La Red Provincial de Derechos Humanos de Corrientes, envió una carta a Amnesty Internacional, en la que manifiesta su consternación por la gravedad institucional de la crisis penitenciaria en la Provincia de Corrientes.

Además en el texto de la misiva solicita la inmediata intervención de los organismos humanitarios internacionales para exhortar a los poderes del estado provincial y nacional a asumir la gravedad de los hechos y tomar medidas de fondo que sirvan para transitar un camino de resolución de los conflictos, que sin solución de continuidad, se suscitan casi cotidianamente. INFRAESTRUCTURA La Unidad Penal Nº 1 de Corrientes, centenario edificio ubicado en el centro de la ciudad, tiene capacidad para alojar a 180 internos y cuenta actualmente con 460 personas condenadas, población carcelaria casi duplicada en los últimos 5 años. Esta situación conlleva al hacinamiento, el riesgo de propagación de enfermedades infecto-contagiosas, problemas de conductas propios de la superpoblación y del ocio improductivo, el aumento de casos de violencia física y sexual entre los internos, carencias higiénicas, inexistencia de lugares apropiados para garantizar el alojamiento seguro de condenados que han colaborado en la investigación de procesos judiciales en trámite en los que se investiga responsabilidad penal de otros internos o de personal penitenciario, falta de recursos para incorporar profesionales capacitados en el tratamiento, contención y resocialización del interno, según el régimen de progresividad exigido por la ley 24.660, falta de asistentes sociales que actúen como nexo entre el interno y su familia, falta de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud; clara referencia a un sistema pensado en la represión mas que en la reinserción de las personas privadas de su libertad. Distintos tribunales de nuestra provincia han hecho referencia en sus resoluciones a la actual situación de emergencia carcelaria y a la necesidad de que el Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias para hacer frente a ella. En suma, entendemos que los hechos expuestos resultan claramente violatorios del art. 18 de la Constitución Nacional y del fin resocializador de la pena reconocido en los distintos instrumentos internacionales incorporados a nuestro orden legal con jerarquía constitucional, como así también de las leyes nacionales y provinciales que aseguran y regulan los derechos básicos de las personas condenadas, estableciendo un tratamiento humano y digno tendiente a garantizar el fortalecimiento de la dignidad humana y la inserción social de los mismos. CONDICIONES DE RÉGIMEN Y TRATO Son generalizadas dentro de la población penitenciaria las denuncias por apremios, vejaciones y torturas. Las celdas de aislamiento “buzones”, habitáculos casi sin ventilación ni mobiliario, albergan a condenados que van a “aislamiento” como sanción disciplinaria por el término de una semana a quince días. Según refieren los internos, la mayoría de las veces llegan a este lugar, después de sufrir castigos corporales. Pero también en estas celdas y con igual régimen y trato, se encuentran alojadas personas por disposición judicial por tiempo indeterminado. Allí van en calidad de “refugiados” quienes tienen problemas con la población penal o requieren alguna “protección” especial. HECHOS DE CORRUPCIÓN Esta Unidad Carcelaria tiene una larga historia de connivencia en hechos delictivos entre algunos agentes de la unidad penal y condenados que “trabajan” para ellos. En los últimos 5-6 años en varias oportunidades debió ser intervenida la dirección del Servicio Penitenciario Provincial, sin lograr erradicar las prácticas violentas y corruptas dentro del mismo. En particular nos referiremos a los hechos que fueron denunciados judicialmente, y que se instruyen en los Juzgados de Instrucción n. 3 y 6 de la Ciudad de Corrientes. En noviembre del año 2004 se produce el homicidio del interno Carlos Soto, en manos de internos y con el involucramiento de personal penitenciario que facilitó este hecho. Estos juzgados, además de investigar este homicidio avanzaron con actuaciones respecto al tráfico de drogas, psicofármacos, bebidas alcohólicas, presencia de armas y otros graves hechos de corrupción dentro de la unidad penal. En virtud a ello en el mes de agosto de 2006 se descabeza la cúpula y se interviene nuevamente el Servicio Penitenciario Provincial, quedando a cargo del mismo un equipo de 4 (cuatro) Comisarios retirados de la Policía Provincial, pero todas direcciones de las unidades penales a cargo de personal penitenciario. La anterior conducción del servicio está actualmente imputada en hechos de corrupción que se investigan en los juzgados anteriormente mencionados. Pero los hechos de violencia, de disputa de liderazgos y de corrupción no cesan. En el mes de octubre de 2006 se produce un nuevo homicidio, el del interno Jorge Raúl Acuña. Se suceden luego rencillas y episodios menores hasta el pasado 14 de marzo, cuando se desata una lucha interna entre quienes habían sido coparticipes del homicidio de Soto. Esta situación culmina este lunes 19 de Marzo, con un feroz episodio de violencia que termina con dos internos muertos y un tercero gravemente herido. Para las autoridades penitenciarias este es solo un hecho de disputa por el liderazgo. El gobernador de la Provincia dice que se trata de un simple “hecho delictivo común”. Mientras que internos, familiares y organismos de derechos humanos denuncian la complicidad penitenciaria, la represalia a quienes quieren agudizar la mirada crítica sobre estos hechos, para desentrañar la verdadera trama de violencia, corrupción e impunidad. En este momento la población penal se encuentra en huelga de hambre, disconforme con el curso de las investigaciones y las medidas de “seguridad” adoptadas por el servicio penitenciario, hay una tensa calma y muchísima preocupación, ya que funcionarios de alto rango, no asumen la magnitud del problema, (como el gobernador de la provincia) o bien reconocen su inoperancia, como el propio ministro de gobierno que llegó a decir el propio día 19 que el SPP tenía solo el control administrativo de la unidad penal. Por otra parte los internos denuncian que los episodios de malos tratos, torturas y vejámenes se han incrementado luego del traslado a esta unidad penal de oficiales del servicio penitenciario que ya habían sido denunciados por apremios y torturas en la Unidad Penal 6 de procesados, de San Cayetano, y que sin recibir sumarios ni sanciones administrativas y/o penales fueron trasladados a la Unidad Penal 1 EL CASO ESCOBAR QUINTANA Mario Alberto Escobar Quintana es uno de los internos que desnudó esta trama de corrupción. Desde el año 2003 está condenado, a disposición de la Cámara Criminal de la Ciudad de Goya, Ctes, y alojado en la Unidad Penal Nº 1 de la Ciudad e Corrientes. En noviembre de año 2004 declaró como testigo en una causa en la que se investiga la responsabilidad penal tanto de internos como de penitenciarios en el homicidio del interno Carlos Soto, en función de esto hubieron varios traslados a comisarías y otras unidades. También denunció hechos de corrupción que derivaron en la remoción de la cúpula del servicio penitenciario en agosto del año pasado. Es en ese mes, que antes de la intervención del servicio (motivada en buena parte por sus declaraciones, comprobadas judicialmente) cuando estando alojado en la Unida Penal 4 recibe amenazas de uno de los Comisarios, sujeto de sus denuncia y que luego fuera desplazado e imputado en las causas por corrupción, cuando se fuga de esta unidad siendo capturado al mes en Capital Federal y alojado nuevamente en la Unidad Nº 1, lugar en el que están tanto los penitenciarios como la población penal por el denunciada. A partir de octubre de 2006, Escobar Quintana y la Red de Derechos Humanos estamos pidiendo su traslado a cualquier unidad fuera del ámbito del servicio penitenciario provincial. Inició una huelga de hambre el pasado 13 de febrero, desesperado ante la falta de respuesta de la cámara criminal de Goya a su pedido de traslado, por razones de seguridad, a cualquier unidad carcelaria, de la provincia o federal, que no dependa del servicio penitenciario provincial, hecho en Noviembre de 2006. Mario Escobar Quintana lleva a la fecha 37 días en huelga de hambre, ha perdido más de 10 kg y es considerable el deterioro de su salud.- En este contexto y a 37 días de Ayuno el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación no autoriza el traslado a la unidad penal Nº 7 por súper población carcelaria y por la conflictividad del interno. Al mismo tiempo el jefe de la policía local de manera informal se niega a recibirlo en comisaría por sus antecedentes de fuga y por considerar que la policía no cumple las funciones de custodia de internos. Por otra parte las delegaciones locales de Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía federal dicen no tener autorización para alojar detenidos. Mas allá de los vericuetos administrativos o judiciales, ninguno de los órganos judiciales competentes, la Cámara de Goya, que fue el tribunal que lo condenó, y el Superior Tribunal de Justicia, que cumple funciones de superintendencia, ha adoptado a la fecha medidas para resolver el problema de fondo – su traslado- o para salvaguarda de su vida. Es incomprensible que una persona deba recurrir a medidas extremas, que ponen en riesgo su salud y su vida, para obtener lo que en derecho le corresponde: que se cumplan los plazos para responder a pedidos concretos y así, sea cual fuere la respuesta, poder seguir el camino judicial que corresponda. Máxime cuando su condición de privado de su libertad lo coloca bajo la tutela del Estado quien debe ser garante de sus derechos elementales, como ser humano. En este momento, la vida y la salud de Escobar Quintana se encuentran bajo custodia y responsabilidad de las autoridades judiciales, quienes deben cumplir el rol de garantes de su seguridad e integridad, que manda la ley, sin retaceos y con la urgencia que el agravamiento diario en la condiciones de salud del interno impone. Pedimos con carácter de URGENTE la intervención de AMNESTY INTERNACIONAL para que gestione ante los órganos administrativos y judiciales provinciales y de la nación, todas las medidas tendientes a garantizar la vida, la seguridad y la integridad física de los internos de la Unidad Penal 1, quienes, solo están privados de su libertad ambulatoria, no de su condición de seres humanos. Red de Derechos Humanos de Corrientes. Dra Lara Leguizamon E-mail: laraleguizamon@arnet.com.ar. Cel: 03783- 15669856. Estudio: 03783- 423979 Dra Daiana Gutnisky. E-mail: dra.daianagutnisky@gmail.com. Cel: 03783-15603840 Dra Hilda Presman. E-mail baco@gigared.com. 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