Nacionales
La propuesta de reforma judicial puede afectar gravemente el estado de derecho
ADC
La ADC advierte que el proyecto de reforma judicial propuesto por el gobierno promueve la partidización de la administración de justicia y el control oficial sobre el Consejo de la Magistratura. Las modificaciones al sistema de cautelares y la creación de nuevos tribunales de casación tendrían graves consecuencias para la protección de los derechos fundamentales. La ADC reclama un debate profundo y sin restricciones sobre las medidas necesarias para atacar los problemas fundamentales que afectan al poder judicial.
El poder ejecutivo envió al Congreso seis proyectos de ley que tienen por objeto introducir reformas sustanciales en el poder judicial y la administración de justicia. De ser aprobadas, estas medidas afectarán profundamente al funcionamiento del sistema judicial. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) hace un análisis provisorio de esos proyectos.
En los próximos días emitirá una opinión más desarrollada y detallada. Sin embargo, consideramos que la intervención urgente en el debate público es necesaria: estas medidas merecen la más alta atención de la ciudadanía ya que pueden afectar el delicado equilibrio de poderes que es condición necesaria de un sistema de gobierno democrático.
A tal fin, solicitamos se lleve a cabo un debate legislativo profundo y comprometido, sin restricciones ni presiones, acorde con la importancia, transcendencia y magnitud de las reformas propuestas y de los organismos involucrados. La deliberación política sobre el funcionamiento del poder judicial y las posibles modificaciones a organismos de la Constitución deberían enmarcarse en la búsqueda de amplios consensos partidarios, que legitimen y garanticen la sostenibilidad de las reformas.
La ADC manifiesta su profunda preocupación por la orientación general de los cambios impulsados, ya que lejos están de democratizar la justicia y de atacar los problemas fundamentales que afectan al poder judicial. Por el contrario, el proyecto del Poder Ejecutivo nacional promueve la partidización de la administración de justicia y permite un control absoluto del partido de gobierno sobre el Consejo de la Magistratura, desvirtuando así el mandato constitucional y afectando gravemente el estado de derecho, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la independencia de la justicia.
Si bien el paquete de reformas incluye valiosos cambios tanto en materia de trasparencia y acceso a información judicial como con relación al ingreso a la carrera judicial, ellos no compensan de manera alguna las gravísimas consecuencias institucionales y legales que acarrearán los proyectos de reforma al Consejo de la Magistratura, las modificaciones al sistema de medidas cautelares, y la creación de nuevos tribunales de casación.
Desde hace años, la Asociación por los Derechos Civiles viene propugnando junto a otras organizaciones de la sociedad civil por un poder judicial más justo y democrático, bajo la convicción de que una verdadera democracia requiere de un sistema de justicia eficiente, eficaz, e independiente de todos los factores de poder, compenetrado con los problemas sociales y guiado por mecanismos de gobierno acordes con la evolución de nuestra comunidad política. Solo así este podrá resguardar de manera efectiva nuestros derechos fundamentales. Las propuestas del poder ejecutivo, lamentablemente, no avanzan en esa dirección.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
La reforma al Consejo de la Magistratura es uno de los aspectos más preocupantes, ya que una vez más desconoce el mandato constitucional de una composición equilibrada, asigna el control total del organismo al partido de gobierno (mediante la eliminación las mayorías agravadas para la toma de las decisiones más sensibles), instaura el solapamiento de las elecciones de los consejeros con los comicios presidenciales, y establece un mecanismo de dudosa constitucionalidad para la elección de los representantes del estamento de los jueces, abogados y académicos.
Las reformas parecen orientadas a eliminar toda barrera práctica que afecte u obstaculice el control absoluto del Consejo por parte del partido que coyunturalmente se encuentre en el gobierno.
MEDIDAS CAUTELARES
La propuesta de limitación de las medidas cautelares en los casos que una de las partes sea el Estado nacional o sus entes descentralizados disminuye la protección de los derechos humanos que no sean a la vida, a la salud o cuando se trate de cuestiones alimentarias.
El proyecto además resulta una medida del derecho administrativo aislada de los principios básicos de nuestra Constitución: tiene por objetivo favorecer la posición del Estado frente a los reclamos de los ciudadanos.
Las reformas impulsadas por el gobierno desvirtúan severamente una valiosa herramienta procesal, que resulta fundamental al momento de poner freno a actos del Estado arbitrarios y lesivos de los derechos de los individuos. Su mal uso por parte de una minoría nunca debería haber dado lugar a una reacción exagerada de tamaña envergadura como la impulsada por el gobierno, que terminará disipando los valiosos institutos de protección de derechos obtenidos tras décadas de lucha, de discusiones jurídicas y de debates políticos en pos del freno a la discrecionalidad e impunidad del Estado.
NUEVAS INSTANCIAS PROCESALES
La propuesta de crear nuevas cámaras de Casación en distintos fueros de la justicia federal y nacional tampoco contribuye a mejorar la administración de justicia ni la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos. Estas cámaras tendrían por finalidad resolver nuevos recursos contra sentencias dictadas por las cámaras de apelaciones existentes.
Esta iniciativa, al agregar una instancia ordinaria al trámite de los juicios, traerá aparejado inexorablemente una prolongación innecesaria de los procesos judiciales.
En efecto, la intermediación de dichas cámaras demorará el arribo de muchos expedientes judiciales a la Corte Suprema, tribunal que seguirá ejerciendo el último control de constitucionalidad. Ello aleja la posibilidad de obtener una sentencia definitiva, lo que se contrapone de modo claro con el derecho a una tutela judicial efectiva.
Otra consecuencia indeseable de esta demora es el necesario incremento de los costos para las personas que recurren al poder judicial en defensa de sus derechos. La prolongación de los juicios y la sobrecarga judicial es, sin dudas, uno de los más graves problemas que enfrenta nuestro sistema judicial. La propuesta del ejecutivo no lo resuelve, sino que lo agrava.
Asimismo, el proyecto de creación de Cámaras de Casación interfiere en la jurisdicción local de la ciudad, al legislar en materia procesal respecto de cuestiones no federales de derecho común. En efecto, según la Constitución Nacional (art. 75 inc. 12), los fueros civil, comercial y laboral pertenecen a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien es cierto que estos fueros aún no han sido transferidos a la ciudad, lo cierto es que esta demora no borra el mandato constitucional. El proyecto directamente ignora este mandato.
Finalmente, el sistema de designación de los jueces y juezas que integrarán las Cámaras de Casación es el mismo que el establecido para ser juez o jueza de la Corte Suprema.
En consecuencia, si no se prevén otros mecanismos de control, la designación podrá ser dirigida por el partido político que detente la mayoría en la Cámara de Senadores. Además, se prevé la posibilidad de establecer “procedimientos abreviados” para la designación de jueces para los casos “que se considere necesario”.
Resulta cuanto menos riesgoso dejar en manos de la reglamentación de la norma la implementación de estos procedimientos abreviados, sobre los cuales la iniciativa del ejecutivo nada nos dice.
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
