El País
Macri firmó un decreto que endurece la ley migratoria
BOLETÍN OFICIAL
El Poder Ejecutivo nacional oficializó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la modificación de Ley de Migraciones (N° 25.871) con el objetivo de acelerar los procesos de deportación e ingreso a la Argentina de extranjeros que hayan cometido delitos.
El Poder Ejecutivo nacional oficializó este lunes a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) modificaciones a la Ley de Migraciones con el objetivo de acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, ante lo que señala como "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".
En este sentido, lo que la norma reglamenta es "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".
“Ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”, señalan los considerandos.
Así lo establece el Decreto 70/2017 publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del todos los ministros del gabinete nacional.
En el inicio de su texto, la norma remarca que los principios establecidos por la Constitución Nacional en relación a los derechos que gozan los extranjeros en el país pero, a su vez, subraya que "cada Estado Nacional tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales" y que el ejercicio de esa potestad "debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las normas de protección de los Derechos Humanos".
En este sentido, el DNU señala que, "en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas".
No obstante, afirma que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total".
Además, destaca que, "en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33 por ciento de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros" y argumenta que eso demuestra que "la población extranjera está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5 por ciento".
Por otro lado, el DNU indica que, "como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria".
"Lo hasta aquí expuesto configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes", concluyen los considerandos de la norma publicada este lunes en el Boletín Oficial.
En este sentido, el Decreto señala que, "el análisis efectuado de diversos regímenes vigentes en el Derecho Comparado permite concluir que los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera se sustancian por regla general de manera expedita, pues la cuestión a resolver en ellos queda circunscripta a determinar si a un extranjero le asiste o no el derecho de permanecer en el territorio del Estado respectivo".
Con este argumento, esgrime que "la razonabilidad del plazo de duración de un proceso reviste gran importancia para el efectivo respeto del derecho al debido proceso legal garantizado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país".
Por ese motivo, la norma entiende que esa situación "justifica la regulación inmediata de un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".
Además, remarca que el "procedimiento sumarísimo" que establece el decreto es "respetuoso del artículo 22 inciso tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto se orienta a la protección de la seguridad y el orden público".
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, detuvo ayer a Walter Daniel Abregú, alias “El Dulce”, líder de una organización criminal familiar dedicada al acopio, fraccionamiento, distribución y venta de cocaína en Rosario, provincia de Santa Fe, que fue desbaratada en octubre del año pasado por esta fuerza.
El fugitivo tenía pedido de captura vigente desde entonces por lo que se estableció una coordinación con el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), junto con el cual se desarrolló el análisis de la información aportada por el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia (BUSCAR). Además, desde junio el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido medio millón de pesos de recompensa para dar con su paradero.
Tras amplias tareas investigativas de la fuerza que conduce Alejandro Itzcovich Griot, los oficiales pudieron determinar dónde se encontraba el prófugo. Al allanar un domicilio de la Avenida Rivarola al 7000 de Rosario, el narco intentó escapar pero fue rápidamente detenido por los policías aeroportuarios, quedando a disposición del Juzgado Federal N° 4 de dicha ciudad, a cargo de Marcelo Bailaque.
La organización que lideraba “El Dulce” fue desarticulada el 24 de octubre del año pasado, cuando la PSA realizó 17 allanamientos en Rosario, Coronda y Piñero donde se aprehendieron a sus padres entre otras personas, y se desbarató una cocina de droga, en el marco de una pesquisa que tuvo un aporte fundamental de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, y de la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Claudio Kishimoto. Luego, en noviembre, los oficiales detuvieron en la vía pública a su pareja, hermana, cuñado y suegra, como así también a un suboficial que prestaba servicios en el área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), acusado de tener estrechos vínculos con el clan narcocriminal.
El País
La PSA designó a una mujer al mando de su Guardia de Infantería
ES LA PRIMERA VEZ EN UN ORGANISMO DE SEGURIDAD
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, asignó como responsable de la Guardia de Infantería Aeroportuaria (GIA) a la inspectora Silvia Alejandra Miers, convirtiéndose en la primera mujer al mando de este tipo de grupos especiales en una fuerza federal de seguridad.
Con 25 años de trayectoria en el organismo y una destacada profesionalización, la inspectora Miers admitió que se trata de uno de los desafíos más importantes en su carrera: “Estar a cargo de la GIA representa un sinfín de valores que debemos recalcar a quienes integran esta agrupación ya que las funciones a cumplir son distintas al resto de los oficiales. Aquí se requieren una preparación, una templanza y una personalidad especial que irán moldeando el perfil adecuado para este tipo de tareas.”
Tanto el director nacional, Alejandro Itzcovich Griot, como el director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC), comisionado general Miguel Ángel Martino, coincidieron en encomendar esta función a una oficial con mucha experiencia en conducción de personal policial y ordenamiento de unidades. “Me llenó de orgullo saber que mi nombre haya sido uno de los primeros que surgieron para asumir esta responsabilidad. Ambos manifestaron creer que estaré a la altura de las circunstancias y me han dado su plena confianza”, dijo la inspectora.
Miers, madre de dos hijos, reconoció que su nombramiento “causó cierta sorpresa por ser mujer, pero después vino la calma y el entendimiento sobre la necesidad de una modificación en el curso de la GIA. Haremos un trabajo muy fuerte, tenemos que lograr una imagen institucional importante y sólida. Debemos estar preparados para llegar al lugar del conflicto y que a través de nuestro nombre se entienda perfectamente para qué estamos y qué hacemos.”
La GIA en la PSA fue creada hace dos años y sus funciones se abocan a la protección de instalaciones ante el intento de toma, ocupación o destrucción de las mismas por parte de terceros. Asimismo evita el bloqueo de rutas y accesos a los aeropuertos, auxilia a la Justicia en allanamientos de baja y media complejidad, y puede estar presente en desalojos y detenciones. También protege objetivos sensibles dentro de la jurisdicción aeroportuaria (torre de control, depósitos de combustibles, perímetros) y participa en respuesta a actos de interferencia ilícita como secuestro de aeronaves y toma de rehenes, entre otros.
El País
La Unión Europea mostró conformidad con el sistema de control y certificación del maní
EXPORTACIONES
Los inspectores auditaron los controles en aflatoxinas en maní, que realiza el Senasa, para asegurar que las partidas enviadas a ese destino se encuentren dentro de las tolerancias establecidas.
Una delegación de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG-Sante) de la Unión Europea verificó el sistema sanitario de control y certificación de aflatoxinas en maní en establecimientos argentinos.
Durante la reunión final realizada en la sede del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Buenos Aires, los auditores europeos manifestaron su conformidad con los controles y con el sistema de certificación que lleva a cabo el Senasa.
En el encuentro estuvieron el presidente del Senasa, Ricardo Negri, el vicepresidente, Guillermo Rossi, el director nacional de Protección Vegetal, Diego Quiroga, los directores de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen Vegetal, Alejandro Fernández, de Laboratorio Vegetal, Jorge Kempny y el coordinador de Relaciones Internacionales, Miguel Donatelli.
Del 6 al 16 de mayo, los inspectores europeos auditaron los controles que realiza el Senasa en la provincia de Córdoba para asegurar que las partidas enviadas a ese destino se encuentren dentro de las tolerancias establecidas por la Unión Europea.
La verificación incluyó la visita a 4 establecimientos habilitados para procesar y exportar a este destino y 3 laboratorios inscriptos y autorizados por el Senasa, que son los encargados de hacer los muestreos, los análisis y la certificación de contenido de aflatoxinas, que son un tipo de toxinas producidas por cepas toxigénicas de hongos en cultivos agrícolas como el maíz, el maní, la semilla de algodón y los frutos secos, de cáscara dura como las nueces. Las aflatoxinas son frecuentemente aisladas de alimentos como maíz, arroz, y maní, que han tenido un mal manejo de postcosecha.
"La delegación de la UE considera que el sistema de control argentino sobre este producto es muy completo y muy bueno. Para nosotros fue muy positiva la auditoría. Continuaremos evaluando en conjunto recomendaciones para seguir mejorando determinadas cuestiones dentro del proceso de control", explicó Fernández.
El funcionario del Senasa además subrayó que “Argentina es el principal exportador que tiene la Unión Europea, por eso hacen especial hincapié en verificar el proceso completo de producción, elaboración, transporte y exportación de maní argentino. La Argentina siempre trabaja para producir alimentos seguros”.
La Argentina produce 1.100.000 toneladas de maní al año y el 85% de la producción corresponde a Córdoba. Cabe destacar que Argentina exporta alrededor de 370.000 toneladas de maní a la UE.
