Nacionales
La controla una empresa britanica
TARJETA SUBE
No sólo se trata de una demagogia brutal de la presidencia, sino que además no solo lo maneja una empresa británica, sino que los datos de millones de argentinos, edad, DNI, trayecto, grupo familiar ingresos, están en manos de los ingleses.
(www.seprin.com) Mientras el gobierno emite spot publicitarios pro Malvinas y sus discursos mediáticos llaman a recuperar la soberanía irredenta de las Islas, en la práctica suceden hechos muy curiosos que hacen dudar sobre la veracidad del reclamo.
En ese contexto, encontramos también, funcionarios británicos que trabajan en puestos clave en el Estado (Ministerio de Seguridad, YPF), y una ampliación de usurpación británica en las aguas del Atlántico Sur que no ha tenido protesta alguna del gobierno argentino.
Tristemente, las palabras y los discursos no se asemejan con la realidad de los hechos.
Ahora, el SUBE, que posee una base de datos detallada de cada ciudadano que se transporta por Buenos Aires, resulta que está controlada por una empresa británica, donde hasta la propia embajada intercedió.
GLOBAL INFRAESCTRUCTURE (GI)
La empresa se creó una vez realizado el “lobby” entre un empresario británico, la embajada y los funcionarios argentinos de la Secretaría de Transporte.
Insólitamente, obtuvo la licitación pese a la existencia de otras ofertas mucho más baratas.
La sociedad fue inscripta el 22 de junio de 2009 en el registro de Inglaterra y Gales con un capital de 100 libras esterlinas. Días después, la firma británica se asoció con IRV, Iatasa y GFA para ganar la licitación por la supervisión del boleto electrónico. GI todavía no existía cuando la licitación para controlar la SUBE ya había comenzado.
El pasado de GI en Inglaterra despierta misterio. El diario La Nación intentó contactarse con la sede central de la compañía en 78 York Street, Londres, su domicilio legal y su oficina. Llamó a los distintos teléfonos de contacto pero nunca consiguió el teléfono fijo. La casa matriz de la empresa no existía.
Según pudo saber LA NACION, la firma alquiló esa dirección del coqueto barrio de Marylebone como domicilio legal. En ese mismo lugar funciona una firma que ofrece servicios de “oficinas virtuales”. Alquilan un “domicilio de negocios” en la capital británica por 40 libras esterlinas al mes, indispensable para recibir correspondencia.
Todos sus clientes comparten el mismo domicilio: 78 York Street. Con esos mismos datos, GI figura en la Inspección General de Justicia de la Argentina.
Meses después de su registro legal en Inglaterra, la firma actualizó su dirección. Lejos de las luces de Londres, el nuevo domicilio está situado en las afueras de Oxford, en Bicester, un pueblo que no supera los 29.000 habitantes.
Nación Servicios SA, una empresa que depende del Banco Nación, es quien está a cargo del servicio del SUBE. GI, es quien la controla, tarea que recae en el presidente de la compañía, Stephen Chandler, quien vive en Inglaterra, cuyo sueldo mensual (que pagamos todos los argentinos) es de 40.000 dólares.
Es decir, si un argentino que vive y trabaja en este país, desearía cobrar su sueldo en dólares, no lo puedo hacer. Pero un inglés, recibe su sueldo (que sale del Tesoro Nacional), en la moneda extranjera. Recordamos el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional:
La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.
Aquí si quiera hablamos de ciudadanos o habitantes del país, ya que el hombre inglés no vive en este suelo.
Una empresa inglesa, sin oficinas en la Argentina, con un domicilio legal caduco y con un misterioso pasado en Inglaterra controla la tarjeta SUBE.
El Estado Nacional eroga a sus tres únicos empleados, tres millones de dólares anuales.
¿ESPIONAJE?
El diario LA NACION comprobó que la firma montó “oficinas virtuales” en Londres, que ofrece una dirección inexistente en Buenos Aires y que el Estado le paga cerca de 3 millones de dólares en salarios aunque su personal no tiene lugar de trabajo. La Secretaría de Transporte dejó en sus manos el control de la SUBE. Una empresa fantasma, que controla una de las bases de datos más grandes del país.
EL NEXO ARGENTINO (LOS CIPAYOS DE SIEMPRE)
La empresa GI, obtuvo la licitación junto a ex funcionarios y ex asesores de Transporte. Se asociaron: Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV) y Iatasa y González Fischer y Asociados (GFA).
Actualmente, la empresa inglesa está a cargo del ”liderazgo técnico” de la operación.
A pesar de su importancia estratégica en el proyecto, GI no tiene sede en el país: en Tucumán 1, 4° piso -dirección señalada en su página web-, funciona un estudio de abogados que atendió la cuenta de la firma británica apenas desembarcó en el país, pero -según expresaron- ya no mantiene ningún vínculo. Ese, todavía, es su domicilio legal en la Argentina.
UN PRESIDENTE INVISIBLE: STEPHEN CHANDLER
Chandler es “jefe de proyecto” de la supervisión de la SUBE. Es decir, es el máximo responsable de las operaciones.
Realizó gestiones sospechosas antes de la licitación. El líder de la compañía estuvo con los funcionarios de la Secretaría de Transporte que meses después recomendaron contratar a GI.
También se reunió con el presidente de Nación Servicios SA, empresa del Banco Nación que opera la SUBE y que ahora, Chandler debe controlar.
En febrero de 2009, la presidente anunció la creación del boleto único, el que estaría vigente en 90 días.
Días después, Chandler tuvo sus primeras reuniones. Lo esperaban en Transporte. “La reunión duró una hora y se hablaron sólo temas técnicos. La SUBE estuvo incluida en la agenda”, aseguró una fuente diplomática al tanto de su agenda.
LA NACION intentó comunicarse con Transporte, pero evitaron responder sobre la visita de Chandler. En estricto off the record, una funcionaria que participó de la cita, confesó con ironía, “No recuerdo esa reunión en particular, pero es habitual ese tipo de lobby. No te olvides de que el lobby está permitido en Inglaterra”.
Después de esa visita a la secretaría, Chandler recibió una llamada que lo acercó al negocio. ”Desde IRV llamaron a la embajada británica. No dieron demasiadas explicaciones y pidieron su contacto”, agregó una fuente allegada a esa empresa. LA NACION reveló que al menos tres miembros de IRV mantenían relaciones personales o laborales con funcionarios de Transporte. Al poco tiempo, Chandler fundó GI.
LA NACION intentó comunicarse con Chandler, pero el consultor inglés no respondió ninguno de los llamados que este medio realizó a las oficinas del consorcio y a sus contactos en Londres.
Según consta en su CV, este especialista de 58 años fue vicepresidente de Electronic Data System, entidad que participó en el desarrollo de la tarjeta Oyster card de Londres. El único antecedente propio acreditado por la empresa británica en la licitación fue un proyecto en el área militar del gobierno de República Checa.
LA NACION reveló que el consultor británico cobra 40.000 dólares mensuales; casi dos millones de dólares por los cuatro años de contrato. Aunque su trabajo requiere ocupación full-time, Chandler alterna su estadía entre la Argentina y Gran Bretaña, su lugar de residencia. ”Todos los meses pasa un tiempo acá”, justificó un allegado del inglés.
Durante tres semanas, LA NACIÓN intentó contactarlo en las oficinas de la supervisión de la SUBE, su lugar de trabajo en Buenos Aires, pero aclararon que estaba en el exterior. “Chandler no tiene un lugar fijo de trabajo”, reconocieron desde el consorcio. “Pasará unos días en Londres”, informaron en su domicilio particular, en el interior de Inglaterra.
LA NACIÓN se acercó en reiteradas ocasiones hasta el palacete estilo francés ubicado en Rivadavia 882, pero no encontró al “jefe de proyecto” ni a los otros dos empleados extranjeros también contratados en dólares por la Secretaría de Transporte.
LA EMBAJADA BRITÁNICA INTERESADA
En el año 2009, Chandler pidió a la embajada británica que le organizara una típica ronda de promoción de negocios: almorzó con funcionarios, cámaras empresarias y ejecutivos. La nutrida agenda incluyó una reunión con directivos de Nación Servicios SA (NSSA), empresa del Banco Nación que ya estaba a cargo de la operación de la SUBE.
También participó de ese encuentro Ángel de Dios, presidente de Nación Servicios y hombre cercano a Julio de Vido. En esa reunión, Chandler le propuso a De Dios trabajar en la SUBE. “Estaban muy interesados por el conocimiento que Chandler tenía sobre el tema. Lo invitaron a participar en cualquiera de las licitaciones, pero todas las contrataciones dependían de la Secretaría de Transporte. Igualmente, siguieron en contacto”, agregó una fuente que participó de la cita.
Dos años después, el consorcio integrado por GI, Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa y González Fischer y Asociados (GFA) es el encargado de supervisar a NSSA en el funcionamiento del boleto electrónico.
DOS EMPLEADOS
Marcela Ashley y Steve Beer, sus asistentes para controlar la SUBE, fueron empleados en las mismas condiciones. Como “program assurance”, Beer percibió un salario mensual de 40.000 dólares durante un año. El total de su contrato: 414.120 dólares.
Bajo el rótulo de “stakeholders management”, Ashley cobró 24.000 dólares mensuales. Su contrato final, por doce meses, asciende a 247.860 dólares. “Global [Infraestructure] es Chandler. Acá [en Argentina] son dos empleados: una recepcionista y un técnico. Beer y Ashley trabajan desde Londres. Como es un trabajo técnico, directamente ni vienen para acá”, dijo una fuente que firmó documentos importantes de la licitación.
LA NACION intentó contactarse con Beer y con Ashley para consultarles sobre las tareas específicas que desarrollan para controlar la SUBE, pero no pudo ubicarlos ni en las oficinas del consorcio ni en los teléfonos de contacto en el extranjero. La Secretaría de Transporte tampoco respondió las consultas por GI y sus empleados.
La supervisión del boleto electrónico incluye un contrato en pesos y otro en moneda extranjera. El contrato en dólares es de casi 4,5 millones de dólares. Además de los millonarios sueldos, el Estado contempla “vuelos internacionales” y “viáticos”. Se estipularon 72 viajes por un total de casi 500.000 dólares.
LA OPCIÓN MÁS CARA, POR LOS DÓLARES
Las dos ofertas más competitivas fueron calificadas con un “muy bueno”, pero se decidió pagar un 25% más por el mismo trabajo. Los millonarios sueldos de los ejecutivos fue la diferencia más importante entre ambas propuestas.
El consorcio compuesto por Global Infraestructure SA (GI), Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados SA (GFA) se quedó con la licitación. Su oferta fue de $47,9 millones (sin impuestos). Su máxima competidora, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por PWC SA y Barimont SA ofreció $ 38,1 (sin impuestos). Un diferencia del 25% por el mismo trabajo.
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
