Nacionales
Antes del 19 de mayo hay que decidir si el Correo se reprivatizará o será estatal
SE AGOTAN LOS PLAZOS
Entre muchas otras cosas que se están escapando a la consideración general tras el velo mediático de la “Cruzada por Axel” está la situación del Correo Argentino. Tras la desastrosa gestión del Grupo Macri, el mismo fue reestatizado por decreto de Néstor Kirchner, pero sólo volvió a ese regazo por 180 días, que vencen el 19 de mayo. Están corriendo los plazos y queda menos de un mes para que la opinión pública se exprese sobre si quiere que ese servicio esencial quede en manos del Estado. O si, con su silencio, deja que el gobierno siga adelante con su plan reprivatizador, expresa un informe recibido por Corrientes al Día.
EL DESASTRE Desde 1976 José A. Martínez de Hoz y Roberto T. Alemann repetían el eslogan de que “Achicar el Estado es agrandar la Nación”. Pero ese dogma neoliberal se mostró como falso en el Correo. Es bueno volver la mirada a casos como ese, por más que Mariano Grondona y otros cómplices de esas enajenaciones quieran borrar las huellas del delito conminándonos a pensar el “mañana”. La empresa postal fue rematada en setiembre de 1997 a favor del grupo Macri (Socma), asociado al Banco de Galicia y con el servicio técnico del correo británico. De la torta accionaria se apartó una porción del 14 por ciento para comprar el silencio de la dirigencia de Foecyt liderada por Ramón Baldassini (el mismo que en el juicio a las ex juntas de comandantes no recordaba a ningún trabajador desaparecido). Franco Macri puso como titular del Correo a Jorge R. Aguado, ex gobernador bonaerense de la dictadura, quien estuvo en ese puesto hasta 2002. Luego se lo dejó a Raúl Casa y se dedicó a organizar los coloquios de IDEA, el numen ideológico de las privatizaciones. El saldo de la gestión privatizadora no pudo ser peor. De movida despidió a 3 mil empleados y pagó las indemnizaciones con el “plan de inversiones”. Hubo aumentos generalizados de tarifas (en 2003 la casilla de correo subió 750 por ciento) para los sufridos usuarios. Se pagaron altísimos sueldos para los directores, al punto que dos de ellos se llevaban 400 mil pesos mensuales. El colmo de esta historia es que Macri violaba el contrato de concesión pues desde agosto de 1999 no pagaba el canon anual al Estado, de 103 millones de pesos (dólares de ese tiempo). ¿Alguien puede defender ese desastre, que llevó al concurso y finalmente la quiebra de Correo Argentino SA en diciembre de 2003?. JUSTA INTERVENCIÓN Sí, hubo quienes defendieron hasta el final las bondades del contrato menemista. Además de los Macri (padre e hijo), los directores y gerentes, se escuchó la voz del burócrata Baldassini. Cuando aquella gestión llegaba a su fin aseguró que era “excelente”, tratando de desalentar los inminentes decretos kirchneristas de la reestatización. La opinión del público era muy diferente: un rosario de quejas por la constante suba del precio de las cartas. Entre enero de 2002 y mayo de 2003 los envíos nacionales aumentaron entre el 70 y el 400 por ciento. También se empinaron los precios de las cartas internacionales y se etiquetaron de ese modo las dirigidas a las islas Malvinas, que desde siempre habían sido consideradas como franqueo dentro del país. En los últimos dos años fueron cayendo como mazazos sobre Macri los dictámenes del defensor de la Nación, Eduardo Mondino; la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Auditoria General de la Nación, etc. El canon impago, que se dejó de pagar absolutamente desde marzo de 2000, había llevado a una deuda con el Estado de 700 millones de pesos. El papá del niño Mauricio había puesto a la empresa en concurso de acreedores y la justicia estaba a punto de decretar su quiebra, cuando en noviembre de 2003 el PEN cesó la concesión y dispuso la reestatización temporal del Correo. Los decretos 1074 y 1075 de ese año rechazaron los reclamos contra el Estado efectuados por el macrismo y procedieron a la rescisión del contrato por culpa del concesionario, respectivamente. Una Unidad Administrativa de tres miembros, encabezada por el diputado Eduardo Di Cola (PJ, Córdoba), tomó la posta y se dispuso a administrar los buzones durante seis meses, preservando la fuente laboral para 12 mil empleados. Esa fue una decisión correcta, prácticamente la única que adoptó el presidente Kirchner tendiente a la recuperación de servicios públicos o recursos importantes del país. El petróleo y el gas, entre otros rubros, siguen en poder de empresas multinacionales pese a la falta de inversiones de éstas y el cuello de botella energético que eso supone. ¿Y AHORA QUÉ? A los pocos meses de asumir, Di Cola brindó un balance con números muy auspiciosos. En enero de este año afirmó que su proyección para los seis meses de gestión indicaban una reducción de gastos de 9,31 millones de pesos y un aumento de los ingresos de más de 2,6 millones. Una de las razones de la mejoría radicaba en la poda de los haberes millonarios de la plana superior. Según ese reporte, el nuevo correo se había ahorrado 692.860 pesos mensuales tras el despido de nueve directores, gerentes y asesores. Como quedó dicho, dos de los directores cobraban 200 mil pesos cada uno. Otros 56 gerentes se llevaban un total de 200.700 pesos mensuales, que fueron reducidos. Los números pudieron haber sido más positivos aún si la intervención hubiera contado con los instrumentos del PEN para obligar a todas las empresas públicas a enviar su correspondencia por el Correo Argentino. Esta fue una gran preocupación de Oca, Seprit y otras empresas privadas, que por medio de “La Nación” apremiaron al funcionario a que no siguiera por ese camino “estatista”. En la edición del 30/11/2003, el vacilante diputado kirchnerista confesó que “las herramientas están en estudio”. La mejoría, según la óptica oficialista, serviría solamente para que reprivatizada a mejor precio pues “la empresa tendrá un valor superior al que tenía”. Al fisco le ingresarían unos millones de pesos más y entregaría un negocio saneado a manos privadas. Si el correo hoy factura 500 millones de pesos anuales y está en vías de mejoría, superado el trance liquidador de 1997-2003, ¿por qué privatizarlo otra vez?. Es lo que se preguntan muchos argentinos (ver aparte “Juntan firmas….”). Es que por encima de su giro anual y la importancia de una fuente de trabajo para 12 mil personas, hay un argumento básico: es un servicio público esencial y encima que está demostrando su rentabilidad. Di Cola declaró a principios de año que “en mayo nos estaremos yendo para que el Correo Argentino quede en manos de un nuevo concesionario”. De la opinión pública depende en gran parte que se consume otra privatización o que estos seis meses hayan sido el prólogo de un correo argentino, estatal, eficiente e integrador del país. Que no nos vendan otro buzón. JUNTAN FIRMAS PARA QUE SIGA SIENDO ARGENTINO Ante la inminencia de decisiones en el seno del gobierno sobre el Correo Argentino, se aprecian allí distintas tendencias. La tendencia gubernamental fue a reprivatizarlo con la excepción de anteriores declaraciones de Alberto Fernández en el sentido que “no nos guiamos por dogmas privatistas, haremos en cada caso (Correo y Líneas Aéreas Federales) lo que más le convenga a la Argentina” (Dyn-EFE, 9/2). Habrá que ver cómo se resuelve la lucha política al interior del gabinete pues desde que el jefe de ministros hizo esas manifestaciones hasta hoy pasaron más de dos meses. Pero no es cuestión de aguardar pasivamente lo que se resuelva en las alturas del poder. Los ciudadanos de a pie pueden expresarse con petitorios, llamados a las radios, cartas de lectores, debates, reuniones, etc. En particular sería importante que lo hagan los empleados del Correo, superando el eterno y desmemoriado Baldassini. Una serie de dirigentes sociales y políticos están haciendo circular un documento donde piden al “gobierno nacional y el Congreso que el Correo Argentino sea reestatizado definitivamente, con control de los trabajadores” (recuperemoselcorreo@yahoo.com.ar). Allí recuerdan que se trata de un servicio estratégico y que sobre 189 integrantes de la Unión Postal Universal solamente 3 lo tenían privatizado en forma total (Argentina, Burundi y Nigeria), a los que habría que sumar la participación de capitales privados en los correos de Holanda y Nueva Zelanda.
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
