Nacionales
CFK y Zannini estudiarían declarar el estado de sitio
JUGADA DE ALTO RIESGO
Ayer al mediodía, el comité de crisis del gobierno, coordinado por el Secretario de Seguridad Sergio Berni, habría advertido que los peores pronósticos se confirmaban. La protesta salarial de la Gendarmería y la Prefectura se extendía como una mancha de aceite en las Fuerzas Armadas y las policías provinciales.
(informadorpublico.com)- Prueba de ello era la masiva concentración de policías bonaerenses del Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA) en las escalinatas del ministerio de Justicia y Seguridad, que conduce Ricardo Casal y el autoacuartelamiento del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan.
En medio de un mar de versiones, distintos informes de inteligencia predecían autoacuartelamientos militares y policiales importantes en Córdoba, Tucumán y Mendoza, además de varias provincias patagónicas. Ceder ante los reclamos de 7000 pesos de sueldo mínimo, además de la contratación de una ART y otras cuestiones, no era evaluada como una opción razonable en la Casa Rosada.
El impacto presupuestario sería enorme y ni siquiera pondría fin al conflicto, porque el personal civil de las fuerzas y los empleados de las administraciones públicas provinciales y de la nacional podrían movilizarse con reclamos semejantes. Pero además, en caso de ceder, el gobierno luciría derrotado ante el mundo político, sindical y empresario, que empezaría a plantarse ante CFK de un modo distinto.
Lo que les dio todavía mayor gravedad a los análisis oficiales fue la comprobación de que la protesta en Gendarmería y Prefectura no está liderada por oficiales sino por los mismos grupos de suboficiales, que por primera vez irrumpen en escena sin la conducción de ningún mando superior.
REDOBLAR LA APUESTA
La discusión en el gobierno se centraba entonces en la determinación del rumbo a seguir. Desde la jefatura de gabinete se lanzó una débil ofensiva mediática intentando instalar el clima de un pregolpe de Estado.
Pero este intento chocaba con la baja credibilidad pública, ya que el gobierno no tenía a quiénes acusar por la supuesta conspiración. Según trascendió, la presidente, seriamente afectada por los hechos, se inclinaba por creer que detrás de los suboficiales hay operaciones políticas de distinto origen.
Por ejemplo, una versión indicaba que el próximo miércoles gendarmes y prefectos marcharían a Plaza de Mayo -de uniforme- junto a Hugo Moyano y Pablo Micheli. No es un secreto que la masa de suboficiales de la Prefectura provienen de las provincias del litoral y en su mayoría son peronistas.
Algo similar ocurre en la Gendarmería con la gran cantidad de suboficiales peronistas que son de las provincias del NOA. De consolidarse la sindicalización de las fuerzas de seguridad, el oficialismo también temería que los nuevos gremios armados se conviertan en un brazo de la CGT moyanista.
En medio del desconcierto generalizado, ayer al mediodía la presidente, Carlos Zannini y el titular de la Secretaría de Inteligencia, Héctor Icazuriaga, empezaron a elaborar una respuesta política digna del kirchnerismo, que ama redoblar las apuestas.
Se trata de un decreto declarando el estado de sitio en todo el país por una semana, aplicando así el artículo 23 de la Constitución Nacional, que dispone: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio en la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”.
La existencia de conmoción interior estaría -a juicio de la cúpula del gobierno- plenamente justificada por la insubordinación masiva de las fuerzas y la ruptura de la cadena de mandos en forma inédita.
La jugada política consistiría en que, con el decreto firmado, la presidente reaparecería ante las cámaras para anunciar que la democracia está en peligro y que ordenará el arresto de los responsables de la protesta, pidiéndole al Congreso Nacional que convalide inmediatamente el estado de sitio.
En caso de agravarse la situación, el cristinismo convocaría a la movilización masiva a Plaza de Mayo y presionaría a la dirigencia opositora para que se solidarice con la Casa Rosada en la defensa de las instituciones. Algunos talibanes del cristinismo -según otra versión- propondrían que se aproveche el estado de sitio para detener a una serie de opositores y periodistas a los que se acusaría de conspirar.
Esta desafortunada receta fue aplicada por Raúl Alfonsín en octubre de 1985. El 25 de ese mes dictó el estado de sitio en todo el país por sesenta días y denunció una conspiración contra el orden constitucional. Inmediatamente, ordenó la detención de 12 personas por presuntas vinculaciones con un “complot golpista”.
Fue la reacción ante una escalada de violencia que había comenzado seis meses antes y que incluyó innumerables amenazas de bombas y la detonación de varios explosivos, que estallaron en una escuela; en la casa del ministro del Interior, Antonio Tróccoli, y en el estacionamiento del Edificio Libertador, entre otros sitios. Se trató del primero de los estados de sitio desde el retorno de la democracia.
El 29 de mayo de 1989, Alfonsín, volvió a disponer el estado de sitio en todo el país por 30 días, debido a los graves desórdenes que se habían producido por activistas que incitaban a saquear almacenes y supermercados en el interior.
Por último, horas antes de renunciar, Fernando de la Rúa firmó el 19 de diciembre del 2001 el decreto 1678, que establecía el estado de sitio en todo el país por el término de 30 días. Se trató de un desesperado intento por contener la ola de violencia social que terminó con la gestión radical.
Ahora, los partidarios de jugar la carta del estado de sitio señalarían que, con el mismo, la oposición se vería obligada a ponerse del lado del gobierno y Hugo Moyano no tendría más remedio que suspender su movilización del próximo miércoles. Y hasta el cacerolazo del 8-N podría posponerse si se extendiera hasta entonces el estado de sitio.
Además, CFK retomaría la iniciativa en un rol que le agradaría: el de la presidente que lucha por defender la democracia en peligro.
El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.