estructura de topes máximos establecidos?
¿Cuáles?
-Telefónica, Cadena 3, el grupo Moneta-Garfunkel, el grupo Vila, González, que es mexicano y es titular de medios en la Argentina sin un tratado que lo ampare, De Narváez, Prisa, Haddad. Es decir, otros grupos que por una causa o por otra no responden a las exigencias de la ley y que en un año tendrían que haberse adecuado. El plazo se cumplió y se acaba de prorrogar por dos meses, pero no vimos una intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) estableciendo los parámetros, los niveles de cumplimiento, planificando la transición de los que tenían mayor número de licencias o no respondían a los requisitos de la ley. 
Hay una especie de fijación por parte de la autoridad respecto de aquel que no sólo era radiodifusor sino adversario político. En el resto de los casos no parece haber el mismo celo para aplicar la ley. Con el grupo que tiene una medida cautelar, la desmonopolización no se puede hacer, obviamente, por intervención de la Justicia, pero en todos los demás tampoco, por inacción de la autoridad regulatoria.
¿Esa inacción tiene un motivo político o es simple negligencia?
-Hay un poco de las dos cosas. En algunos casos podrían ser aliados del Gobierno. En otros, como Telefónica, el Gobierno no interviene para que se aplique la ley de servicios de comunicación audivisual en el tope máximo ni en la titularidad extranjera de las licencias, pero tampoco lo hace en telecomunicaciones, donde los prestadores dominantes no tienen demasiado control.
¿El saldo, en definitiva, cuál es?
-Una ley que puede ser buena si es aplicada de manera general no discriminatoria, igual para todos, que en todo caso podrá ser pulida si tiene errores, está siendo aplicada sólo como una herramienta política de corto plazo. El modo en que se originó quizás haya llevado a la Autoridad Federal a preocuparse por temas relacionados con la pelea original en vez de procurar la aplicación de la ley en su conjunto. 
En el interior del país se sigue difundiendo mucho a los canales de cabecera, cuando debían tener un treinta por ciento de producción propia y un diez por ciento de producción independiente, especialmente en los horarios centrales. Los sindicatos de periodistas y de trabajadores audiovisuales le dieron mucho soporte a la ley precisamente porque iba a generar una explosión de contenidos en el interior del país. Es algo que avanzó, pero está lejos de lo exigido.
La sensación que uno tiene es que lo que sí creció en estos dos años fue la cantidad -e intensidad- de medios oficialistas amparados por el Estado, junto con la propaganda oficial.
-El futuro panorama de medios debería responder a la lógica del llamado a concursos abiertos, presentación de todos por igual y asignaciones. Vemos que en el caso de la televisión digital terrestre hay pequeñas distorsiones. Si bien se llamó a concurso, muchos empezaron a emitir y a estar presentes en la plataforma con meras autorizaciones experimentales. Eso debería ser objeto de los concursos. Y por otro lado hay señales que no son canales de aire, subidas a esa plataforma, que también deberían ser objeto de concursos.
Ya sea por vericuetos leguleyos, por atrasos en la aplicación de artículos o porque los desarrollos tecnológicos van más rápido que las legislaciones, lo cierto es que en este campo parece repetirse la tradicional relativización argentina de lo legal y lo ilegal.
-Uno de los debates fuertes en la ley de radiodifusión fue la participación o no de las empresas telefónicas. Recuerde que en el proyecto enviado por el Ejecutivo a Diputados estaban habilitadas para brindar servicios de radiodifusión, lo cual fue luego revertido. Sin embargo, una empresa como Telefónica, que no sólo es de telefonía sino que es extranjera y dueña de medios audiovisuales en distintas partes del mundo, posee medios en la Argentina, como Telefé y otros, cuando no podría tenerlos ni en una participación mínima por su carácter de empresa audiovisual extranjera.
¿Se está violando entonces la nueva ley de servicios audiovisuales?
-No se impulsó aún su cumplimiento. Cuando una ley se inicia genera un cambio respecto de todo lo anterior. Para eso estaba el año de adecuación, que en muchos casos pasó sin pena ni gloria.
¿Y allí la Justicia no actúa?
-No, debería actuar el Gobierno. Es propio de la autoridad de control.
¿Y qué relación con la ley tienen las infinitas versiones que circulan respecto de adquisiciones de medios por parte de empresarios cercanos al Gobierno?
-Una relación muy fuerte, porque la ley dice que sólo se puede vender medios cuando uno tiene un número por encima del tope establecido. Aquellos que estaban adentro de los cupos no pueden transferir las licencias. Hay un artículo muy específico que habla de intransferibilidad de licencias. En caso de venderse alguna participación, nunca puede ser mayor del 49 por ciento.
En algún momento la Corte Suprema deberá decir, a raíz del planteo hecho por el Grupo Clarín, si el artículo 161 de la ley es o no constitucional. ¿Qué cree usted que va a pasar?
-Al recibir la medida cautelar la Corte ya mantuvo su postura tradicional, que es no expedirse sobre el fondo del asunto hasta que no le llegue el juicio ordinario. Me parece que una ley puede modificar a futuro las condiciones de titularidad de las licencias audiovisuales, pero es muy difícil hacer marcha atrás sobre derechos adquiridos. Quien era titular de una radio o un canal, sea el Grupo Clarín o cualquier otro, no tenía un derecho ilimitado. 
Tenía derecho a 15 años más 10 de prórroga, que a su vez tuvieron una prórroga suplementaria, porque Néstor Kirchner dictó en 2005 un decreto por el cual suspendió por diez años el cómputo del plazo de todos los servicios de comunicación audiovisual. O sea, que en la práctica se transformó en quince más diez más diez. Eso por actos legítimos del Estado?
¿No es absurdo que el Gobierno esté tan enojado ahora con quienes frenarían la revocación de un plazo que el propio gobierno concedió?
-Hay una incoherencia entre los hechos que sucedieron en el gobierno de Néstor Kirchner y los del gobierno de Cristina Kircher. En el de Néstor Kirchner se les dan diez años más a todos los medios, no se plantea ningún debate sobre la ley de radiodifusión y se autoriza la fusión de Cablevisión y Multicanal, que permite superar el millón de usuarios. En el gobierno de Cristina se quiere dar marcha atrás sobre la concentración, sobre la fusión y sobre la prórroga. Lo que no implica que la medida de ahora no sea legítima.
¿Cuál es la situación con los canales analógicos de televisión y las frecuencias de radio?
-En radio FM tenemos un problema mayúsculo. Cuando se debatió la ley, el Comfer tenía dos mil y pico de medios, la AFIP identificaba seis mil titulares de medios en el país y el último censo que hizo la Afsca parece haber detectado alrededor de 15.000. 
Con lo cual tenemos una sobreabudnancia de radios, que probablemente no responden a un criterio técnico lógico de ubicación. Lo que debería hacer el Gobierno es un plan técnico de radiodifusión sonora para las radios y un plan técnico para la televisión digital. Y en ambos casos llamar a concurso para que los que estén de más en las zonas sobrecargadas se vayan y puedan entrar muchos más en las zonas donde hay poco o nada.
Si hablamos de contenidos, ¿usted cree que se avanzó en pluralismo?
-Uno podría preguntarse: “¿Está bien 6,7,8 ?”. Sí, es un programa excelente como otros. Pero también debe estar 8-7-6, su inverso. Que esté lo propio y lo contrario, que se represente la pluralidad.
¿Y espera que eso suceda en el futuro?
-No sé si va a suceder, pero sería importante que así fuera. Lo mismo pasa con la distribución de la publicidad oficial. Es muy difícil que un sistema de radiodifusión termine siendo verdaderamente plural si el Estado, que es a la vez regulador y emisor, porque tiene medios propios, y es anunciante, trabaja para su propio beneficio. Regular una distribución de la publicidad oficial transparente y abierta, lo más justa posible, es un requisito clave para que el sistema sea más democrático.
MANO A MANO
Abogado cordobés, radical, Aguiar lleva el nombre bíblico Henoch por su abuelo paterno, el primer intendente de Córdoba capital que tuvo el radicalismo. La especialización en los intríngulis de la radiodifusión no le viene de los siete años que vivió en Francia (es egresado del Instituto de Estudios Políticos de París), sino del entusiasmo que le despertó el tema un cuarto de siglo atrás, cuando era asesor en el gobierno de Alfonsín. Fue el redactor del proyecto de ley de Radiodifusión enviado al Congreso en 1987, claro que sin éxito.
Es un hombre jovial, muy agradable, más técnico que político, de equilibrios infrecuentes y que en sus declaraciones elude los filos cortantes: critica la implementación de la ley de Servicios Audiovisuales pero rescata los propósitos. 
Nieto por vía materna de un célebre científico, su escasa disciplina dogmática resalta cuando dice que si él hubiera sido diputado habría votado a favor de la ley en general, aunque luego sumara objeciones en particular. Sus correligionarios, en cambio, se retiraron del recinto, junto con los macristas, la Coalición Cívica y el peronismo disidente, lo cual dejó al FpV con la izquierda y los socialistas: salió 111 a 1, con 3 abstenciones (en el Senado, 44 a 24).
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Cristina firmó acuerdos con China por US$ 18.000 millones

MÁS ENDEUDAMIENTO

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El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.


(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.

 

De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.

 

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Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.

 

Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.

 

En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.

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A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.

 

Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.

 

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La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.

 

Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.

 

La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.

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Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal

CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON

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La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.


(www.perfil.comSegún reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.

 

La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.

 

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Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.

 

Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.

 

Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.

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A 20 años del atentado a la AMIA. Duros discursos contra Timerman y D´Elía

AÚN IMPUNE

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Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.


(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.

 

También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.

 

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Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.

 

“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.

 

“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.

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Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre.  Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.

 

“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.

 

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Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.

 

Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.

 

Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.

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Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.

 

El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.

 

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Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.

 

Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.

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