Los funcionarios del Poder Ejecutivo correntino brindaron un completo informe a la Cámara Alta en pleno. El Ministro clarificó conceptos y expuso los alcances del articulado del proyecto. Se consensuó mejorar los aspectos que hagan a una buena interpretación del espíritu de la norma.

El equipo económico del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, encabezado por el titular de la cartera Enrique Vaz Torres, se reunió durante casi cuatro horas con los senadores provinciales, con el objetivo de informar detalles del proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos del Ejercicio 2010 remitido por el Poder Ejecutivo. En el marco de una exposición de los funcionarios de la cartera económica provincial, se analizaron los distintos conceptos, títulos y capítulos de la norma propuesta. En primer lugar, se explicó la técnica de presupuestación efectuada, a partir de los recursos previstos por el Gobierno nacional y los de origen provincial. En este sentido, Vaz Torres explicó que las distintas jurisdicciones plantearon necesidades de inversión por un total de $4.827 millones, en tanto que los recursos previstos (nacionales y provinciales) ascienden a $3.987 millones; de esta ecuación, surge una necesidad de financiamiento de $840 millones, para alcanzar a cubrir la demanda de las diversas áreas. Durante el encuentro, se analizó además el comportamiento de los envíos de coparticipación durante el primer trimestre del año, aunque se incluyeron también en el análisis, las retenciones por deuda, que merman la disponibilidad de recursos. “Entre enero y marzo, los descuentos a la coparticipación se duplicaron; respecto del mismo período de 2009”, explicó el Ministro. PODERES JUDICIAL Y LEGISLATIVO, CON EL MONTO SOLICITADO El titular de la cartera económica, en el marco de su exposición, mencionó los montos asignados a las distintas áreas dependientes del Poder Ejecutivo, cifras que serán analizadas en mayor detalle por los senadores con los titulares de cada área. “A cada jurisdicción se le respetó el monto solicitado a partir de las necesidades plasmadas”, remarcó. En este sentido, Vaz Torres destacó luego que tanto al Poder Judicial como al Legislativo se le asignó la partida requerida. En el caso de la Justicia, los $288 millones previstos implican cerca del 6,61% del total del presupuesto, monto que supera los 6,27% estipulados en la Constitución Provincial. El Poder Legislativo, por su parte, presupuestó $77 millones que representan casi el 1,8% del presupuesto total. SUSPENDER EXCENCIONES PARA FINANCIAR TARIFAS SOCIALES En el marco del capítulo de Contención del Gasto propuesto por el Ejecutivo, que implica fundamentalmente mayor eficiencia en la aplicación del mismo, el Gobierno propone la suspensión de exenciones tributarias durante dos años, con el objetivo de financiar tarifas sociales. “El artículo 48º propone financiar, con los recursos percibidos por la suspensión de las exenciones, el establecimiento de tarifas sociales segmentadas para los consumos en energía eléctrica, agua potable y cloacas, considerando la situación económica de los usuarios”, puntualizó el Ministro de Hacienda. SUSTITUCIÓN DE DEUDA EN MEJORES CONDICIONES Vaz Torres informó en detalle a los legisladores, las dos alternativas de financiamiento adicional sugeridas en el Presupuesto, con el objetivo de afrontar dos tipos de deuda en mejores condiciones: los Bonos de Consolidación para la deuda contingente (derivada de sentencias judiciales) y las Letras del Tesoro para la Deuda Flotante o corriente (con proveedores y exigible en el corto plazo). Destacó en este punto que la instrumentación de los Bonos de Consolidación y las Letras del Tesoro implican un procedimiento a partir del cual se sustituye una deuda exigible al Estado Provincial por parte del acreedor, por títulos que se van cancelando en un mayor plazo; por ende, en condiciones más accesibles. Es decir, el deudor (Estado Provincial) establece un nuevo mecanismo de pago con el acreedor que tiene una cuenta a cobrar al Tesoro local, ya sea por sentencia judicial o la prestación de algún servicio o venta de insumos, correspondiente a una deuda que ya existe y que de algún modo debe ser saldada. En ningún caso la emisión de Bonos o Letras implica una nueva deuda o un incremento del stock de pasivos existentes, teniendo en cuenta que significa la sustitución de una deuda por otra en mejores y más claras condiciones para su cancelación. “Proponemos un monto determinado, como tope para ambos instrumentos, que serán analizados y definidos por los legisladores en cada caso”, apuntó el Ministro. “Si uno tiene una deuda y a esa deuda le da un perfil distinto, con mejores condiciones, con previsibilidad, con plazos, con reconocimiento de intereses, con posibilidades de acceso a los mercados; uno lo que hace es cambiar la naturaleza de la deuda”, explicó Vaz Torres. DEUDA FLOTANTE POR LETES Uno de los puntos más preocupantes para el Ejecutivo, tiene que ver con la Deuda Flotante o Corriente (exigible en el corto plazo), cuestión que fue transmitida nuevamente a los legisladores. De acuerdo a la información consignada en la Cuenta de Inversión, la Deuda Flotante asciende a más de $430 millones entre Administración Central y Organismos, aunque aún resta definir con el Tribunal de Cuentas la inclusión de otros montos. En este esquema, para los proveedores de servicios o insumos que tengan acreencias con el Estado, se propone la emisión de Letras del Tesoro (LETES), por un monto de hasta $400 millones, que tendrán un plazo de 18, 24 y 36 meses, con un interés del 12 % anual y la amortización de capital e intereses a su vencimiento. En el caso de las LETES, el procedimiento que llevan adelante otras Provincias e incluso el Gobierno Nacional es el siguiente: el Estado licita cierta cantidad de LETES y los acreedores hacen su oferta a partir de una quita determinada, el proveedor que mayor quita ofrezca sobre la deuda que el Estado mantiene con él resultará adjudicatario de las LETES. “Se trata de un mecanismo razonable y transparente; porque las LETES se licitan, el Estado va a al mercado y éste responde por esos compromisos que hace el Estado”, puntualizó el funcionario. Justamente el último jueves, la Provincia de Buenos Aires licitó $120 millones de Letras a través del BAPRO, con resultados “excelentes” según el ministro de Economía del gobernador Daniel Scioli, Alejandro Arlía. “La diferencia entre la propuesta de Corrientes y la que instrumenta Buenos Aires por ejemplo es que nosotros prevemos aplicar las LETES sólo para amortizar una deuda que ya existe; mientras que la jurisdicción bonaerense las licita para obtener recursos”, explicó el funcionario y enfatizó: “No es nueva deuda”. CONSOLIDACIÓN, UN INSTRUMENTO VIGENTE En el caso de la deuda generada a partir de una sentencia judicial adversa al Estado Provincial, se propone la cancelación de la misma a partir de Bonos de Consolidación a un plazo de 20 años, con intereses a pagar semestralmente, por un monto de hasta $100 millones. “La deuda contingente ya existe, son deudas judiciales de muchos años, por ejemplo el caso Pinasco y otros”, explicó el Ministro. Tras lo cual agregó que “esos reclamos judiciales deben ser atendidos con algún instrumento financiero para que no se detraigan recursos que deben ir a sueldos o a servicios esenciales del Estado”. “Ahora –agregó- estamos requiriendo a la Legislatura una nueva emisión para darle cobertura a los nuevos juicios que surjan, porque Fiscalía de Estado ya fue notificada de varias sentencias del orden de los $33 millones que deben ser atendidas y fueron prespuestadas; para deudas de este tipo son los Bonos de Consolidación”, explicó. Al margen de la emisión de la nueva Serie VII que se propone, se incluye en el Presupuesto una partida de $23 millones correspondiente a las Leyes 4558 y 4726. “Estos Bonos ya fueron oportunamente autorizados en los años 1991 y 1993 respectivamente, en este proyecto se pide la partida anual, como se hace cada hasta que se cancelen los Bonos; tampoco esto es nueva deuda”, clarificó el Ministro de Hacienda. RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS En cuanto a la relación económica-financiera del Gobierno con los Municipios, el titular de la cartera económica explicó que el presupuesto prevé alrededor de $430 millones a ser enviados a las comunas a lo largo de 2010, entre coparticipación (de recursos nacionales y provinciales) y Fondo Federal Solidario, conocido como “Fondo Sojero”. El presupuesto prevé la coparticipación del 16% de recursos, tras el incremento del 1% resuelto por el Gobernador de la Provincia. En cuanto al articulado del Presupuesto que establece la regularización de las obligaciones de los municipios con el Estado Provincial, Vaz Torres aclaró que en todos los casos se deberá suscribir convenios bilaterales. “Esto significa que ambas partes trabajarán en un convenio hasta llegar a un acuerdo y que ninguna de ellas podrá imponer condiciones”, aclaró el funcionario. Para el Ministro, este mecanismo permitirá compensaciones y la regularización de una situación de endeudamiento crónico de las comunas, cuyas deudas y acreencias no están conciliadas con la Provincia. “Es un artículo que favorece a los municipios”, coincidió el senador Jorge Simonetti. Al término del encuentro, Vaz Torres comentó a la prensa los alcances de la reunión y se mostró conforme con el intercambio de información y opiniones. Incluso, apuntó, se trabajará para mejorar la redacción de algunos artículos y clarificar su interpretación. “Es muy importante el intercambio con legisladores que pueden aportar mucho al aspecto jurídico de la norma; es un instrumento perfectible”, concluyó. Los legisladores, por su parte, agradecieron “la buena voluntad” del Ministro y sus funcionarios, teniendo en cuenta que no se trata de la primera visita de los técnicos de la cartera a la Legislatura. Por la Cámara Alta, estuvieron presentes doce de los trece senadores, en función de la ausencia de Gustavo Canteros.