Si aceptamos la máxima que nos enseñara Carl Schmitt quien afirma que “quien define es quien decide”, y quien decide es soberano no podemos, desde las fuerzas políticas y desde el pensamiento político de izquierda, seguir eludiendo y evitando el desarrollo de un debate acerca del estado de la seguridad en nuestro país. La frase “quien define es quien decide” no hace sino advertirnos que si no somos nosotros, desde el progresismo, los que ponemos en la agenda el debate sobre ciertas cuestiones que conciernen a la seguridad de nuestros ciudadanos; y si no somos nosotros los que definimos los límites de este debate, será la derecha la que defina, la que decida y la que avance sin duda alguna, sobre ciertos derechos y garantías que nuestras fuerzas políticas tienen la responsabilidad y el deber de defender.

En la actualidad, la noción de seguridad imperante en nuestro país se encuentra impregnada de militarismo, ligada al incremento de la capacidad de fuego de las fuerzas de seguridad, a las presiones por aumentar sus facultades y por ampliar sus márgenes para reprimir, a la presencia de tropas en las calles y al aumento de las penas que establece nuestro código penal. La consecuencia es una concepción limitada de la seguridad que, sin embargo, fue la adoptada por dos de los tres candidatos con más votos en las últimas elecciones presidenciales. No obstante, nuestra intención no es abrir aquí, un debate entre garantistas y partidarios de la “mano dura”, sino rediscutir la definición misma de la seguridad. En este sentido, consideramos prioritario cambiar el eje de la discusión, reconceptualizando la noción de seguridad por medio del desarrollo de un concepto que denominaremos “seguridad ciudadana”. ACERCA DE LA SEGURIDAD NACIONAL Las transiciones hacia la democracia y los procesos de relativa consolidación democrática en América Latina, han trastocado el rol de las instituciones de orden público en relación a la seguridad nacional. Si en la época de las dictaduras militares o regímenes autoritarios la cuestión de la seguridad nacional se planteaba en el contexto de la guerra fría y la aniquilación del enemigo interno, en la época de la democracia debe asumir otro carácter convirtiéndose más en un problema de seguridad ciudadana. La seguridad nacional presupone ciertamente dos dimensiones: el resguardo del territorio en el marco de una política de defensa nacional y la garantía del Estado para asegurar el desenvolvimiento de la sociedad con arreglo a leyes y procedimientos de solución pacífica de los conflictos públicos y privados. Pero la seguridad nacional no implica en la actualidad enfrentar amenazas externas de agresión o amenazas internas de subversión revolucionaria, sino afrontar condiciones económicas, sociales y políticas que atentan contra el ejercicio de la ciudadanía y afectan, por tanto, la seguridad ciudadana. Frente a este nuevo escenario, surge entonces la necesidad de trabajar sobre un concepto de seguridad de características integrales, no sólo en términos militares, sino también en términos económicos y sociales. DEFINIENDO LA SEGURIDAD CIUDADANA Nuestro intento por realizar una concepción ampliada de lo que entendemos por “seguridad”, por desarrollar un concepto de seguridad ciudadana que se haga sentido común y se materialice como derecho universal, se inscribe en una concepción que compartimos: el ejercicio efectivo de este derecho es condición para el ejercicio de una ciudadanía efectiva que es, a su vez, condición de fortalecimiento de nuestras democracias. Por otra parte, consideramos que la recuperación de la noción cabal de seguridad, la de seguridad ciudadana plena, es condición necesaria, ineludible, para que podamos abordar seriamente un programa civil de prevención y represión del delito. Obviamente, la seguridad ciudadana requiere de un debate acerca de la democracia misma ya que, ese concepto, se apoya en una noción de ésta mucho más comprensiva y extensa que la vigente. La seguridad ciudadana toma como marco teórico (y requiere para su materialización) una noción amplia de la democracia que implica, básicamente, la democratización de la economía, la democratización de la política, la democratización de la cultura y de los vínculos asociativos, entre otras cuestiones. En todos estos casos, estamos ante una redefinición de las relaciones sociales en términos de mayor igualdad, plena realización de la justicia y participación del pueblo en los asuntos que lo afectan. La seguridad ciudadana se constituye, entonces, como una categoría de carácter integral, que se aparta de un concepto de seguridad defensivo limitado al poder militar o de las fuerzas policiales. La seguridad ciudadana se basa en la noción de la seguridad de la gente, bajo el acuerdo de que el desarrollo debe involucrar a todas las personas, lo que le otorga un valor democrático. Los criterios que deben garantizar la seguridad ciudadana de las sociedades se encuentran, por lo tanto, estrechamente vinculados a la percepción de inseguridad y a la satisfacción de las necesidades básicas. Este concepto supone dos tipos de libertades: una población libre de temor; y una población libre de carencias. Realizadas estas consideraciones, nos queda precisar el concepto que estuvimos desarrollando en estas páginas, mencionando cuáles son las variables que deben componerlo y haciendo una breve descripción del estado actual de las mismas en Argentina. Sintéticamente, consideramos que los componentes que deben formar parte de esta noción de seguridad son los siguientes: seguridad política, seguridad económica, seguridad en salud, seguridad habitacional, seguridad previsional, seguridad educacional, seguridad personal y seguridad jurídica. COMPONENTES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA SEGURIDAD POLÍTICA: Implica cumplir los requisitos de una definición mínima de democracia, de su forma procedimental, así como también las expectativas acerca de la continuidad en el respeto a estos requisitos en el corto y mediano plazo. Aunque a primera vista la seguridad política parece un derecho efectivo (los funcionarios son electos; las elecciones son libres, imparciales y se realizan con regularidad; los derechos a sufragar y a ocupar cargos públicos son inclusivos; hay libertad de expresión y cierta diversidad en las fuentes de información; y se garantiza la autonomía asociativa) las sensaciones subjetivas de los ciudadanos indican lo contrario: a un 49 por ciento de los ciudadanos no le importaría que llegara al poder un gobierno autoritario si resolviera los problemas económicos del país. En la misma línea, cuando se les pregunta por sus derechos, ocho y nueve de cada diez argentinos no mencionan ciertos derechos civiles y políticos que toda definición mínima de la democracia contemplaría; y ocho de cada diez no incluye el ejercicio del sufragio como una de sus responsabilidades básicas. SEGURIDAD ECONÓMICA: A través de una determinada estrategia presupuestaria y tributaria la seguridad económica tiene por objetivo garantizar a cada ciudadano un ingreso suficiente para que su hogar permanezca sobre la línea de la pobreza. Este ingreso, denominado Ingreso Ciudadano Universal, permitirá la potenciación de la creatividad individual y colectiva, y fomentará el asociacionismo y el voluntariado social. Tomando los parámetros del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que define por debajo de la línea de la pobreza a aquellas familias que viven con menos de 2 dólares diarios, y como línea de pobreza extrema o indigencia a los que viven con menos de 1 dólar por día, podemos afirmar que en la Argentina, el 30 por ciento de las familias (40 por ciento de la población total) vive con menos de 1 dólar por día, mientras que el 50 por ciento de las familias (61,6 por ciento de la población) vive menos de 2 dólares diarios. Estos altísimos porcentajes se explican por varios motivos. Tras la devaluación, el salario medio en dólares se convirtió en uno de los más bajos de la región, por detrás de Perú, Bolivia y Brasil. Por otro lado, la mitad de los asalariados ocupados (8 millones de personas aproximadamente) gana 130 dólares mensuales, es decir, 1,10 dólares diarios por persona. Hay, además, alrededor de 7 millones de personas que viven de los planes jefes y jefas de hogar: 50 dólares mensuales, o 1,66 dólares diarios por persona. Finalmente, un millón de jubilados y pensionados cobra 67 dólares: si se considera un matrimonio, equivale a 1,10 dólar por persona. SEGURIDAD EN SALUD: La seguridad en salud implica garantizar la salud integral de los habitantes, reduciendo el riesgo sanitario y epidemiológico. En este sentido deberían adoptarse medidas tendientes a intensificar y promover la prevención primaria; garantizar la atención gratuita y el suministro de medicación para los habitantes de menores recursos, así como también una asignación equitativa y eficaz de los recursos e insumos hospitalarios; y elevar la producción estatal y privada de medicamentos genéricos, entre otras medidas. A pesar de la fuerte inversión (800 dólares por habitante por año y un 9 por ciento del PBI), los resultados del sistema de salud argentino no son satisfactorios, por lo que nuestro país presenta indicadores más desfavorables que otros países latinoamericanos, como Chile, Uruguay, Cuba y Costa Rica, que destinan menos presupuesto en este sector. La inequidad e ineficacia del sistema puede ser observada en el informe sobre la Salud en el Mundo 2000 de la OMS. Aunque ubica a la Argentina en el puesto 39 entre 191 países en cuanto a nivel de salud alcanzado, al analizar el nivel de justicia en la financiación del gasto este organismo coloca a nuestro país en un lugar entre el 89 y el 95. Asimismo, al medir la eficacia del gasto en relación al nivel de salud, la Argentina desciende al puesto 75. SEGURIDAD HABITACIONAL: El acceso a una vivienda digna supone una serie de cuestiones, desde determinados niveles de higiene y espacio hasta las condiciones legales de ocupación. En esta línea, la seguridad habitacional consiste en garantizar a todos los habitantes la obtención de una vivienda digna. Con dicho objetivo proponemos las siguientes líneas de acción: el desarrollo de un programa intensivo de construcción de viviendas a fin de dar respuesta al déficit habitacional; un plan de urbanización en villas miseria y de integración social de su población, así como también la de los núcleos habitacionales transitorios; y aplicar un sistema de alquiler social para los pobladores denominados “sin techo”. En la Argentina, el 14 por ciento de las familias se encuentran en una situación irregular de tenencia de la vivienda. Es decir, que ocupan la vivienda en que viven ya sea producto de un préstamo, o por medio de una relación de dependencia, entre otros. Este porcentaje aumenta considerablemente en las provincias más pobres. Por otra parte, el 4,78 por ciento de los hogares y el 8,81 por ciento de la población registra una situación de hacinamiento crítica (excluyendo los hogares y la población censados en la calle). Además, el 14,3 por ciento de los hogares del total del país presenta sus necesidades básicas insatisfechas, de los cuales un 50,8 por ciento carece de agua en la vivienda, un 17,6 por ciento habita en viviendas donde el material predominante de los pisos es la tierra y un 71 por ciento no posee teléfono. SEGURIDAD PREVISIONAL: Si bien es cierto que no existe un modelo único de seguridad social, así como tampoco un sistema perfecto, lo que sí podemos afirmar es que garantizar la seguridad previsional debe implicar, al menos, la universalización de una cobertura económica mínima para todos los habitantes que se encuentran en edad jubilatoria o para sus familiares en caso de muerte. En la Argentina, sólo el 39 por ciento de los habitantes aporta al sistema previsional. Los cambios que se han hecho en este sistema crearon la percepción, especialmente entre los más pobres de que se trata de algo lejano y superfluo. Además, la reforma de 1994, que privatizó parcialmente el sistema, se demostró ineficaz: desde la puesta en marcha del nuevo esquema hasta diciembre de 2001, los afiliados aportaron a las AFJP´s 26.920 millones de pesos pero, los trabajadores sólo tienen en sus cuentas 20.786 millones (tendrían 37.376 millones si hubieran depositado el dinero en un simple plazo fijo). A esto debe añadirse el impacto del sistema sobre el déficit fiscal y la utilización de los fondos para la especulación financiera y la compra de bonos de la deuda pública, una parte de los cuales, se encuentra en default. SEGURIDAD EDUCACIONAL: La seguridad educacional implica garantizar e incrementar el acceso, permanencia y egreso del nivel inicial, primario y medio del sistema educativo público estatal a través de políticas de promoción social para los sectores más vulnerables, las que deberán garantizar la apertura de comedores escolares en los tres niveles educativos; establecer un vinculo efectivo entre el subsector estatal de salud y dichos niveles; erigir establecimientos educativos de los tres niveles para cubrir la creciente demanda; incrementar las partidas presupuestarias destinadas a becas; e instaurar el Pasaje Único Estudiantil. Aunque las tasas de alfabetismo y escolaridad de la Argentina se encuentran entre las mejores de Latinoamérica, la realidad educativa está lejos de ser ideal: el porcentaje de sobreedad en el EGB1 es de 26,1 por ciento, del 38,6 en el EGB2 y del 39,4 en el Polimodal. Aunque la Ley Federal de Educación establece la obligatoriedad de los diez años de enseñanza, esto prácticamente no se cumple en ninguna de las provincias argentinas. A esto hay que agregarle los deterioros en el salario docente y la calidad educativa consecuencia de que los maestros tienen que dedicar cada vez más horas de clase a organizar la alimentación de los chicos. SEGURIDAD PERSONAL: Tiene por objetivo la rápida reducción de los fenómenos que acentúan los factores de riesgo, vulnerabilidad e inseguridad en la sociedad, como asesinatos, hechos de violencia física, narcotráfico, tráfico de armas, secuestros, delitos contra la propiedad, robos, etc. Para reducir la sensación de vulnerabilidad presente en nuestra sociedad, y alcanzar el objetivo de erradicar el temor de sus habitantes a sufrir alguno de los delitos enumerados, consideramos necesario el diseño de una política de seguridad participativa basada en la aplicación estricta de las leyes y normas vigentes que, erigido sobre un eficaz proceso de prevención integral, erradique la violencia institucional y disminuya los índices delictivos. La evolución de los delitos entre los años 1991 y 2001 describe una situación más que preocupante: la cantidad absoluta de estos hechos aumentó en un 140 por ciento. Durante el período citado, los delitos contra las personas aumentaron en términos absolutos en un 151 por ciento; los delitos contra la propiedad crecieron un 138 por ciento; y los homicidios dolosos registraron un aumento absoluto del l22 por ciento. SEGURIDAD JURÍDICA: Implica el conjunto de las condiciones que garantizan la inviolabilidad de la persona y presupone la eliminación de toda arbitrariedad y violación en la realización y cumplimiento del derecho, creando un marco de vida jurídica en la que el hombre pueda desenvolver su existencia con pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones. A primera vista, se podría afirmar que en Argentina la seguridad jurídica es un derecho formal, mas no material. Las cercanas experiencias del corralito bancario, la pesificación asimétrica, los numerosos presidentes que ejercieron entre fines de 2001 y principios de 2002, las repetidas extorsiones de la Corte Suprema hacia el Poder Ejecutivo y desde éste hacia aquélla, permiten concluir que, en principio, la justicia y la igualdad ante la ley no se encuentran vigentes en nuestro país. ESTADO Y SEGURIDAD CIUDADANA: En función de los preocupantes datos que arroja la descripción de la situación actual de los diferentes componentes de la seguridad ciudadana, consideramos que el debate entre garantistas y partidarios de la mano dura se torna estéril. Es hora de que el eje del debate deje de estar centrado en el ataque a las consecuencias de la inseguridad, y se deslice hacia el análisis y eliminación de sus causas. Ahora bien, partiendo de la centralidad del Estado como la principal herramienta de transformación social y con la convicción de que sin Estado no hay democracia, se torna imperativo encarar una reforma del mismo, que lo fortalezca, lo dinamice y aumente su eficiencia y efectividad. Resulta evidente que con los debilitados y deslegitimados aparatos estatales que caracterizan a los países de América Latina, el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad ciudadana es, al menos, una utopía. En consecuencia, el desafío al que nos enfrentamos consiste en pensar un Estado para una nueva forma de ejercicio de la ciudadanía que haga posible el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad ciudadana. Como afirmamos en el párrafo anterior, consideramos al Estado como el actor social con mayor potencialidad reformista, no sólo por la masa de recursos de la que dispone, sino también porque todavía conserva la suficiente entidad institucional y potencia simbólica como para convertirse en una herramienta de cambio social. Así como durante la década de 1980 la conveniencia de la democracia como forma de gobierno pasó a ser un supuesto, una premisa, antes que un tema en la agenda del débate político, los cambios de roles del Estado han sido aceptados en la década de 1990 como datos que están, en su esencia, fuera de discusión. Sin embargo, en la actualidad y entrado el siglo XXI, podemos observar que este consenso se ha roto (o, al menos, debilitado) y que surgen fisuras desde las cuales introducir en la sociedad un nuevo debate acerca de cuál debe ser el tipo de Estado que necesitamos y deseamos, y cuál el grado de intervención del mismo, para que la materialización de la seguridad tal como fue expuesta en este artículo sea posible. Es decir, el diseño de las políticas públicas necesarias si el objetivo es garantizar la seguridad ciudadana implica, como paso previo, definir cuál va a ser la naturaleza y los alcances de la intervención estatal. Si las reformas estructurales de los años noventa han dado fin a un viejo y cuestionado Estado elefantiásico e ineficiente, hoy no queda claro cuál va a ser el nuevo Estado que viene a reemplazarlo y cuál va a ser el papel que la sociedad le asignará a ese Estado. El dato del que sí disponemos es que, a diferencia del consenso imperante en la década pasada, en la actualidad surge con claridad en el sentido común de nuestra sociedad, la importancia estratégica del Estado, tanto en el campo económico como en el social. En consecuencia, resulta imprescindible revertir el debilitamiento del sector público para que pueda atender adecuadamente actividades claves como la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la regulación de los servicios públicos, la orientación de la economía y la cobertura del desempleo, entre otras cuestiones. En consecuencia, el objetivo propuesto radica en generar un nuevo y amplio consenso social en torno al rol del Estado y de las funciones relevantes del mismo, que deberá trascender las visiones minimalistas probadamente fracasadas, y las visiones excesivamente paternalistas, que tienden a despojar a la sociedad civil de su papel irreemplazable en el impulso a los diversos aspectos de la vida social. Tenemos que ir diseñando, por lo tanto, un espacio nuevo, en el que el puntapié inicial no lo den reformas faraónicas sino procesos de reformas parciales pero firmes, en un proyecto a mediano plazo. Como primera medida, consideramos necesario promover un cambio cultural con el horizonte puesto en que el nuevo Estado desarticule la falsa naturalización que ha logrado imponerse según la cual, éste está contra la ciudadanía y sólo se interpone frente a sus derechos. Ahora bien, para lograr esta transformación cultural, debemos ser conscientes de que se necesitan más hechos que palabras. El Estado que proponemos, puede ser denominado como un Estado “experimentador”, si seguimos la definición brindada por la Iniciativa de Pensamiento para una Democracia Abierta, o bien como un Estado “atlético” o “amigo”, según tomemos las denominaciones de Oscar Oszlak o Guillermo O´Donnell. El mismo deberá caracterizarse por promover los lazos sociales incentivando diversos emprendimientos productivos; fomentar la participación, reconociendo la diversidad cultural y democratizando las decisiones; y deberá dar respuesta a las demandas de los actores sociales, no para asistirlos como sujetos pasivos, sino para asociarse con ellos. A su vez, este Estado deberá estar en condiciones de inducir la innovación tecnológica, contrarrestar las fluctuaciones económicas, promover la inversión, prestar servicios que mejoren el bienestar y garantizar a su población un determinado nivel de ingreso. Lo que se necesita, en pocas palabras, es un Estado con la capacidad de organizar mercados eficientes, de gravar a aquellos que tienen capacidad contributiva y de utilizar esos recursos para asegurar el bienestar de todos. Por último, consideramos que la situación de la Ciudad de Buenos Aires, en su doble carácter de Capital Federal y Ciudad Autónoma merece un párrafo aparte. En su primera característica porque la constituye en el centro de la toma de las decisiones políticas nacionales, además de principal escenario y caja de resonancia social, económica y cultural del país; y, en la segunda, porque el ya no tan resiente proceso de autonomía no ha concluido y se encuentra, en diversos aspectos, al menos estancado. Fundamentalmente, es centro de nuestras preocupaciones la incompletitud de este proceso debido a las consecuencias que conlleva no sólo para con la seguridad de los habitantes de nuestra Ciudad, sino también por los obstáculos que impone a un ejercicio efectivo de la ciudadanía. Sintéticamente, exhortamos desde aquí, a dar absoluta prioridad a la promoción de políticas y a la sanción de las leyes pendientes que hacen al cumplimiento de la Constitución de la Ciudad y a consolidar su autonomía. No está demás decir, que si de seguridad estamos hablando no podemos pasar por alto el hecho de que un distrito con aproximadamente tres millones de habitantes, sumados a los millones que diariamente cruzan la General Paz para desarrollar sus actividades diarias, no cuenta con una fuerza policial propia. En consecuencia, si queremos abordar seriamente la problemática de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires debemos politizar el traspaso de la Policía Federal así como también aquellas medidas pendientes tendientes a robustecer su esquema institucional, asignando la resolución de los problemas municipales a las comunas y reservando para la Ciudad-Estado el rol activo e indelegable en materias tales como seguridad, justicia, salud, educación y empleo, entre otras. ALGUNAS CONCLUSIONES En definitiva, el desafío que estamos enfrentando se propone redefinir el concepto de seguridad desarrollando la categoría de “seguridad ciudadana”. Este objetivo, que es un objetivo esencialmente político, tiene como fin último aportar elementos para avanzar en el proceso de democratización de nuestros desnutridos regímenes democráticos. Tal cual la concebimos, la idea democrática avasalla los límites que le impone el pensamiento único y su noción limitada de la seguridad. Más aún, podemos decir que la definición misma de democracia requiere de su permanente resignificación y profundización, características que sólo pueden ser realizadas a través de construcciones colectivas. En consecuencia, el desarrollo del concepto de seguridad ciudadana tiene por finalidad aportar a un debate que las fuerzas políticas y el pensamiento político progresistas tienen postergado. Si avanzamos en la discusión sobre las problemáticas de seguridad sin caer en el cliché del debate entre garantistas y partidarios de la mano dura; y si tomamos como propia la lucha por el goce efectivo de los componentes de la seguridad ciudadana no sólo estaremos corriendo el eje de la discusión de un lugar que nos incomoda, sino que además, estaremos luchando por la materialización de las condiciones que posibilitarán el desarrollo de una ciudadanía de alta intensidad que es, a su vez, condición de fortalecimiento de nuestras democracias y de la idea democrática tal cual fue expuesta. Bibliografía Archivo del diario Clarín. Archivo del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. I.N.D.E.C. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001. I.P.D.A. (Iniciativa de Pensamiento por una Democracia Abierta), Estado, Democracia y Sujeto Político. Reflexiones en torno al proyecto democrático argentino, Buenos Aires, 2003. I.P.D.A. (Iniciativa de Pensamiento por una Democracia Abierta), Crisis orgánica, reconocimiento cultural y profundización democrática. Materiales para pensar una nueva institucionalización política, Buenos Aires, 2002. Ministerio de Salud de la Nación, Situación de Salud en Argentina, 2000. Oszlak, Oscar, Estado y Sociedad: Las nuevas fronteras, en el “Rediseño del perfil del Estado. Una perspectiva nacional”, México, 1994. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano en Argentina, 2002. Saín, Marcelo, Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina, Buenos Aires, 2002. Ulanovsky Sack, Daniel, entrevista a Guillermo O´Donnell en Los desafíos del nuevo milenio. Entrevistas a los grandes pensadores contemporáneos, Buenos Aires, 1999. * Recibido por Corrientes al Día, de Agencia Comunas. Informe Especial del Lic. Fernando Zack