Política
Corrupción. Compras con sobreprecios, gastos exorbitantes y total discrecionalidad
LA OTRA PANDEMIA EN ARGENTINA
Argentina tiene una doble pandemia en lo que va desde el inicio de las decisiones del Gobierno Nacional de restringir el trabajo, que debió ser considerado esencial y la circulación social, en lo que se denominó Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. La sociedad civil encerrada y el kirchnerismo en el gobierno mostrando graves signos de corrupción y desmanejo institucional, económico y social.
(por Miguel Matusevich) En ese sentido, se comenzó a investigar a más 40 organismos del Estado por supuestos sobreprecios en las compras por el Coronavirus, todo iniciado tras las irregularidades descubiertas en la adquisición de comida en Desarrollo Social, para “socorrer a los sectores más vulnerables”. La investigación apunta a la AFIP, al Ministerio de Salud Pública de la Nación, y al Pami, entre otros.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del Fiscal Nacional Sergio Rodríguez abrió un expediente después de los presuntos sobreprecios en compras que iba a realizar el Ministerio de Desarrollo Social.
Todo comenzó en el Ministerio de Desarrollo Social que comanda Daniel Arroyo, cuando quedó salpicado por las irregularidades en las compras de comida durante la Pandemia. El 20 de abril la PIA denunció concretamente a esta Cartera por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y eventuales negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra de alimentos, que iba a generar una erogación de 547 millones de pesos.
La hipótesis de los investigadores era que se iba a aplicar un sobreprecio del 65%, pero además, se remarcó la existencia de un direccionamiento a determinados grupos empresarios que fueron invitados y adjudicados con costos superiores a los informados por la SIGEN y los de mercado.
Esta causa, radicada en la Justicia Federal, fue el puntapié inicial para un expediente de mucho mayor envergadura, ya que el fiscal Rodríguez abrió otra investigación sobre otros ministerios, entes descentralizados y diversos organismos del Gobierno que realizaron compras de diversos insumos en el marco de la emergencia sanitaria del Covid-19, amparándose en el primer DNU presidencial, el Nº 260/2020.
En él, su artículo segundo, inciso 6, faculta al Ministerio de Salud Pública a “efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia, en base a evidencia científica y análisis de información estratégica de salud, sin sujeción al régimen de contrataciones de la administración nacional”.
Pero también se detectaron irregularidades en los procesos de publicación, deficiencias en “el acceso a la información”, por lo que se pidió que la Auditoría General de la Nación (AGN), inicie un informe auditor.
Fuentes judiciales a confirmaron posteriormente que la PIA encontró “ineficiencias en los procesos de información pública y transparencia”, al intentar determinar “cuáles fueron las compras directas efectuadas” y concluyó en un exhaustivo informe que “de antemano debe expresarse la dificultad que ha significado el emprendimiento de esta tarea, ante la desorganización reinante en cuanto a la poca transparencia, visibilidad e ineficiencia de gestión de la actividad estatal en materia de información pública”.
Se detallaba en el informe que por ejemplo, en el Boletín Oficial “no fue publicada ninguna compra realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo encontrarse al menos ocho compras (en estado de apertura, evaluación o adjudicadas), en la página Web de “COMPR.AR” y todas fueron efectuadas bajo la modalidad de “contrataciones directas”.
UNA LARGA LISTA DE INVESTIGADOS
Pero no quedaron ahí las investigaciones por hechos sospechados de corrupción, en medio de la pandemia y cubiertos por el DNU 260/2020. Al Ministerio de Desarrollo Social,le siguieron pedidos de explicaciones a la AFIP, al INCUCAI, al Instituto Malbrán, a la Universidad de San Martín, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Educación, al de Medio Ambiente, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, todos del Gobierno Nacional
Llegaron pedidos de investigación al Ejército Argentino, a la ANAC, a las fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación como Gendarmería y PSA, al Hospital Garrahan, al INDEC y al PAMI.
Pero también se pidió a la Dirección de Acceso a la Información Pública que intervenga “a raíz de las graves inconsistencias detectadas en materia de transparencia en las compras directas efectuadas por 40 organismos del Estado”.
LAS DENUNCIAS DE SOBREPRECIOS RECORREN EL MUNDO
El inicio de la Cuarentena en Argentina, que fuera denominada Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) comenzó el 20 de marzo, cercenando libertades individuales y colectivas, con el pretexto de la pandemia mundial que se desparramaba por cientos de países que tomaban diversas y diferentes medidas, pero casi ninguna de la naturaleza de las impuestas en el país.
Y justamente una de las consecuencias más nefastas, comenzó a desenmascararse el 7 de abril, cuando el Gobierno de Alberto Fernández se vio involucrado en el primer escándalo de corrupción con la compra de cientos de toneladas de alimentos a precios muy por encima del mercado.
El protagonista de esta inconcebible historia de sobreprecios para “ayudar a las poblaciones más afectadas”, fue el Ministerio de Desarrollo Social, al mando de Daniel Arroyo y 12 funcionarios impuestos por la agrupación kirchnerista “La Cámpora”, manejada por el diputado nacional e hijo de la Vicepresidenta, Máximo Kirchner.
Compras millonarias de fideo, aceite, azúcar y lentejas para abastecer a los comedores sociales y entregar bolsones a personas de escasos recursos, costaban entre un 50 y un 150% más caros que los valores minoristas en el mercado local.
El mundo se escandalizaba de estos niveles de corrupción del gobierno de Fernández y desde el diario El País de España, llegaba la información de que se pagaron 158 pesos (1,9 dólares al cambio no oficial de esos días) por 1,7 millones de botellas de aceite que en la góndola del supermercado cuestan 121 y 42 pesos por medio millón de paquetes de fideos, nueve más que el valor comercial de la unidad.
El sobreprecio superó el 50% en el caso del azúcar y el 85% en las lentejas, según los detalles de la compra revelados también por el diario La Nación, por lo que el daño para el fisco fue nada menos que de 68 millones de pesos, unos 830.000 dólares al cambio de abril de 2020.
Obviamente, se aseguró desde el Gobierno que el daño económico sería subsanado, pero nunca se devolvieron los más de 830.000 pesos de los sobreprecios y se estableció que se fijaría el valor de la licitación de acuerdo a la tabla de precios máximo que rige para los supermercados, cosa que tampoco sucedió.
Peor aún, no solo el Presidente Fernández respaldó a su Ministro, sino que cargó contra “la cartelización de sectores que ni siquiera en medio de esta situación son capaces de flexibilizar las posiciones”. Entonces “La culpa era del otro”, tal el relato del gobierno populista, pero además, fueron despedidos los funcionarios involucrados y rápidamente fueron reubicados en puestos administrativos, ocultos a la vista de la ciudadanía.
El ministro Arroyo llegó a reconocer que, “azúcar y aceite sí estuvieron por encima de los precios fijados. Pedimos rebajas y se llegó hasta ahí, pero decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia” y Alberto Fernández lo respaldó y ordenó suspender el pago a los empresarios, cosa que nunca ocurrió.
Días después el Presidente aseguró que “Arroyo tuvo el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios y eligió alimentar a la gente”, por lo que en realidad, sí se pagaron los abultados precios.
Otro rasgo de esta falta de transparencia fue que, de las seis empresas que participaron de la venta, eran en realidad solo dos, ya que comparten direcciones y teléfonos, pese a la variedad de nombres de las sociedades. Si hubo corrupción, dijo Fernández “será perseguida”, pero nunca pasó de esa declamación.
36 VUELOS A CHINA, OTRO GRAN NEGOCIADO DE LA PANDEMIA
Las épicas misiones de Aerolíneas Argentinas al gigante asiático fueron parte del “relato gubernamental”, del que el Gobierno se sigue jactando como “históricas, sin embargo, le falta explicar de qué modo se distribuyen lugar por lugar todo lo que arriba desde el otro lado del mundo y peor aún, que es lo que llegó y cuanto salió.
China, el país donde se engendró la Pandemia, se convirtió rápidamente en el supermercado sanitario del planeta. Y la Argentina no fue la excepción. Aerolíneas Argentinas envió 36 vuelos de este tipo. Vuelos que fueron anunciados a los gritos, pero finalmente se hicieron de manera muy silenciosa.
El resultado por ahora es solo visual; los hospitales de la Provincia de Buenos Aires están repletos de cajas escritas en Mandarín, pero permanecen cerradas y nadie sabe a ciencia cierta qué contienen.
Se habla de que el material importado supera las 600 toneladas, pero el Gobierno sigue sin hacer un detalle pormenorizado de cada elemento y de la manera en que fue distribuido por el sistema de salud argentino. Tampoco se sabe cuánto costó, ni siquiera hay trazabilidad del material traído al país en emergencia.
Por ejemplo, un documento del Ministerio de Salud al que accedió Clarín, da cuenta de que a la Argentina llegaron 3 millones de barbijos quirúrgicos pagados US$1.620.000; 300 mil overoles de protección médica hidrorepelente que costaron US$6.660.000; 20.000 overoles de protección comunes por US$238.200; 1.800.000 Barbijos triple pliegue (quirúrgicos) por US$660.000; 200 mil máscaras protectoras por US$400 mil; 625 mil barbijos quirúrgicos por US$300 mil; otro lote de 12.500 overoles de protección por US$273.500; 625 mil barbijos N.95 que costaron US$1.550.000; un lote de 12.500 antiparras a un costo total de US$47.250; y 1.250.000 pares de guantes de látex por un valor de US$225.000.
Sin embargo, el relato sostenía y sostiene que fueron donaciones, pero los lotes corresponden a compras de contratación directa. También aseguran que llegaron una cantidad no determinada de kits de testeos PCR y serológicos.
A mediados de junio se denunció que se desconoce el destino de 10 respiradores donados por la empresa china Ali Baba a la Argentina. Sin explicación de parte del Gobierno, solo se sabe que esas máquinas, vale decir, no fueron traídas al país en el marco de las misiones programadas de Aerolíneas, sino en los días previos.
La diputada Graciela Ocaña, titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, impulsó un pedido de informes para que el Ministerio de Salud presente el detalle de todos los tests que ha recibido el Ministerio de Salud a través de compras o donaciones. Pero ni el ministro de Salud, Ginés González García, ni el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hablaron.
Finalmente se describe que el pedido original de la Argentina fue de 1500 respiradores artificiales, pero tres meses después, solo ingresaron estos diez respiradores BiPap, que, de acuerdo con las autoridades locales no están autorizadas para tratar pacientes con Covid-19.
Así, estos respiradores, como lo ocurrido con los 170.000 test rápidos chinos defectuosos que donó la empresa argentina Petroquímica Cuyo, podrían ser los ejemplos más claros de esa “ayuda épica” del gigante asiático hacia el país del Alberto y Cristina Fernández.
CORRUPCIÓN PANDÉMICA
Lo cierto es que Argentina sufre una doble crisis a raíz de la pandemia del Covid-19, sumada a la altísima cantidad de casos positivos, que ya superaron holgadamente a los países europeos y a los miles de muertos, que a esta altura de la situación superan los 20.000, teniendo en cuenta además, los errores a la hora de la carga de fallecidos en la provincia de Buenos Aires.
Esa corrupción, tal como en el gobierno de Cristina Fernández se llevó cientos de muertos por desnutrición, por el accidente de la Estación Once, o por la inundación en la ciudad de La Plata, que nunca se supo exactamente cuántos fueron, sigue matando y se sigue llevando víctimas inocentes por negligencia, improvisación y malversación de fondos.
Argentina, para muchos estudios mundiales, lidera el ranking de corrupción. ¿Liderará también el ranking de afectados por la Pandemia? En la caída de la economía, ya lo hace.
Este miércoles 30, se llevó a cabo la presentación del Programa Potenciar Corrientes a través de una reunión virtual, llevada a cabo entre el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Adán Gaya, la Directora de Comercialización de Corrientes, Débora Galarza Alcaraz y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.
El Programa Potenciar consiste en una iniciativa dispuesta en tres ejes fundamentales (socio-productivo, socio-comunitario y socio-laboral), por medio de la cual podrán desarrollarse los 21 proyectos presentados por la Provincia ante Nación con esto van a ser beneficiados más de 2400 titulares de toda la provincia con una inversión de 163 millones de pesos, presupuesto que será desembolsado por el fondo de Desarrollo Social de Nación y a partir de enero comenzarán los trabajos pertinentes para lograr este objetivo.
EL Programa Potenciar constituye una serie de iniciativas que tiene como receptores principales a titulares de los Programas Sociales “Salario social complementario” y “Ellas hacen” que se fusionan para la creación del programa “Potenciar”.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y Nación, busca impulsar el desarrollo productivo de los beneficiarios de los programas sociales "Salario social complementario" y "Ellas hacen”.
El proyecto se plantea objetivos en tres dimensiones:
Socio-laboral: por medio del cual se buscará lograr la terminalidad educativa, la formación para el empleo y mejorar las capacidades de autogestión de emprendimientos y asociativismo de titulares del programa. En esta dimensión se incluyen 11 (once) opciones de formación, cuyos ejes principales son: Innovación para la terminalidad educativa de titulares, formación profesional de titulares para incrementar su empleabilidad, formación para el empleo mediante capacitaciones en oficios a titulares y alfabetización financiera y Cooperativismo.
Socio-productivo: se generarán actividades de autoempleo para fortalecer emprendimientos y crear canales de comercialización para los productos generados por titulares del programa con el objeto de obtener nuevas fuentes que fortalezcan sus ingresos. En esta dimensión están incluidos 7 proyectos que trabajan los siguientes ejes: Producción de alimentos en huertas comunitarias y familiares, servicios ambientales; creación, fortalecimiento de emprendimientos y comercio de productos de la economía social desarrollado por titulares e infraestructura social.
Socio-comunitario: se brindarán herramientas para la detección y abordaje de los consumos problemáticos y tareas de sensibilización en la población tendientes a generar conciencia frente a la situación de pandemia y reproducir los hábitos de cuidado. Se incluyen actividades culturales, deportivas y acciones que beneficiarán a usuarios de los centros de promoción del menor y comedores, que tendrán como ejes: la prevención en tránsito y de consumos problemáticos, tareas de cuidado y actividades recreativas.
El Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio pone énfasis en su anuario en los logros que se alcanzaron a pesar de las dificultades que ocasionó la pandemia del coronavirus. Un repaso por algunos de los puntos más fuertes de la gestión del titular del organismo, Raúl Schiavi, y de las tres subsecretarías.
El Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, a cargo de Raúl Schiavi, realizó durante el 2020 una serie de trabajos en línea con los ejes de modernización, desarrollo e inclusión social trazados por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, al inicio de su gestión. Fue un año atípico producto de la pandemia de la COVID-19, lo que provocó cambios en la gestión que determinaron un nuevo esquema de trabajo donde la virtualidad tomó un notable protagonismo. A pesar de las consecuencias de la cuarentena, la Provincia siguió su camino hacia la industrialización, logrando nuevas inversiones y fortaleciendo sectores estratégicos de la economía.
En su discurso de apertura del Periodo de Sesiones Ordinarias -1 de marzo-, Valdés destacó el programa Red de Parques Industriales de Corrientes con el que desde el Ministerio trabajan en organizar, planificar y administrar los predios destinados a las empresas.
En lo que respecta a la atracción de inversiones en el sector industrial, por gestiones del Ministerio de Industria, se concretaron importantes proyectos de radicación de empresas en los parques industriales.
Vale recordar cuando Valdés firmó un Acta de Compromiso con 11 empresas para que se instalen en el parque industrial de Ituzaingó. Asimismo, en otra ocasión el viceintendente de la ciudad de Corrientes, Emilio Lanari, y el ministro Schiavi firmaron un convenio para que el parque industrial de Santa Catalina forme parte de la Red de Parques Industriales.
Este año también se produjeron importantes avances en la obra del Parque Tecnológico Corrientes-UNNE, que se construye en el Campus Deodoro Roca de la capital.
En un encuentro celebrado en el parque forestoindustrial Santa Rosa, Schiavi y empresarios acordaron la modalidad de administración del predio.
En materia de infraestructura, este año se dio un importante paso en la obra de conexión de gas natural al parque industrial de Mercedes porque llegaron los caños de la conexión.
En Bella Vista, funcionarios provinciales mantuvieron un encuentro con sus pares del municipio, empresarios e integrantes de la Cámara de Comercio local para finiquitar aspectos del proyecto ejecutivo del terreno destinado a concentrar al parque industrial de esa ciudad.
En agosto se conoció que la empresa Transporte Snaider SRL invertirá 70 millones de pesos para instalarse en el parque industrial y centro logístico Paso de los Libres.
Este año también el Ministerio generó un aporte clave a la hora de medir a los sectores industriales al lanzar su propio Índice de Producción Industrial. A través de encuestas realizadas a decenas de empresas instaladas en la provincia se obtienen datos útiles para la implementación de políticas públicas. La iniciativa es llevada adelante por los Ministerios de Industria y de Hacienda, a través de la Dirección de Estadística y Censos.
Hubo un fuerte compromiso entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Rosa para trabajar mancomunadamente en la prevención de incendios en aserraderos.El ministro Schiavi y el intendente Pedro Maidana acordaron una serie de tareas para alentar a la relocalización de las empresas en el parque forestoindustrial. Justamente, dicha localidad fue noticia en septiembre porque se confirmó que la empresa Chriscar SRL se instalará en el parque y destinará 30 millones de pesos para la construcción de una planta de aserrado y un secadero, generando así trabajo para los correntinos.
Entre otras de las gestiones realizadas, Schiavi, recibió al intendente de Bella Vista, Walter Chávez, y al presidente de la empresa UTE BV S.A, Roger Paul Sabourin, la primera firma que manifestó su interés en radicarse en el futuro parque industrial de esa localidad. El funcionario provincial explicó las instancias que atraviesa el proyecto ejecutivo del parque industrial y los estudios que restan.
Uno de los parques industriales más prometedores es el de Libres porque además está planificado que incluya un centro logístico y eso cautivó a varias empresas. En ese sentido, el presidente de CARPAL S.A y el ministro Schiavi rubricaron un documento que establece formalmente la intención de la compañía de instalarse en el predio industrial y generar empleo local. La Provincia le otorga al proyecto los beneficios contemplados en el Régimen de Promoción de Inversiones.
Siguiendo con las gestiones de articulación con los municipios, desde el organismo garantizaron apoyo para impulsar el parque industrial de San Carlos.
Luego de los lamentables incendios que arrasaron con importantes extensiones de tierras y en algunos casos dañaron a aserraderos, el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio definió un protocolo para evitar focos ígneos en zonas de actividad industrial y también la manera de proceder en caso de que ocurran. Se trata de un trabajo amplio que considera todos los aspectos a cumplir por los trabajadores del sector.
Cerca del cierre del año, Schiavi comenzó a trabajar en junto a productores de cerveza artesanal para que ganen más mercado. Como resultado de esa gestión, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes firmaron un Convenio Marco de Cooperación con la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Provincia de Corrientes.
Procurando llevar la gestión a cada rincón de la provincia, Schiavi logró que Mocoretá se sume a la Red de Parques Industriales de Corrientes y se generaron encuentros de articulación entre Provincia y el municipio de Colonia Liebig para apuntalar la zona industrial de la ciudad.
Otra de las acciones de Gobierno provincial fue el otorgamiento de 280 mil m² de terrenos para ejecución de proyectos madereros en Ituzaingó.
En tanto, en La Cruz se avanzó con la firma de un convenio para la radicación de cinco industrias en el parque industrial. Schiavi y los responsables de las empresas rubricaron un convenio que plasma la intención de radicarse en el parque industrial de la ciudad.
Una de las importantes gestiones del año también fue la constitución de la Mesa Textil Industrial de Corrientes
Cerca de fin de año, Schiavi puso en funciones a dos nuevos funcionarios: la directora de Industria, Mariel Gabur, y el director de Pymes, Damian Garavano. Ambos procedentes del interior, la primera de Liebig, y Garavano de Paso de los Libres; aportándole al área una participación de mujeres y jóvenes del interior.
Además de todo lo anterior, el Ministerio también estuvo abocado a realizar constantemente trabajos de mantenimiento, mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura de los parques industriales de carácter provincial.
Fue un año difícil para la gestión del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio por las complicaciones que generó el coronavirus, pero vale destacar que el titular de la cartera manifestó que “muchos de los proyectos que teníamos y programas que habíamos lanzado, con la impronta del gobernador Gustavo Valdés de industrialización de nuestra producción primaria, parecían que podían postergarse o ralentizarse con la pandemia, pero la buena noticia es que no fue así”.
Subsecretaría de Industria
Para la Subsecretaría de Industria, a cargo de Edgar Benitez, el 2020 fue un reto importante porque tras dos años de realizar capacitaciones presenciales en oficios a lo largo y ancho de la provincia, surgió la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto.
El universo industrial de Corrientes estuvo parado un tiempo, pero rápidamente se activó con protocolos sanitarios, y capacitaciones del personal y la Subsecretaría estuvo ahí para ayudarlos.
Durante la pandemia, el subsecretario y sus técnicos visitaron más de 20 localidades (Ituzaingó, San Carlos, Garrucho, Garabí, Goya, Cruz de los Milagros, Pago de los Deseos, Mburucuyá, San Miguel, Concepción, Mercedes, Curuzú Cuatía, Santa Rosa, Gobernador Virasoro, Monte Caseros, La Cruz, Villa Olivari, Yapeyú, entre otros) entregando bienes de capital y recabando información de problemáticas y brindando consejos a distintos actores industriales de la provincia, desde las micro, pequeñas y medianas empresas hasta las grandes cooperativas que exportan a todo el mundo.
Este año entró en operación la planta de biomasa de Genergíabio Corrientes, ubicada en el parque de Santa Rosa, y se espera por la de FRESA, en Virasoro. Se trata de proyectos que aprovechan los subproductos de la industria forestal y la transforman en electricidad para los pobladores de las zonas aledañas.
Siguiendo este camino de las energías renovables, la cartera a cargo de Benitez realizó una exitosa capacitación virtual sobre Energías Fotovoltaicas a nivel hogareño, empresarial e institucional con más de 300 asistentes. Además, se generó una labor articulada con la Asociación de Comercio de Curuzú Cuatiá y a la Universidad de la Cuenca del Plata para realizar durante el último trimestre del año una serie de webinars sobre identidad, packaging y otras habilidades para el emprendedor.
También desde el área se fortaleció la Red de Parques Industriales de Corrientes, una red pensada como una gran tela de araña para generar unidad a pesar de las distancias geográficas entre los distintos parques, logrando una sinergia entre empresarios, municipios y prestadores locales de bienes y servicios. Se iniciaron expedientes para unas 30 empresas (6 en Santa Rosa, 19 en Ituzaingó, 5 en Mercedes y 3 en Paso de los Libres) y se están tramitando la incorporación de otras.
“El 2020 fue un año atípico, pero nos pudimos adaptar rápido y seguir respondiendo a las problemáticas de aquellos que quieren apostar por la industria correntina y llevar adelante el desarrollo, la modernización y la inclusión social de todos los correntinos”, dijo el subsecretario Benitez.
Subsecretaría de Trabajo
El organismo a cargo de Jorge Rivolta realizó distintas capacitaciones a lo largo del año, incorporando la modalidad de manera remota por el contexto de pandemia y las medidas sanitarias definidas en consecuencia.
De las jornadas participaron 1575 alumnos, de los cuales 524 son de la ciudad de Corrientes y los restantes 1051 participantes residen en otros puntos de la provincia. Aproximadamente se llegó al 75 por ciento de la provincia, alcanzando a un total de 58 localidades.
Las capacitaciones abordaron en total 20 oficios: Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contable, Bioseguridad, Capacitación Administrativa y Contable, Ceremonial y Protocolo, Community Manager, Cuidados Gerontológicos, Gestoría Administrativa, Introducción al Marketing, Lengua de Señas, Manipulación de Alimentos, Oportunidad Laboral Pospandemia, Oratoria, Primeros Auxilios, Secretariado Jurídico, Secretariado Jurídico Administrativo, Seguridad e Higiene Laboral, Valores en el ámbito laboral.
El curso con más participantes fue el de Lenguaje de Señas con 218 alumnos.
Por otra parte, Trabajo avanzó en la creación de una comisión tripartita contra la violencia laboral. Junto a organizaciones sindicales, cámaras empresariales y autoridades universitarias diagramaron políticas conjuntas para combatir este flagelo en Corrientes.
También reforzaron el llamado a adherirse a la Rúbrica Digital, la iniciativa que permite la firma de documentación laboral a través de Internet, de manera segura, gratuita y rápida. En este sentido, Rivolta expresó que “la modernización del Estado es imprescindible porque puede hacer frente a cualquier contingencia” en el marco de la pandemia.
Entre las gestiones del subsecretario de Trabajo se destacan las reuniones que mantuvo con legisladores para impulsar la Ley de Conciliación Laboral. Rivolta, participó de distintos encuentros para explicar el proyecto que busca la adhesión para contener al trabajador y darle una alternativa rápida de resolución de un conflicto laboral. En esa línea, los sindicatos le entregaron a Rivolta propuestas para la Ley de Conciliación Laboral.
La cartera laboral dictó talleres para reforzar la seguridad sanitaria en más de 200 comedores como parte de la lucha contra el coronavirus. Junto a la Dirección de Seguridad Alimentaria capacitaron al personal de los centros comunitarios en medidas de higiene y manipulación de alimentos con el fin de unificar criterios para desarrollar las actividades.
Cerca de fin de año Trabajo expuso acciones contra la explotación infantil en una capacitación del RENATRE. En el ciclo realizado a través de plataforma Zoom “Trabajo cultural, cosecha y empaque de arándanos”, la Subsecretaría de Trabajo generó aportes y participó en la organización del mismo.
A modo de síntesis de lo que dejó el año, en contexto de pandemia Trabajo avanzó con mil conciliaciones laborales. Desde junio de este año se lograron mil acuerdos para evitar conflictos en los lugares de trabajo, más precisamente para colaborar en el cumplimiento y efectivización de protocolos sanitarios, acercando a las partes para buscar soluciones en común.
Subsecretaría de Comercio
En lo que respecta a las gestiones del organismo a cargo de Juan José Ahmar, las gestiones realizadas estuvieron vinculadas en resguardar y garantizar los derechos de los consumidores haciendo controles en comercios, concretando capacitaciones, ampliando la presencia de las delegaciones en el interior provincial y realizando mediaciones entre empresas y usuarios.
Una de las actividades más relevantes del año de la Subsecretaría de Comercio fue en marzo cuando Schiavi inauguró una delegación de Defensa del Consumidor en Gobernador Virasoro. Es la tercera oficina de la Dirección de Defensa del Consumidor en el interior provincial y en la nueva sede se toman denuncias por reclamos a empresas de bienes y servicios, evitando traslados a la Capital por trámites.
La Subsecretaría es la entidad encargada del cumplimiento y control de comercios porque así lo dispone la Nación. En materia de controles, el año inició con los agentes del organismo recorriendo las librerías que ofrecían la Canasta Escolar Correntina; pero una vez que se desató la pandemia en todo el territorio nacional, en la provincia se abocaron a constatar precios y disponibilidad de alcohol en gel y repelentes en farmacias y droguerías de Capital para verificar la existencia y los precios de esos productos. Para evitar maniobras desleales, Comercio inspeccionó también droguerías por la faltante de alcohol en gel. En ese contexto complicado, desde la cartera industrial pidieron a Nación que intime a los fabricantes de este producto para distribuir y abastecer a la comunidad.
Las inspecciones incluyeron también a los comercios adheridos al programa Precios Cuidados para asegurar la presencia de los productos en las góndolas. Gracias a este trabajo se logró que los precios de supermercados se retrotraigan y se ajusten a los acuerdos realizados.
Las verdulerías y fruterías de la Capital también estuvieron en la agenda de Comercio con el fin de evitar abusos de precios. En algunos casos detectaron irregularidades y se labraron actas por no exponer los costos de los alimentos.
Los controles de precios también llegaron a municipios del interior. Desde el inicio de los operativos de control de Precios Máximos, la Subsecretaría de Comercio diagramó un sistema de trabajo coordinado con las municipalidades de la ciudad de Corrientes, Ituzaingó, Gobernador Virasoro, Bella Vista, Goya, Alvear y Mburucuyá.
Dada la continuidad de la cuarentena y con las medidas obligatorias de prevención del coronavirus, se verificaron la disponibilidad y los precios de venta de barbijos y alcohol en gel.
Los inspectores de Comercio controlaron los Precios Máximos en Itá Ibaté, y se reunieron con el intendente para avanzar con la apertura de una delegación en la localidad.
El precio del gas -como todos los años- es otro de los temas sensibles del área y en el 2020 no fue la excepción porque se realizaron numerosos controles de los precios de venta del gas envasado en distribuidoras de Capital. En la mayoría de los casos, en los centros de distribución de respetaba el precio máximo establecido por la Nación.
Los controles también abarcaron el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria en supermercados. Por decisión de Ahmar, los comercios de Capital fueron visitados por los agentes para corroborar el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas para la lucha contra el coronavirus.
En lo que respecta a fiscalizaciones también se verificó el correcto uso de las Tarjetas Sapucay y Mbareté, y ya en el último mes del año se corroboraron el cumplimiento de los Precios Cuidados y la disponibilidad de la canasta navideña. También controlaron el tiempo máximo de espera en las filas de las cajas y las medidas sanitarias de prevención del coronavirus.
Este año profundizó las relaciones entre empresarios y funcionarios del Ministerio porque ante la pandemia, se realizaron una serie de encuentros para desplegar un plan de tareas en los comercios con el fin de llevar tranquilidad a la población y garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención de la COVID-19.
En algunos casos, los controles derivaron en sanciones por incumplimiento. En este caso se labraron actas por irregularidades en los precios establecidos por la Nación. Como autoridad de aplicación, la Subsecretaría actuó clausurando supermercados en la capital y el interior provincial, fundamentalmente en casos donde se detectaron productos vencidos y se decomisaron alcohol en gel de dudosa procedencia.
Los locales de cobranzas extrabancarias también fueron apercibidos por el organismo. Tras recibir denuncias por cobros de plus, cargos o adicionales los agentes públicos realizaron controles y detectaron incumplimientos y labraron actas de infracción para desalentar las prácticas abusivas.
En Paso de la Patria y Mburucuyá se verificó el cumplimiento del régimen de Precios Máximos y al identificar productos que se vendían a valores superiores y se labraron actas de infracción.
Desde agosto rige la nueva etapa del programa Precios Cuidados y en Corrientes se aplica en las sucursales de las cadenas nacionales. En sus recorridas, los agentes detectaron faltantes y labraron actas de infracción.
La gestión de Ahmar incluyó también este año una capacitación a trabajadores de delegaciones de Defensa del Consumidor de Ituzaingó y Gobernador Virasoro. El objetivo del evento fue brindar mejor atención y asesoramiento al público.
Otro de los puntos fuertes del 2020 fue el lanzamiento de la aplicación para teléfonos celulares Precios Correntinos, la cual permite constatar el valor de los productos contemplados por el programa nacional Precios Máximos. La app posee una solicitud para realizar denuncias anónimas, ante las irregularidades que se puedan presentar.
Este año la Justicia confirmó las multas aplicadas por la Subsecretaría de Comercio. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó las sanciones en causas iniciadas de oficio por el organismo para dar respuesta a reclamos realizados por consumidores. Los fallos fueron resueltos por unanimidad.
Ya en el cierre del año, Comercio estuvo ocupado en un trabajo articulado para lograr una tienda virtual para comerciantes y artesanos. El ministro Schiavi; el subsecretario Ahmar, y el gerente de APICC, Carlos Vasallo, dialogaron sobre el Plan de Transformación Digital dirigida a comerciantes y artesanos correntinos. La pandemia aceleró el proceso de digitalización de la compra-venta, por lo cual se proyecta una herramienta de comercio electrónico.
Política
Corrientes 2030. Recta final por una década de objetivos consensuados
PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO
“Tenemos que pensar y planificar la Corrientes del 2030”, dijo el gobernador Gustavo Valdés cuando presentó en octubre pasado el Plan Estratégico Participativo que lleva adelante la elaboración del Nuevo Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social. Desde entonces, se concretaron decenas de charlas y talleres virtuales abiertos con miles de participantes, en los cuales se recolectaron cientos de propuestas sobre Desarrollo, Modernización, Inclusión y Género. Ahora, se preparan entrevistas a diversos referentes y talleres de consultas para culminar en la redacción final del acuerdo que se espera firmar en abril próximo. De esta forma, el Mandatario planteó “mirar hacia adelante con objetivos claros, definidos y consensuados por todos”.
El equipo técnico Corrientes 2030 procesa las propuestas que se aportaron en los talleres virtuales que convocaron recientemente a unas 6 mil personas de toda la provincia. Es así que se logró recoger una importante cantidad de ideas y aspiraciones de los muy diversos sectores de la sociedad, las cuales se pondrán a disposición para la redacción del Nuevo Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social.
“Corrientes 2030 es un espacio de diálogo, trabajo conjunto y planificación en el que miramos el mañana por fuera de la coyuntura”, indicó Valdés en una de sus publicaciones de redes sociales, sosteniendo que el mismo es “abierto y transparente con el foco puesto en el fortalecimiento de la participación ciudadana”.
Con estas premisas, se realizaron a través de videoconferencias ocho charlas de sensibilización y 25 talleres participativos para las distintas regiones de la provincia, en los cuales participaron unas 6 mil personas, pertenecientes a diversos ámbitos de la sociedad. Los mismos se dividieron en los cuatro ejes de este plan estratégico: Desarrollo, Modernización, Inclusión y Género, concluyendo en el último destinado exclusivamente para jóvenes, el cual abordó estas cuatro temáticas.
En tanto, en las charlas de sensibilización que se realizaron previamente a los talleres, los ministros y otros funcionarios explicaron la tarea que llevan adelante desde sus respectivas áreas y la visión que guía sus pasos, en tal sentido.
Cabe señalar que para cada eje se convocaron especialistas en cada taller y fue así que para Desarrollo, los académicos Fabio Quetglas y Vicente Donato, remarcaron la importancia de establecer conectividad con países limítrofes para abrir nuevos mercados; mientras que en Modernización, el ingeniero Carlos Pallotti explicó su importancia para la economía y la transformación de la sociedad; luego, la socióloga Gabriela Agosto describió el rol de la educación y los gobiernos locales en la Inclusión; y en el eje Género, Julia Pomares (CIPPEC), planteó la necesidad de políticas públicas para una mayor inserción de la mujer en el ámbito laboral.
Ahora, la siguiente etapa de este Plan Estratégico Participativo consiste en la realización de entrevistas en profundidad a distintos referentes, tanto de los sectores público como privado, las cuales tendrán a su cargo un equipo especializado del ámbito académico, durante el mes de febrero. La información que se obtenga de este trabajo se sumará al conjunto de propuestas obtenido de los talleres y con ello, el equipo técnico Corrientes 2030 redactará el primer borrador del Pacto.
Con este documento preliminar se realizará durante el mes de marzo una nueva ronda de talleres de consulta y validación, a fin de consensuar la versión definitiva con los municipios y los Consejos Regionales, en los cuales se nuclean diversas instituciones públicas y privadas, y que integran el Consejo Provincial para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social, órgano representativo con rango constitucional.
Al respecto, Valdés señaló que “con la puesta en marcha del Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030, abrimos las puertas para que cada uno de los correntinos y las correntinas puedan hacer su aporte a través de las organizaciones de la sociedad civil. Así, mediante los talleres virtuales participativos, recibimos cientos de ideas para impulsar el desarrollo, la modernización, la inclusión social, con un acento puesto en hacer efectivos los derechos de las mujeres y los jóvenes”.
“Ahora vamos a procesar todas esas propuestas para que sean revisadas y ordenadas de cara a una nueva consulta”, afirmó luego, a fin de que “tengan el consenso necesario para que antes que finalice el PEP 2021, podamos firmar el Nuevo Pacto Correntino para el Desarrollo Económico y Social que guiará a nuestra provincia durante los próximos 10 años”. Cabe señalar que el primer Pacto fue firmado el 5 de diciembre de 2013 con Ricardo Colombi como gobernador, tras un proceso similar al que actualmente se lleva adelante con Valdés como principal impulsor y con la firme decisión política de rubricar este nuevo acuerdo en abril próximo.
“Cumplimos el primer paso”, había dicho el Mandatario en referencia al PEP 2021 cuando presentó el 16 de octubre pasado el nuevo Plan Estratégico Participativo, sosteniendo que “ahora tenemos que pensar y planificar la Corrientes del 2030”. Y consideró que este proceso “tiene que ver con proyectar el presupuesto a ese período: son los recursos que tenemos para crecer, desarrollarnos y para mirar hacia adelante, pero fundamentalmente para brindar calidad institucional con objetivos claros, definidos y consensuados por todos en una provincia que necesita tener definiciones de futuro”.
