Esta convocatoria tiene por fin analizar la crisis imperante en esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial. Y no es esta una crisis exclusiva de este cuerpo sino que se haya inserta en la debacle imperante en los tres poderes que conforman nuestro sistema constitucional, así como en sus instituciones básicas (Fuerzas Armadas y de Seguridad, Educación, Salud, etc.). Y ello surge claro de la mera observancia del funcionamiento actual de las instituciones republicanas, que aparecen como cáscaras vacías cuando debieran ser nutridas a diario por quienes han aceptado el deber legal y constitucional de dirigir su funcionamiento. Aquí se ha vaciado de contenido a las instituciones con argumentaciones mas emparentadas con el discurso de doble o múltiple significación y destinado a la tribuna, que con fundamento en el leal ejercicio de la función ejecutiva.

Se presentó a todos o al menos a una inmensa mayoría de los integrantes de esas instituciones como delincuentes, se los desacreditó hasta la humillación, luego se los depuso y se los reemplazó con gente inidónea, genuflexa al mero deseo o capricho del mandamás de turno, para de esa manera lograr una transformación ideológica más cercana al pensamiento de izquierda que pregona el Presidente de turno pero que resulta ya inexistente en el mundo actual. Y esto se vio patentizado, desde el primer día en las Fuerzas Armadas a las que descabezaron de un plumazo, pasando a retiro no sólo las cúpulas de las tres armas sino a decenas de altos oficiales; se realizó de igual manera con las fuerzas policiales y de seguridad aunque allí se demoraron algunos meses más con mediáticas y muy promocionadas purgas y también en el Poder Judicial de la Nación aunque aquí, por la existencia de normas constitucionales que regulan el caso se debió montar la farsa de los juicios políticos, para intentar engañar al pueblo pero como se ve, ya están terminando de cumplir con su cometido. Y se valieron para ello de todos los medios que tenían a su alcance; comenzando con el uso arbitrario de la cadena nacional de radiodifusión y con el apoyo de grupúsculos ansiosos de posicionarse dentro de la nueva era política aún a costa de avasallar el independencia de los poderes y las preclaras disposiciones que emanan de la Constitución Nacional. Y fue así que el Congreso nuevamente defeccionó. Esta vez, fue la Cámara de Diputados de la Nación. Luego de 8 hs. de debate y desoyendo el mandato del bloque peronista que en la reunión de la noche anterior había decidido otorgar a sus integrante la libertad de acción para votar o no el dictamen acusatorio, el presidente del bloque, el Diputado Díaz Bancalari repitiendo su remanida costumbre de traicionar a sus mentores, ordenó votar el dictamen de la comisión de Juicio Político siguiendo las directivas impartidas por el Presidente de la República y el expreso pedido del Presidente de esta Corte Suprema, Dr. Enrique Petracchi realizado por medio de otro de los integrantes de este cuerpo. Casi idéntico proceder se realizó con el bloque de legisladores radicales. Pero aún así el asunto les llevó casi 8 horas de debate público aunque necesitaron más tiempo para operaciones personales, llamando y presionando uno por uno a los diputados que estaban dispuestos a rechazar la acusación. Sólo unos pocos se resistieron a ese mecanismo extorsivo, entre otros quiero mencionar aquí el digno voto-denuncia de la Dip. Chaya. Pero, vaya paradoja, luego del intenso debate para votar mi acusación, sólo necesitaron de unos pocos minutos para aprobar la prórroga de cientos de leyes lo que, incluso, llevó a varios legisladores a sostener en pleno recinto que “estamos aprobando cosas que no sabemos de qué se tratan” aunque tal situación no los detuvo el momento de realizar la votación habilitando así la delegación de atribuciones expresamente prohibidas por el art. 76 de la Constitución Nacional, lo que debió ser matizado por la Jefa del bloque opositor –Dip. Margarita Stolbizer U.C.R.- quien para justificar el apoyo de su bloque a esta iniciativa inexplicable para un sistema democrático como el que se pregona, sostuvo que debería tratarse un proyecto para establecer la creación de la Comisión Bicameral Especial para atender la demora que existe en la codificación de esas normas; sin embargo se llevó al recinto un proyecto de ley con media sanción del Senado por expreso pedido de la Senadora Fernández de Kirchner, durante el tiempo en que se debatía la acusación contra mi persona, sin siquiera leer, estudiar, o interiorizarse de que se trataba la cuestión que se sometía a votación lo que conllevaría a que quienes así actuaron fueran pasibles del delito de infames traidores a la patria (art. 29 de la Constitución Nacional). Lo mencionado resume y grafica plenamente la forma en la que actúan en la actualidad los poderes del Estado, subordinados a los mandatos y presiones del Presidente de la Nación y su círculo de aduladores, con un Congreso disciplinado y temeroso y una Corte Suprema modelada a medida de sus lineamientos políticos radicalizados. Como he dicho en innumerables oportunidades, no habré de renunciar a mi puesto como juez del máximo Tribunal de la Nación; nada me ata a este sitial sino mi indeclinable e inclaudicable vocación republicana, el respeto a las instituciones y mi defensa del Poder Judicial que integro. En el transcurso de toda mi actuación judicial tanto en esta Corte Suprema como en mi anterior desempeño como juez de primera instancia y como camarista federal he cumplido estrictamente con mis juramentos; así, a conciencia y según mi leal saber y entender, he aplicado la Constitución Nacional, preservando los derechos y garantías en ella consagrados; defendiendo la vida, la honra, la propiedad y todos los demás derechos fundamentales de los hombres que habitaron y habitan nuestra República Argentina. Ello aún en momentos tan difíciles como los que nos tocaron vivir en las épocas de crisis que aún transitamos. He tenido el honor de integrar la Corte que reimplantó los derechos y garantías conculcados por las normas de emergencia a partir de fines de 2001 y que dieron lugar al dictado de los célebres fallos Smith, Tobar, San Luis, entre muchos otros. Pronunciamientos que deben ser merituados no sólo por los fundamentos que expresa sino también por las especiales circunstancias que rodearon su dictado. El país entero estaba en ebullición, cuatro Presidentes de la Nación que se sucedieron en el cargo en sólo 10 días; la defección de los otros poderes en aras a la defensa del derecho de propiedad de los habitantes; limitación de todos los derechos adquiridos (además del de propiedad, los de trabajar, comerciar, entrar, permanecer y salir del país, la afectación de derechos alimentarios, al cobro de sueldos, jubilaciones y pensiones, etc.). Sufrimos en aquél momento innumerables afrentas de los medios de comunicación que, equivocados, incitaban a la población contra el máximo Tribunal y contra quienes lo integramos, así como de muchos políticos, incluidos varios legisladores, que lo hacían incluso abusando de sus cargos públicos; con las ciudades llenas de leyendas injuriosas para esta Corte; amenazas, agresiones, insultos, cercenamiento de nuestras investiduras y de las garantías constitucionales dadas en aras del pueblo para que, protegiendo la independencia e imparcialidad de los jueces, puedan éstos sentenciar sin presiones y ajustado a derecho, pudiendo discernir lo justo y dando a cada uno lo que le corresponde. Debimos, por aquél entonces entrar en nuestra sede por la puerta de la alcaidía –donde moran los delincuentes detenidos- porque la falta de seguridad impedía que lo hiciéramos por la puerta grande, como corresponde. En ese clima se dictó el fallo “Smith” el 1 de febrero de 2002. No tengo dudas de que a pesar de lo que se dijo entonces, de los múltiples y reiterados ataques recibidos y de que, sin dudas la defensa irrestricta al derecho de propiedad ha sido uno, sino el más determinante de los motivos que devinieron en el furibundo ataque a los jueces que suscribimos ese fallo, “Smith” será considerado como uno de los más importante, sino el más, cuando las bajas pasiones que movilizan el desmembramiento del Tribunal, dejen paso a aires más limpios y menos ideologizados. Esa Corte que tuve el honor de integrar restableció con libertad de criterio, equilibrio e independencia los derechos y garantías de la Constitución Nacional que habían sido virtualmente suprimidos. Tan difíciles fueron aquellos momentos que hasta produjeron situaciones imposibles de explicar aún hoy. Hasta se llego a la paradoja de que al menos 2 de los jueces del Tribunal, uno ya renunciado y el otro a cargo en la actualidad de la presidencia, luego de firmar más de 800 sentencias a las 9 de la mañana de aquel 1 de febrero, dos horas después –luego de que algún alto funcionario le recordara su delicada situación con motivo de una transferencia bancaria al exterior- optó por no firmar el fallo Smith, excusándose posteriormente de intervenir en todas las causas que versaran sobre las normas de emergencia por ser titular de un depósito bancario, del que nunca se especificó el monto, la fecha de la imposición ni la entidad financiera en la que se había constituido. Esa misma persona es la que, en sintonía con el doble discurso y sobre la base de pregonar una inexistente transparencia en la órbita de este Tribunal (ver mi voto en la Acordada 35/03), es quien ha evitado por todos los medios –a pesar de ser una facultad exclusiva (art. 84 del RJN)- establecer la fecha de tratamiento para los miles de amparos por el corralito y la pesificación que desde hace más de 2 años esperan resolución de esta Corte; es también quien aún debe una explicación acerca de la estafa más escandalosa de las últimas décadas, como fue el fallo de la Corte en la causa “Cía Azucarera Tucumana” del 21 de septiembre de 1989; y fue, finalmente, quien como retribución por su designación como titular del cuerpo armó todo este juicio político al cual me encuentro sometido y que ya le costara su lugar a varios jueces y pone en capilla a algunos más. No hay dudas de que todo esta pseudo juicio político al que se me ha sometido se funda exclusivamente en mi abierta e irrestricta defensa del derecho de propiedad a partir del ya mencionado fallo Smith; a mi ideología esencialmente peronista, a mi permanente lucha por al seguridad jurídica, el respeto de los contratos, la pacificación nacional, la seguridad de las personas y los bienes; la historia se encargará de demostrarlo.