El señor Juez de Instrucción N°3 de la ciudad de Corrientes Cocchia Breard, recibió de Miguel Fernando Soto, una nueva denuncia penal contra el Jefe de Policía de la Provincia Comisario General Rodolfo Victorio Fernández por conductas que el denunciante estima de carácter delictuoso y subsumibles en los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, omisión de deberes del oficio y falsedad ideológica”. Hay que recordar que es la segunda ya que la primera fue radcada en la Fiscalía del doctor Raúl Passeto.

El texto completo de la denuncia dice: Miguel Fernando Soto, D.N.I.N°22.731.617, con domicilio real en 536 viviendas, monoblock 38, piso 2 departamento 7 de esta ciudad capital, por derecho propio se presenta y respetuosamente DICE: OBJETO: Vengo a radicar denuncia penal por escrito contra el Sr. Jefe de Policía de la Provincia de Corrientes Crio. General Rodolfo Victorio Fernández, con domicilio laboral en calle Quintana N°853(ciudad) y el Director de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia Crio. Inspector Juan Alfredo Ojeda, con domicilio laboral en Catamarca N° 355(ciudad), por conductas que estimo de carácter delictuoso y subsumibles en los delitos de INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y ABUSO DE AUTORIDAD, OMISIÓN DE DEBERES DEL OFICIO y FALSEDAD IDEOLÓGICA. Que en tal sentido declaro bajo juramento de ley conocer las penalidades que el Código Penal prevé para los falsos denunciantes, art. 245. HECHOS: Que soy empleado de la Policía de la Provincia de Corrientes desde hace dieciséis años y once meses, ostentando a la fecha el grado de Oficial Principal. Es en ese empleo en el que me desempeñé durante el lapso temporal que menciono y a lo largo de mi carrera, he sido promovido desde la jerarquía de Of .Subayudante, a Ayudante, a Auxiliar y por último a Principal no teniendo inconveniente alguno. Es más, he decidido perfeccionarme en mi puesto laboral y he cursado los estudios de grado de la carrera universitaria de Abogacía, obteniendo el título de grado de Abogado en el año 2005, realizando cursos de perfeccionamiento policial y de pos grado para cumplir acabadamente y de la mejor manera la función que se me encomiende dentro de la Institución Policial. Es así que todos los años he recibido, tal como prevé el reglamento, la calificación anual que supera o iguala los 80 puntos recibiendo las más elevadas consideraciones por parte de mis superiores siendo felicitado en varias ocasiones por mi labor. Que en el presente año, entre el mes de Abril y Mayo ocurrieron en la provincia lo que podemos calificar como LAMENTABLES HECHOS como ser la necesaria MANIFESTACION de PERSONAL POLICIAL en reclamo de sus derechos, situación que terminó con el dictado de dos normas, un Decreto por parte del Poder Ejecutivo y una Ley por parte del Poder Legislativo, en la primera de ellas el Sr.Gobernador dispuso el pago de un adicional de PESOS SEISCIENTOS($600) en tres cuotas de PESOS DOSCIENTOS($200), mientras que la segunda, la Ley llamada de AMNISTÍA ADMINISTRATIVA dejaba sin efecto cualquier tipo de sanción y/o procedimiento sancionatorio que se hubiere aplicado o que esté en vías de aplicación al personal dependiente de la administración pública que hubiere participado en las protestas. Cabe agregar que mientras duró la situación de conflicto, en fecha que no recuerdo, pero estimo fue en la segunda quincena del mes de Abril patrociné una Denuncia Penal contra el Sr. Jefe de Policía por ante la Fiscalía del Dr. Passeto. Que paso entonces a relatar los hechos que considero infringen las normas penales a las que me refiriera, consistentes en que a partir del cese de la situación conflictiva, y tal como adelantara a lo largo del conflicto, el Sr. Jefe de Policía ha venido tomando represalias para con el personal policial haciendo abuso de su autoridad en reiteradas ocasiones, por si mismo, o dando las órdenes a los oficiales jefes y superiores para que sometan a los participantes de la protesta a cualquier tipo de actos o hechos que pueden ser calificados como VIOLENCIA LABORAL, ya que ha ordenado sanciones, pases y traslados y hasta la sustanciación de Sumarios Administrativos por situaciones inverosímiles y hasta irrisorias solo con el afán de tomar revancha por los hechos acaecidos. Para graficar lo dicho, puedo mencionar que se me ha iniciado desde ese momento a la fecha, lapso de seis meses, la friolera de CUATRO (4) Sumarios Administrativos, se me ha sancionado con nueve días (9) de arresto por causas irreales actuando con el solo propósito de lograr mi apartamiento de la Institución Policial en grado de CESANTÍA, mientras que como dijera arriba en los casi diecisiete años de servicio activo, solo he recibido ascensos y felicitaciones, habiendo estado sumariado en solo tres oportunidades (sancionado con 9 días de arresto en la primera, sobreseido en las otras dos). Es así que hasta se me inició Sumario Administrativo por haber concurrido el 9 de Agosto (día de la Policía) a tomar mate con unos compañeros en la plazoleta del monumento fundacional de la ciudad. Ante ello ME PREGUNTO, puede un funcionario ser calificado durante toda su carrera como casi excelente y en seis meses convertirse en un elemento tan nocivo que deba ser DESTITUIDO?. Que como dijera, las represalias han ido increscendo, problema sufrido por muchos camaradas, lo que sumado al incumplimiento de lo prometido a quienes actuáramos como voceros de los policías en lo atinente al BLANQUEO de las sumas abonadas en NEGRO, la conformación de una mesa de discusión en torno a las condiciones de prestación del servicio y de la remuneración y otras tantas que son de público y notorio conocimiento, motivó que las movilizaciones comenzaran nuevamente en el pasado mes de octubre, siendo comisionado por mis compañeros para manifestar el descontento que existe en las filas, en los retirados y en la familia de los policías, comisión que acepté de buen grado en razón de que como hombre de derecho, entiendo que las prerrogativas constitucionales nos alcanzan también a los uniformados, que no por estar sometidos a un Régimen Disciplinario al cual desde ya tacho de inconstitucional dejamos de ser ciudadanos de la República Argentina. Es en esa comisión que he redactado notas de queja y petitorios a las autoridades, las que fueron entregadas por la FAMILIA POLICIAL a cuanto funcionario de jerarquía quisiera recibirlas no obteniendo a la fecha respuesta alguna. Fue así que en asamblea de la asociación creada al efecto A.P.Pol.O. (Asociación Penitenciaria Policial Organizada) se decidió la implementación de medidas de acción directa como expresar primero nuestro malestar ante los medios de difusión de información pública, ejerciendo por así llamarlo algún tipo de PRESIÓN a nuestros mandos naturales para que nos den una solución que esté en la órbita de sus facultades (no continuar con la persecución y violencia laboral). Que la situación de persecución continuó sin embargo agravándose, por lo que decidimos hacer oír nuestros reclamos acompañando las movilizaciones de los otros empleados públicos (Docentes, Salud Pública) al entender que formamos parte de la sociedad, que no estamos, por vestir un uniforme en una situación de CAPITIS DIMINUTIO con respecto a las normas supra legales. En ese sentido hemos participado como asociación de la modalidad de protesta que se lleva adelante desde hace un tiempo en la cabecera del Puente General Belgrano por parte de los empleados públicos. Ante esta modalidad de protesta, en la que participara activamente, se ha iniciado por Orden del Sr. Jefe de Policía RESOLUCIÓN J.P.N°1651/08 un Sumario Administrativo que desde la mencionada RESOLUCIÓN y hasta la ultima foja a la que he podido acceder hasta el momento reputo como NULAS de NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE calificándola como ACTO INEXISTENTE según nuestra doctrina Administrativista, pero que además en su accionar, tanto el Crio.General Victorio Fernandez, como el Instructor Dr.(abogado él) Juan Alfredo Ojeda han violado preceptos constitucionales y legales cuyos agravios hacen rememorar los viejos y tan discutidos procedimientos desplegados en las peores épocas del terrorismo de estado y represión, sin entender que somos una INSTITUCIÓN CIVIL ARMADA y no una FUERZA MILITAR. Es así que como dijera en el sumario administrativo identificado en el párrafo anterior se ha incorporado fotografías tomadas por PERSONAL DEL Departamento INTELIGENCIA CRIMINAL como supuestas pruebas de las infracciones administrativas, tomas en las que no aparece firma alguna de responsable y en las que se identifica como CUASI CRIMINALES no solo a personal policial en actividad y retirado, si no también a familiares de policías, a docentes, a personal de la salud y ciudadanos comunes. Que todas las personas con vinculación alguna a la institución policial han sido amenazadas en forma indirecta y encubierta diciéndoles que se les separaría de las filas policiales a los activos, a los parientes que se encuentren en actividad en el caso de los familiares y a los retirados. Estas amenazas que han sido anónimas, no han quedado en categoría de simple acto tendiente a infundir temor, sino que el expediente administrativo se ha desglosado para el inicio de una nuevo procedimiento sancionatorio al personal RETIRADO hechos estos de suma gravedad por no decir MAFIOSOS. Continuando con las irregularidades configurativas de los delitos que denuncio agrego que al ser citado para el ejercicio de mi defensa material, he hecho uso del derecho acordado por las normas de procedimiento del reglamento previsto por el art. 182 inc. c y d, a saber : Art. 182. El imputado tiene derecho a: Inc. c) Negarse a declarar sin que su silencio implique presunción de culpabilidad. d) A rubricar cada una de las fojas y pedir que así lo haga el instructor. Es así que he rubricado las fojas y he agregado junto a mi rubrica en algunas de ellas leyendas que hacen constar irregularidades procedimentales como la falta de firmas (rúbricas) en algunas pseudo pruebas, que al llegar a la foja con la foliatura N°14 he notado que estaba el sello de la repartición y la firma y sello identificatorio solo del secretario, más no del instructor, lo que convertía en nulo dicho acto (plasmado en un documento)y dejaba abierta la posibilidad de refutar de nulidad el mismo y todos los que se hayan realizado a continuación en aplicación de principios procesales. He hecho constar esa falencia haciendo constar de mi puño y letra al lado de mi rúbrica con la leyenda (No está rubricado por el Instructor). Comprenderá cual fue mi sorpresa e indignación cuando al corrérseme vista del expediente aparece firmado y sellado tratando de salvar su error por el Instructor contituyendo con esa acción una CUANDO MENOS FALSEDAD IDEOLOGICA. No bastando con este procedimiento, al finalizar el acto de mi indagatoria, solicito por escrito COPIA CERTIFICADA de las actuaciones, escrito incorporado en fecha 05 de noviembre, y cuya concesión sin limitación alguna para el correcto ejercicio de mi derecho constitucional de defensa, es regulada por el Cod. De Proced. Administratv. Ley 3460 art.268. Que esta copia certificada, me comentó el secretario de actuaciones se me estaría entregando al otro día 06/11/2008, y fue tal mi sorpresa al concurrir en forma personal el 06/11/08 y encontrarme con manifestaciones verbales del Subcomisario Miguel Angel Almirón y el Oficial Principal Pedro Miguel Navarro de que el DIRECTOR (Ojeda) había ordenado que no se me entregue si no hasta después de notificado del Art. 217 del R.R.D.P. y N.P. (Reglamento Disciplinario y Normas de Procedimiento) abusando de esa manera de su investidura para restringir mi defensa técnica. Ante ello reitero la solicitud instando y exigiendo la entrega peticionada por medio de escrito adjuntado al expte como foja 138, el que es seguidamente proveído sosteniendo que la entrega se haría en oportunidad de la notificación del art. 217 denegándoseme nuevamente. Que en fecha 07/11/2008, en horas de la mañana, se presenta en mi estudio el Oficial Navarro con el expediente para facilitarme la copia y diciéndome que quería evitar problemas pero pese a ello el RETARDO configurativo de la OMISIÓN DE DEBERES DEL OFICIO estaba perfeccionado por parte de Ojeda, a más de la FALSEDAD e INCUMPLIMIENTO mencionados. En cuanto a las conductas que atribuyo al Sr. Jefe de Policía y que considero como subsumible en el tipo penal del art. 248 del C.P., a más de estar expresadas a lo largo del memorial como las de violencia y persecución laboral. Es de hacer notar que estimo se hallaba impedido de ordenar persé la sustanciación del Sumario administrativo debiendo haberse inhibido por haber yo patrocinado denuncia en su oportunidad en su contra además de una infinidad de abusos funcionales que por ser tantos se me pasan por alto. CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: 1-BIEN JURÍDICO TUTELADO: Haciendo un tratamiento que justifique la calificación como delito que atribuyo a las conductas realizadas por estos funcionarios consistentes en la lesión del BIEN JURÍDICO TUTELADO por el capitulo todo, es de mencionar parafraseando a Donna, que son los que la Constitución considera absolutamente ilegal, la doctrina desprecia, el ciudadano común rechaza y nosotros abominamos. Es el que pone a la persona sobre la ley en consecuencia admite cualquier orden ilegal del “jefe” sólo por serlo, el que usufructúa el Estado como un coto de caza propio, en fin el que se olvida del bien común. En síntesis, y para evitar cualquier confusión, se parte del punto de vista de que el Estado, al cual nos referimos, es aquel surgido de la Constitución a la cual están sujetos todos los poderes. Todos deben obediencia a la ley, por sobre el partido político, la corporación y , es más, por sobre sus deseos de REVANCHA. Que los actos enunciados implican un acto de deslealtad con respecto a la jerarquía del sistema normativo, anteponiendo un reglamento vetusto e inconstitucional como el R.R.D.P. y N.P. (Dec. 4.218/95) a la normativa supra legal. Continuando con la aseveración de la lesión al bien jurídico tutelado podemos seguir a Cerezo Mir cuando dice ” los preceptos del Derecho Penal que regulan los delitos de los funcionarios públicos tienen como fin, el mantener a los mismos en la observancia de sus deberes y el contribuir a la mejor organización y legalidad de las funciones estatales”. En ese sentido es coincidente la doctrina al afirmar que la esencia de los delitos de funcionario está dada por el abuso de la autoridad como violación del deber de funcionario. Además, como un atque contra la pureza del ejercicio del cargo, y como un peligro en el hacer del funcionamiento de la administración del Estado. También se afirma que es un ataque interno contra el poder del Estado. Pero en general se puede afirmar, que el bién jurídico es la fidelidad a la pureza de la función pública. Se pretende asegurar la conducta de los funcionarios, quienes con la inobservancia de los deberes a su cargo obstaculizan esa regularidad funcional, dañando no solo la función en si, sino a los particulares y subalternos. Que la conducta desplegada por los por mí imputados lleva aparejada la infracción de un deber jurídico específico cual es el RESPETO A la Constitución Nacional, La Constitución Provincial y las leyes, esta infracción específica se da por cuanto el Estado ha delegado en la persona del estos malos funcionarios, la potestad de formar o ejecutar su voluntad, lo que lleva aparejado que su violación a los preceptos compromete al Estado todo. A decir de MOLINARIO y AGUIRRE OBARRIO, tomando en cuenta la Exposición de Motivos de la sanción de la norma, se trata del funcionario que, traicionando la confianza depositada en él por el pueblo o alguno de los poderes públicos, emplea la autoridad recibida como instrumento para violar la Constitución y las Leyes cuyo guardián celoso debería ser, ya que ” si no tiñéramos la disposición con la idea de que se trata de una traición a la confianza, de usar la autoridad como instrumento para violar la Constitución o las leyes, es decir, si no exigimos un toque de alevosía, el delito se desdibujaría y podría castigarse a todos funcionario y juez”. 2-PRIMER TIPO PENAL: 2-A. Comenzaré por mencionar el art. en el que creo se subsumen alguna de las acciones, siendo este el: ARTICULO 248. – Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere. SUBSUNCIÓN EN EL TIPO PENAL: Analizadas las acciones, la conducta desplegada no contienen en si mismas particularidad alguna que refleje su ilicitud, pues son actos funcionales de dictar resoluciones o una orden. Se convierten en ilícitas cuando su sustento subjetivo es DOLOSO, es decir, se dictan a sabiendas y con intención de menoscabar derechos constitucionales en este caso de sus subalternos. “Al respecto se ha sostenido que el tipo penal está destinado a sancionar el dictado, por parte de funcionarios de relevancia, de resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o la inejecución de las leyes cuyo cumplimiento le incumbiera, y no el mero incumplimiento de funciones administrativas. Es un delito de omisión consistente en no hacer lo que la ley manda en razón de su cargo, traicionando la confianza peositada en él por el pueblo o alguno de los poderes públicos” (C.C.Corr.Fed., sala II, Zambianchi, C.A. y otros”, B.J., N°1, enero-abril 1986, p.159). La norma penal prevé tres supuestos como ser: 1. Cuando el Func. Dicta resoluciones u órdenes contrarias a la constitución o a las leyes nacionales o provinciales. 2. Cuando ejecute las órdenes contrarias a dichas disposiciones y; 3. Cuando no ejecute las leyes cuyo cumplimiento le incumba. Estimamos las conductas relatadas por el Sr. Jefe de Policía y el Crio. Inspector Ojeda como perfectamente retratadas por los tres supuestos. 2-B. Podría hablarse de la infracción por parte de Ojeda en cuanto a la concesión retardada de copia y NO CERTIFICADA de las actuaciones, del art. 249 C.P. ARTICULO 249. – Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. 3-VIOLACIONES NORMATIVAS VERIFICADAS: Estimo con las conductas relatadas se ha violado con los arts. De la C.Nac. que se transcriben: Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. PRINCIPIO DE DEFENSA Art. 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. Art. 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Violan la Constitución Provincial en: Artículo 6°: La libertad de la palabra hablada y escrita es un derecho. Toda persona puede ilimitada y libremente, en cualquier forma, manifestar sus ideas y opiniones, examinar y censurar la conducta de los poderes y funcionarios públicos, pero será responsable del abuso que haga de esta libertad. No se dictarán leyes ni medida alguna que restrinjan el ejercicio de aquella y en las causas a que diera lugar su abuso, se admitirá la prueba, siempre que fuese el injuriado un funcionario o empleado público. Es obligación de los funcionarios o empleados públicos, acusar toda publicación en que se les imputen faltas o delitos cuya averiguación interese a la sociedad. Artículo 7°: No se dictarán leyes que limiten el derecho de reunión pacífica para tratar asuntos públicos o privados. Todo acto u omisión de las autoridades de la Provincia debidos a coacción o requisición de fuerza armada o de reunión rebelde o sediciosa, son nulos. Artículo 27: Los principios, garantías y declaraciones establecidos en esta Constitución no podrán ser alterados, bajo pena de nulidad, por las leyes que los reglamenten. Toda ley, decreto, orden o resolución emanados de las autoridades, que impongan a los principios, libertades y derechos consagrados por esta Constitución, otras restricciones que las que la misma permite o priven a los habitantes de la Provincia de las garantías que ella asegura, serán nulos y sin valor alguno. Sin perjuicio de las reclamaciones por inconstitucionalidad, los damnificados por las disposiciones podrán deducir ante quienes corresponda las acciones procedentes contra los funcionarios o empleados públicos, hayan o no cesado en su mandato, que las hubieran autorizado o ejecutado, sin que puedan eximirse de responsabilidad en caso alguno, alegando orden o aprobación superior. Artículo 28: La administración pública provincial está regida por los principios de legalidad, eficacia, austeridad, congruencia normativa, desconcentración operativa, capacidad, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las normas y actos. Su actuación tiende a lograr economía, sencillez e informalismo en el trámite, celeridad, participación y el debido procedimiento público para los administrados. Los funcionarios y empleados públicos deben ajustar su actuación a dichos principios. Ningún funcionario público debe ejercer violencia laboral sobre los empleados a su cargo o bajo su dependencia. La violación de este precepto constituye falta grave. Artículo 31: Los derechos, declaraciones y garantías consignados en esta Constitución, no serán interpretados como mengua o negación de otros no enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal. Artículo 35: En ningún caso autoridad alguna puede suspender la observancia de esta Constitución ni la de la Nación, ni la vigencia efectiva de las garantías y derechos establecidos en ambas. Esta Constitución no pierde vigencia aun cuando por acto violento o de cualquier naturaleza se interrumpa su observancia y aplicación. Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerza armada o reunión sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es nula de nulidad absoluta. Es deber de todo ciudadano contribuir al restablecimiento del orden constitucional y de sus autoridades legítimas, y oponerse al gobierno usurpador. En caso de ruptura del orden constitucional, cualquiera que ejerciere funciones previstas por esta Constitución para las autoridades legítimas, será considerado usurpador y quedará inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargo o empleo público en la Provincia o en sus Municipios. Sus actos serán insanablemente nulos. A los fines previsionales, no se computará el tiempo de sus servicios ni los aportes que, por tales conceptos, realice. Nadie debe obediencia a quienes asumen funciones en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen. Tampoco rige en tal caso el principio de obediencia debida a los superiores ni a quienes se atribuyen el mando. A todos los efectos se consideran vigentes, hasta la finalización del período para el que fueron elegidos, los mandatos y prerrogativas de los funcionarios electos por el pueblo de acuerdo con las disposiciones de esta Constitución. Atenta contra el sistema democrático todo aquél que cometa delito doloso grave en perjuicio de la Provincia o de un Municipio, que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado para ocupar cargos públicos durante el tiempo que las leyes determinen. La inhabilitación será perpetua cuando se tratare de delitos de lesa humanidad. 4-SEGUNDO TIPO PENAL: FALSEDAD IDEOLÓGICA: ARTICULO 293.- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Es éste el precepto en el cual considero se halla contemplada la violación realizada por el Comisario Inspector Ojeda en cuanto estampó su firma (rubrica) en una foja (documento público) del expediente administrativo luego de la observación por mi parte de la falta de ese requisito. PRUEBAS: DILIGENCIAS SOLICITADAS: 1-Se libre oficio solicitando informe a la Jefatura de Policía sobre las causas administrativas en las que me hallo imputado en el período temporal que va desde el 24 de Mayo a la fecha. 2-Se solicite copia certificada de las actuaciones administrativas identificadas ut supra, en especial la iniciada por RESOLUCIÓN J.P.N°1651/08. 3-Se reciba declaración testimonial a los secretarios de actuaciones del antenombrado expediente (Almirón y Navarro). 4-Se reciba declaración testimonial a los funcionarios policiales (activos y retirados) identificados en los expedientes administrativos, así como a los ciudadanos ajenos a la institución que se hallan retratados en el mismo. DOCUMENTAL: Se adjunta: 1-Copias simples de fojas del sumario administrativo que refiriera como cuerpo en el que se cometieran algunas de las conductas típicas referidas. PETITUM: Por lo expuesto solicito: a-Se tenga por realizada denuncia penal. b-Se lleve adelante, de considerar necesario las pruebas y diligencias solicitadas. SERÁ JUSTICIA.