Recientemente, las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) han reconocido que la política que esa institución recomendara seguir a la Argentina en los últimos años no sólo no era la adecuada, sino que había provocado en parte los desequilibrios económicos que han tenido consecuencias nefastas para el país. El directorio del FMI se refiere a las exigencias y recomendaciones en los últimos años. Sin embargo, como lo ha reiterado muchas veces la Federación de Cooperativas de Corrientes, el desastre social que aún estamos viviendo en nuestro país, no sólo es consecuencia del modelo económico de la última década. Ese modelo llamado Convertibilidad, al que le siguió la desacertada conducción económica del gobierno de Fernando de la Rúa, fueron los componentes de la fase final de una política de endeudamiento que se inició en la década de 1970 y que año tras año, produjo un saqueo abierto y sin límites de la riqueza de nuestra Nación.

Según el INDEC, hay 16 millones de pobres en la Argentina. Muchos de ellos fueron alguna vez productores agrícolas. Según el economista Daniel Muchnik, esa cifra es mucho más realista que las que recientemente dio a conocer el ministro de Economía de la Nación que, según este experto, ha adoptado una metodología de cálculo que está de moda, y cuyo fin es el de maquillar la realidad para mejorar la imagen de los gobiernos. Esos 16 millones son el producto de una política de endeudamiento ilegítimo, a partir de 1975, momento en que la deuda externa rondaba los 8.300 millones de dólares (pública y privada) hasta llegar a los 150 mil millones de dólares, en el año 2000. Año a año, no sólo fue creciendo el valor de la deuda, sino que estuvimos pagando cantidades exorbitantes por el servicio a la misma, sin que hubiera una inversión de los créditos obtenidos. En 1995, el juez federal Ballesteros, en una causa reconocida públicamente por todos los responsables de este saqueo, dictaminó que había existido una fuga de capitales que rondó los 30 mil millones de dólares, con la complicidad de funcionarios del área de Economía. Junto a los intereses ilegítimos pagados, denunciados con aporte de pruebas por el embajador Miguel Angel Espeche, eso daría una suma total que llega a los 50 mil millones de dólares. Todo eso sucedió con la complicidad del FMI y de su principal socio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La deuda externa, pública y privada, en 1989 rondaba en los 60 mil millones de dólares, de los cuales, como hemos demostrado, 50 mil millones eran ilegítimamente adeudados. El electo presidente de entonces, Carlos Saúl Menem, convirtió esa figura en una de las consignas centrales de su campaña electoral. Los ya empobrecidos argentinos apoyamos esa campaña con la esperanza que se detuviera ese proceso de desintegración social que ya comenzaba a tener sus primeros escenarios dantescos, como fue el “horror económico” que produjo la hiperinflación que definió el fin del gobierno de Raúl Alfonsín. Sin embargo Menem, incumpliendo su promesa, adoptó esa deuda ilegítima como la base de una renegociación con el FMI, en la cual no sólo le dio carácter de legítima al reconocerla, sino que puso a disposición para el pago a los bancos acreedores las estructuras de bienestar general, construidas por los argentinos durante décadas. Con la “ilusión” de llevar al país al Primer Mundo, terminó dejándolo con 16 millones de pobres y una deuda impagable. De nuevo habría que tener en cuenta no sólo lo abonado por el Servicio de la Deuda, aproximadamente 10 mil millones de dólares anuales, de 1992 al año 2000, sino el aumento geométrico de la deuda, cuya inversión es totalmente desconocida. Además de perder los beneficios de los servicios públicos prestados por el Estado, los argentinos fuimos confrontados, con el pretexto de una libre competencia que mejoraría nuestra eficiencia y productividad, con una política de importación indiscriminada, que fundió a miles de productores agropecuarios e industriales, cuyas familias cayeron en el infierno de esos 16 millones de los que el INDEC habla. Como siempre sucede, algunos se beneficiaron y en nombre su propio beneficio, aún hoy lamentan el alejamiento de esas políticas. Todo eso se hizo no sólo con el beneplácito del FMI, sino con su tradicional política de amenaza y chantaje por todos conocida. Le entregamos a los dueños del mundo hasta la comercialización interna de los productos argentinos, dejando en la calle a decenas de miles de comerciantes por todo el país. De pronto, un ejército de productores eficientes, científicos, obreros calificados y comerciantes prósperos, se convirtieron en una multitud de cartoneros y mal vivientes que aterrorizaban al mundo cuando los canales de TV mostraban esa degradación de nuestra sociedad. Luego vino la Argentina de De la Rúa, en la que al FMI sólo le bastó insistir en su política de endeudamiento a cambio de saqueo. De manera de que si vamos a hablar de “arrepentimientos y reconocimientos” más allá de los formalismos, tendríamos que sentarnos a discutir la ilegitimidad de la deuda, que está dictaminada judicialmente por un magistrado de la Nación argentina. En muchas oportunidades hemos insistido en este punto, señalando que este no es un problema exclusivo de los argentinos. El FMI no sólo se equivocó con nosotros, se equivocó con Brasil, con Venezuela, con México, y las consecuencias de esos errores también afectaron gravemente a la Argentina. En ese plano hemos dicho que la única salida es la de la solidaridad con los países que tenemos el mismo problema. Nunca la renegociación individual con el FMI trajo buenos resultados. El actual gobierno ha intentado cambiar esa política. Pero en nuestra opinión, sólo ha logrado paliativos. No estamos resolviendo el problema de fondo. Si bien es cierto que la deuda con los “ingenuos” compradores de bonos, dentro y fuera del país, está suspendida, por otro lado estamos cumpliendo las mismas exigencias que el FMI nos ha impuesto en este proceso de hace más de 30 años. Sin desmeritar los esfuerzos del gobierno de Néstor Kirchner en este campo, o los del mismo Eduardo Duhalde, a quien tenemos que reconocerle que no dejó desintegrar la nación económica, a pesar del costo político que eso significó, es necesario que exijamos que se ponga en discusión el problema de la deuda en toda su dimensión. No podemos caer en la trampa de creer que los grandes culpables de la situación de 16 millones de pobres argentinos son los jubilados japoneses, italianos, inclusive argentinos, que compraron los bonos de la deuda argentina, convencidos por la propaganda del FMI que aseguraba, de forma demencial, que la Argentina crecería al 8 ó 9% anual, cuando economías mucho más fuertes que la nuestra escasamente llegan a esos porcentajes. Si bien le aliviaría a la Argentina una reducción en el pago de esa deuda, el problema a resolver es otro más profundo. Estamos enfrentados a una permanente alza de tarifas de consumo de energía en todos los niveles, y el FMI sigue siendo protagonista de las presiones para que se efectivicen dichos aumentos. El FMI mantiene el pie en el acelerador con el tema del superávit fiscal y otros, con lo que demuestra que la esencia de sus exigencias no ha cambiado. Estamos bajo la presión de la privatización progresiva del Banco de la Nación Argentina y no tenemos una política de crédito para el crecimiento sostenido de las pequeñas y medianas empresas, tanto industriales como agropecuarias. Lo que queremos decir es que el criterio definido del gobierno con la deuda de los bonistas no nos debe deslumbrar, porque la esencia de la política económica sigue siendo la misma, a pesar de los paliativos. Si se quiere definir una política sobre el tema de la deuda externa, del crédito y del crecimiento sostenido de la producción nacional, es necesario atender el problema en sus raíces sin dejar de lado que la política del FMI es en esencia una política que en vez de defender y promover el bienestar general y el bien común de los pueblos, está orientada a promover la usura y el enriquecimiento ilícito de los mega bancos internacionales, representantes natos del imperialismo internacional del dinero. * Documento recibido por Corrientes al Día, firmado por Luis A. Rossi Querín de la Federación Económica de Corrientes.