A pesar de manifestarse una leve recuperación en 2006 de la incidencia porcentual que tiene el dinero destinado a sueldos con respecto a los recursos del Estado, se verifica un retroceso de 8.49 % de esa incidencia, desde 2003 hasta 2006.

“Las conclusiones precedentes, que surgen de un análisis rápido del Proyecto de Presupuesto 2006, nos llevan a afirmar que resulta impostergable una recomposición salarial urgente para los empleados estatales” así manifiesta un informe enviado por la Central de Trabajadores del Estado Corrientes. “Ese porcentaje equivale a $ 135.058.106.- de los recursos Corrientes y de Capital previstos para 2006. El monto representa un 18,62 % del monto previsto para sueldos en 2006” así dan inicio a un informe elaborado por la Central de Trabajadores del Estado con sede Corrientes donde envían además graficas correspondientes. La diferencia que se puede apreciar en el incremento porcentual de los Recursos con respecto al crecimiento porcentual de los fondos con destino a sueldos, entre 2003 y 2006, confirma la pérdida progresiva de los trabajadores en el reparto de los recursos del Estado. Se reafirma que ésta pérdida de los trabajadores se da en un contexto de mejora de recursos y no de merma. Investigando someramente el destino final de los fondos aplicados a los rubros BIENES DE CONSUMO, BIENES DE USO Y SERVICIOS NO PERSONALES, se llega a la conclusión de que, en detrimento de la capacidad adquisitiva de los sueldos de trabajadores estatales, SE ESTÁ OPERANDO UNA TRANSFERENCIA FENOMENAL DE RECURSOS AL SECTOR EMPRESARIO. Dos ejemplos: a-El INVICO tiene presupuestado para 2006, Bienes de Uso por $ 395.248.419 que en su gran mayoría irán a parar a las manos de empresarios de la construcción, quiénes reciben aproximadamente $ 70.000 por cada vivienda que construyen. Esas mismas viviendas, construidas por sistema cooperativo, considerando mano de obra, materiales y terreno, no superan los $ 30.000. Ya demostramos el año pasado en un trabajo que está a disposición, que la rentabilidad asegurada a la Empresa SHONKO, está entre el 200 y el 300 % mensual. Se demuestra que existen áreas de gobierno en las que el gasto público aparece como injustificado o incomprensible, como por ejemplo los Servicios no Personales, Bienes de Uso y Bienes de Consumo en la Secretaría General de la Gobernación que son muy elevados y, por ejemplo, superiores a la Secretaría de Desarrollo Humano. Asimismo, resulta por lo menos curioso que exista una partida de Vivienda y Urbanismo dentro del Ministerio de Hacienda, por $ 3.150.000. Los controles de los intereses estatales, llámese Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado aparecen como desfinanciados. Esta última tiene una merma del 76,64 % respecto al año pasado y el Tribunal de Cuentas un aumento del 84,07 % que resulta insuficiente si se tiene en cuenta que más del 90 % de los recursos son absorbidos por el pago al personal dependiente del Tribunal. Se advierte que, al igual que el año pasado, no ingresa dinero alguno por Regalías, lo cual revela que Yaciretá, además de alterar negativamente el ecosistema correntino, de no haber impedido que paguemos la energía más cara del país, tampoco nos genera ingresos, como sí tiene Entre Ríos por Salto Grande. LA LÍNEA DE POBREZA Según INDEC: $ 852 (junio 2006). Según se desprende del análisis la cantidad de agentes por debajo de ese promedio es de 21.232, con lo cual podemos concluir que si la planta presupuestada es de 40.485 personas, el 52,44 % del total tiene ingresos que no superan esa línea. La realidad marcada en el punto anterior es más grave aún de lo que revela el promedio, ya que de cifras aportadas por los propios informes oficiales surge que un 28,9 % de los agentes se quedan con el 55,1 % de los recursos. Si analizamos la distribución de los haberes jubilatorios, tenemos que el 75,3% de los jubilados recibe el 41,4 % de los recursos, mientras que el 8,2 de la clase pasiva se queda con el 33,3 %. A esta injusta distribución que de por sí desnuda la existencia de jubilaciones de privilegio, debemos agregarle la situación de desfinanciamiento progresivo del IPS, ocasionado por la aparición de trabajadores precarios en la administración pública (Jefes y Jefas de Hogar). Por último y como indicador de que pasan los años y nuestra provincia sigue teniendo una de las economías más raquíticas del país, cabe señalar que la recaudación propia (Recursos Tributarios, No Tributarios, Venta de Servicios y Rentas de la Propiedad) apenas alcanzan al 12,46 % del total de recursos presupuestados. Existe una dependencia casi total de los fondos de coparticipación y de hecho, muchas áreas de gobierno funcionan merced al dinero proveniente de Planes especiales del orden nacional. Las conclusiones precedentes, que surgen de un análisis rápido del Proyecto de Presupuesto 2006, nos llevan a afirmar que resulta impostergable una recomposición salarial urgente para los empleados estatales. PROPUESTAS -Proponemos una recomposición salarial inmediata para todos los trabajadores estatales del 20 % en los salarios de bolsillo para llevar la participación porcentual de los salarios con respecto a los recursos a los niveles de 2003. Este dinero debe salir de la disminución de las partidas previstas para los rubros: Servicios no Personales (10 %); Bienes de Uso (18 %) y Bienes de Consumo (10 %). Esta recomposición debe hacerse RETROACTIVA A ENERO DE 2006. -Establecer un plazo máximo de 60 días para aprobar una nueva ley de sueldos que contemple otra recomposición salarial en la que se asegure la recuperación de los sueldos por la inflación acumulada de los últimos 3 períodos y en la que el Estado garantice que ningún trabajador cobre menos que el valor de la canasta familiar establecida por el INDEC, valor al que debe ajustarse automáticamente el sueldo. – En la elaboración de esa nueva ley de sueldos debe garantizarse la participación de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales. Además, deben transparentarse los salarios, eliminando las sumas en negro; revalorizar la carrera administrativa y propender sistemáticamente a eliminar la escandalosa diferencia existente entre los que más cobran y los que menos cobran. – En el caso particular de la construcción de viviendas, proponemos que la mitad de los recursos destinados a ese fin sean canalizados a través de la formación de Cooperativas de Trabajo entre desocupados, precarizados y titulares de Planes Jefes y Jefas de Hogar, emulando el Plan Nacional de Emergencia Habitacional. -Y proponemos que se fije como fecha tope el 30/06/07 para la normalización de todos los entes intervenidos y la presentación de un cronograma de acciones para concretar ese fin.