Nacionales
El oficialismo dejó todo listo para aprobar la ley
AEROLÍNEAS
El Senado tiene todo dispuesto para aprobar el miércoles el proyecto de estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, en los mismos términos en que 11 días atrás la Cámara de Diputados le dio media sanción. Las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta acordaron el dictamen de mayoría, que ratifica lo votado por los diputados para el “rescate” y “compra” de ambas empresas.
Así se aprobaría la ley de reestatización en los términos que impuso el Congreso, muy distintos a los que había enviado en su proyecto original el Poder Ejecutivo. A diferencia de lo que había sucedido con el proyecto que confirmaba las retenciones al campo, esta vez los diputados cambiaron un aspecto clave del proyecto, como es la forma en que el Estado pagará al grupo español Marsans por Aerolíneas y Austral. El gobierno de Cristina Kirchner aceptó esos cambios: sus funcionarios debaten en estas horas si el escenario de confrontación con Marsans, algo que consideran “inevitable”, tendrá que ser resuelto a través de una posterior ley de expropiación. La principal diferencia es que la nueva ley desconoce la existencia del Acta Acuerdo que el 17 de julio habían firmado el Ejecutivo con el grupo español Marsans, dueño hasta el momento de las acciones de las dos empresas. La clave de ese Acta Acuerdo es el mecanismo de valuación de Aerolíneas y Austral, así como la obligación de someterse a un árbitro si las dos partes no llegaran a ponerse de acuerdo sobre cuál es el precio. El proyecto que el Senado podría aprobar mañana, en cambio, establece que sólo el Tribunal de Tasaciones será el encargado de valuar a Aerolíneas y Austral. E ignora olímpicamente la fórmula de valuación que se había establecido en el Acta Acuerdo, con el sistema de “descuento de flujos de fondos a futuro”. Hasta el momento, ese Acta Acuerdo es el que regula la intervención del Estado en Aerolíneas, que comenzó con una serie de asistencias financieras desde el 8 de julio y quedó formalizada a partir del 17 de ese mes. El ministro de Planificación, Julio De Vido, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el ex intendente de La Plata Julio Alak (nuevo gerente general), son desde entonces las personas que mandan dentro de Aerolínas y Austral. Pero en cuanto la ley sea promulgada, su efecto legal anulará lo establecido en el Acta Acuerdo. Los protagonistas, tanto desde el Estado como desde Marsans, dan por descontado que la valuación que harán las dos partes serán muy disímiles y por lo tanto se abrirá un nuevo capítulo en el prolongado conflicto entre la administración kirchnerista y el grupo español. Los representantes de Marsans aseguraron en el Senado que si no llegan a un acuerdo por el precio de Aerolíneas y Austral están dispuestos a querellar a la Argentina ante el CIADI. La situación de Aerolíneas es compleja hasta para especialistas en derecho constitucional, quienes no se ponen de acuerdo sobre la viabilidad de expropiar o no la empresa. La empresa nunca salió de su concurso preventivo desde julio de 2001 y acumula un pasivo post-concursal de 890 millones de dólares, si bien tanto Marsans como la Secretaría de Transporte coinciden en que la deuda “exigible” de ese pasivo es de US$ 240 millones. “Hay muchos elementos a tener en cuenta a la hora de decidir si habrá expropiación o no. Es un tema complejo desde lo político, pero también en lo técnico y lo jurídico”, dijo a Clarín uno de los principales referentes en derecho constitucional. “Además, está de por medio la posibilidad de otro juicio ante el CIADI, que habría que evitar. La reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral está generando casi tanta polémica como la que provocó en su momento la privatización. En ambos casos se llegó al punto cúlmine del proceso con la compañía sometida al cuestionamiento social por un servicio que sufrió deterioros que no se pueden atribuir solamente a cuestiones técnicas o económicas. En todo caso, esos factores tuvieron como trasfondo una serie de manejos políticos y empresariales que resultaron poco transparentes para el gran público. Ahora, el horizonte también presenta turbulencias: los españoles advierten que irán a juicio en los tribunales internacionales si el precio que se les paga no los conforma. Así las cosas, el panorama presentaría la complejidad extra de una expropiación, que incluirá la cuestionada deuda de US$ 890 millones además de una demanda que también sumará mucho a la cuenta. ADVERTENCIAS DE MARSANS El representante de la empresa española Marsans, dueña de Aerolíneas Argentinas, advirtió el lunes el plenario del Congreso que, si no hay acuerdo con el precio que el Estado fije para la compañía aérea y se decide la expropiación iniciará un juicio ante el CIADI. Ese organismo es un tribunal comercial internacional que depende del Banco Mundial, en el que Argentina enfrenta varias causas derivadas de la pesificación de 2001. El encargado de hacer la advertencia fue el español Vicente Muñoz, director corporativo de Marsans y miembro del Consejo de Transición que está gerenciando Aerolíneas. El ejecutivo insistió también en que, para él, sigue vigente la cuestionada Acta-Acuerdo firmada por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, para la compra de acciones de la empresa. El acta, que fue extirpada del proyecto de ley que se tratará el miércoles, hablaba de tres valuaciones: la del Estado, la de la empresa, y si no se llegaba a un acuerdo, la de un tercero que sería “inapelable”. En cambio, el nuevo texto dice que habrá un solo precio, fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. “Esto es una compraventa, dijo Muñoz ante las preguntas del radical Gerardo Morales. Tenemos que ponernos de acuerdo en el precio. ¿O usted me está hablando de una expropiación? Si es así, que el Estado lo diga. Y si no estoy de acuerdo tendré que ir al CIADI y otros organismos internacionales.” La cuestión del precio de la compañía es crucial, y formará parte de la segunda etapa de la reestatización: la ley que se aprobará mañana sólo habla del “rescate” de Aerolíneas, mientras que otro proyecto (antes de fin de año) aprobará el valor fijado por el Estado. El sábado pasado, Jaime admitió que se marcha hacia la expropiación en caso de “que no haya acuerdo” con Marsans.

El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.
(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.
De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.
Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.
Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.
En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.
A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.
Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.
La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.
Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.
La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.
Nacionales
Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal
CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON
La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.
(www.perfil.com) Según reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.
La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.
Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.
Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.
Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.
Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.
(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.
También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.
Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.
“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.
“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.
Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre. Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.
“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.
Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.
Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.
Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.
Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.
El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.
Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.
Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.