Con los plazos corriendo, la Provincia espera que Nación convoque a discutir los términos del Convenio Bilateral para reprogramar sus deudas. Sobre los reclamos judiciales, ratificaron que se continuará el planteo por los fondos adeudados por ANSES al IPS, aunque anticiparon que se puede resolver por la vía administrativa.

A pocos días de que venza el plazo establecido en la normativa nacional para acceder al Programa Federal de Desendeudamiento por el cual Corrientes refinanciaría su deuda, el ministro de Hacienda Provincial, Enrique Vaz Torres, señaló hoy que el Gobierno local espera la convocatoria nacional para establecer los alcances del Convenio Bilateral que deben firmar Nación y Provincia. “Estamos esperando la convocatoria del Jefe de Gabinete o de quien designe el Gobierno Nacional para sentarnos y definir los alcances del Convenio”, puntualizó el funcionario en referencia al artículo 10º del Decreto Nacional 660/10 que establece puntualmente que estos acuerdos bilaterales “deberán propender a solucionar los conflictos planteados judicialmente entre las partes”. “No se trata de algo sobre lo que uno pueda decir aquí le vengo a traer el desistimiento, sin tener firmado el Convenio”, graficó el Ministro y agregó: “Ese Convenio debe establecer claramente el alcance de las posibilidades de desistimiento que tengan las partes”. En este sentido, Vaz Torres explicó que se debe plantear el mecanismo de resolución también en la misma instancia judicial o donde fue efectuado el planteo. “En cada uno de los casos hemos hecho el análisis correspondiente de las posibilidades que tiene la Provincia y esperamos la convocatoria Nacional”, puntualizó. Comentó en este aspecto que está en contacto permanente con Ministros de otras Provincias y que todos están abocados a esta cuestión. “Es bastante engorroso esto de propender a eliminar los planteos judiciales porque hay otro poder en medio que es el Judicial”, apuntó. GESTION Y AFINIDAD POLÍTICA Consultado respecto de la incidencia de factores políticos en la dilación de los tiempos para algunas jurisdicciones como Corrientes a diferencia de otras pertenecientes al espacio que nuclea el Gobierno Nacional, el Ministro de Hacienda consideró que no se puede ser ingenuo o tratar de ingenuos a todos. Tomó por caso la Capital correntina y aseguró que las mismas gestiones se vienen planteando hace mucho tiempo y por distintas razones no se han obtenido los beneficios que hoy se logran por la afinidad política. “Tampoco hay que ser ingenuos o tratarnos de ingenuos a todos”, señaló Vaz Torres y destacó: “Hay que ser claros, hay afinidades políticas que se entienden”. “Hemos pasado por todas las instancias, somos parte de esta democracia actual y de esta coyuntura, sabemos como es la cuestión; siempre tratamos con respeto a los funcionarios nacionales sean del color político que sean, conocemos las instancias y los vaivenes de la política”, especificó; aunque aclaró: “No dependemos de eso y tratamos de hacer bien las cosas de cualquier manera”. Sin embargo, remarcó que el Gobierno Provincial puede dar ejemplos concretos de la relación institucional que pretende a nivel Nacional. “Cuando se les giró un punto más de coparticipación a las jurisdicciones municipales, en ningún momento se hizo distinción alguna sobre el color político ni se establecieron condicionantes”, destacó. Vaz Torres agregó además que “fue una decisión del Gobierno Provincial para fortalecer las autonomías municipales y para que también los municipios puedan ir recomponiendo sus cuestiones salariales y de equipamiento, incluso antes de que accediéramos a los beneficios de la refinanciación de deudas”. RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES En el marco de sus declaraciones, el Ministro de Hacienda estableció una clara diferencia entre los reclamos por fondos adeudados a Corrientes que se encuentran en instancia administrativa respecto de aquellos que ya han derivado en presentaciones judiciales. “No hay que enredar las cosas, la cuestión administrativa va por un lado y la judicial por otro”, remarcó. “En todo proceso donde se discuten cuestiones económicas, de acreencias, deuda y demás, entre dos jurisdicciones públicas, hay una primera instancia que es la gestión administrativa y cuando no se llega a un acuerdo entre las partes se va a la instancia judicial”, explicó. En esta línea, recordó que “en esta última instancia se debe tener en cuenta que existe la decisión de otro Poder del Estado, el Judicial, donde hay un procedimiento y un mecanismo sobre los que ninguna de las jurisdicciones en controversia puede aventurar resultados”. Así, explicó, Corrientes tiene por un lado planteos administrativos vinculados al retraso en el envío de fondos que tendría que enviar y no envía, por ejemplo de las Regalías de Salto Grande y Yacyretá, recursos del FONAVI adeudados a INVICO, y planes forestales, entre otros; los cuales aún no se han judicializado y se continuarán gestionando. A su vez, otros reclamos sobre los que no se llegó a un acuerdo sí derivaron en cinco causas judiciales, una de ellas sobre los recursos adeudados al Instituto de Previsión Social por parte de la ANSES y las cuatro restantes vinculadas al régimen y ciertos aspectos de la Coparticipación Federal de Impuestos. “El Decreto 660 se refiere a estos planteos judiciales”, explicó. En este sentido, Vaz Torres ratificó lo dicho por el Gobernador y aseguró que Corrientes no desistirá de los montos adeudados por ANSES al IPS para atender los desequilibrios previsionales. “Los déficits que están conciliados entre el IPS y el ANSES han sido plasmados en una nota conciliatoria donde se han aceptado los montos ya en febrero de este año”, explicó el Ministro y agregó que “cuando se firme el convenio particular entre ambos organismos y se giren los fondos o se establezca en cuantas cuotas se van a girar esos fondos, el desistimiento prácticamente es un hecho”. “Lo que no podemos hacer es desistir antes de pautar cómo nos remitirán los recursos, habiendo una conciliación y un trámite administrativo donde la propia auditoría de ANSES ha dicho cuánto le debe al IPS; eso es imposible y a eso se refiere el Gobernador”, remarcó Vaz Torres. Ahondó en sus explicaciones y especificó que “lo que debe hacer Nación es habilitar la firma de un Convenio particular por este tema que diga cómo enviarán lo que en auditoría fue cerrado y que ya ha reconocido que se le debe girar a la provincia, para que podamos retirar el reclamo de la justicia porque se va a pagar”. BENEFICIOS A CORTO Y LARGO PLAZO El titular de la cartera de Hacienda se refirió además a los beneficios que tendrá para la Provincia la incorporación al Programa Federal de Desendeudamiento y remarcó que se darán tanto en el corto como en el mediano plazo. “Los lineamientos generales de este Programa coinciden con lo que planteó Ricardo Colombi ya en 2005 y nuevamente en esta segunda gestión”, apuntó. En el mediano y largo plazo, Vaz Torres destacó que la eliminación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que ajusta permanentemente la deuda por la inflación es uno de los beneficios más importantes. “La deuda de la Provincia está ajustada por CER, lo cual nos cuesta actualmente cerca de $200 millones; si la Nación resolviera corregir algunos indicadores y correr algunos precios hacia arriba, la deuda se volvería impagable, por eso es muy beneficiosa la quita del CER”, remarcó. Destacó en este sentido que de esta manera no se condena a las Provincias a que los crecimientos importantes que tiene la inflación produzcan un ajuste impagable en las cuentas públicas provinciales. “No es que se licua la deuda sino que queda a valores nominales con una tasa fija”, aclaró. De todas maneras, consideró que lo más ventajoso en el corto plazo es la no retención por las deudas, “porque necesitamos atender la recomposición salarial, la restitución de los servicios del Estado, el reequipamiento, y debemos recuperar la inversión pública de modo genuino”. “Pero hasta que no firmemos, hasta que no sea una realidad, no podemos avanzar demasiado”, concluyó.