Nacionales
Aportes para el debate de los superpoderes
PRESUPUESTO 2009
La problemática de las capacidades presupuestarias del Congreso y el Poder Ejecutivo ha cobrado protagonismo en los últimos días. Diversos eventos han girado en torno a esta cuestión.
Desde el inminente tratamiento del Proyecto de Presupuesto Nacional 2009 en el Parlamento, hasta la modificación por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la Presidenta al Presupuesto 2008, pasando por el debate del Jefe de Gabinete con la oposición acerca de si sus facultades presupuestarias son justas o no. Pero, ¿qué es lo que realmente se discute cuando se debaten las potestades para modificar el presupuesto? Lo que a primera vista puede parecer como una pugna burocrática, en realidad, determina el control que tienen los distintos actores sobre las políticas públicas. Más precisamente, se está delimitando la capacidad de diseñar e implementar los programas que idealmente podrían incrementar el bienestar de la sociedad. Tanto el otorgar atribuciones al Jefe de Gabinete para modificar el gasto público como generalizar el uso de DNUs limitan la injerencia que tiene el Congreso sobre el proceso presupuestario. Si bien los legisladores son quienes aprueban anualmente la Ley de Presupuesto, la posibilidad de que sea alterada durante su ejecución por el Poder Ejecutivo reduce su capacidad de determinar los resultados finales. Indirectamente, una concentración de poder en el Gobierno Nacional fortalece su posición frente a los gobernadores. El debilitamiento de las provincias está asociado con su representación en el Congreso. Al perder relevancia este actor, las facultades de los gobernadores para reflejar su voluntad en el presupuesto que efectivamente se ejecuta, disminuyen. Por lo tanto, tomar medidas que generen un proceso presupuestario donde la capacidad decisoria sea más vertical incrementa la capacidad de acción del Poder Ejecutivo Nacional vis a vis el Congreso y los gobiernos provinciales. Distintas configuraciones de poder entre los actores que participan en el proceso presupuestario tienen potenciales consecuencias tanto sobre la calidad del gasto como sobre la del proceso político que lo determina. En particular, la concentración de poder en el Gobierno Nacional tiene, en teoría, tanto efectos positivos como negativos. Entre los primeros se encuentran los potenciales efectos sobre la sostenibilidad y la eficiencia. La dificultad de coordinar acciones entre distintos actores con intereses particulares hace que la concentración de poder decisorio pueda mejorar la eficiencia en la asignación del gasto. Además, debido al mayor interés relativo que tiene el Poder Ejecutivo Nacional en mantener la solvencia fiscal (al fin de cuentas, cuando hay una crisis macroeconómica la responsabilidad es del Ejecutivo), la concentración puede contribuir a evitar la ejecución de montos que superen las capacidades fiscales. Sin embargo, las posibles consecuencias negativas no son despreciables. Al obviar las instancias de discusión pública, las decisiones tomadas mediante procesos más verticales pueden estar disociadas de criterios objetivos para la asignación del gasto a la vez que lo tornan menos previsible. A su vez, dado que las partidas presupuestarias determinan la factibilidad de las políticas públicas, el debate en el Congreso favorece su transparencia y representatividad. Por último, en el caso de la delegación de facultades al Jefe de Gabinete, su adecuación a la Constitución Nacional es objeto de debate y controversia. Este incremento de las facultades del Gobierno Nacional, tanto en cuanto al uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs) como a las referidas al Jefe de Gabinete, ha sido una práctica habitual en los últimos años. El uso de estas potestades ha sido intensivo y creciente de acuerdo con el informe de ASAP 2007[1]. En 2007, las ampliaciones de gasto totalizaron la suma de $ 34.814 millones, 31% más que lo aprobado originalmente, un porcentaje muy superior al de los últimos años[2]. En cuanto a los instrumentos jurídicos utilizados, más de 50% de las ampliaciones fueron introducidas mediante el dictado de dos DNUs. El resto de las ampliaciones fueron aprobadas por Decisiones Administrativas del Jefe de Gabinete. Vale la pena destacar que sólo 12,9% fueron realizadas haciendo uso de las atribuciones conferidas en virtud de la polémica sustitución del art. 37 de la Ley de Administración Financiera por el artículo 1º de la Ley Nº 26.124[3]. Pero la tensión en torno a las atribuciones presupuestarias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo no es privativa del nivel federal. Por el contrario, esta situación se replica en las jurisdicciones subnacionales. El Cuadro 1 resume la situación existente en las provincias que concentran la mayor parte de la población y producto de la Argentina. Como se puede observar, estas prácticas están extendidas aun cuando las restricciones a las modificaciones presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo son mayores que las existentes a nivel nacional. a Sólo si cuenta con mayores recursos, informando al Parlamento. b Sólo puede hacerlo cuando aumenten los recursos propios de alguna institución en particular y/o los de asignación específica. c En forma proporcional entre las finalidades, pero no puede asignar fondos al pago de deuda, informando a la Legislatura sobre las modificaciones realizadas. d Debe asignar los excedentes a reducir el déficit y la deuda pública, e informar a la Legislatura las modificaciones propuestas. e Con la excepción de reasignaciones presupuestarias entre jurisdicciones o entre Administración Central, Administración Descentralizada e Instituciones de la Seguridad Social, quedando exentas las partidas desde y hacia la jurisdicción auxiliar “Obligaciones del Tesoro y Crédito de Emergencia”. f Los cambios pueden realizarse con la limitación de no modificar el resultado financiero o el monto total de endeudamiento. g El Poder Ejecutivo Nacional puede incrementar el Presupuesto mediante DNUs y el Jefe de Gabinete puede ser autorizado explícitamente en la Ley de Presupuesto. Ahora bien, las consecuencias de concentrar el poder decisorio en un actor, ya sea a nivel provincial o nacional, pueden ser positivas o negativas. Un factor importante para determinar hacia dónde se inclina el fiel de la balanza, está dado por el control de la ejecución presupuestaria que ejerza el resto de los actores relevantes. En el caso de la Nación es de particular importancia el rol desempeñado por el Congreso. El Poder Legislativo debe aprobar la Cuenta de Inversión que valida el uso de los recursos públicos en cada año. En el caso que la acumulación de capacidades presupuestarias en el Ejecutivo llevara a decisiones ineficientes o discrecionales, esta etapa del proceso presupuestario otorga el espacio donde estas prácticas podrían ser censuradas. Lamentablemente, el Congreso no ha ejercido esta función correctamente. Los retrasos han sido usuales tanto en el tratamiento y aprobación de las cuentas de inversión [5]. En síntesis, tras el debate en torno a la autoridad para modificar o ampliar el Presupuesto, subyace una pugna por el poder de decisión sobre las políticas públicas. Otorgar amplias facultades a un solo actor –como ocurre con el Poder Ejecutivo Nacional y en muchos casos también a nivel provincial– puede tener distintas consecuencias respecto a la eficiencia, equidad, representatividad y transparencia del gasto. En un contexto como el argentino, donde el papel del Congreso ha sido usualmente secundario, este tipo de medidas posiblemente tengan consecuencias perjudiciales sobre la representatividad y transparencia del presupuesto. Debemos señalar además que el excesivo protagonismo del Poder Ejecutivo también se observa, aunque en forma más atenuada, en las provincias. CIPPEC El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento es una organización independiente y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las personas. Para ello concentra sus esfuerzos en analizar y promover políticas públicas que fomenten la equidad y el crecimiento en Argentina. Su desafío es traducir en acciones concretas las mejores ideas que surjan en las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Fortalecimiento de las Instituciones, a través de los programas de Educación, Salud, Política Fiscal, Inserción Internacional, Justicia, Transparencia, Instituciones Democráticas, Desarrollo Local, Política y Gestión de Gobierno e Incidencia de la Sociedad Civil.
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.
