La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) remitió una nota a la Subsecretaria de Trabajo de Corrientes, peticionando en forma expresa y formal que se disponga desde esas oficinas de contralor provincial el cese de todo pago “en negro” y que se disponga que tales sumas a los salarios se incorporen como remunerativas y bonificables.

En ese sentido aclaran que bajo rubro “en negro” ellos entienden que “son aquellos que no sufren descuentos provisionales ni de ningún otro tipo, es decir no son remunerativos ni bonificables, de manera que en el futuro, los mismos no integran el reconocimiento a tener en cuenta para la percepción de haberes de la jubilación con el consiguiente perjuicio que esto ocasiona a los trabajadores, como así también el notable perjuicio que genera a las obras sociales (IOSCOR, OSPLAD) retaceándoles aportes que podrían mejorar significativamente sus servicios”. Esta solicitud se enmarca en las prerrogativas que les confiere al gremio la Ley 23551 y su decreto reglamentario respecto de “peticionar sobre cuestiones de interés colectivo al ámbito docente”. En ese sentido aclaran en la nota que dicha modalidad es “paradójicamente, propiciada y ejecutada por el Estado, “lo que no deja de ser una incongruencia además de ilegal”; a la vez agregan que “no se puede desconocer que percibir salarios o rubros en negro, esta contra la ley, pues en forma implícita, el Estatuto Docente y el régimen legal que regula sobre los sueldos en la provincia, no permite a ningún empleador esa forma de pago, y mucho menos cuando es la propia Administración Pública la que ejecuta y despliega esta conducta contraria a la ley”. Califican de “incongruente” por parte del Estado provincial que se practiquen dichas modalidades de pagos cuando en la actualidad “por delegación (lo que ya no se comparte) el Estado provincial tiene el ejercicio del poder de policía en materia laboral, y obviamente también por imposición constitucional y legal para sus empleados públicos”. Es así que se preguntan qué se puede esperar del Estado “si esta violando uno de sus roles que es velar por el cumplimiento de las leyes de trabajo”. Es decir, no solo se incurre en un fin no requerido por la ley sino que también se adopta una modalidad extraña a la ley y so pretexto de “situaciones excepcionales o de emergencia o por única vez”, cuando tal modalidad continua en el tiempo. A través de la misiva dirigida a la Subsecretaria de Trabajo provincial desde el gremio docente de AMET se recuerda que si bien por el espíritu de la Ley de Financiamiento Educativo, el Gobierno Nacional toma a su cargo el pago “coyuntural” de una suma que permite garantizar que ningún docente en todo el país, perciba un salario inferior el fijado como “sueldo docente garantizado” y por un lapso de 10 meses (marzo a diciembre de cada año), “pero no se puede aceptar que la jurisdicción al hacerse cargo al comienzo del año siguiente continúe abonando esa suma en las mismas condiciones, es decir en negro, como por ejemplo el código 142 que se viene manteniendo en el tiempo contrariando lo determinado por las leyes laborales”. Ante esta situación en la que la entidad gremial no esta dispuesta a aceptar, solicitan a la funcionaria que “denuncie formalmente esta situación”, y requieren a la vez “que cumpla con la tarea que le corresponde y plantee ante los responsables provinciales esta ilegalidad que denunciamos, porque en definitiva en previsión al futuro, no existen dudas que se esta perjudicando y enormemente a todos los docentes de la provincia por dicho accionar ilegal del Estado como empleador”. PEDIDO DE AUDIENCIA A LOS SENADORES Por otra parte, desde el gremio docente de AMET volvieron a insistir en solicitar una audiencia con los senadores provinciales; es así que a fines del mes de abril volvieron a cursar una nota, al vicegobernador Tomas Pruyas, reiterativa de otra misiva anterior, en el que piden en carácter de urgente una audiencia con todo el cuerpo de la Cámara Alta con el fin de presentar sus objeciones respecto del despacho de mayoría que la Comisión de Educación dio al Proyecto de Ley de Titularización Docente, “por considerar que dicha propuesta podría lesionar los derechos adquiridos de los docentes excluidos del proyecto en cuestión”; como así también la colisión con lo acordado en la Paritaria Docente Nacional, “donde la provincia participa por el Consejo Federal de Educación y es firmante comprometido de las resoluciones generadas en ese marco”. De esta manera, el gremio hace uso de su derecho de peticionar “sobre asuntos o cuestiones colectivas, peticiona formal y expresamente se proceda a conceder la audiencia solicitada, en virtud al derecho de igualdad laboral previsto en la Constitución Nacional y Provincial, que el Proyecto en tramite parlamentario ignora”. E insisten en advertir ante los legisladores la inconveniencia de avanzar el Proyecto, advirtiendo sobre los “los posibles y millonarios montos de los juicios laborales que deberá de enfrentar eventualmente el Estado Provincial de avanzarse en esta iniciativa”.