Nacionales
Censura previa para una investigación que roza a la Presidenta
EL ANÁLISIS
La suerte que aguarda a Lázaro Báez parece ser la misma suerte de los Kirchner. ¿Cómo explicar, si no, que la justicia kirchnerista que queda esté reaccionando en bloque para blindar al empresario? ¿Podría Báez haber presentado un pedido de censura previa sin una clara indicación política del gobierno nacional y sin ciertas garantías de que su pedido será aceptado? El núcleo central del problema es que Báez y su fortuna no existirían sin los Kirchner. Una parte crucial de ese conflicto es que se trata del primer caso en el que una investigación judicial podría acercarse peligrosamente a la propia Cristina Kirchner.
La desesperación termina muchas veces en el ridículo. Ayer, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, trató de amortiguar el escándalo al calificar de “negocio privado” la relación entre el empresario y los Kirchner. Aludía así a la investigación del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon sobre insólitos y millonarios acuerdos entre Báez y los hoteles de El Calafate que son propiedad de la empresa familiar de los Kirchner. No hay nada privado en esa relación. Báez es el mayor concesionario de obras públicas de la Patagonia y esas obras son adjudicadas, desde hace diez años, por gobiernos presididos por un Kirchner.
Ni siquiera los Kirchner podrían justificar, ante una Justicia realmente independiente, la compra de esos hoteles. Mucho menos se podría justificar la contratación millonaria de hoteles propiedad de funcionarios públicos por parte de un empresario, al que a su vez esos mismos funcionarios le adjudican obras públicas. A primera vista, al menos, todo tiene las formas y el color del blanqueo de dinero.
Ya es hora de que la Justicia reabra la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, que en su momento cerró, antes de leerla, el increíble juez Norberto Oyarbide. Ese sería el instante en el que aparecería Cristina Kirchner, la única persona viva del matrimonio que acumuló una fortuna mientras gobernaba un país en sucesivas crisis.
El pedido de censura previa de Báez se choca de frente con la Constitución argentina y con las estipulaciones del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional. Colisiona dos veces con el bloque legal que reglamenta la vida de los argentinos y que, sobre todo, protege los derechos humanos básicos de la sociedad. Sin embargo, Báez se presentó ante la justicia federal de Santa Cruz. Toda la justicia santacruceña está colonizada por el kirchnerismo. Convertida en una unidad básica del oficialismo, está poblada de familiares, amigos y de abogados de los propios empresarios y funcionarios investigados. No es improbable que el primer caso en mucho tiempo de censura previa surja desde la autoritaria tierra de los Kirchner.
Santa Cruz es el laboratorio de pruebas de posteriores experiencias nacionales. Ahora, jueces y fiscales nacionales empiezan a trastabillar cada vez que aparece la sospecha o la responsabilidad política de Cristina Kirchner. Sucedió con el caso Boudou y la compra de la imprenta Ciccone. Saltaron por el aire el primer fiscal del caso, Carlos Rívolo; el primer juez que autorizó las decisiones de la fiscalía, Daniel Rafecas, y nada menos que el entonces jefe de todos los fiscales, Esteban Righi, un peronista histórico que cometió el pecado de no frenar ni al fiscal ni al juez. El caso de Righi fue especialmente dramático porque Boudou lo acusó públicamente de prácticas deshonestas. Righi renunció en el acto. La Justicia lo sobreseyó casi de inmediato, pero él ya había perdido el cargo.
El fiscal José María Campagnoli, un implacable investigador de la corrupción del poder, cayó ahora porque se metió con Báez, hurgó en la ruta de su dinero y lo vinculó con la familia presidencial. También investigaba a Diego Rodríguez, hermano de la flamante ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, en un caso de reventa de entradas de partidos de fútbol. Esta investigación podría ser explosiva: Campagnoli estaba averiguando si hubo lavado de dinero y la vinculación del presunto delito con barrabravas. Una sorpresa final: el nombre de Lázaro Báez también está dentro de ese expediente sobre reventas, lavado y barrabravas, porque aparece varias veces mencionado en escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia.
Sea como fuere, es seguro que Campagnoli tocó el nervio más sensible del Gobierno. El trámite de su suspensión tuvo un ritmo de vértigo y comenzó el mismo día en que fue nombrada la ministra Rodríguez. Campagnoli empezó por recusar a la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, una suerte de Juana de Arco de causas innobles. Gils Carbó, que había pedido la suspensión del fiscal, decidió ella misma rechazar su propia recusación. Es un trámite incorrecto, porque otro fiscal general debió evaluar el pedido de Campagnoli. Pero no había tiempo.
Luego, Gils Carbó pasó el caso de Campagnoli al Consejo Evaluador, un organismo sin jerarquía constitucional ni solvencia jurídica. En rigor, el jefe de los fiscales está en condiciones de hacer lo que quiere con los fiscales. Para amortiguar la dimensión de ese poder, Esteban Righi creó en su momento ese Consejo, integrado por cinco fiscales, para que lo asesorara sobre la conducta de los fiscales cuestionados. La existencia del Consejo se respalda sólo en una resolución del último procurador general, no fue creado por una ley ni figura en la Constitución. Condenado por el Consejo, Campagnoli pasó al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, que en tiempos de Gils Carbó se transformó en una suerte de tribunal de la inquisición contra la herejía al kirchnerismo.
Ese tribunal no leyó los expedientes en los que intervino Campagnoli, no tuvo en cuenta que la Cámara del Crimen había respaldado todas las decisiones del fiscal y no le dio el derecho a la defensa. No deja de ser extremadamente grave que dentro del ámbito del Poder Judicial se desconozca el elemental derecho a la defensa. Pero es más grave aún que el tribunal haya leído sólo los argumentos de los abogados de Lázaro Báez, que pidieron la suspensión de Campagnoli. Algunos párrafos de la resolución del tribunal, que suspendió a Campagnoli, fueron directamente extraídos de los escritos de los abogados de Báez.
Campagnoli y su abogado defensor, el ex juez Ricardo Gil Lavedra, pidieron ayer la anulación de todas las actuaciones de Gils Carbó y del Tribunal de Enjuiciamiento. Requirieron también una medida cautelar para suspender la suspensión, valga la redundancia, de Campagnoli, hasta que la Justicia resuelva sobre el fondo de la cuestión. Es probable que Campagnoli y Gil Lavedra le soliciten luego un per saltum a la Corte Suprema de Justicia, si el juez de primera instancia decidiera una cautelar para reponer a Campagnoli en su cargo.
Contra la resistencia del menemismo, la reforma constitucional de 1994 dispuso la independencia de los fiscales. Fue un enorme avance para que un brazo importante de la Justicia, como son los fiscales, pudiera investigar sin depender ni siquiera de los jueces o de la Corte Suprema, aunque los jueces y la Corte deben convalidar luego las actuaciones de los fiscales. El kirchnerismo ha dado vuelta el concepto y el espíritu de la ley: está matando a los fiscales desde dentro de la propia fiscalía. Está, en última instancia, amputando los pies y las manos de la Justicia.
(*) Por Joaquín Morales Solá | LA NACION
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
