Política
FPV. Un proyecto de Ley genera otro problema para “Camau”
SONIA LÓPEZ LO HIZO
Una vez más, inconsulta, casi irrevente y fuera de todo contexto, la diputada sin partido Sonia López, socia en el Frente para la Victoria del Intendente kirchnerista Carlos “Camau” Espínola, presentó un proyecto de Ley que “abrió otro frente de conflicto”. Los remiseros sostienen que, “esto es solo para que ingrese el monopolio de ERSA a prestar el servicio y dejarnos a todos en la calle”. Ni hablar de la “pomposa, innecesaria y wiquipediada argumentación”.
Una movilización de más de ocho cuadras de remiseros de todas las empresas de la ciudad de Corrientes es el logro exclusivo de la diputada Sonia López, socia del jefe comunal capitalino y flamante candidato a gobernador por el protocamporismo kirchnerista. Solo que no fueron a “aplaudirlo” sino a “reclamarle”.
“Con la ley presentada se está poniendo en riesgo la fuente laboral de más de 2.500 choferes de remises, sean dueños de sus vehículos o no”, sostienen y reclaman que, “la diputada no sabe ni de lo que habla. No nos consultó como fuerza laboral, no se acercó a nuestro gremio”, aseguraron a la prensa referentes de los trabajadores.
“Nos está ninguneando, nos está usando para que ingrese ERSA, que ya sabemos tiene esperando más de 600 vehículos para ser habilitados”, denunciaron, “y ya tiene doscientos en la calle”, con una empresa de un “dueño de un gremio que no representa a nadie”, expresaron indignados.
“EL PROYECTO ES UN MAL COPIO Y PEGO”
Pero además, no solo se escuchó decir a varios concejales y ex concejales que “el proyecto es un pésimo proyecto, no un mal proyecto. Es pésimo”, ratificaron los consultados, y destacaron que, “adolece de graves errores de práctica legislativa, de redacción y por sobre todas las cosas de claridad”.
Analizando el proyecto de Ley de la diputada comunista, en su artículo 1º pide que Se declare “el servicio de trasporte automotor, de remises y taxis, como Servicio de Transporte Público de Pasajeros en el ámbito de la Provincia de Corrientes”. Pero ya en el artículo 2º, solo pide se considere solo a los remiseros “trabajador en relación de dependencia”, por lo que se olvidó de los taxistas, que indudablemente tienen otro sistema de trabajo al prestar el servicio.
Como si fuera poco, en su artículo 3º, la socia del intendente “Camau” Espínola indica que “la autoridad de Aplicación tendrá la obligación de atender todas las consultas y la tutela de los derechos que le son propios a los trabajadores del sector de remiseros”, otra vez se olvidó de los taxistas, como también se olvidó de mencionar quien o cual es la Autoridad de Aplicación.
Y por último y lo más inentendible, no habiendo servicios “provinciales de remises”, es el artículo 5°, donde se invita “a los Municipios a adherirse a la presente Ley”. Lo que demuestra que el tema en realidad, solo debería haber sido una Ordenanza municipal y no una legislación provincial.
En cuanto al artículo 4º que se refiere a los empresarios; se da por sobreentendiedo que al ser una actividad comercial lícita, está adecuada a todas las normas laborales vigentes y si no lo estuvieran, hay leyes que prevén su contralor e incluso su sanción en caso de no cumplimentarlas, por lo que es totalmente irrelevante la presencia de ese parte del proyecto.
EL PROYECTO
Proyecto de Ley de Reconocimiento al Transporte de Automóvil como Servicio Público
EXPTE. 8177/13 REGISTRADO EL 20/05/13 A LAS 20.05 HS
PROYECTO DE LEY
INICIATIVA: BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA. DIPUTADA SONIA LOPEZ.
OBJETO: “RECONOCIMIENTO DE SERVICIO “PUBLICO” AL TRASPORTE POR AUTOMOVILES DE TIPO PARTICULAR, Y TUTELA DE LAS RELACIONES LABORALES CREADAS POR LOS MISMOS”
Este Proyecto de Ley pasó a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos en la 10º Sesión.
FUNDAMENTOS:
Análisis General:
Que el trabajo ha sufrido los embates del proceso de desregulación-privatización y el sistema de transporte no ha estado a ajeno a ello, todo en el marco de la reforma del estado y la reestructuración del capitalismo, dejando a la población las repercusiones socioeconómicas y territoriales.
Que las distintas relaciones entre economía y transporte re-define la intervención del estado en el sector, y reformula el propio concepto de servicio público. Es decir en los años 90´ la reforma del Estado, alejado de una intervención y hacia un neoliberalismo.
Que hoy por hoy producto de los errores y de la falta de capacidad del propio mercado de otorgar las herramientas al sistema han hecho que se vuelva a la antigua intervención Estatal.
Que en toda América Latina, y en las ciudades más grandes se ha verificado en los últimos años una notable captación de viajes urbanos por modos alternativos al sistema ortodoxo de transporte público. Dos versiones los tipifican: los charters (servicios contratados, prestados por ómnibus de diverso tamaño, vans o combis), a los que nos referimos en la presente ley; el remise (automóvil de alquiler, con chofer y sin taxímetro), existe en el esquema circulatorio urbano nacional desde hace décadas, pero su uso se veía restringido a viajes de lujo, ocasionales y especiales, en tanto que hoy se utiliza preferentemente para la realización de desplazamientos ocasionales cortos, y menos frecuentemente de media distancia, en reemplazo del automóvil particular y el taxímetro. En los últimos años se advierte asimismo la proliferación de su uso también en sustitución del transporte masivo, al que supera en comodidad y rapidez, cuando no en precio, ya que -como el taxi- se abona por viaje, independientemente del número de pasajeros. Llamativamente, como veremos, su demanda resulta ser independiente, tanto del grado de accesibilidad, como del nivel socioeconómico de los usuarios. El surgimiento explosivo de prestadores, entre los que se registra importante proporción de ilegales, se dio fundamentalmente durante los ’90, abonada por el incremento de la desocupación, el simultáneo auge del cuentapropismo y la génesis de nuevas demanda de viajes, surgidos de la combinación entre deterioro de la accesibilidad mediante transporte masivo y aumento de la inseguridad urbana. A ello debemos sumar un esquema de control altamente permeable a conductas corruptas, cuya investigación y erradicación se impone a priori de cualquier intervención en pos de depurar el servicio de prestadores al margen de leyes y normativas. Puntos cruciales sobre los que se hace imprescindible trabajar, coordinando la discusión entre actores, para lograr un reordenamiento y reglamentación realista de la actividad, que garantice servicios accesibles y seguros, en competencia leal con el resto de los operadores del sistema de transporte urbano.
Que sin embargo en ese ir y venir, no sean tenido en cuenta todos los extremos por ello es necesario analizar todos los sujetos que intervienen en materia de trasporte público de pasajeros, a fin de poder garantizar un correcto funcionamiento del aparato estatal, de la población o de los usuarios y de sus trabajadores que ofrecen un servicio alternativo que no deja de ser público, y de uso insoslayable por obreros, y estudiantes.
Que la razón de ser del Estado de Derecho es la mejor satisfacción de las necesidades del grupo social que lo integra, por lo tanto el motivo de la intervención del Estado en la economía fue y debe ser, asegurar el interés público mediante una acción concreta de su parte, por tal causa se gesta el derecho público, que ubica al Estado como representante del interés público en un plano superior al de los intereses particulares de los administrados.
Que las distintas formas de la actividad administrativa de intervenir en la economía, dos resulta fundamentales “el poder de policía” y “el servicio público”; el primero se caracteriza por el ejercicio del poder y se basa en el derecho del estado de controlar las actividades de particulares en función del interés público (la actividad pertenece al particular); el segundo en cambio se refiere a actividades asumidas por la administración pública como de su obligación por implicar una necesidad o interés público, pudiendo ejecutarlas directamente por sí o delegar su ejecución a privados mediante un contrato.
Que la noción de Servicio Público nación en Francia en el siglo XIX y fue la que sirvió de fundamento para la construcción del Derecho administrativo. Debe tenerse en cuenta como el concepto de servicio público esta notablemente ligado a la razón del Estado, la prosecución del bien común. Es por ello que se justifica la competencia de un régimen jurídico especial, a fin de garantizar la prestación de actividades, que por razones sociales económicas y/o políticas requieren la observancia de ciertos principios generales. Estos son: obligatoriedad (por la propia naturaleza de la actividad) continuidad (satisfacción de la necesidad publica toda vez que ella se haga presente) generalidad (todos los habitantes tienen derecho a gozar del servicio) uniformidad (todos los ciudadanos tienen derecho a exigir el servicio en igualdad de condiciones) regularidad (conformidad a reglas preestablecidas).
Que de esta manera se llega a las actividad de necesidad o e interés público (o el de la mayoría), con el fin de protegerlo y garantizarlo es que sujeta la actividad a un régimen jurídico especial al que se subordinan los intereses privados. Por ello en estos casos, la autoridad tiene la facultad de restringir algunos derechos, fijar la tarifa, modificar unilateralmente un contrato, suspenderlo, controlar al propietario entre otras.
Que el trasporte público es un servicio público, como tal obligación de la autoridad, no obsta a la prestación indirecta del servicio (esto es por particulares) sino que impone un marco reglamentario de características especiales.
Que la desregulación del autotransporte de pasajeros en Argentina, consistió en autorizar la prestación de servicios de oferta libre (servicios “no publicos”) distintos a los públicos.
Que los servicios de “oferta libre” son aquellos cuyos parámetros operativos no se controlan (recorridos, frecuencias, horarios, tarifas, características de los vehículos, excepto su propiedad y cantidad mínima).
Posibles aspectos para el surgimiento de una Servicio de Transporte Alternativo:
1) Descenso general de la tasa de movilidad. La persistencia y profundización de la crisis social y económica redujo sensiblemente las tasas de movilidad de la población. El empresariado, también afectado por la crisis económica, ante el fenómeno de merma de los viajes, redujo las prestaciones pactadas y desatendió la calidad de los servicios;
2) Incremento sostenido de la inseguridad: En lo que al sector transporte se refiere, estimuló la búsqueda de modos que, eludiendo paradas intermedias, esperas, caminatas y trasbordos -característicos del transporte masivo- reducen la probabilidad de asaltos;
Que es necesario entender que la experiencias relativas a la movilidad cotidiana han observando una creciente importancia que cobra la prestación de servicios alternativos, tradicionalmente restringidos a la realización de viajes de excepción: hasta hace 20 años se los utilizaban casi exclusivamente para viajes excepcionales: desplazamiento de deudos en ocasión de casamientos, fallecimientos; servicio de lujo para traslado de ejecutivos o funcionarios, etc. En otras palabras, similar al que presta la limousina, pero menos ostentoso.
Que hoy en día no deben ser considerados como transporte de excepción, sino trasporte ordinario, el mismo es utilizado para viajar al colegio, a los lugares de trabajo o para realizar distintas diligencias de manera habitual.
Que otro fundamento tiene que ver con lo incomodo que resulta para muchos al viajar con un vehículo particular, la posibilidad de encontrar un espacio para estacionar.
Que otros estudios muestran que abarcar un amplio espectro, así como todas las categorías socioeconómicas, siendo llamativo en este sentido su uso frecuente por personas de bajos ingresos, jubilados, asalariados, residentes en barrios precarios (villas) en los que inclusive se detecta la radicación de agencias. Destacando que el servicio ofrece la seguridad de viajes puerta a puerta y con la confortabilidad e intimidad que brinda el automóvil, los que por añadidura, como señaláramos más arriba, hasta pueden resultar más baratos que en medios masivos. Detectamos en tal sentido viajes de madres con niños, embarazadas, personas mayores, convalecientes, discapacitados temporarios o definitivos, viajes nocturnos, traslados desde o hacia estaciones ferroviarias, terminales de transporte de larga distancia, puertos o aeropuertos, idas y/o regresos desde y hacia universidades, colegios, escuelas, jardines de infantes, discotecas, recitales, etc. etc.
Que por todo lo antes mencionado, debe tenerse en cuenta que el servicio de transporte de pasajeros, a través de automóviles particulares, ha avanzado a otros niveles de demanda, se ha publicizado es decir se hecho público y de interés general.
Relación de Dependencia, obligación de TUTELA del Estado:
Que otro de los aspectos necesarios de la presente ley es otorgar la tutela al personal que se dedica a la actividad remisera, dicho personal se ha visto vulnerable y no se les reconoce sus derechos laborales a saber.
Que es utilizado prevalentemente para la realización de desplazamientos ocasionales, generalmente cortos (3 a 10 km) y menos frecuentemente de media distancia, en reemplazo del automóvil y/o el taxímetro. Como en el taxi, se abona por viaje, independientemente del número de pasajeros/3) por lo que involucra la ventaja de su prorrateo cuando los transportados son dos o más/4), así como la comodidad del traslado puerta a puerta. En la última década se advierte asimismo la proliferación de su uso también en sustitución del transporte masivo y llamativamente, como veremos, su demanda puede resultar independiente, tanto del grado de accesibilidad, como del nivel socioeconómico de los usuarios.
Que el calificativo de alternativo surge para nombrar un tipo de oferta de transporte por fuera del régimen de servicio público. Es prestado por particulares que conforman pequeñas y medianas empresas -PYMES- de gestión familiar; fundadas por los propietarios de los vehículos, que también trabajan como conductores. Destaca su tendencia a acompañar el proceso económico de fuertes contrastes, cristalizado en la notable polarización socioespacial, resultante de la producción urbana (y por ende su movilidad) dualizada y/o fragmentada.
Que debe tenerse en cuenta que en la mayoría de los casos los “remiseros” (choferes particulares) trabajan para una empresa, en forma directa o indirecta a ello debe agregarse que dichas tareas las cumple, a modo personal, normal y habitual, en la agencia que estaba bajo la dirección y organización “empresa” (quien recepcionaba los pedidos, asignaba los viajes, fijaba el precio de los mismos, etc.), la cual obtiene un porcentaje (20%) de lo percibido por cada viaje que le asignaba; que estamos en presencia de un trabajador de los definidos por el art. 25 L.C.T. contratado por un empleador de los señalados por el art. 26 de dicho cuerpo legal, y que el vínculo que existe entre ambos fue una relación de las descriptas en el art. 22 L.C.T.
Que ello así, porque existió prestación personal de servicios a cambio de una remuneración -dependencia económica- y en base a una conducta ajustada a la organización empresaria -dependencia jurídico personal-, cuyos medios personales integran los choferes, ofreciendo su trabajo a cambio de un porcentaje.
Que en nada cambia que el chofer sea el titular del vehículo con el que prestaba el servicio de remis y solventara los gastos de dicho rodado (seguro, impuestos y combustibles –esto,) o incluso que se pudiera hacer reemplazar, porque estos no son datos que por sí solos excluyan un vínculo dependiente; que además tampoco es lógico suponer que una actividad comercial como la que lleva adelante, pueda serlo con personas que, como los empresarios argumentan, supuestamente puedan ir cuando quisieran o cumplir los horarios que le fueran más convenientes.
Que el derecho debe amparar la realidad, en este sentido, que la relación de trabajo es un contrato realidad, así llamado para indicar que lo determinante son los hechos tal como se dan y no lo que las partes quieran decir de su relación o las denominaciones o las formas que, de buena o mala fe, adoptan para poner un velo sobre lo realmente ocurrido.
Que el vehículo no constituye otra cosa que una herramienta de trabajo, muchas de las veces es la condición de contratación, y deducidos los gastos que irroga su mantenimiento, los resultados económicos más allá del que representa un sueldo normal de actividad. Debe aclararse que dichas ganancias se obtienen sin salario familiar y sin haberes previsionales, sin vacaciones pagas, sin SAC.
Que debe aclararse que muchas de las veces las empresas alquilan el auto, la radio con el operador, y hasta el slogan, es decir al tener todos los elementos de la explotación “ALQUILAN”, el uso de los mismos a cambio de un mayor porcentaje, en este sentido se observa aún más las desventajas para este sector.
Que téngase en cuenta que la mayoría para poder transitar debe ofrecer un servicio completo, con lo cual no tiene otra cosa que adherirse a la reglamentación, y venderse a una relación desfavorable.
Que sin embargo que la determinación de quien carga o soporta los gastos del vehículo (remís), depende del ángulo del cual se aprecia la erogación, pues está involucrada en la tarifa que la remisería percibe del cliente y entrega al chofer (80%).
Que los empresarios quieren exigir a los trabajadores el mono-tributo es una manera de disfrazar la relación laboral, es fraude ante la LCT, que en ese sentido se debe diferenciar de lo que se conoció en sus inicios el “cuentapropias” que eran desempleados que producto de la crisis ofrecían un servicio particular, viajar de un punto a otro a través de sus automóviles particulares; hoy en día los choferes remiseros deben someterse a un marco regulatorio, el cual muchas de las veces obliga a ingresar a estas cooperativas o organizaciones empresariales, que no es otra cosa que depender de ellos, o sea de someterse a una relación laboral.
Que en algunos casos se argumenta que son libres en cuanto a horarios y formas de afrontar el trabajo, sin embargo se les exige un interés o porcentaje por el uso del slogan, radio-operador etc. con lo cual la relación es de dependencia otra vez.
RECONOCIMIENTO Legal como Servicio público:
Que la mayoría de las legislaciones provinciales otorgan dicha facultad a sus municipios, que en la Provincia de Corrientes no es la excepción por ello en el artículo Artículo 225: Los municipios tienen las atribuciones expresas e implícitas que se derivan de la Constitución, de la ley y de la naturaleza institucional de su competencia local; y el Inciso i) reza sobre vialidad, tránsito y transporte.
Que la presente ley, no tiene por finalidad avasallar el marco de atribuciones de que le compete al municipio, sino que pretende otorgarle por ley a una prestación, actividad la calidad de servicio público, por los fundamentos que se desprenden en el presente.
Que el transporte de pasajeros en sí es una actividad que por su naturaleza es pública, que debe ser considero servicio público, no es un servicio liberal, el mismo se encuentra regulado por las municipalidades, es decir controlado, en cuanto a la fijación de las tarifas, licencias, y todo lo atinente a requisitos para poder circular, con el objeto de brindar un modo alternativo a los usuarios.
Que por otra parte se fija en el articulado la posibilidad de que cada municipio pueda o no adherirse al pretendido régimen.
Que en principio la declaración como Servicio Público le compete a la autoridad de aplicación, según Ley Nº 6192, que aún no cuenta con decreto reglamentario Artículo 18: DECLARACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO: La autoridad de aplicación establecerá los nuevos servicios de carácter público que se requieran en los distintos recorridos, teniendo en cuenta las necesidades y demandas de transporte y los pedidos o reclamos de los usuarios, complementados con los estudios técnicos estadísticos y de demanda que justifiquen tal necesidad. La autoridad de aplicación podrá otorgar más de un permiso sobre un mismo recorrido.
Que según la ley antes mencionada en su artículo 3: La AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Estará a cargo de la aplicación y control de las disposiciones legales y reglamentarias; en ese sentido coloca a la Dirección Provincial de Transporte Terrestre dependiente del Ministerio de Obras y servicios Públicos, o quien en el futuro la remplace.
Que nada obsta a que desde el poder legislativo órgano en la cual convergen la representación del pueblo se decida en otorgar a un servicio o actividad, el carácter del mismo aún cuando la misma sea otorgada por particulares.
Por todo lo expresado solicito a los señores Diputados y Diputadas tengan a bien acompañar el siguiente Proyecto de Ley:
EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, SANCIONAN CON FUERZA DE LEY
ARTICULO 1º: OBJETO. Declárese el servicio de trasporte automotor, de remises y taxis, como Servicio de Transporte Público de Pasajeros en el ámbito de la Provincia de Corrientes. &nb
Este miércoles 30, se llevó a cabo la presentación del Programa Potenciar Corrientes a través de una reunión virtual, llevada a cabo entre el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Adán Gaya, la Directora de Comercialización de Corrientes, Débora Galarza Alcaraz y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.
El Programa Potenciar consiste en una iniciativa dispuesta en tres ejes fundamentales (socio-productivo, socio-comunitario y socio-laboral), por medio de la cual podrán desarrollarse los 21 proyectos presentados por la Provincia ante Nación con esto van a ser beneficiados más de 2400 titulares de toda la provincia con una inversión de 163 millones de pesos, presupuesto que será desembolsado por el fondo de Desarrollo Social de Nación y a partir de enero comenzarán los trabajos pertinentes para lograr este objetivo.
EL Programa Potenciar constituye una serie de iniciativas que tiene como receptores principales a titulares de los Programas Sociales “Salario social complementario” y “Ellas hacen” que se fusionan para la creación del programa “Potenciar”.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y Nación, busca impulsar el desarrollo productivo de los beneficiarios de los programas sociales "Salario social complementario" y "Ellas hacen”.
El proyecto se plantea objetivos en tres dimensiones:
Socio-laboral: por medio del cual se buscará lograr la terminalidad educativa, la formación para el empleo y mejorar las capacidades de autogestión de emprendimientos y asociativismo de titulares del programa. En esta dimensión se incluyen 11 (once) opciones de formación, cuyos ejes principales son: Innovación para la terminalidad educativa de titulares, formación profesional de titulares para incrementar su empleabilidad, formación para el empleo mediante capacitaciones en oficios a titulares y alfabetización financiera y Cooperativismo.
Socio-productivo: se generarán actividades de autoempleo para fortalecer emprendimientos y crear canales de comercialización para los productos generados por titulares del programa con el objeto de obtener nuevas fuentes que fortalezcan sus ingresos. En esta dimensión están incluidos 7 proyectos que trabajan los siguientes ejes: Producción de alimentos en huertas comunitarias y familiares, servicios ambientales; creación, fortalecimiento de emprendimientos y comercio de productos de la economía social desarrollado por titulares e infraestructura social.
Socio-comunitario: se brindarán herramientas para la detección y abordaje de los consumos problemáticos y tareas de sensibilización en la población tendientes a generar conciencia frente a la situación de pandemia y reproducir los hábitos de cuidado. Se incluyen actividades culturales, deportivas y acciones que beneficiarán a usuarios de los centros de promoción del menor y comedores, que tendrán como ejes: la prevención en tránsito y de consumos problemáticos, tareas de cuidado y actividades recreativas.
El Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio pone énfasis en su anuario en los logros que se alcanzaron a pesar de las dificultades que ocasionó la pandemia del coronavirus. Un repaso por algunos de los puntos más fuertes de la gestión del titular del organismo, Raúl Schiavi, y de las tres subsecretarías.
El Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, a cargo de Raúl Schiavi, realizó durante el 2020 una serie de trabajos en línea con los ejes de modernización, desarrollo e inclusión social trazados por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, al inicio de su gestión. Fue un año atípico producto de la pandemia de la COVID-19, lo que provocó cambios en la gestión que determinaron un nuevo esquema de trabajo donde la virtualidad tomó un notable protagonismo. A pesar de las consecuencias de la cuarentena, la Provincia siguió su camino hacia la industrialización, logrando nuevas inversiones y fortaleciendo sectores estratégicos de la economía.
En su discurso de apertura del Periodo de Sesiones Ordinarias -1 de marzo-, Valdés destacó el programa Red de Parques Industriales de Corrientes con el que desde el Ministerio trabajan en organizar, planificar y administrar los predios destinados a las empresas.
En lo que respecta a la atracción de inversiones en el sector industrial, por gestiones del Ministerio de Industria, se concretaron importantes proyectos de radicación de empresas en los parques industriales.
Vale recordar cuando Valdés firmó un Acta de Compromiso con 11 empresas para que se instalen en el parque industrial de Ituzaingó. Asimismo, en otra ocasión el viceintendente de la ciudad de Corrientes, Emilio Lanari, y el ministro Schiavi firmaron un convenio para que el parque industrial de Santa Catalina forme parte de la Red de Parques Industriales.
Este año también se produjeron importantes avances en la obra del Parque Tecnológico Corrientes-UNNE, que se construye en el Campus Deodoro Roca de la capital.
En un encuentro celebrado en el parque forestoindustrial Santa Rosa, Schiavi y empresarios acordaron la modalidad de administración del predio.
En materia de infraestructura, este año se dio un importante paso en la obra de conexión de gas natural al parque industrial de Mercedes porque llegaron los caños de la conexión.
En Bella Vista, funcionarios provinciales mantuvieron un encuentro con sus pares del municipio, empresarios e integrantes de la Cámara de Comercio local para finiquitar aspectos del proyecto ejecutivo del terreno destinado a concentrar al parque industrial de esa ciudad.
En agosto se conoció que la empresa Transporte Snaider SRL invertirá 70 millones de pesos para instalarse en el parque industrial y centro logístico Paso de los Libres.
Este año también el Ministerio generó un aporte clave a la hora de medir a los sectores industriales al lanzar su propio Índice de Producción Industrial. A través de encuestas realizadas a decenas de empresas instaladas en la provincia se obtienen datos útiles para la implementación de políticas públicas. La iniciativa es llevada adelante por los Ministerios de Industria y de Hacienda, a través de la Dirección de Estadística y Censos.
Hubo un fuerte compromiso entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Rosa para trabajar mancomunadamente en la prevención de incendios en aserraderos.El ministro Schiavi y el intendente Pedro Maidana acordaron una serie de tareas para alentar a la relocalización de las empresas en el parque forestoindustrial. Justamente, dicha localidad fue noticia en septiembre porque se confirmó que la empresa Chriscar SRL se instalará en el parque y destinará 30 millones de pesos para la construcción de una planta de aserrado y un secadero, generando así trabajo para los correntinos.
Entre otras de las gestiones realizadas, Schiavi, recibió al intendente de Bella Vista, Walter Chávez, y al presidente de la empresa UTE BV S.A, Roger Paul Sabourin, la primera firma que manifestó su interés en radicarse en el futuro parque industrial de esa localidad. El funcionario provincial explicó las instancias que atraviesa el proyecto ejecutivo del parque industrial y los estudios que restan.
Uno de los parques industriales más prometedores es el de Libres porque además está planificado que incluya un centro logístico y eso cautivó a varias empresas. En ese sentido, el presidente de CARPAL S.A y el ministro Schiavi rubricaron un documento que establece formalmente la intención de la compañía de instalarse en el predio industrial y generar empleo local. La Provincia le otorga al proyecto los beneficios contemplados en el Régimen de Promoción de Inversiones.
Siguiendo con las gestiones de articulación con los municipios, desde el organismo garantizaron apoyo para impulsar el parque industrial de San Carlos.
Luego de los lamentables incendios que arrasaron con importantes extensiones de tierras y en algunos casos dañaron a aserraderos, el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio definió un protocolo para evitar focos ígneos en zonas de actividad industrial y también la manera de proceder en caso de que ocurran. Se trata de un trabajo amplio que considera todos los aspectos a cumplir por los trabajadores del sector.
Cerca del cierre del año, Schiavi comenzó a trabajar en junto a productores de cerveza artesanal para que ganen más mercado. Como resultado de esa gestión, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes firmaron un Convenio Marco de Cooperación con la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Provincia de Corrientes.
Procurando llevar la gestión a cada rincón de la provincia, Schiavi logró que Mocoretá se sume a la Red de Parques Industriales de Corrientes y se generaron encuentros de articulación entre Provincia y el municipio de Colonia Liebig para apuntalar la zona industrial de la ciudad.
Otra de las acciones de Gobierno provincial fue el otorgamiento de 280 mil m² de terrenos para ejecución de proyectos madereros en Ituzaingó.
En tanto, en La Cruz se avanzó con la firma de un convenio para la radicación de cinco industrias en el parque industrial. Schiavi y los responsables de las empresas rubricaron un convenio que plasma la intención de radicarse en el parque industrial de la ciudad.
Una de las importantes gestiones del año también fue la constitución de la Mesa Textil Industrial de Corrientes
Cerca de fin de año, Schiavi puso en funciones a dos nuevos funcionarios: la directora de Industria, Mariel Gabur, y el director de Pymes, Damian Garavano. Ambos procedentes del interior, la primera de Liebig, y Garavano de Paso de los Libres; aportándole al área una participación de mujeres y jóvenes del interior.
Además de todo lo anterior, el Ministerio también estuvo abocado a realizar constantemente trabajos de mantenimiento, mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura de los parques industriales de carácter provincial.
Fue un año difícil para la gestión del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio por las complicaciones que generó el coronavirus, pero vale destacar que el titular de la cartera manifestó que “muchos de los proyectos que teníamos y programas que habíamos lanzado, con la impronta del gobernador Gustavo Valdés de industrialización de nuestra producción primaria, parecían que podían postergarse o ralentizarse con la pandemia, pero la buena noticia es que no fue así”.
Subsecretaría de Industria
Para la Subsecretaría de Industria, a cargo de Edgar Benitez, el 2020 fue un reto importante porque tras dos años de realizar capacitaciones presenciales en oficios a lo largo y ancho de la provincia, surgió la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto.
El universo industrial de Corrientes estuvo parado un tiempo, pero rápidamente se activó con protocolos sanitarios, y capacitaciones del personal y la Subsecretaría estuvo ahí para ayudarlos.
Durante la pandemia, el subsecretario y sus técnicos visitaron más de 20 localidades (Ituzaingó, San Carlos, Garrucho, Garabí, Goya, Cruz de los Milagros, Pago de los Deseos, Mburucuyá, San Miguel, Concepción, Mercedes, Curuzú Cuatía, Santa Rosa, Gobernador Virasoro, Monte Caseros, La Cruz, Villa Olivari, Yapeyú, entre otros) entregando bienes de capital y recabando información de problemáticas y brindando consejos a distintos actores industriales de la provincia, desde las micro, pequeñas y medianas empresas hasta las grandes cooperativas que exportan a todo el mundo.
Este año entró en operación la planta de biomasa de Genergíabio Corrientes, ubicada en el parque de Santa Rosa, y se espera por la de FRESA, en Virasoro. Se trata de proyectos que aprovechan los subproductos de la industria forestal y la transforman en electricidad para los pobladores de las zonas aledañas.
Siguiendo este camino de las energías renovables, la cartera a cargo de Benitez realizó una exitosa capacitación virtual sobre Energías Fotovoltaicas a nivel hogareño, empresarial e institucional con más de 300 asistentes. Además, se generó una labor articulada con la Asociación de Comercio de Curuzú Cuatiá y a la Universidad de la Cuenca del Plata para realizar durante el último trimestre del año una serie de webinars sobre identidad, packaging y otras habilidades para el emprendedor.
También desde el área se fortaleció la Red de Parques Industriales de Corrientes, una red pensada como una gran tela de araña para generar unidad a pesar de las distancias geográficas entre los distintos parques, logrando una sinergia entre empresarios, municipios y prestadores locales de bienes y servicios. Se iniciaron expedientes para unas 30 empresas (6 en Santa Rosa, 19 en Ituzaingó, 5 en Mercedes y 3 en Paso de los Libres) y se están tramitando la incorporación de otras.
“El 2020 fue un año atípico, pero nos pudimos adaptar rápido y seguir respondiendo a las problemáticas de aquellos que quieren apostar por la industria correntina y llevar adelante el desarrollo, la modernización y la inclusión social de todos los correntinos”, dijo el subsecretario Benitez.
Subsecretaría de Trabajo
El organismo a cargo de Jorge Rivolta realizó distintas capacitaciones a lo largo del año, incorporando la modalidad de manera remota por el contexto de pandemia y las medidas sanitarias definidas en consecuencia.
De las jornadas participaron 1575 alumnos, de los cuales 524 son de la ciudad de Corrientes y los restantes 1051 participantes residen en otros puntos de la provincia. Aproximadamente se llegó al 75 por ciento de la provincia, alcanzando a un total de 58 localidades.
Las capacitaciones abordaron en total 20 oficios: Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contable, Bioseguridad, Capacitación Administrativa y Contable, Ceremonial y Protocolo, Community Manager, Cuidados Gerontológicos, Gestoría Administrativa, Introducción al Marketing, Lengua de Señas, Manipulación de Alimentos, Oportunidad Laboral Pospandemia, Oratoria, Primeros Auxilios, Secretariado Jurídico, Secretariado Jurídico Administrativo, Seguridad e Higiene Laboral, Valores en el ámbito laboral.
El curso con más participantes fue el de Lenguaje de Señas con 218 alumnos.
Por otra parte, Trabajo avanzó en la creación de una comisión tripartita contra la violencia laboral. Junto a organizaciones sindicales, cámaras empresariales y autoridades universitarias diagramaron políticas conjuntas para combatir este flagelo en Corrientes.
También reforzaron el llamado a adherirse a la Rúbrica Digital, la iniciativa que permite la firma de documentación laboral a través de Internet, de manera segura, gratuita y rápida. En este sentido, Rivolta expresó que “la modernización del Estado es imprescindible porque puede hacer frente a cualquier contingencia” en el marco de la pandemia.
Entre las gestiones del subsecretario de Trabajo se destacan las reuniones que mantuvo con legisladores para impulsar la Ley de Conciliación Laboral. Rivolta, participó de distintos encuentros para explicar el proyecto que busca la adhesión para contener al trabajador y darle una alternativa rápida de resolución de un conflicto laboral. En esa línea, los sindicatos le entregaron a Rivolta propuestas para la Ley de Conciliación Laboral.
La cartera laboral dictó talleres para reforzar la seguridad sanitaria en más de 200 comedores como parte de la lucha contra el coronavirus. Junto a la Dirección de Seguridad Alimentaria capacitaron al personal de los centros comunitarios en medidas de higiene y manipulación de alimentos con el fin de unificar criterios para desarrollar las actividades.
Cerca de fin de año Trabajo expuso acciones contra la explotación infantil en una capacitación del RENATRE. En el ciclo realizado a través de plataforma Zoom “Trabajo cultural, cosecha y empaque de arándanos”, la Subsecretaría de Trabajo generó aportes y participó en la organización del mismo.
A modo de síntesis de lo que dejó el año, en contexto de pandemia Trabajo avanzó con mil conciliaciones laborales. Desde junio de este año se lograron mil acuerdos para evitar conflictos en los lugares de trabajo, más precisamente para colaborar en el cumplimiento y efectivización de protocolos sanitarios, acercando a las partes para buscar soluciones en común.
Subsecretaría de Comercio
En lo que respecta a las gestiones del organismo a cargo de Juan José Ahmar, las gestiones realizadas estuvieron vinculadas en resguardar y garantizar los derechos de los consumidores haciendo controles en comercios, concretando capacitaciones, ampliando la presencia de las delegaciones en el interior provincial y realizando mediaciones entre empresas y usuarios.
Una de las actividades más relevantes del año de la Subsecretaría de Comercio fue en marzo cuando Schiavi inauguró una delegación de Defensa del Consumidor en Gobernador Virasoro. Es la tercera oficina de la Dirección de Defensa del Consumidor en el interior provincial y en la nueva sede se toman denuncias por reclamos a empresas de bienes y servicios, evitando traslados a la Capital por trámites.
La Subsecretaría es la entidad encargada del cumplimiento y control de comercios porque así lo dispone la Nación. En materia de controles, el año inició con los agentes del organismo recorriendo las librerías que ofrecían la Canasta Escolar Correntina; pero una vez que se desató la pandemia en todo el territorio nacional, en la provincia se abocaron a constatar precios y disponibilidad de alcohol en gel y repelentes en farmacias y droguerías de Capital para verificar la existencia y los precios de esos productos. Para evitar maniobras desleales, Comercio inspeccionó también droguerías por la faltante de alcohol en gel. En ese contexto complicado, desde la cartera industrial pidieron a Nación que intime a los fabricantes de este producto para distribuir y abastecer a la comunidad.
Las inspecciones incluyeron también a los comercios adheridos al programa Precios Cuidados para asegurar la presencia de los productos en las góndolas. Gracias a este trabajo se logró que los precios de supermercados se retrotraigan y se ajusten a los acuerdos realizados.
Las verdulerías y fruterías de la Capital también estuvieron en la agenda de Comercio con el fin de evitar abusos de precios. En algunos casos detectaron irregularidades y se labraron actas por no exponer los costos de los alimentos.
Los controles de precios también llegaron a municipios del interior. Desde el inicio de los operativos de control de Precios Máximos, la Subsecretaría de Comercio diagramó un sistema de trabajo coordinado con las municipalidades de la ciudad de Corrientes, Ituzaingó, Gobernador Virasoro, Bella Vista, Goya, Alvear y Mburucuyá.
Dada la continuidad de la cuarentena y con las medidas obligatorias de prevención del coronavirus, se verificaron la disponibilidad y los precios de venta de barbijos y alcohol en gel.
Los inspectores de Comercio controlaron los Precios Máximos en Itá Ibaté, y se reunieron con el intendente para avanzar con la apertura de una delegación en la localidad.
El precio del gas -como todos los años- es otro de los temas sensibles del área y en el 2020 no fue la excepción porque se realizaron numerosos controles de los precios de venta del gas envasado en distribuidoras de Capital. En la mayoría de los casos, en los centros de distribución de respetaba el precio máximo establecido por la Nación.
Los controles también abarcaron el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria en supermercados. Por decisión de Ahmar, los comercios de Capital fueron visitados por los agentes para corroborar el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas para la lucha contra el coronavirus.
En lo que respecta a fiscalizaciones también se verificó el correcto uso de las Tarjetas Sapucay y Mbareté, y ya en el último mes del año se corroboraron el cumplimiento de los Precios Cuidados y la disponibilidad de la canasta navideña. También controlaron el tiempo máximo de espera en las filas de las cajas y las medidas sanitarias de prevención del coronavirus.
Este año profundizó las relaciones entre empresarios y funcionarios del Ministerio porque ante la pandemia, se realizaron una serie de encuentros para desplegar un plan de tareas en los comercios con el fin de llevar tranquilidad a la población y garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención de la COVID-19.
En algunos casos, los controles derivaron en sanciones por incumplimiento. En este caso se labraron actas por irregularidades en los precios establecidos por la Nación. Como autoridad de aplicación, la Subsecretaría actuó clausurando supermercados en la capital y el interior provincial, fundamentalmente en casos donde se detectaron productos vencidos y se decomisaron alcohol en gel de dudosa procedencia.
Los locales de cobranzas extrabancarias también fueron apercibidos por el organismo. Tras recibir denuncias por cobros de plus, cargos o adicionales los agentes públicos realizaron controles y detectaron incumplimientos y labraron actas de infracción para desalentar las prácticas abusivas.
En Paso de la Patria y Mburucuyá se verificó el cumplimiento del régimen de Precios Máximos y al identificar productos que se vendían a valores superiores y se labraron actas de infracción.
Desde agosto rige la nueva etapa del programa Precios Cuidados y en Corrientes se aplica en las sucursales de las cadenas nacionales. En sus recorridas, los agentes detectaron faltantes y labraron actas de infracción.
La gestión de Ahmar incluyó también este año una capacitación a trabajadores de delegaciones de Defensa del Consumidor de Ituzaingó y Gobernador Virasoro. El objetivo del evento fue brindar mejor atención y asesoramiento al público.
Otro de los puntos fuertes del 2020 fue el lanzamiento de la aplicación para teléfonos celulares Precios Correntinos, la cual permite constatar el valor de los productos contemplados por el programa nacional Precios Máximos. La app posee una solicitud para realizar denuncias anónimas, ante las irregularidades que se puedan presentar.
Este año la Justicia confirmó las multas aplicadas por la Subsecretaría de Comercio. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó las sanciones en causas iniciadas de oficio por el organismo para dar respuesta a reclamos realizados por consumidores. Los fallos fueron resueltos por unanimidad.
Ya en el cierre del año, Comercio estuvo ocupado en un trabajo articulado para lograr una tienda virtual para comerciantes y artesanos. El ministro Schiavi; el subsecretario Ahmar, y el gerente de APICC, Carlos Vasallo, dialogaron sobre el Plan de Transformación Digital dirigida a comerciantes y artesanos correntinos. La pandemia aceleró el proceso de digitalización de la compra-venta, por lo cual se proyecta una herramienta de comercio electrónico.
Política
Corrientes 2030. Recta final por una década de objetivos consensuados
PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO
“Tenemos que pensar y planificar la Corrientes del 2030”, dijo el gobernador Gustavo Valdés cuando presentó en octubre pasado el Plan Estratégico Participativo que lleva adelante la elaboración del Nuevo Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social. Desde entonces, se concretaron decenas de charlas y talleres virtuales abiertos con miles de participantes, en los cuales se recolectaron cientos de propuestas sobre Desarrollo, Modernización, Inclusión y Género. Ahora, se preparan entrevistas a diversos referentes y talleres de consultas para culminar en la redacción final del acuerdo que se espera firmar en abril próximo. De esta forma, el Mandatario planteó “mirar hacia adelante con objetivos claros, definidos y consensuados por todos”.
El equipo técnico Corrientes 2030 procesa las propuestas que se aportaron en los talleres virtuales que convocaron recientemente a unas 6 mil personas de toda la provincia. Es así que se logró recoger una importante cantidad de ideas y aspiraciones de los muy diversos sectores de la sociedad, las cuales se pondrán a disposición para la redacción del Nuevo Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social.
“Corrientes 2030 es un espacio de diálogo, trabajo conjunto y planificación en el que miramos el mañana por fuera de la coyuntura”, indicó Valdés en una de sus publicaciones de redes sociales, sosteniendo que el mismo es “abierto y transparente con el foco puesto en el fortalecimiento de la participación ciudadana”.
Con estas premisas, se realizaron a través de videoconferencias ocho charlas de sensibilización y 25 talleres participativos para las distintas regiones de la provincia, en los cuales participaron unas 6 mil personas, pertenecientes a diversos ámbitos de la sociedad. Los mismos se dividieron en los cuatro ejes de este plan estratégico: Desarrollo, Modernización, Inclusión y Género, concluyendo en el último destinado exclusivamente para jóvenes, el cual abordó estas cuatro temáticas.
En tanto, en las charlas de sensibilización que se realizaron previamente a los talleres, los ministros y otros funcionarios explicaron la tarea que llevan adelante desde sus respectivas áreas y la visión que guía sus pasos, en tal sentido.
Cabe señalar que para cada eje se convocaron especialistas en cada taller y fue así que para Desarrollo, los académicos Fabio Quetglas y Vicente Donato, remarcaron la importancia de establecer conectividad con países limítrofes para abrir nuevos mercados; mientras que en Modernización, el ingeniero Carlos Pallotti explicó su importancia para la economía y la transformación de la sociedad; luego, la socióloga Gabriela Agosto describió el rol de la educación y los gobiernos locales en la Inclusión; y en el eje Género, Julia Pomares (CIPPEC), planteó la necesidad de políticas públicas para una mayor inserción de la mujer en el ámbito laboral.
Ahora, la siguiente etapa de este Plan Estratégico Participativo consiste en la realización de entrevistas en profundidad a distintos referentes, tanto de los sectores público como privado, las cuales tendrán a su cargo un equipo especializado del ámbito académico, durante el mes de febrero. La información que se obtenga de este trabajo se sumará al conjunto de propuestas obtenido de los talleres y con ello, el equipo técnico Corrientes 2030 redactará el primer borrador del Pacto.
Con este documento preliminar se realizará durante el mes de marzo una nueva ronda de talleres de consulta y validación, a fin de consensuar la versión definitiva con los municipios y los Consejos Regionales, en los cuales se nuclean diversas instituciones públicas y privadas, y que integran el Consejo Provincial para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social, órgano representativo con rango constitucional.
Al respecto, Valdés señaló que “con la puesta en marcha del Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030, abrimos las puertas para que cada uno de los correntinos y las correntinas puedan hacer su aporte a través de las organizaciones de la sociedad civil. Así, mediante los talleres virtuales participativos, recibimos cientos de ideas para impulsar el desarrollo, la modernización, la inclusión social, con un acento puesto en hacer efectivos los derechos de las mujeres y los jóvenes”.
“Ahora vamos a procesar todas esas propuestas para que sean revisadas y ordenadas de cara a una nueva consulta”, afirmó luego, a fin de que “tengan el consenso necesario para que antes que finalice el PEP 2021, podamos firmar el Nuevo Pacto Correntino para el Desarrollo Económico y Social que guiará a nuestra provincia durante los próximos 10 años”. Cabe señalar que el primer Pacto fue firmado el 5 de diciembre de 2013 con Ricardo Colombi como gobernador, tras un proceso similar al que actualmente se lleva adelante con Valdés como principal impulsor y con la firme decisión política de rubricar este nuevo acuerdo en abril próximo.
“Cumplimos el primer paso”, había dicho el Mandatario en referencia al PEP 2021 cuando presentó el 16 de octubre pasado el nuevo Plan Estratégico Participativo, sosteniendo que “ahora tenemos que pensar y planificar la Corrientes del 2030”. Y consideró que este proceso “tiene que ver con proyectar el presupuesto a ese período: son los recursos que tenemos para crecer, desarrollarnos y para mirar hacia adelante, pero fundamentalmente para brindar calidad institucional con objetivos claros, definidos y consensuados por todos en una provincia que necesita tener definiciones de futuro”.
