El nuevo llamado a Concurso para el ingreso a la Administración de Justicia trajo aparejada la modificación del régimen acordado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes para tal fin, que va adaptándose progresivamente a la reforma judicial que se empezó a producir en la década del ´90 impulsada por los organismos de créditos internacionales y puesta en marcha de la mano del Banco Mundial que propuso a los estados provinciales las reformas administrativas y les otorgó los préstamos para concretar la “modernización del estado”.

La informática se planteó como la solución al problema de la “inseguridad jurídica”, plasmada en la lentitud de los sistemas judiciales y la falta de credibilidad de los jueces. En Corrientes la informatización del Poder Judicial se dio en el año 2007, estando actualmente en funcionamiento el sistema IURIX, aunque lejos está del objetivo trazado. Sin embargo, el proceso avanza. Es por eso que en el presente concurso la primera etapa, que es la prueba de tipeado, ya no se realizará en máquinas de escribir sino en computadoras; a lo que se suma la etapa de informática donde se evaluarán los conocimiento que tenga el aspirante no solo de Windows XP; Word, como se requería en el concurso anterior sino también de Excel, Internet y Correo Electrónico. Por otra parte, en esta oportunidad, además de las evaluaciones de ortografía y redacción, se realizarán preguntas técnicas y/o la realización de un práctico sobre “conocimiento general de la Administración de Justicia Provincial”, que consideramos irá mucho más allá del “contenido del discurso jurídico”, que versaba sobre la Ley Orgánica y el Reglamento Interno de la Administración de Justicia como se indicaba en el último llamado. Surge además una nueva etapa, la entrevista, que estará a cargo de los Ministros o por los Magistrados o Funcionarios en quien se delegue dicha función, a la cual accederán los primeros 100 aspirantes, de acuerdo al orden de mérito, quedando los restantes a la espera para el caso de que la lista del centenar seleccionado se agote y, llamativamente, es la etapa mayor puntuada del concurso. Y, no podemos dejar pasar la incorporación de edad límite para presentarse a la convocatoria, que es de 45 años. Un requisito que limita –sin razón expresa alguna- a los interesados en general y a los propios trabajadores judiciales, pertenecientes al escalafón de maestranza, con años de servicio dentro del Poder Judicial, que tienen intenciones de concursar para ingresar al plantel administrativo. El SITRAJ advierte de esta manera, que las modificaciones apuntan a la profesionalización de los recursos humanos. Y aquí nuevamente es preciso resaltar que se continúa gradualmente con la reforma judicial toda vez que también previeron cual debía ser el perfil del juez y los empleados judiciales. Modelo de ello es la provincia de Córdoba, pionera en la reforma judicial, donde se espera que los jueces sean de carrera dentro de los tribunales, con la experiencia y capacidad que se adquiere al haber ingresado como empleados judiciales, ya que uno de los requisitos para el ingreso es ser estudiante de abogacía. Por lo tanto es probable que con el tiempo se conviertan en funcionarios y magistrados, frente a otras provincias donde el personal judicial es administrativo, como aún ocurre en Corrientes. Sin embargo, debemos destacar que, sin ser un requisito aún, en Corrientes podemos observar – si leemos habitualmente los Acuerdos del STJ- que muchos trabajadores ingresaron como estudiantes de abogacía y otros ya recibidos en los últimos años y, paulatinamente, con el transcurso de los años los vemos acceder a los cargos superiores dentro del Poder Judicial, presentándose a los concursos respectivos, cumpliéndose de igual manera lo que señalamos más arriba, aunque aún no esté expresamente establecido. Teniendo en cuenta que se introduce la profesionalización, el SITRAJ hace hincapié en uno de los puntos más problemáticos para el trabajador administrativo, porque si esto avanza y el ingreso se habilita sólo para estudiantes de abogacía, significaría el fin de la carrera judicial, quedando los mismos al margen de la jerarquización. Los que ya no tengan la posibilidad de estudiar derecho van a ir a cumplir funciones de mero trámite y permanecerán hasta que el mismo sistema los expulse gradualmente, cuando lleguen a la edad jubilatoria. Entonces, sólo habrá funcionarios del Poder Judicial que dejarán el gremio para pasar a pertenecer al Colegio de Funcionarios y Magistrados. Como corolario, el objetivo final es el de una Justicia de modelo empresarial, deshumanizante, que busca poder funcionar dentro de los parámetros de las normas ISO (Organización Internacional para la Estandarización), lo que nos hace plantear y llamar la atención acerca de que modelo de Justicia queremos en el contexto social en que vivimos, con un resquebrajado tejido social, con altos índices de conflicto en manos de una estructura insuficiente, sin un presupuesto adecuado para su funcionamiento. Es así que, afirmamos, con pleno conocimiento de causa que esto ya está ocurriendo en algunas Provincias, a modo de ejemplo podemos citar Neuquén donde se creó la figura del Administrador Judicial, entre otras adaptaciones a una empresa con fines económicos y no se encara el objetivo fundamental de los Poderes Judiciales, que es garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a una justicia independiente, sin contenidos economicistas, que profundice el respeto irrestricto de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales como lo establece nuestra Constitución Nacional Reformada en 1994.