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Opinión

Pronunciamiento de Plataforma 2012

MEGAMINERÍA

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Plataforma 2012 surge de la necesidad de construir una voz colectiva que pueda debatir abierta y públicamente los grandes problemas nacionales para contribuir al accionar social transformador, por fuera de los reduccionismos y del encapsulamiento del debate que promueve polarizaciones descalificadoras.


Plataforma 2012 es un colectivo de intelectuales y trabajadores de la cultura comprometidos en la lucha por un país verdaderamente independiente, una sociedad justa e igualitaria con plena vigencia de la libertad y los derechos humanos.
Plataforma 2012 se propone como un espacio plural, democrático e independiente de los diferentes grupos de poder, sea éste político, económico o mediático.
Desde su primer pronunciamiento, a comienzos de este año, Plataforma 2012 planteó la necesidad de recuperar el pensamiento crítico más allá del discurso del oficial. La enorme repercusión que produjo aquel primer documento y la cantidad de adhesiones que nos siguen llegando desde distintos puntos del país, confirman la existencia de aquella necesidad y comprometen a Plataforma a consolidar un espacio que pueda hacer audibles las múltiples voces que desde el campo popular piensan críticamente la realidad.
El relato oficial pretende enmascarar una realidad que eclosiona en diferentes manifestaciones en el cuerpo social. Plataforma 2012 considera que el desmontaje de ese relato – que por vía de la sacralización épica, la negación, la tergiversación, la desmentida, los silencios y ocultamientos tiende a imponer una visión monolítica y unívoca de la realidad – puede ser una herramienta que contribuya a resituar el debate de los grandes problemas nacionales. Desde esta perspectiva, los síntomas de malestar social, lejos de ser leídos como producto de algunas anomalías en el interior de un proceso transformador, pueden ser comprendidos como efectos de una política global de gobierno.
Tres son los ejes en los que Plataforma 2012 se ha centrado desde su primer pronunciamiento: desigualdad, en un registro abarcador, que no se mide solamente en términos económicos, sino de desigualdad social, educativa, sanitaria, ambiental, de género, así como las implicancias que esto tiene en términos de desigualdades políticas y deterioro institucional; vínculos del gobierno con las grandes corporaciones económicas; y violación de los derechos humanos hoy.
En este sentido, la problemática de la minería transnacional – que a través de las demandas de la pueblada de Famatina hizo visibles las luchas presentes en todo el país -, ha demostrado su urgencia y dramatismo. Este tipo de minería ilustra de manera cabal los tres puntos enunciados y cómo esta tríada se inscribe en una política nacional: mayores desigualdades económicas, territoriales, sanitarias, ambientales y sociales; alianza estratégica entre el gobierno nacional y grandes corporaciones mineras transnacionales; y violación de los derechos humanos a través de la criminalización de la protesta social. 
Del mismo modo, el problema de la megaminería ha desenmascarado el relato mistificador del gobierno, que procura deslindar su responsabilidad en la aplicación de la política megaminera y sus consecuencias, atribuyéndola a decisiones de competencia exclusiva de los gobiernos provinciales, como si la aplicación de esas políticas no respondiera a una política nacional impulsada por el Ejecutivo y como si esos gobiernos no formaran parte de la estructura de alianzas oficialista.
Durante los años ´90, bajo el gobierno neoliberal de Carlos Menem, se introdujeron grandes modificaciones en la sociedad y la economía argentinas. Con apoyo del FMI y otros organismos internacionales, se privatizaron los recursos naturales, entre ellos los minerales, y se sentaron las bases de un nuevo marco normativo y jurídico en relación a éstos, que se extiende hasta nuestros días. La aplicación de estas políticas neoliberales acentuaron aun más las asimetrías, condenando a los países dependientes y periféricos a la extracción y provisión de bienes primarios en favor de los países más poderosos del planeta, consumidores de las mismas. 
En la actualidad, los resultados de la aceptación de este patrón de acumulación son conocidos: tendencia a la reprimarización del aparato productivo interno -hecho confirmado por diferentes informes económicos-; extranjerización de la industria, de recursos naturales (minerales, petróleo, gas, tierras y agua); concentración económica -en algunas empresas multinacionales, que controlan el mercado global-; especialización productiva -exportación de algunos productos, sin valor agregado; desigual distribución de los conflictos ecológicos y territoriales, que perjudica a los países periféricos y, dentro de ellos, a aquellos sectores sociales de mayor vulnerabilidad; en fin, consolidación de verdaderos enclaves neocoloniales, que van configurando espacios productivos estructuralmente dependientes del mercado internacional en términos económicos, comerciales, financieros y tecnológicos.
En esta línea, lejos de ser “motor de desarrollo”, como argumentan sus defensores, la megaminería trasnacional refuerza la dependencia hacia los centros capitalistas de poder global, y profundiza las formas de desigualdad ya existentes a escala local, provincial y nacional: expoliación económica, devastación institucional, destrucción de territorios y depredación de bienes naturales, fragmentación y control social, cooptación científico-tecnológica, ya son hechos incontestables de nuestra realidad del siglo XXI, que no hacen más que remitir y actualizar la triste historia colonial del continente.
El caso de Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, uno de los yacimientos de cobre más grandes de Sudamérica, es emblemático. Tras 15 años de explotación, el paisaje catamarqueño da cuenta de empobrecimiento; asistencialización generalizada de la población; falta de empleo, de agua, de electricidad; naturalización de la devastación ambiental; institucionalización del clientelismo y la corrupción; degradación de la cultura democrática; profundización de las desigualdades sociales y ambientales.
Recordemos que este tipo de minería se propone extraer los minerales diseminados en la roca portadora, a través del sistema de explotación minera a cielo abierto (open pit), que utiliza técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación, esto es, sustancias químicas altamente contaminantes, que producen impactos negativos en la salud de las poblaciones y cuantiosos daños ambientales, los cuales han sido probados en diferentes países y regiones. Se trata de minería a gran escala, es decir, de mega-emprendimientos, una actividad que consume enormes cantidades de agua y energía y compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo). 
Dada su envergadura, estos emprendimientos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes y “liberando” territorios que, de ahí en más, quedan presos de la lógica económica de las grandes compañías trasnacionales. En ese marco se producen hondas transformaciones de la ciudadanía; asistimos cada vez más a la territorialización de los conflictos y a la violación de derechos ambientales y colectivos, que se hallan amparados por la normativa nacional e internacional, y que incluyen también los derechos de los pueblos originarios (Convención 169 de la OIT). Dichas violaciones repercuten asimismo sobre los llamados derechos de primera generación, como son el de la libre expresión y el derecho de petición, impedidos u obstaculizados de modo recurrente en determinados escenarios provinciales (Catamarca, San Juan, La Rioja, entre otros).
Son las pequeñas y medianas poblaciones de nuestras provincias, sobre todo en las zonas pre-cordilleranas y cordilleranas, pero también en otras regiones áridas del país, las que hoy sufren la embestida de este modelo neocolonial. Desde las movilizaciones de Esquel, donde se llevó a cabo el único plebiscito en el país por este tema (2003), pasando por la represión y la pueblada de Andalgalá (2010), hasta la actual gran pueblada de Famatina, las poblaciones vienen rebelándose contra la expansión de este tipo de minería, con claros reclamos que subrayan el derecho a un ambiente sano, el derecho a elegir un modo de desarrollo congruente con el respeto de la vida presente y futura, de las personas y de los ecosistemas; en fin, el derecho a participar de las decisiones colectivas en el marco de una sociedad que se quiere democrática.
Esquel y Gan Gan, Andalgalá, Belén, Santa María y Tinogasta, Chilecito y Famatina, Calingasta y Jachal, Ingeniero Jacobacci y Bariloche, Gregores, Campana Mahuida-Loncopué y Rincón de los Sauces, General Alvear, San Carlos y Uspallata, Capilla del Monte, Casa Grande y Yacanto deCalamuchita, La Carolina y Merlo, Abra Pampa, Cangrejillos y Tilcara, Cafayate, Metán y Tolar Grande, Jasimampa y Sumampa, Amaicha del Valle y El Paso, valles enteros de diferentes provincias, entre tantos otros nombres, son algo más que puntos supuestamente remotos de nuestra amplia geografía nacional. Son poblaciones que, detrás de la bandera “El agua vale más que el oro”, han ido construyendo de modo perseverante y en situación de gran asimetría de fuerzas, una red de resistencias local y regional, que, en varios casos, ha tenido como producto la sanción de leyes provinciales que prohíben este tipo de minería con algunas sustancias químicas (Chubut, Río Negro, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tucumán, La Rioja y Tierra del Fuego). 
Son estas poblaciones las que también estuvieron detrás de la defensa activa de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares, que fuera vetada por la actual presidenta en 2008, resancionada en septiembre de 2010, luego de un arduo trabajo transversal de organizaciones sociales y ambientales, diferentes profesionales y representantes del Congreso Nacional, con la oposición activa de gran parte del oficialismo. Son estas poblaciones las que resisten de pie frente a la derogación de las leyes que prohibían este tipo de minería, como sucedió desde 2008 en La Rioja, y recientemente, en diciembre de 2012, en Río Negro.
 
Por ello creemos que resulta injusto y agraviante imputar “irracionalidad” o “falta de información” a la fuerte oposición que este tipo de minería ha generado en vastas poblaciones de nuestras provincias. La megaminería no es cuestionada por desconocimiento, ni por falta de cultura productiva, sino precisamente porque ésta constituye una síntesis acabada del mal desarrollo. Se trata además de un modelo que pone en jaque a la democracia, pues avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad y una nueva espiral de criminalización de las resistencias. 
A la causa penal abierta contra los vecinos de Andalgalá y Famatina, se sumaron, primero, la detención de 18 vecinos en el pueblo de Santa María en Catamarca, a quienes se los acusa de entorpecer el tránsito terrestre (art. 194 CP) y de ser parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor (art. 213 bis); segundo, la represión desatada por la policía provincial contra los vecinos de Belén, que dejó como saldo decenas de detenidos (entre ellos, un niño menor de 13 años); tercero, la brutal represión y desalojo en Tinogasta y asimismo en Amaicha del Valle. Frente a estos hechos no podemos olvidar que ante la resistencia del pueblo de Gualeguaychú en defensa de sus derechos fue la propia Cristina Fernández de Kirchner quien firmó el decreto (828/2010) a través del cual instruyó al Procurador General del Tesoro a denunciar a 10 vecinos de Gualeguaychú acusándolos de los delitos de sedición, atentado contra el orden democrático, más otros 12 delitos que contemplan prisión efectiva.
Resulta claro que la criminalización de la protesta es una política represiva nacional que está siendo profundizada. En este y no en otro marco, el Congreso Nacional aprobó la la nueva Ley Antiterrorista, enviada por el ejecutivo, que modifica la ya sancionada bajo el mandato de Néstor Kirchner en el año 2007.
Tampoco creemos que pueda responsabilizarse exclusivamente a las provincias, las cuales detentan el “dominio originario” de nuestros recursos naturales, luego de la reforma de la constitución de 1994. El marco económico y jurídico que beneficia a la megaminería se sustenta en una batería de leyes nacionales, sancionadas en los años ´90, que aseguran una rentabilidad extraordinaria a las empresas, al compás del aumento de los precios internacionales de los minerales. 
Está legislación se mantiene en la actualidad y es custodiada por los legisladores nacionales oficialistas, junto a los sectores conservadores de ambas Cámaras, quienes no permiten siquiera la discusión de los proyectos que pretenden modificarla. Por su parte, a través del Tratado Binacional sobre Integración y Complementación Minera firmado con Chile -1996- que sancionó una legislación de “facilitación fronteriza”, se consumó la entrega de una parte de la cordillera a las transnacionales mineras, entre ellas a la empresa canadiense Barrick Gold que hoy opera en San Juan, a través de los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama. 
Esta empresa judicializó la ley nacional de protección de los glaciares, y logró, mediante una medida cautelar que dicha norma no se aplique en esa provincia. El tema está hace meses “a estudio” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejando así a los glaciares a merced del negocio minero en San Juan. En el resto del país, la pasividad del gobierno nacional -como autoridad de aplicación- en implementar efectivamente dicha norma, resulta inaceptable.
Así, lejos de ser una “rémora” del viejo orden neoliberal, este ordenamiento jurídico-económico encuentra un apoyo incondicional en las políticas del gobierno nacional, desde 2003 hasta la fecha. En 2004, Néstor Kirchner avaló el Plan Minero Nacional, declarando la actividad de interés estratégico y sumando nuevos beneficios y exenciones a la misma. En el mismo año se firmó con Chile el “Protocolo Adicional Específico” al Tratado para el proyecto minero binacional Pascua Lama, donde –entre otras cosas- ambos países se obligaron a permitir a “los inversionistas de una y otra, el uso de toda clase de recursos naturales necesarios para el desarrollo minero, comprendiéndose en este concepto los recursos hídricos existentes en sus respectivos territorios”. 
La actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no sólo ha buscado alentar la inversión minera -como en su discurso en El Qatar, en 2011-, sino que también ha dado muestras claras del apoyo del aparato del Estado a la megaminería. Uno de los ejemplos más emblemáticos, además del veto a la ley nacional de protección de glaciares, ha sido su participación en diferentes reuniones con Peter Munk, el CEO de la empresa Barrick Gold, tanto en Toronto como en Buenos Aires, a fin de facilitar un acuerdo tributario con dicha empresa, a cargo del proyecto binacional de Pascua-Lama. La fotografía que muestra a la presidenta en Canadá, junto a P. Munk, custodiada por tres banderas –la de Canadá, la de Argentina y la de la Barrick Gold- es todo un símbolo de la alianza estratégica entre gobierno nacional y megaminería, y sin duda quedará grabada en la memoria de los argentinos.
Las alusiones en el discurso presidencial a los sectores “ambientalistas”, supuestamente despreocupados por la suerte de nuestras islas Malvinas y la reciente exhortación a la “responsabilidad y seriedad sobre los planteos que se realizan”, no hacen más que poner en evidencia el manifiesto desprecio hacia las poblaciones movilizadas y el empeño por desplazar el eje de la discusión, ante el impacto nacionalizador que ha tenido la pueblada de Famatina respecto de la cuestión minera y el creciente apoyo de la sociedad hacia estas protestas. 
También evidencian un desprecio por la conservación del patrimonio y el futuro del país. Mientras en Catamarca se teme por la aplicación de la nueva ley antiterrorista sobre 18 asambleístas; mientras continúan las protestas y movilizaciones en diferentes ciudades de Río Negro; mientras el gobernador riojano se apresta a verter ingentes recursos económicos para torcer la voluntad de la población de su provincia; el gobierno nacional continúa acompañando con hechos la expansión de la megaminería. Desde el nombramiento del empresario minero Jorge Mayoral bajo el gobierno de Duhalde, quien continúa al frente de la Secretaría de Minería de la Nación, hasta el reciente nombramiento de un ex familiar de la presidente – Armando “Bombón” Mercado- como director del YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), nada parece haber horadado la continuidad en las orientaciones gubernamentales en este tema.
Así, no se trata solamente de una discusión exclusivamente económica o ambiental, sino también de una discusión política. La megaminería es uno de los eslabones más contundentes –aunque no el único- que ilustra la continuidad y profundización por parte de este gobierno respecto de las políticas de explotación neocolonial y expropiación de los bienes naturales aplicadas en los ´90. El “relato” oficial, que procura presentarlas como parte de un modelo de crecimiento y generación de empleo, es una pieza clave para la construcción de un consenso social favorable que garantice su aplicación. La retórica épica sobre las bondades de la política megaminera se complementa con el ocultamiento y negación de sus efectos devastadores. 
Y cuando las poblaciones involucradas, lejos de contribuir al “consenso megaminero” buscado por el gobierno, desenmascaran la falacia cuestionando legítima y abiertamente la megaminería a cielo abierto, movilizándose para rechazarla y concitando – como en el caso de Famatina – solidaridades en todo el país, el gobierno echa mano a un nuevo recurso discursivo: la “desmentida”. Según este recurso, que pretende borrar de la memoria colectiva la imagen y el valor simbólico de aquel encuentro presidencial en Toronto con el CEO de la Barrick Gold, la megaminería a cielo abierto no formaría parte del proyecto político del gobierno nacional sino que correspondería a decisiones y acuerdos estrictamente provinciales – en este caso del gobernador Beder Herrera.
Todo esto pone en evidencia un deterioro de las instituciones. Por ello, vemos con mucha preocupación que el mismo gobierno que ha destruido el sistema nacional de estadísticas (lo que dificulta toda reflexión colectiva sobre pobreza,  desigualdad, desempleo o inflación, y afecta seriamente las negociaciones salariales), que extorsiona a los jueces que lo desafían, que se ha ocupado de desoír o desarmar  la estructura de controles institucionales sobre el poder, que ha reforzado el proceso de concentración del poder en el ejecutivo, hoy amenaza solapadamente con una reforma constitucional promovida por las peores razones de corto plazo.
Con la convicción de que los pueblos tienen el derecho de elegir el modelo de desarrollo que más convenga y beneficie a sus poblaciones, en función de un ideal de igualdad y de equilibrio con la naturaleza y en solidaridad con las movilizaciones vecinales de tantas pequeñas y medianas localidades de nuestro país, que se han levantado activamente contra este modelo neocolonial, en defensa de nuestras cuencas hídricas y de nuestros territorios, Plataforma 2012 plantea la necesidad de debatir e impulsar las siguientes propuestas:
Reforma integral del Código de Minería y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (24.196) y sus modificatorias, que promueven y habilitan la destrucción de los bienes comunes y el despojo colonial de nuestras riquezas.
Aplicación efectiva de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares en todo el país.
Recomposición ambiental de las zonas afectadas por los megaemprendimientos mineros que actualmente existen en el país.
Cierre de todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse contra la megaminería
Urgente derogación de la nueva ley antiterrorista.
Urgente sanción de las leyes provinciales derogadas en La Rioja y en Río Negro, que prohibían este tipo de megaemprendimientos mineros.
Activación y ampliación de mecanismos participativos y de democracia directa que apunten a la democratización de las decisiones.
Propuesta de Declaración de una moratoria a nuevas concesiones a la exploración y explotación minera metalífera.
Propuesta y debate de una Ley Nacional de Prohibición de la megaminería metalífera con uso de sustancias tóxicas y la uranífera en todo el país.
Propuesta de realización de un gran debate nacional que reflexione y genere políticas públicas que apunten a una salida del extractivismo neocolonial, en pos de un equilibrado e igualitario desarrollo de los pueblos, respetando su cultura y sus formas de vida; en pos dela gestión pública y participativa de nuestros bienes comunes.
 
Alabarces Pablo, Antonelli Mirta, Bidonde Héctor, Burucúa José Emilio, Correas Nora, Dowek Diana, Edelman Lucila, Galán Mónica, Galvano  Mario, Gargarella Roberto, Genta Adriana, Kordon Diana, Lagos Darío, Lagos Mariana, Lanzillotto Alba, Levinas Gabriel, Lindenboim Javier, Lo Vuolo Ruben, Massuh Gabriela, Nené  Bettanin, Onaindia Jose Miguel, Ramos Hugo, Saez Luis, Scandizzo Mónica, Svampa Maristella, Tauber Sanz Nicolas, Tcherkaski Osvaldo, Viale Enrique, Zangaro Patricia 
Para adherirse escribir a plataforma.2012@yahoo.com.ar
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Opinión

Cuando el mérito no importa

OPINIÓN (*)

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Dijo en San Juan el presidente Fernández: “lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años, porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres”.


Esto es tan falso, tan terriblemente insultante para la inteligencia, que es difícil decidir por dónde empezar a analizarlo.  Sólo diré que Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Windows), Jeff Bezos (Amazon) y Marcos Galperin (Mercado Libre), son algunas de las fortunas más grandes del mundo y de Argentina, y NINGUNO fue hijo de rico.  Este pelotudismo socrático y retrógrado ha sido totalmente superado en los países desarrollados… ¡Y PRECISAMENTE PORQUE LO SUPERARON SON DESARROLLADOS!

 

Luego invocó a Alberdi y Sarmiento, reinterpretándolos con un pensamiento tan retorcido que los vuelve irreconocibles.  Dijo admirarlos porque “vislumbraron la importancia de la educación pública, que nada es más importante que el conocimiento humano” y del sanjuanino aseguró que “en un gesto inigualable de igualdad, resolvió que todos los que estudian en la escuela pública calcen un guardapolvo blanco para que las diferencias sociales allí donde se aprende no aparezcan.  Con todo eso nos dijo que el estado debe estar muy presente en el desarrollo humano y que finalmente lo que más vale es la igualdad, es propender a un sistema más igualitario”.

 

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Pobres Alberdi y Sarmiento.  Si pensamos cuales referentes históricos argentinos estuvieron absolutamente en contra de la intromisión del estado (que debía ser pequeño) en el quehacer cotidiano de los ciudadanos, fueron sin dudas estas dos inmensas figuras de nuestra patria.  Hacer semejantes distorsiones de su pensamiento es una ofensa a sus memorias y, como se hacía en la escuela, debería lavarse la boca con jabón para limpiar sus palabras.

 

Alberdi decía que “la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual” y que “la grandeza del vecino, forma parte elemental e inviolable de la nuestra”, LO OPUESTO al igualitarismo y el desconocimiento del mérito.

 

¿Y qué pensaba Sarmiento?, al que dijo admirar.  El sanjuanino dijo: “las cumbres se alcanzan doblando el empeño” y “toda la historia de los progresos humanos es la simple imitación del genio”; Don Domingo era un ferviente defensor del mérito, concepto que el señor presidente denigra.

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Es increíble que en la actualidad, con lo fácil que es conocer la realidad de otros países, todavía existan personas “educadas” (en realidad son apenas instruidas, la educación implica pensamiento crítico algo que les es ajeno) que sean tan ciegas como para dejarse engañar así.

 

El presidente habla de defender el federalismo y a las provincias del “pulpo” del puerto, cuándo el mayor héroe de esta gente fue Rosas, quien prohibió los puertos del Paraná para que todo el comercio exterior pasara por Buenos Aires, empobreciendo a las otras provincias.  Obsesión rosista por el monopolio del puerto porteño que condujo a la muerte a valerosos patriotas en la Vuelta de Obligado, sacrificio disfrazado con la mentira de la “defensa de soberanía”.

 

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Valga la apostilla: ese fue el mismo Rosas que le quitó los sueldos a los docentes de las escuelas y universidades estatales, hundiendo en la ignorancia a los pobres y yendo en contra de la tan mentada “igualdad de oportunidades” con la que se llenan la boca.

 

¿Habla del federalismo y de trato igualitario para todas las provincias?, cuando el peronismo fue el mayor promotor del crecimiento del conurbano bonaerense y que le otorgó tantos subsidios a la luz, el gas y a los combustibles, que hacía que en Buenos Aires se pagara hasta 5 veces más barato los servicios públicos que en el resto del país.  ¿En serio?  ¿Se puede ser tan caradura?  Y lo peor, ¿se puede ser tan idiota como para creerles?

 

También dijo Fernández: “lo que uno más debería desear como argentino, es que cada argentino tenga la oportunidad de nacer…”, ¿oportunidad de nacer?, ¿de qué oportunidad de nacer habla quien defiende el aborto?, ¿se puede ser más cínico y contradictorio?  “…Y de morirse feliz después de haber vivido bien, en la provincia donde ha nacido”, ¿morirse feliz?, ¿Cómo Solange que murió sin ver a su padre?, ¿o Facundo Astudillo?, ¿o Franco Martínez?, ¿o Franco Isorni?, ¿o Luis Espinoza?, todos desaparecidos y muertos en democracia en este 2020.

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Entiendo (no comparto) que los que “están prendidos” defiendan “el modelo”… ¿pero el resto?, ¿el laburante que deja más de la mitad de su sueldo en impuestos para mantener punteros y para que le den por sus impuestos la porquería de salud, educación, seguridad y justicia que tenemos?, ¿el profesional que como universitario debería ser capaz de ver más allá de las mentiras de los demagogos?  Cómo decía Sarmiento y se aplica a los “educados” que egresan de la universidad: “era el que más sabia… Pero el que menos entendía”.

 

Lo cierto es que a decir del gran sanjuanino: “la ignorancia es atrevida”, pero aún es más atrevida la avaricia, la soberbia y el despotismo de quienes conducen hoy el destino de nuestra patria y que lejos están de seguir el siguiente principio rector del cuyano: “fui criado en un santo horror por la mentira, al punto que el propósito de ser siempre veraz ha entrado a formar el fondo de mi carácter y de ello dan testimonio todos los actos de mi vida”.

 

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Quienes creemos en la Libertad, en la igualdad ante la Ley y no por la Ley, y en el Respeto por la vida y la propiedad del prójimo, no solo tenemos el deber ético y moral, sino también la impostergable necesidad de oponernos y manifestarnos en contra de los atropellos que se están cometiendo contra los argentinos y contra la República.   

 

El momento es YA… antes de que terminen de hundirnos y de someternos, antes de que no quede nada por salvar.

(*)  Rogelio López Guillemain

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Opinión

Reconvertir proyectos e innovar

POR MARIA EUGENIA MANCINI

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La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto profundo en nuestras sociedades. Además de la crisis sanitaria, ha afectado la educación, la vida social y los medios de subsistencia. A una economía difícil, esto lo ha profundizado aún más.


Para nuestros jóvenes muchos de estos impactos será a largo plazo y multidimensionales: Por ejemplo, 191 países han implementado el cierre de escuelas a nivel nacional o local, y 1,5 mil millones de personas no pueden asistir a la escuela ya que no disponen de tecnología básica para acceder a las plataformas educativas.

 

Sin embargo, hay muchos jóvenes liderando esta crisis y no se han quedado de brazos cruzados. Hay una Juventud que está apoyando el diseño y la ejecución de programas sociales pensando en caminos creativos y de respuesta.

 

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También debemos destacar la variedad de emprendimientos que han surgido adaptando propuestas comerciales a estos nuevos tiempos donde se pudo ver la creatividad y el desarrollo de productores locales.

Es fundamental continuar apoyando estos proyectos para que tengan continuidad formulando estrategias competitivas, incentivando y se conviertan en micro empresas sustentables económicamente.

 

Sumar programas de recuperación en base a economías locales y ver como su fuerza creativa comienza a enriquecer a instituciones, proyectos sustentables  y caminos nuevos para salir adelante.

 

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Pienso que un camino de desarrollo  es no solo fortalecer las economías regionales sino volver a los oficios, capacitarnos y tener herramientas prácticas para generar recursos propios.

 

Estamos atravesando un momento de reinvención muy grande y donde más que nunca necesitamos estar unidos, sacar nuestras fortalezas y trabajar juntos como sociedad pensando en lo que queremos construir, diseñando la sociedad futura, poniendo  foco en nuestros recursos y liderar.

 

Es fundamental generar herramientas para crear una sociedad más igualitaria y solidaria y no solo como respuesta a la pandemia sino también pensando a largo plazo y abordando todos  el compromiso de crear un cambio duradero.

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Opinión

La “borocotización” de Alberto

(*) OPINIÓN

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Recuerda una crónica del diario perfil: “Eduardo Lorenzo Borocotó el 23 octubre de 2005 obtuvo una banca. Pero antes de asumir algo cambió. El 9 de noviembre visitó la Casa Rosada, acompañado por su hijo. ¿Con quién tenía cita? Con el actual presidente Alberto Fernández, quien era jefe de gabinete de Néstor Kirchner.  Borocotó se reunió con los dos. A Kirchner no lo conocía. A Fernández, sí.


El mismo día del encuentro en la Rosada, Borocotó anunció su partida del bloque macrista: armó un mono-bloque independiente, afín al kirchnerismo. Alberto Fernández explicó la jugada: "Tenemos que ser amplios. Hay muchos votantes y dirigentes de ARI que están descontentos con Carrió, por ejemplo. Y nosotros estamos abiertos a recibirlos, así como a los radicales, peronistas y a todos los que crean en el proyecto del Presidente".

 

En nuestras democracias actuales, se debería empezar a pensar en que los ciudadanos, en vez de elegir a personas que encarnen proyectos, ideologías, o letras muertas de lo establecido en partidos políticos, votemos directamente, proyectos, propuestas, modelos o formas de hacer las cosas y que la ejecución de las mismas, pase a ser un tema totalmente secundario, esto sí podría denominarse algo que genere una revalidación de lo democrático, pero no estamos en condiciones de hacerlo actualmente, primordialmente porqué el gobierno de ese pueblo, está en manos de uno sólo, a lo sumo, en cogobierno por un legislativo (con flagrantes problemas en relación a la representatividad, que sería todo un capítulo aparte el analizarlo) y supeditado a un judicial, que siempre falla, de fallar en todas sus acepciones, liberar la opción de ese pueblo, para que elija su gobierno, mediante las ideas que se le propongan, sin que sea esto eclipsado por la figura de un líder o lo que fuere, en tanto y en cuanto siga siendo uno, recién podrá ser posible, cuando su vínculo con la vida y la muerte, no tenga que ser anatematizado mediante la creencia o no creencia, que como vimos son las dos caras de una misma moneda, en un ser único y todo poderoso, creador de este mundo y de todos los otros, los posibles como los imposibles.

 

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La violencia del estado que en la actualidad se traduce en su sobre-presencia en ciertos sectores a costa de la ausencia del mismo en vastas áreas y bolsones, la sobreactuación de un supuesto sentir o hacer democrático, en donde sólo se ejerce una dudosa aclamatoria de mayorías (sistemas de preselección de candidatos cerrada, como internas que no se llevan a cabo, que transfieren el sentido de elegir por el de optar, entre quiénes ellos, de acuerdo  a sus reglas disponen que tengamos que optar, es decir elegir condicionados) debería estar tipificado en la normativa, como uno de los delitos más flagrantes contra las instituciones y el pleno ejercicio de la libertad, de tal manera, la ciudadanía no tendría excusas como para no levantarse en puebladas, en manifestaciones que dan cuenta de la total y absoluta anomia, en que la incapacidad de cierto sector de la clase política nos puede volver a conducir en cualquier otro momento u oportunidad. Propuestas es lo que sobra, se precisa de predisposición de estos para hacerles sentir a la ciudadanía que algo determinan, con el pago de sus impuestos y con sus votos. En tiempos electorales, una práctica que debería ser desterrada y que es una muestra expresa del democraticidio, es la compra de votos, sea mediante una dádiva, prebenda, por intermedio de corte de chapas, dinero, mercadería, merca o lo que fuere, como de las mentiras flagrantes e inconsistentes las que ofrecen por doquier. Como también lo es la no sanción de los hechos de corrupción, o la dilación en demasía para resolver los mismos, perpetrados por hombres que hayan pertenecido al funcionariado público.

 

Si somos presa de políticos corruptos seguiremos encarcelados en el imperativo de una sociedad penalizada y penalizante para sancionar delitos y no para reconvertir conductas que no nos lleven a ellas.

 

Hasta aquí sí se quiere, nada nuevo bajo el sol, o desconocido para todos aquellos a quiénes, Alfonsín nos prometió que con “la democracia se educa, se come, se cura, no necesitamos nada más, que nos dejen de mandonear…” la nueva modalidad, de estas suertes de “democraticidios” que nos afectan, es que el poder unipersonal del ejecutivo nacional, pasó a un sistema, tal como lo definió un constitucionalista “vicepresidencialista” y por tanto, Alberto, el creador del “borocotismo”, tal como Víctor Frankenstein, pasó a ser víctima de su propia creación, de su mutación práctica de lo representativo.

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En la aceleración, profundización o intensificación del cristinismo, camporismo o kirchnerismo recargado, en el que recayó Alberto, no quedaría otro espacio en la historia para él, que un título de un libro escrito por Miguel Bonasso, acerca de Héctor Cámpora; “El presidente que no fue”.

 

La mayoría que se construyó a tales efectos, con una propagación mayor que la de un virus desconocido y contagioso, se reconstituye con proverbial dinámica y en las próximas elecciones demostrará cuán cerca o lejos puede estar de un poder político, en la actualidad, “borocotizado”.

 

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(*) Por Francisco Tomás González Cabañas.

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