Nacionales
A un año y medio de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final
MÁS DE 120 REPRESORES PRESOS
Consolidando el orden institucional, se van abriendo paso las causas por violación de los derechos humanos en la última dictadura. Algunas se iniciaron por la anulación o declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y otras por la apropiación de menores. Además de los detenidos, sólo tres en actividad, hay 19 prófugos.
Las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura avanzan en todo el país. A veces con mayor publicidad, a veces en sigilo, los represores están siendo arrestados. + A un año y medio de la anulación legislativa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y a cuatro de que el juez federal Gabriel Cavallo declarara que esas normas son inconstitucionales, los detenidos son, al menos, 122. No hubo capturas masivas e indiscriminadas, como auguraban algunos medios. Cada caso está documentado con pruebas. Tampoco se puso en peligro la continuidad del orden institucional sino más bien todo lo contrario. Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Bergés, Reinaldo Benito Bignone, Ramón Genaro Díaz Bessone, Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason, Pedro Durán Sáenz, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Julio Simón (a) “El Turco Julián” y el cura Christian Federico Von Wernich. Todos ellos están presos. Y son sólo una muestra. Los números surgen de los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Procuración General de la Nación, que creó una unidad especial para asistir a los fiscales de todo el país en causas relacionadas al terrorismo de Estado (ver aparte). De allí se desprende que además de los 122 detenidos –120 en el país y dos en España, algunos acumulan más de una causa–, hay 19 prófugos y seis acusados que recibieron falta de mérito. Además, hay 48 represores fallecidos que hubieran estado presos si la Justicia no hubiera tardado tanto. Y tres imputados que fueron declarados incapaces: Juan Bautista Sasiaiñ, Rodolfo Wehner y Julián Capanegra. Algunas investigaciones se reabrieron después de la anulación legislativa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, otras corresponden a casos de apropiación de menores y otras fueron impulsadas por jueces y fiscales que resolvieron declarar la inconstitucionalidad de las normas que les impedían avanzar en el juzgamiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que organizaron, comandaron e integraron los grupos de tareas de la última dictadura. Los principales expedientes abiertos son: – ESMA Y PRIMER CUERPO DE EJÉRCITO. Se trata de dos “megacausas” que fueron cerradas cuando se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La Cámara Federal ordenó reabrirlas cuando el Congreso anuló las leyes. Las llevan los jueces Sergio Torres y Daniel Rafecas, respectivamente. En la causa ESMA hay once detenidos, aparte del ex diputado provincial de Tierra del Fuego Juan “Jeringa” Barrionuevo. Siete miembros de la patota de la ESMA también están presos por la desaparición del abogado Conrado Gómez, en la pesquisa en la que se comprobó cómo Massera y sus secuaces se apropiaron de las tierras de Chacras de Coria, en Mendoza. En la causa del Primer Cuerpo –abarca Capital, parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa– hay 29 detenidos y suman 31 si se cuentan a tres represores presos por la Masacre de Fátima. Partes de ambas causas están listas para ir a juicio oral, pero el trámite se demorará hasta que la Corte no se pronuncie sobre la invalidez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Varios organismos de derechos humanos se quejaron ante los magistrados porque la mayoría de los detenidos que no superan los 70 años están presos en dependencias de las Fuerzas Armadas y no en cárceles comunes. – PLAN CÓNDOR. Por los crímenes perpetrados por la coordinación de las dictaduras del Cono Sur durante la década del “70, hay 20 represores presos. La investigación se reactivó en julio de este año cuando el juez Jorge Urso ordenó el arresto de Albano Harguindeguy y Ramón Genaro Díaz Bessone, entre otros. El expediente quedó ahora a cargo del nuevo juez y ex fiscal Guillermo Montenegro. – CONTRAOFENSIVA. El caso cobró notoriedad cuando el juez Claudio Bonadío arrestó a los ex líderes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía al considerar que habían tenido responsabilidad en el secuestro, realizado por miembros del Batallón de Inteligencia 601, de veinte militantes de esa organización. La decisión provocó que la Cámara Federal le sacara la causa, que pasó al juzgado de Jorge Ballestero. Hay 29 detenidos. – CÓRDOBA. La jueza federal Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Foliñuk tienen a su cargo las causas sobre violaciones a los derechos humanos en la provincia que comandó Menéndez durante la última dictadura. Por el secuestro y desaparición de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas y Hilda Flora Palacios y Raúl Osvaldo Cardozo hay ocho militares presos. Además, está detenido el teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, quien en junio de este año confesó su participación en asesinatos de detenidos políticos en un escrito que entregó al jefe del Ejército, Roberto Bendini, con el objetivo de obtener un ascenso. También se activó recientemente la investigación por la desaparición del estudiante Diego Hunziker. Por ese caso está prófugo Ernesto Barreiro, protagonista del levantamiento carapintada de Semana Santa, en 1987. – CORRIENTES. El juez Carlos Vicente Soto Dávila arrestó a nueve represores, pero luego dejó a dos en libertad. Entre los presos por la desaparición del estudiante Ramón Artieda en el ex Regimiento de Infantería 9 están los tenientes coroneles Horacio Losito y Jorge Barreiro, los únicos militares –a excepción de Bruno Laborda– que estaban en actividad cuando fueron arrestados por violaciones a los derechos humanos. La Cámara Federal de Corrientes tiene que expedirse sobre un pedido de excarcelación presentado por los acusados. En esta causa los abogados de tres gendarmes solicitaron el allanamiento de la casa del hermano de Artieda, de los domicilios de dirigentes de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y del despacho del subsecretario de Derechos Humanos provincial, Pablo Vassel. El pedido fue rechazado. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que encabeza Eduardo Luis Duhalde, se presentó como querellante. – SALTA. Están abiertas las causas por la Masacre de Palomitas –el fusilamiento de doce presos políticos el 6 de julio de 1976–y por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. En la primera están detenidos los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil y Hugo César Espeche. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también se presentó como querellante en ambos casos. – TUCUMÁN. Hay cinco detenidos por la desaparición de Marta Coronel y su padre Rolando. Entre ellos está el represor Luis Armando De Cándido, quien hasta hace un par de meses seguía viviendo en la casa de los Coronel, de la que se apropió luego del secuestro. Su hermano, Carlos Esteban De Cándido, también está preso. Vivía en otra propiedad de la familia Coronel. Por el secuestro de Marta y su padre también están detenidos Antonio Domingo Bussi y Roberto Albornoz, quienes además fueron arrestados por la desaparición de Guillermo Vargas Aignasse. Recientemente los fiscales Emilio Ferrer y Félix Crous reclamaron la apertura de 400 casos. – SANTIAGO DEL ESTERO. La investigación sobre el crimen de La Dársena promovió las pesquisas sobre las violaciones a los derechos humanos en esa provincia, en las que quedó involucrado el ex gobernador Carlos Juárez. El caudillo fue excarcelado, pero hay nueve represores detenidos. Antonio Musa Azar, ex jefe de inteligencia de Santiago, es uno de ellos. – SANTA FE. Hay cinco represores presos por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino conocido como Quinta de Funes. El juez Reynaldo Rodríguez está a cargo de otra causa que se inició luego del rechazo de las extradiciones pedidas por el juez español Baltasar Garzón. Después de la feria judicial de enero indagará al ex juez Víctor Brusa, cuatro ex policías y un militar retirado. – LA PLATA. Se trata de una jurisdicción en la que el Juicio por la Verdad impulsado por algunos integrantes de la Cámara Federal permitió concretar numerosas denuncias penales. Por el momento, los únicos detenidos son el cura Christian Von Wernich; Rodolfo González Corti, ex director de seguridad de la policía de la provincia de Buenos Aires; Reinaldo Tabernero y Rodolfo Campos, ex subjefes de la Bonaerense, y Osvaldo Sertorio, ex titular de la comisaría 5ª, donde funcionó un centro clandestino. En marzo de este año un tribunal platense condenó a siete años de prisión a Bergés y a Etchecolatz por la apropiación de una menor. Salvo los casos de robo de bebés, el resto de las investigaciones aún dependen de un pronunciamiento de la Corte Suprema. El máximo tribunal dio señales de que esperará primero un fallo de la Cámara de Casación, pero está en condiciones de expedirse en al menos dos casos, que ya están en su órbita. Una vez que la Corte termine de renovarse, el fallo sobre las leyes de impunidad no debería retrasarse. En Tribunales se dice que las causas con presos son las que tienen prioridad, y en este caso se trata de 122 detenidos. Eso sin contar los casi 29 años de espera de los familiares de las víctimas y el hecho de que, aunque hay casos que están listos para ir a juicio oral, algunos magistrados aguardan el guiño de los supremos para concretar el debate público. En base a un camino abierto por la misma Corte post-Nazareno, no son muchas las alternativas de los supremos. Este año se pronunciaron por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y acaban de reabrir la investigación sobre la muerte de Walter Bulacio, al reconocer como obligatorio un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El mismo tribunal internacional dijo en el caso Barrios Altos, en Perú, que graves violaciones a los derechos humanos como torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones, no se pueden amnistiar. Fuente: Página /12
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
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Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
