El abogado defensor del Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes Juan Carlos Codello, señaló que “sorprende que se hagan tantas acusaciones sin ninguna fundamentación. Se trata de una especulación política forzada que tiene que ver con cuestiones partidarias”, arremetió el abogado.

Los abogados del Juez, presentaron certificado médico para demostrar que el miembro del Superior Tribunal de Justicia no tiene problemas psíquicos sino físicos, pero que no afectan el cumplimiento de su función. Portel dijo que Codello quería asistir a la reunión, pero “se siente molesto por los términos de la acusación y por las que hicieron algunos medios de comunicación”. También manifestó que si piden que el Ministro se presente a una junta médica, “yo como defensor le aconsejaré, que no lo haga porque de esa manera se denigra a la persona”. “Queremos que de la comisión salga un dictamen y que el cuerpo desestime la acusación, que si hay despacho de mayoría o único se trate en la Cámara Baja para que la sociedad conozca lo que está pasando y que esto no siente un precedente, porque sino cualquiera puede denunciar a un funcionario por cualquier cosa”. Entre las pruebas que presentó junto a la otra abogada de la defensa, Andrea Codello se encuentran certificados médicos que demuestran que Codello padece un problema físico y no psíquico. Así también un cuadro comparativo con las inasistencias que tienen cada uno de los Ministros, donde se demuestra que el acusado tiene menos faltas a las sesiones del Superior Tribunal de Justicia que el resto de los miembros del cuerpo. TEXTO COMPLETO JUAN CARLOS CODELLO, abogado, Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, por mis propios derechos, con el patrocinio de mis letrados apoderados, en estos autos: “José Maria ROLDAN y Alfredo Oscar VALLEJOS promueven JUICIO POLITICO contra el Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Juan Carlos CODELLO por Mal Desempeño, Inhabilidad Física e Inconducta”, a esa H. Comisión, me presento y DIGO: I – OBJETO Que, atento al Juicio que se promoviera en mi contra en mi carácter de Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, vengo a formular el descargo pertinente de conformidad a lo establecido por el inciso 4 del artículo 132 de la Constitución de la Provincia y el artículo 8° de la Resolución n° 114/06 dictada por esa H. Cámara de Diputados solicitando, desde ya el rechazo in limine en todas sus partes de las infundadas y maliciosas acusaciones efectuadas por los promotores de éstas actuaciones.- Por las razones de hecho y de derecho que seguidamente se exponen, solicito desde ya el rechazo in integrum de la mencionada denuncia.- II – NATURALEZA DEL JUICIO POLITICO La responsabilidad de quienes desempeñan las más altas funciones de gobierno y magistratura y su sanción en caso de desviaciones en el ejercicio de los respectivos cargos constituye uno de los pilares de la República.- El derecho constitucional argentino, tomando el modelo norteamericano adoptó la figura del juicio público (art. 59 CN), al que la doctrina ha denominado juicio político. A su vez la reforma constitucional de 1994 limitó este procedimiento respecto de la magistratura a los miembros de la Corte Suprema.- La Constitución de la Provincia de Corrientes refleja a nivel local la institución en el artículo 90, extendiendo la legitimación pasiva al Gobernador, Vicegobernador, Ministros del Poder Ejecutivo, Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Fiscal General, Defensor General, Asesor General, Defensor del Pueblo, Fiscal de Estado, Fiscal de Investigaciones Administrativas y Miembros del Tribunal de Cuentas. Tema de discusión doctrinaria es el de su naturaleza, pues si bien tiene por objeto el juzgamiento de la conducta del funcionario o magistrado, su resultado no es imponer una sanción sino el desplazamiento del cargo que ostenta, lo que no invalida algún proceso judicial posterior de índole penal o resarcitoria, en el que se juzgue la responsabilidad jurídica del ex funcionario ( ).- De todos modos, su carácter político es indudable en cuanto supone la exclusión de quienes, ejercitando las más altas funciones de gobierno o administración de Justicia, se han apartado de las elevadas responsabilidades que el cargo les impone. Se trata de uno de los más importantes mecanismos de control interpoderes y por ser competencia exclusiva de la Legislatura en su doble faz acusadora y juzgadora; posee todas las características de un control político, con los correspondientes ingredientes de oportunidad y conveniencia ( ).- No obstante, las diferencias con un proceso de índole jurisdiccional y la vaguedad del concepto de mal desempeño que constituye la principal causal de este juicio habilitando así su análisis político; comparte con las causas judiciales la obligación de respetar las reglas y principios del debido proceso legal ( ).- La Corte Suprema Federal tuvo oportunidad de pronunciarse en este sentido en el caso “Nicosia Alberto” ( ) donde dijo que […] “los recaudos constitucionales que hacen a las formas que debe seguir el enjuiciamiento, a las condiciones en las cuales es concedido el poder de juzgar y especialmente lo que concierne al derecho de defensa-que le es inherente e inviolable- sí constituye material de revisión judicial”.- Ello importa el deber de garantizar el cumplimiento de los mismos requisitos del proceso judicial que permiten la defensa en juicio e impiden que se configure alguna arbitrariedad. En consecuencia, no puede haber discrecionalidad en los hechos que se imputan, pues éstos deben probarse para que se configure la causal de remoción ( ).- La Constitución de la Provincia de Corrientes contiene dos cláusulas armónicas con este planteo: Los artículos 28 y 35. Ambos constituyen el marco constitucional a que debe sujetarse el desarrollo de todo proceso de cualquier índole. Asimismo reflejan la expansión de las garantías hacia todo procedimiento o resolución que determine derechos y obligaciones de las personas, cualquiera sea la autoridad pública que la emita, “…sea administrativa legislativa o judicial…” interpretación coherente con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( ).- En suma, se trata de un proceso que recoge aspectos propios del ámbito político identificados con la discrecionalidad y a la vez se encuentra sujeto a las normas que le dan marco jurídico constitucional e infralegal y que imponen el respeto y garantía del debido proceso legal ( ).- A pesar del alcance que se ha dado a la legitimación pasiva en el juicio político y la uniformidad en el trámite cualquiera sea la persona acusada; ya marcaba Carlos Sánchez Viamonte una diferencia en relación con la naturaleza del juicio político cuando se juzga la conducta de un magistrado. Opinaba el autor que […] “…en estos casos es de naturaleza especial. Ya no es de carácter político propiamente dicho…”, justificando en ello que algunas provincias hubieren preferido el juzgamiento por medio de jurados de enjuiciamiento formados por “…técnicos en materia jurídica…” ( ).- Como fuere, la gravedad institucional que implica el juicio político a un Ministro del Superior Tribunal de Justicia justifica un mayor control de legalidad sobre los procedimientos y hace prudente exigir un análisis restrictivo del concepto de mal desempeño que se invoca como causal.- III – EL MARCO CONVENCIONAL El objeto de este título es destacar la necesidad de visualizar la institución del Juicio Político no solo desde la perspectiva constitucional (federal y local) sino con las herramientas que introduce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como consecuencia de su jerarquización constitucional en el artículo 75 inciso 22 a partir de la reforma de la Constitución federal en 1994.- En la medida que se analicen esos instrumentos internacionales, así como en el contenido de las recomendaciones y jurisprudencia originadas en los órganos de control previstos en particular por la Convención Americana sobre Derechos Humanos veremos que, precisamente, a través de esa regulación supranacional se ratifican principios constitucionales esenciales como los de división de poderes, razonabilidad y legalidad, fuertemente relacionados, entre otros, con el tema del juzgamiento político de funcionarios y jueces a nivel del derecho interno de los Estados, que nos convoca en esta oportunidad.- Si bien los Tratados y otros instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos contenidos en el art. 75 inciso 22 de la Constitución Argentina no se han incorporado propiamente a la Constitución ( ), la paridad jerárquica en que han sido colocados por el constituyente, implica un enriquecimiento del marco regulatorio de los derechos fundamentales, tanto en su delineamiento sustancial como en los mecanismos de protección.- Esa condición hace que los criterios interpretativos relativos al respeto de las garantías del debido proceso acuñados por la Jurisprudencia argentina respecto de la Constitución Nacional como orden superior en el derecho interno, sean extensibles al orden jurídico supranacional ( ). Del mismo modo, los criterios interpretativos elaborados por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, a través de las recomendaciones emitidas por la primera y, fundamentalmente por la Jurisprudencia del tribunal supranacional, resultan obligatorios para los jueces nacionales, en la medida que así lo ha reconocido nuestra Corte Suprema ( ).- En consecuencia el sometimiento expreso del Estado argentino a la jurisdicción de la Corte Interamericana determina la obligatoriedad de las decisiones emanadas de ese Tribunal. A su vez la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados marca la superioridad del derecho internacional por sobre el derecho interno rechazando la prelación del derecho propio del Estado cuando éste se ha comprometido internacionalmente mediante la firma de un tratado ( ) La jurisprudencia creada por la Corte Interamericana a través de sus fallos resulta entonces obligatoria y vinculante para los órganos internos, tal como lo ha expresado el propio Tribunal internacional en la Opinión Consultiva 1/82 ( ).- En “Giroldi” ( ), al desarrollar el sentido de la frase “…en las condiciones de su vigencia…” contenida en el inciso 22 del artículo 75 CN, la Corte Suprema dijo que […] “esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación…” otorgando así obligatoriedad a los pronunciamientos de la Corte Interamericana integrando en el concepto de “jurisprudencia” tanto los fallos como las opiniones consultivas.- Posteriormente en “Bramajo” ( ) extendió los efectos de las opiniones de la Comisión expresadas a través de las recomendaciones y proposiciones contenidas en sus informes, al decir que operan como “…guía o jurisprudencia para nuestros tribunales en o que hace a la interpretación de los preceptos del Pacto de San José de Costa Rica…”.- De este modo no sólo las decisiones y opiniones de la Corte Interamericana (órgano jurisdiccional) producen pautas de interpretación que deben ser cumplidas por los órganos internos del Estado, sino también los informes de la Comisión Interamericana (que carece de poder jurisdiccional) han alcanzado un grado destacado de acatamiento por nuestro Supremo Tribunal.- Tratándose aquí de la presentación del descargo efectuado por un Magistrado del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, ante la denuncia efectuada en su contra cabe destacar la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú” ( ) por haberse discutido en esas actuaciones, el alcance de las garantías del debido proceso legal contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en un juicio de índole política.- El proceso se inició como resultado de la denuncia efectuada por los actores, jueces ex integrantes del Tribunal Constitucional del Perú, quienes habían sido removidos de su cargo por juicio político. Los ex magistrados invocaron entonces que durante el procedimiento de investigación ante el órgano legislativo se habían violado las garantías mínimas del inculpado contenidas en el mencionado artículo 8 de la CADH, así como el artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.- Cumplido el procedimiento correspondiente, la Corte Interamericana, por los argumentos que veremos más adelante, resolvió condenar al Estado de Perú, por violación en perjuicio de los peticionantes, de los artículos 8 y 25de la CADH, en relación con el artículo 1.1 que obliga a los Estados Partes a respetar y garantizar los derechos contenidos en dicha Convención.- En particular sostuvo el Tribunal que cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio “…se presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico…” y que ello “…implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención…” ( ).- La mencionada jurisprudencia supranacional constituye entonces la guía de interpretación que debe cumplirse durante el procedimiento en trámite, la que exige el respeto de los requisitos mínimos del debido proceso contenido en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.- Asimismo y por poseer igual jerarquía constitucional, se invoca la garantía dispuesta en los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana de Derechos Humanos, 8 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- IV – DEFECTO INSALVABLE EN LA PRESENTACION Esa H. Cámara de Diputados ha innovado dictando, por primera vez, un Reglamento al que deberá sujetarse la tramitación de todo Juicio Político incoado por ante dicho organismo legislativo.- Podemos afirmar que, desde su inicio, la presente causa incumple con las formalidades legales establecidas para el progreso y validez del proceso iniciado, por violentar lo dispuesto en forma taxativa y expresa por el artículo 2° de la Resolución n° 114/06, mencionada más arriba.- La misma establece textualmente que la acusación o denuncia debe presentarse por escrito y que “Dicho escrito deberá ser presentado en original con tres copias en la Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados y será firmado ante el Secretario de la Cámara o quien lo sustituya conforme a Reglamento, quien comprobará y hará constar la identidad del denunciantes, devolviéndole al presentante una copia con la constancia de recepción. No será necesaria la firma ante el Secretario cuando la misma estuviese certificada por autoridad competente.” (La negrita me pertenece).- Como podrá observar esa H. Comisión el escrito de denuncia carece de todos los requisitos exigidos por la normativa mencionada, significando en los hechos un escrito con dos firmas, que al no ser certificadas, no acreditan que sean de persona alguna lo que, sin embargo, no fue óbice para que se ponga en marcha un proceso de la gravedad institucional que significa un Juicio Político.- El incumplimiento del Reglamento que por su redacción es imperativo deviene en la inexistencia del acto de denuncia por afectar el debido proceso.- Esta exigencia impuesta por el Reglamento no es producto ni del capricho del legislador ni tampoco es una cuestión menor, pues la verificación de la identidad y la autenticidad de la firma del denunciante tiene como finalidad, en primer lugar, otorgar a un planteo de tanta trascendencia institucional de la debida seriedad y solemnidad que exigen estas especiales circunstancias, así como también las responsabilidades que puedan derivarse de las manifestaciones expresadas y de las consecuencias y secuelas tanto penales como civiles, para lo cual desde ya pido se tenga presente lo que expresaré mas abajo con referencia al artículo 6 del reglamento de funcionamiento de la Comisión de Juicio Político.- V – FALTA DE PERSONERIA, DE LEGITIMACION ACTIVA Y DEFECTO LEGAL De igual manera, vengo a oponer al progreso del presente trámite la falta de personería y la carencia de legitimación activa por parte de los denunciantes, para el supuesto, hipotético e improbable caso de que la H. Cámara de Diputados admita la continuación del proceso aún con la falencia sustancial señalada más arriba.- Expresan en la promoción del Juicio Político, los presentantes, Sres. José Maria Roldan y Alfredo Oscar Vallejos, ambos abogados, que efectúan la denuncia en cuestión “…en la calidad de apoderados del Frente de Todos…”, calidad ésta que no acreditan con ningún instrumento que los tengan como tales, no efectuando siquiera tal afirmación bajo juramento de ley; es decir que no se los puede tener como representantes al carecer de la debida acreditación, de conformidad con las leyes de forma y de fondo, que rigen la materia del mandato alegado.- Asimismo, también para el supuesto e hipotético caso de que esa Honorable Cámara los tuviera por tales sin los instrumentos legales pertinentes cabe destacar que, de conformidad a la normativa de la Ley Provincial n° 3.767 en su artículo 16 y el artículo 10 de la Nacional n° 23.298, las Alianzas Electorales son como lo reconocen los propios Roldán y Vallejos – en su escrito –, transitorias y tienen vigencia exclusivamente durante el proceso electoral para el cual fueran creadas, sin que su constitución signifique la creación de una persona jurídico-política permanente ya que, cumplido el trámite electoral, desaparece. Esta opinión es sostenida unánimemente por la doctrina y jurisprudencia.- Es decir que, a la fecha de la presentación del pedido de juicio político, los denunciantes habían dejado de ser apoderados de la alianza política por que ésta había dejado de existir situación que, obviamente, puede asimilarse, por que así resulta de la normativa legal, a los incapaces para ejercer todo tipo de derecho, circunstancia incluida por la doctrina como una de las hipótesis de falta de personaría ( ).- Como consecuencia de las circunstancias apuntadas deviene una carencia de legitimación activa para obrar, es decir que concierne a la falta de la calidad de titular del derecho invocado (sine actione agit) puesto que, de haber estado vigente la alianza – que no lo estaba –, la manifestación de la voluntad de ejercer el derecho de denunciar debió haberse tomado en la forma establecida en el acuerdo electoral, es decir por medio de una resolución con participación de los partidos intervinientes, disponiendo e instruyendo a sus mandatarios para promover tan importante proceso jurídico-político.- De la lectura del acuerdo político denominado “Alianza Frente de Todos” surge que, cuando esta alianza se hallaba vigente, facultó a los apoderados a suscribir la respectiva acta de acuerdo, autorizando a los mismos “….A los efectos de la sustanciación de las actuaciones que se tramiten por ante la Justicia Electoral Provincial con motivo de la constitución de la Alianza” ( ), no advirtiéndose en ninguna de las cláusulas del acuerdo, otra facultad, autorización o prerrogativa que le otorgue la aptitud para promover ésta u otras actuaciones en su nombre y representación.- Por último, en el aspecto puramente formal, de la lectura detenida y exhaustiva del escrito con el que se promueve la denuncia del Juicio Político, es indudable que nos hallamos ante lo que la doctrina clásica denominaba oscuro libelo e igualmente también, con la figura del defecto legal que, de conformidad con la legislación procesal de la provincia, se configura con la imposibilidad de conocer con exactitud lo que se demanda, qué se demanda, y porqué se demanda, conocimientos éstos que tienen relación directa con la garantía constitucional del derecho de defensa y el debido proceso, que se encuentran menoscabados cuando no se determinan con exactitud dichas circunstancias. Vaya como ejemplo la imputación de inhabilidad física – que aparte de no ser causal de Juicio Político cuando no afecta las funciones – se basa en afirmaciones generales, imprecisas, subjetivas y carentes de total sustento fáctico.- Este tema lo desarrollaré con amplitud mas abajo, pudiendo preliminarmente, adelantar que la infundada petición de juicio político está encuadrada en términos generales en el presunto mal desempeño y la inconducta, que es una especie de la anterior, así como también una presunta inhabilidad física, sin que en ninguna de las apreciaciones exprese las razones en las que se funda, agregándose a ello de que habría tenido en la causa intereses concretos en el desarrollo de la misma.- VI – IMPRECISION DE LOS HECHOS SOBRE LOS QUE SE FUNDA LA ACUSACION (Art. 132 inciso 1 Constitución de la Provincia de Corrientes) Dice textualmente el artículo 132 de la Constitución local que: “La acusación de funcionarios sujetos a juicio político será presentada a la Cámara de Diputados, en la que se observarán las siguientes reglas, que la Legislatura podrá ampliar por medio de una ley reglamentaria, pero sin alterarlas o restringirlas: 1) La acusación o denuncia se hará por escrito, determinando con toda precisión los hechos que sirvan de fundamento…”.- Corresponde entonces ponderar en primer término si en el escrito que obra a fs. 1 del Expediente 4344 cumple adecuadamente con dicho requisito.- Nos adelantamos a manifestar que en modo alguno resulta claramente como lo requiere la norma, cuales son los hechos que justificarían un juicio político.- a) En primer lugar se me acusa de “mal desempeño” manifestando que tuve “interés concreto” en el Expediente N° 4146 en el que hace casi un año se presentaron los mismos denunciantes solicitando mi recusación. Se reitera la descripción de lo actuado en aquel momento, se cuestiona el rechazo a la petición entonces efectuada y se menciona una supuesta familiaridad o conflicto de intereses con la materia en tratamiento.- No es posible identificar cual es concretamente el o los hechos cuestionados, pues como veremos seguidamente nada hay en el expediente que sirva de causa al pedido de juzgamiento político, que responda a alguno de los parámetros referidos en el escrito de fs 1.- b) En segundo lugar, se habla de “notoria inconducta”, por lo cual habrá que determinar cual es la “conducta” que se ha incumplido. En este punto la deficiencia del escrito postulatorio es más que evidente. Se habla de “ausencias notorias, injustificadas” y “abandono del lugar de trabajo”.- Aquí la imprecisión se manifiesta en la omisión de datos precisos para sostener una acusación ya que la misma pretende sostenerse únicamente en la prueba informativa que se ofrece, la que por otra parte acreditará oportunamente la falacia de la denuncia.- El debate parlamentario que precedió a la elevación del caso a la Comisión de Investigación, reitera la falta de precisión en los cargos. Por el contrario se expresa a través de generalidades y ambigüedades, como se analizará seguidamente.- Por ello, al haber accedido la Cámara a elevar el caso a la Comisión de Investigación, ha sentado un grave precedente, pues la tranquilidad de que deben gozar los jueces en el ejercicio de su Ministerio podrá en adelante ser turbada por una simple manifestación sin ningún fundamento ni justificación, lo que significa someter a un Magistrado a un proceso de extrema gravedad como es el Juicio Político para luego de cumplidos los procedimientos legales (con su consecuente impronta emocional ) dejar probada su falsedad con un simple certificado, lo cual se hubiera podido verificar ab initio con una simple consulta a la página web del Tribunal.- c) En tercer y último lugar, se menciona la “inhabilidad física” como impedimento para el normal ejercicio de las funciones. También aquí la imprecisión es absoluta.- Se alude a “problemas motrices” con total liviandad, sin indicar siquiera cuales son esos problemas y de que modo inciden en la tarea de juzgar. Es incomprensible la prueba ofrecida, pues resulta favorable a la defensa y contradictoria a la acusación de inhabilidad física para desempeñar el cargo.- Más grave aún es que se haya admitido la simple e inespecífica imputación de “falta de lucidez y concentración lo cual impide que sus decisiones sean corolario de la derivación aplicada y razonada del ordenamiento jurídico” sin indicar en qué sentencias, en qué casos, en qué pronunciamientos se ha manifestado esa falta de lucidez.- Evidentemente, si lo que se ha querido es cuestionar el contenido de alguna sentencia en particular, eso es lo que debió indicarse con precisión, pero la generalidad de la acusación justificaba el rechazo in limine de la misma.- En consecuencia y como primera conclusión afirmo que la denuncia carece de cargos concretos en el sentido exigido por la norma constitucional.- Sin perjuicio de esta primera apreciación, analizaré pormenorizadamente cada uno de los supuestos cargos: A – MAL DESEMPEÑO La causa en la que se funda la denuncia de Juicio Político fue promovida por el denominado “Frente de Todos”, actuando como sus representantes las mismas personas que ahora promueven el Juicio Político.- Queda en claro que los intereses en juego eran de las partes involucradas en dicho proceso, es decir, los partidos políticos que conformaron el Frente de Todos.- Quienes se encontraban legitimados en dicho expediente para efectuar peticiones, incorporar documentos, cuestionar los actos procesales, etc., fueron únicamente dichos partidos a través de sus representantes.- Acreditado lo dicho con simplemente cotejar las fojas del expediente, queda en evidencia que jamás podría haber podido tener vínculos de consanguinidad, afinidad, amistad ni similares con ninguno de los partidos políticos que integraron el Frente de Todos, quienes ostentaban la condición de parte en el proceso tramitado en el Expediente N° 4146, así como cada una de las agrupaciones que lo integraron.- Ahora bien, dice la denuncia que tengo “…intereses concretos en esta causa, toda vez que el resultado de la misma favorecerá o no a dos familiares que le comprenden dentro del inciso 1, 2, 9, del art. 17 del CPCC…” y que por ello debí inhibirme.- Recordemos que el artículo 17 del CPCC en los incisos mencionados se refiere a la recusación con expresión de causa, la que procederá en caso de: “1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.- 2. Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima.- 3. Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato”.- Es indudable que el inciso 1 del artículo 17 CPCC es inaplicable, en tanto ningún pariente del Magistrado es “parte” en el expediente n° 4146, en tanto solo lo son el Frente de Todos y los partidos políticos que lo integran.- Es realmente sorprendente la pretensión de apartar a un magistrado de una causa a su cargo por el presunto parentesco con personas que resultan total y absolutamente ajenas y extrañas al juicio de que se trata, con consideraciones, elucubraciones y especulaciones políticas o de otra naturaleza que no se compadecen con la realidad ni con el ordenamiento jurídico vigente, lo que me lleva a la ineludible conclusión de que tal afirmación, además de ser falsa, está teñida de malicia y de inequívoca intención de dañar al funcionario contra el cual va dirigido.- La aseveración de que mi situación ha estado encuadrada en esta causal es intencionalmente mendaz, puesto que los denunciantes – ambos letrados – no pueden ignorar que dicha norma expresa textualmente que es causa de recusación: “…el parentesco por consaguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados…”.- Solicito a esa Honorable Comisión y a cada uno de los Sres. Diputados presten la especial atención de analizar exhaustivamente la totalidad de las fojas de ambos cuerpos del expediente de marras – cuya copia completa se encuentra agregada a esta causa – y comprobar de esa manera, fehacientemente, que ni el Dr. Ricardo Horacio Colombi ni el Dr. Alejandro Sitjá y Balbastro – quienes efectivamente son mi sobrino y yerno, respectivamente –, no son parte, no son mandatarios ni son letrados, ni siquiera son mencionados en ninguna instancia de la causa, lo que acredita la malicia e irresponsabilidad de los denunciantes, quienes en una burda especulación puramente subjetiva y política – que jamás puede tener incidencia alguna en el trámite de una causa – afirman que el fallo podría favorecer a dichos familiares sin siquiera tratar de demostrar en que consistiría tal favorecimiento por mi actuación en un expediente totalmente ajeno a los mismos, no mencionando siquiera cuales serían tales ventajas de acuerdo a dichas especulaciones.- Seguramente los distintos magistrados de primera instancia o actualmente de la Junta Electoral o el Superior Tribunal de Justicia o los Sres. Miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrán parientes que actúan en política, o que sean candidatos, lo que no les impide en absoluto actuar en juicios o cuestiones en los que estos parientes no sean parte.- Mas notoria aún es la falsedad de dichas afirmaciones ex post facto, a la luz del proceso electoral ya concluido en el año 2007 cuando que, habiéndose efectuado ésta presentación con posterioridad a ello, tampoco se menciona algún defecto o daño producido por la resolución cuestionada a favor o en contra de los Sres. Colombi o Sitjá y Balbastro.- En cuanto al inciso 2, tampoco es aplicable porque el interés que se dice tendría el Juez respecto de quienes se señalan como sus parientes no existió y en su caso, hubiera sido aleatorio e indirecto.- Cabe preguntarnos entonces: ¿El resultado sería o no auspicioso? ¿Beneficiaría a uno de ellos o serviría a ambos? ¿Para cual de ellos querría que fuera la merced? ¿El interés aludido en la denuncia es del Juez o de cada uno de sus parientes? ¿En que consiste el interés aludido? A su vez, el debate en la Cámara de Diputados no contribuye a despejar las dudas ni a definir la precisión de la denuncia. Se habla de “grosera incompatibilidad” sin aclarar el sentido de dicha afirmación e incluso se llega a decir que no debí intervenir “…por ser tío de una de las personas que tenía interés concreto en la causa, porque era una de las personas que naturalmente iba a competir por el cargo de senador…” Aquí ya no son dos los parientes que provocan el supuesto interés sino solo uno de ellos y porque “naturalmente iba competir en la elección”, lo que significa ponderar como seguro lo que solo era a ese momento una conjetura.- Indudablemente, como lo tengo dicho, jamás tuve ningún interés personal en el resultado del expediente, por ello no ha sido posible a los denunciantes ni a los acusadores identificar dicho interés.- Recuérdese que el art. 17 Código Procesal Civil y Comercial requiere “interés en el pleito” y que éste debe ser acreditado fehacientemente por quien intenta la recusación. La acusación de los denunciantes no identifica las “cuestiones objetivas, serias y de público conocimiento” como se dice en la denuncia.- En definitiva, no hubo ningún motivo para que me excusara de intervenir en el Expte N° 4146.- La Resolución del Superior Tribunal n° 35 dictada en el expediente no pueda ser cuestionada material o formalmente.- En lo material, basta remitirnos a su contenido y fundamentos.- En lo formal, la denuncia desliza una presunción de prejuzgamiento, falaz por las siguientes razones: a) No se indica cual es el prejuzgamiento aludido ni cuales son las formas, modos y términos que señala el Código Procesal que no habrían sido respetados.- b) La Resolución n° 35 (fs 236/43) fue dictada por el Superior Tribunal de Justicia el día 2 de septiembre de 2007 siendo las 20.20 hs. (ver cargo a fs 243 vta). En todo momento pretenden los denunciantes arrojar sospechas y dudas respecto al día y a la hora en que se dictó la Resolución n° 35 de fs 236/243, con menciones peyorativas como cuando dicen “…que llamativamente también con también llamativa celeridad se puso fecha a la sentencia, lo que es dable inferir que se pudo haber firmando antes o después…”, arrojando una mácula aventurada, injustificada y absurda referida al funcionamiento de un órgano colegiado como lo es el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y, por ende, a toda la estructura de la Justicia Provincial, aseveración cuya falsedad se comprueba fácilmente con solo hojear el expediente, puesto que