Hablar de Política de Seguridad Pública, en el contexto histórico, social, cultural y político del devenir de nuestra provincia pareciera ser un tema de difícil abordaje, máxime teniendo en cuenta por la escasez de tratados, estudios, investigaciones, bibliografías producida por aquellos que se consideran expertos o sabedores de este universo de conocimiento.

Por lo tanto seguidamente se intentará hacer una aproximación desde la óptica de mi experiencia y de algunos especialistas analizados que pertenecen a éste ámbito o entorno intelectual; como consecuencia de tales carencias, muy pocos son los que se ocupan de esta problemática. Hecho real que nos impone también, la tarea de embarcarnos en el esfuerzo de construir tales conocimientos, de tal forma de otorgarle contenidos a nuestras instituciones encargadas de la seguridad, basados en una nueva concepción política democrática actual. En mi opinión están dadas las condiciones, de someterse a un análisis profundo, abierto, y participativo, en la búsqueda de soluciones a este problema de carácter social, propiciando que la misma sea instalada decididamente en la “agenda pública”, a fin de realizarse un diagnóstico serio, responsable y superador de las actuales condiciones. Establecer en el menor tiempo posible una adecuada Política de Seguridad Pública, es prioritario, conforme lo reclama la sociedad toda. Tengamos en claro que la provisión de elementos nuevos y modernos a los encargados de la función coactiva del Estado, o la incorporación de mayor cantidad de hombres, es un ínfimo aporte a la solución y no significa una verdadera inversión a la Seguridad Pública. Muy por el contrario, esto por sí mismo, en nada mejora el cuadro de situación de las condiciones sociales de tan compleja problemática, a menos que se diseñe un verdadero frente capaz de brindar una auténtica Seguridad Pública, apta para destrabar el conflicto social relacionado con la delincuencia y sus efectos. Se debe asegurar una mayor y mejor prevención real, en todos los niveles sociales e institucionales de la provincia. Ya hemos visto en estos últimos años, que sigue creciendo el índice de los delitos contra la vida, la propiedad, etc. Es necesario, aunque sea muy complejo, realizar un abordaje holístico de la problemática social de por qué estamos como estamos, en materia de seguridad. Como profesional de las Ciencias Criminalística y Criminología y Catedrático del Nivel Superior, debo recalcar que coexisten factores relacionados, entre una especie de apatía en aquellos que poseen los poderes decisorios, tal como lo sostiene el investigador y catedrático Marcelo F. Saín, un cierto desgobierno o indiferencia hacia las agencias de coacción, por un lado. Y un exceso de autogestión de la seguridad de estas agencias, por el otro; todo ello con infinidad de matices en interferencias con tales extremos. En el centro del problema se ubica la ciudadanía que clama cada vez más fuerte por una SEGURIDAD para todos, y no para algunos pocos privilegiados. Esto lo vemos todos los días a través de los medios de comunicación, en forma individual o en forma colectiva pidiendo ante las autoridades gubernamentales una mayor seguridad. Los que entendemos de tales problemas sabemos que verdaderamente es complejo, porque involucra la realización de diagnósticos, encuestas de victimización, relación de las fuerzas policiales con la ciudadanía, profesionalización de los uniformados, y también de una dirección técnica capacitada de aquellos funcionarios del gobierno, inversión en actualización de ambos niveles (policía y gobierno) con ayuda de expertos nacionales e internacionales si así fuere necesario. Todo ello pareciera oscurecer aún más el panorama, haciendo inviable que las fuerzas del orden puedan abarcarlo todo, y a decir verdad, éstas han sido totalmente desbordadas en su capacidad operativa, en armamentos, en preparación de personal, presupuesto, etc. Me estoy refiriendo a aquellos delitos complejos, detrás de los cuales existen verdaderas organizaciones delictivas que sin embargo aparecen “blanqueados” o tienen “apariencias” de ser totalmente legales. Es decir estar en regla, porque se ocultan detrás de fachadas de negocios o empresas exitosas habilitadas legalmente (trata de personas, que con engaño u otro ardid, secuestro, etc. trafican con la libertad, ya sea esclavizándolas en trabajos forzosos o sometiéndolas a explotación sexual, tráfico de órganos, u otros casos, como financieras que ofrecen buenos intereses que luego se alzan con todo el capital invertido por la gente y se marchan “sin dejar rastros”; traficantes de armas; etc.). Todo esto por un lado, lo que desde ya es un panorama muy desalentador, pero por otra parte tenemos reiterados hechos de violencias contra las personas, en cualquier lugar y a cualquier hora, en los espacios públicos y privados, los que generan en el ánimo de la gente, es decir el ciudadano común, la sensación de “inseguridad”, que en pocas palabras, es un estado de temor permanente de ser víctima de ilícitos. Ahora bien, podemos seguir describiendo una serie de hechos que nos demuestran sin mucho análisis que las cosas en materia de seguridad no están bien. Pero, quién tiene la responsabilidad de evitar y prevenir que ocurran estos hechos. Algunos dirán, la policía, otros que son las mismas víctimas que no toman precauciones, algunos pocos que son los políticos, y tal vez alguien, que es el Estado; y así, cada quien se forma una opinión, siempre buscando a alguien a quien echarle la culpa. Más allá de estas opiniones, respecto de quien tiene la culpa, es necesario poner en claro que la cuestión de la SEGURIDAD PÚBLICA es una responsabilidad irrenunciable, ineludible, impostergable y fundamental del Estado y no puede ser delegado en nadie; pues es el propio Estado el que debe arbitrar las estrategias, mecanismos y medios para lograr una sociedad con estándares normales de seguridad. Esto solo sería posible con una adecuada Política de Seguridad Pública, articulada con las demás políticas de Estado (Política Social, Económica, Educativa, etc.); que involucre además a los organismos privados (Cámara de Comercio, Asociaciones, Sindicatos, Confesiones religiosas, etc.). Para que se entienda, es el Estado, a través de sus legítimos representantes elegidos por el pueblo quienes deberán reflexionar, debatir, redefinir y/o crear nuevos organismos, y leyes que sean necesarias; como así también articular las existentes del Estado(Policía, Justicia, Servicio Penitenciario, Legislatura, etc.), haciéndolos participar a todos, incluso a los organismos no gubernamentales, para que coadyuven en la construcción de una Política de Seguridad Pública integral, que sea favorable y beneficie a la sociedad toda. La nueva concepción respecto de la Seguridad Pública indica que es un bien común y por lo tanto un derecho de todos, inscrito en lo que hoy llamamos derechos humanos de tercera generación. Por lo tanto, vale repetir: es una responsabilidad del Estado, quien debe velar por este bien jurídico. Dijimos antes que se requiere un diagnóstico previo de la realidad, para ver de qué manera se halla implicada nuestro territorio con la problemática nacional e internacional, en cuanto a delitos que no respetan fronteras, como lo es el narcotráfico, la trata de personas, contrabando de armas, secuestros extorsivos, sustracción de automotores, etc. Aquí mismo nos encontramos con serias dificultades para obtener y sistematizar la información, en razón de que la que existe es escasa, poco confiable, heterogénea y no está sistematizada ni centralizada. Ello hace surgir inmediatamente la necesidad de crear un sistema de información criminal que abarque todo el ámbito provincial y que se garantice a la comunidad el acceso a la información de forma transparente y actualizada, con lo cual será posible la confección de mapas del delito, de fundamental importancia para las investigaciones encaradas por la Justicia. LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD ESTATALES Otro detalle de singular importancia, es la referida a la necesidad de la modernización de las instituciones de seguridad y policiales, las que requieren una urgente reestructuración de todo su sistema; adecuándolo desde su organización interna a su legislación y reglamentación. Ello significa reformular sus estructuras de mando, los sistemas de funcionamiento y organización policial, las estructuras orgánico funcionales de las mismas, como así también las estructuras profesionales. De investigaciones realizadas por el suscripto, en diversos documentos, declaraciones, bibliografías y de consultas a diversos profesionales de la seguridad del país, y de la propia experiencia respecto de las policías latinoamericanas y su quehacer cotidiano, pueden detectarse que reina hacia el interior de las mismas, una gran fragilidad: traducida en enfrentamientos internos, rupturas de lazos, profunda desconfianza entre mandos superiores, subordinados y colegas en general. Altos índices de estrés laboral, apatía hacia las obligaciones de ciertos servicios, etc. (MENDOZA).- “… 350 uniformados se encuentran desafectados del servicio de calle debido a que se les prohibió portar el arma reglamentaria por padecer estrés y trastornos psicológicos”. (Diario La Nación 15/07/08). “Es posible ver que muchas policías latinoamericanas desde la década de los 90 han venido haciendo estas reformas, para adecuarse a una democracia más justa con iguales oportunidades para todos y los Estados provinciales, como Misiones, La Pampa, Buenos Aires, entre otros ya han puesto en vigencia sus respectivas Leyes de Seguridad Pública” En cuanto al estrés se genera, entre otras cosas, no por falta de capacidad o por carecer de condiciones para dedicarse a tan difícil tarea, sino que existen presiones externas (política, social y económica), y también es generado por una cultura interna de poco apego a la ética profesional, haciendo que muchas veces se vean obligados a aceptar y callar ciertas irregularidades éticas. Así, por ejemplo existen dependencias que no cuentan con reglamentaciones internas o son ajenas a la propia orgánica institucional; los mecanismos de ascensos, en casi todas las policías del país y de Latinoamérica, están determinados por una “selección” basados supuestamente en la capacidad e idoneidad profesional (obtenida mediante la realización de cursos, jornadas, seminarios, talleres, carreras universitarias, etc.) del que es propuesto para el ascenso. Pero la realidad es que nada de esto se tienen en cuenta, la mayor parte de las promociones al grado inmediato superior, se basa en al “amiguismo” (Argentina), “compadrazgo” (México), “alcahuete”, o “genuflexo”, (otros países de Latinoamérica), entre otros “créditos”, a quienes se los recompensa con el ascenso y otros “favores”. Para evitar estos actos y procesos que desfiguran y generan mayor desaliento y malestar dentro de las agencias del orden, urge la creación de un ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO, además del interno (ya lo ha hecho Córdoba y Bs. As.), que garantice la transparencia de estos y otros procesos en las que se afecta gravemente los derechos subjetivos de muchos policías buenos y entregados a su servicio en bien de la comunidad. Basta saber que todo esto produce en el policía (que trabaja día a día en pro de su comunidad a quien dirige sus esfuerzos y su mejor formación), una enorme preocupación cuando no su contradicción, pues de ser juramentados de la ley, por la vía de un supuesto “disciplinamiento” en muchas circunstancias son obligados a aceptar y callar muchas desprolijidades institucionales carentes de ética. También podemos agregar, falta de reconocimiento por su labor, exceso de horas de trabajo y una remuneración que por ser tan baja, los obliga a realizar “servicio adicional”, así como otras tareas accesorias, que muchas veces se convierte en la principal. Esto lentamente va generando malestar y generalmente lo conduce al estrés laboral (Síndrome del Quemado Laboral), con consecuencias personales e institucionales; por lo que es necesario también contar con equipo de profesionales que brinden una adecuada contención psicológica permanente. Especialmente después de cada intervención de tipo traumática (por ej.: toda vez que se recurra al uso de la fuerza para reducir a los que desobedecen las órdenes de la autoridad, o después de un enfrentamiento con armas de fuego, con delincuentes, etc.). Es necesario, dadas estas dificultades internas con las que debe lidiar todo policía, además de la externa de trabajar por una permanente prevención y vigilancia favoreciendo el orden y la tranquilidad social, desarrollar nuevas concepciones axiológicas, solo posibles mediante una deontología policial que desde los nuevos paradigmas, construyan marcos teóricos basados en el respeto por el hombre, su dignidad, su libertad y demás derechos humanos, lo que ya no es posible soslayar en una democracia real, del Siglo XXI. Para finalizar, en resumen, la élite política con poderes de decisión, los que fueron elegidos por sus conciudadanos, para que sus actos sean dirigidos hacia el bien común, deben convocar a un gran debate y búsqueda del consenso con toda la sociedad para construir una Ley de Seguridad Pública Provincial acorde con las democracias más avanzadas y ajustadas a la Constitución Nacional, a los Tratados y Acuerdos Internacionales (Art. 75, inc. 22 C.N.), en que se garantizan fundamentalmente los derechos humanos. Y en base a ello también estructurar una policía moderna, democrática, humanizada, y desmilitarizada, de tal manera que cada uno de sus integrantes dirijan sus esfuerzos hacia la protección de toda la ciudadanía, en el marco del respeto a la ley y ajustado al Código de Conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 34/169, 17 de diciembre de 1979). (*) Recibido por Corrientes al Día de Neriz Alberto Hernández Licenciado en Ciencias Criminalística y Criminología. E- Mail: nerizhernandez@gmail.com Corrientes (Argentina).