En una nota dirigida al Delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación Delegación Corrientes Hugo Midón, el Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes Juan Carlos Codello, denuncia por “discriminación” a los diputados provinciales Josefina Meabe de Mathó y Armando Aquino Britos; al diputado nacional José María Roldán, al concejal capitalino Alfredo Vallejos y al abogado Yamandú Barrios. Dado el tenor de la denuncia, se transcribe textualmente.

Juan Carlos Codello, Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, con domicilio real en Av San Martín 929 y constituyendo domicilio procesal en Quintana 742, ambos de esta ciudad de Corrientes, y para el caso de que estos actuados deban tramitarse en la ciudad de capital, constituyendo domicilio en Libertad 1005 Piso 4 Dto. G, con el patrocinio de los Dres Lucio Portel y Andrea Codello, tengo el agrado de dirigirme a Ud a fin de presentar esta denuncia por discriminación como consecuencia de los dichos expresados por las personas que más abajo se indican y que constituyen manifestaciones públicas que implican actos discriminatorios en los términos de la ley N° 23.592 cuando establece que: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.- (El subrayado me pertenece) 1.- ACTOS DISCRIMINATORIOS QUE JUSTIFICAN LA DENUNCIA La discriminación denunciada se ha producido en distintas expresiones públicas, periodísticas y actuaciones por ante la Honorable Legislatura de la Provincia de Corrientes; en las que se han deslizado alusiones a mi edad (actualmente de 72 años) y una mínima discapacidad física ambulatoria que me obliga a auxiliarme para caminar con un bastón; aspectos ambos invocados como impedimentos para el ejercicio de mi función como Juez integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes.- La índole de tales expresiones así como las consecuencias disvaliosas que se han pretendido respecto de mi capacidad para desempeñar el cargo, intentando con tales argumentos justificar un pedido de juicio político, implican actos discriminatorios en los términos de la ley 23.592.- 2.- PERSONAS DENUNCIADAS a) José María Roldán, abogado, Diputado Nacional.- b) Alfredo Oscar Vallejos, abogado, Concejal de la ciudad de Corrientes.- c) Armando Rafael Aquino Britos, abogado, Diputado Provincial de Corrientes.- d) Josefina Meabe de Mathó, Presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia.- e) Yamandú Barrios, abogado, Presidente del Colegio de Abogados de Corrientes Primera Circunscripción.- 3.- ACTUACIONES EN LAS QUE SE EFECTUARON LAS EXPRESIONES DISCRIMINATORIAS 3.1.- Expresiones discriminatorias de los Sres José María Roldán y Alfredo Oscar Vallejos al promover el juicio político Como es de público conocimiento, me desempeño como Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes.- En junio del corriente año los Sres José María Roldán y Alfredo Oscar Vallejos promovieron por ante la Legislatura de Corrientes, un juicio político en mi contra.- La denuncia tramitó por ante la Legislatura local identificada como: “Expediente N° 4344/08 caratulado: “JOSE MARIA ROLDAN Y ALFREDO OSCAR VALLEJOS PROMUEVEN JUICIO POLÍTICO C/ EL SEÑOR MINISTRO DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DR JUAN CARLOS CODELLO POR MAL DESEMPEÑO, INHABILIDAD FÍSICA E INCONDUCTA”.- De la lectura del escrito de interposición del Juicio Político, y a pesar de su confusa y contradictoria redacción, puede deducirse que se ha fundamentado en tres cuestiones sustanciales, a saber: a) Que, habría actuado en una causa en la que supuestamente tenía interés concreto “…toda vez que el resultado de la misma favorecerá o no, dos familiares que le comprenden dentro del inciso 1, 2, 9, del artículo 17 del C.P.C.C. …” en el que debí inhibirme, etc.. Esta causal o motivación es absolutamente falsa y así se ha demostrado en el desarrollo de las actuaciones en la Cámara de Diputados.- b) Que, en mi accionar cotidiano he tenido una supuesta notoria inconducta lo que se habría manifestado en ausencias notorias, injustificadas, y abandono del lugar de trabajo lo que, según lo manifiestan en la denuncia “…se demuestra en las ausencias más que evidentes en los dos últimos años como Ministro del Superior Tribunal donde configura un récord las ausencias de este magistrado en los acuerdos que lleva adelante el cuerpo…”.- Pues bien, esta absurda afirmación ha sido total y absolutamente contrarrestada probándose, paradójicamente, todo lo contrario con el informe respectivo remitido por los organismos pertinentes.- c) Atento al resultado de las investigaciones referidas a los puntos anteriores, inmediatamente debió rechazarse el pedido de Juício Político por no encuadrar los hechos denunciados, dada la falsedad de las afirmaciones, en las causales previstas en la Constitución de nuestra provincia.- Lejos de ello los denunciantes han mantenido y mantienen una inaceptable, temeraria y también inexistente causal, tanto en su actuación pública como por los medios masivos de comunicación hasta el día de la fecha, cual es la de la presunta “inhabilidad física” como causa fuente del mal desempeño y de la inconducta denunciadas, sin expresar siquiera un solo hecho o elemento en que esta supuesta inhabilidad tuviera incidencia negativa en el ejercicio de mi función de administrar Justicia.- En la denuncia, seguramente dada la magnitud de las afirmaciones, y quizás seguramente tratando de morigerar de alguna manera lo que a todas luces no es más que un agravio gratuito y una flagrante violación de las normas que protegen la dignidad del hombre, expresan que la inhabilidad física “…no tiene que ver la voluntad del magistrado cuestionado y por ende el mal desempeño como causal genérica comprende la situación de incapacidad ya que es de contenido objetivo que no requiere la falta o culpa, y que abarca todos los aspectos de deficiencias, de incapacidad, de abandono o negligencia que puede presentar en el desempeño de sus funciones…” y se completa la idea como una rémora de etapas largamente superadas manifestando “…por eso una enfermedad, una incapacidad, produce en consecuencia un mal desempeño objetivo en la función…”, dejándose por lo tanto absolutamente en claro que la acusación en mi contra se fundamenta en una presunta incapacidad física, con prescindencia de actuación eficiente o no, creando una figura de responsabilidad objetiva que repugna a los principios fundamentales que rigen a nuestro sistema jurídico, cuya aceptación traería como consecuencia la imposibilidad del ejercicio de un cargo a personas que, como en mi caso con una afección en una pierna, no estuvieran en la plenitud física que – aparentemente – exigen estas personas, con clara lógica eugénica, digna de los regímenes totalitarios que azotaron a la humanidad durante tantos años.- d) Las mismas consideraciones son aplicables a lo relacionado con la supuesta avanza edad que, aparentemente y en contra de toda razonabilidad y experiencia, sería para los denunciantes un impedimento para el ejercicio del cargo, configurando una gravísima discriminación, con el agravante de que esta circunstancia acarrearía una disminución en las facultades de aquellos que tienen una determinada edad, aún considerando la brillante actuación de numerosos personajes de la historia que se han desempeñado y se desempeñan de manera notable y sobresaliente, y con muchos más años que los setenta y dos con los cuales cuento en la actualidad. Fundamentalmente cuando que en ningún momento denuncian o describen un hecho, una circunstancia o una actitud que puedan fundar sus agraviantes expresiones:“…es claro que el Dr Codello además de problemas motrices tiene dificultades de concentración y ello se demuestra en ausencia notorias en su actividad y ello hace abandonar sus funciones…” “Los problemas motrices son menores en comparación de la falta de lucidez y concentración con lo cual impide que sus decisiones sean el corolario de la derivación aplicada y razonada del ordenamiento jurídico vigente que señala el art 185 de la constitución provincial…..”.- Se dijo, además, aludiendo a mi dificultad para caminar que “…el Dr. Codello es asistido de manera permanente por profesionales del arte de curar en el INSTITUTO DE AYUDA AL LISIADO (I.C.A.L) con sede en Santa Fe n° 762 de esta Ciudad de Corrientes…”; “…la afección es psicomotriz y ello impide el normal desempeño de sus actividades por lo cual el análisis de una pericial médica claramente develará la imposibilidad en el ejercicio de sus funciones habituales y normales…” “…no se trata de un problema voluntario de contracción al trabajo se trata de un impedimento objetivo, serio, notorio y grave.”.- Como se puede apreciar, tales calificaciones carecen de fundamento fáctico y significan un claro acto de discriminación, en tanto pretenden derivar de una simple dolencia motora, graves consecuencias sobre la tarea de juzgar que en modo alguno se justifican por otros medios.- Avanzada edad y alguna dificultad motora son suficientes, a criterio de los sres Roldán y Vallejos, para promover un juicio político contra un magistrado.- Cabe destacar que la Constitución de la Provincia de Corrientes no admite remoción de sus jueces por razones de edad.- 3.2.- Expresiones discriminatorias durante la Sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes del 6/8/08 Conforme la citación recibida y según dispone la Resolución N° 114/06 (Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político) presenté mi descargo por ante la Honorable Cámara de Diputados provincial con fecha 21/08/08.- Las acusaciones de mal desempeño, inhabilidad física e inconducta que fueron objeto de análisis en esa instancia se cuestionaron puntual y detalladamente, conforme se acredita con copia del escrito presentado en esa oportunidad. Se hace constar que los motivos y defensas que constituyen la materia del mencionado juicio político son ajenos a esta presentación.- No obstante, durante el debate en la Legislatura por el que se decidió pasar la denuncia a la Comisión de Juicio Político, se produjeron expresiones de carácter discriminatorio cuya gravedad hace procedente esta presentación.- Las expresiones cuestionadas tuvieron referencia a la presunta “inhabilidad física y psíquica” de mi persona para ejercer funciones como Ministro, pretendiendo justificar con ese argumento la causal de “mal desempeño” que contiene el pedido de juicio político.- En el año 1997 he sufrido un accidente que me produjo una lesión vascular en la pierna derecha, lo cual impide una correcta irrigación sanguínea y afecta mi movilidad. Es ésta la única incapacidad física que me aqueja y se manifiesta en que necesito el auxilio de un bastón en algunas ocasiones. Debe recordarse que a la fecha (…) en que fuera designado Ministro del alto cuerpo al que pertenezco, tenía las mismas dificultades físicas que padezco en la actualidad, llamándome poderosamente la atención que uno de los denunciados por este acto haya efectuado declaraciones aceptando la consideración y calificación de “gran arquitecto de la nueva Justicia de Corrientes”, aclarando que “fue una tarea ciclópea en la que trabajó todo un equipo de gente capacitada”(Armando Aquino Britos, Radio Sudamericana, 4 de marzo de 2006 (SIC), no habiendo advertido ni planteado en su oportunidad que una persona con una afección en la pierna no podía ser – según su criterio actual – Ministro del Superior Tribunal de Justicia.- La afección de que se trata requiere de permanente tratamiento, el que se realiza en el Instituto de Ayuda al Lisiado (I.C.A.L.) sito en calle Santa Fe 762 de esta ciudad, lugar al que concurro entre tres y cuatro oportunidades por semana.- No obstante, algunos de los Sres Diputados que integran la Legislatura, hicieron referencia a esta dificultad ambulatoria como un impedimento para el buen ejercicio de mi labor como Juez.- Otros se refirieron a mi edad como impedimento de actuación, comparándola con una deficiencia psíquica.- Debido a la naturaleza de este procedimiento, seguidamente se individualizan las personas y sus respectivos dichos: a).- Diputado Dr Aquino Britos: “…en estos casos de inhabilidad física y mental que se manifiesta en la actualidad tiene que ver con un acto que no es voluntario, que surge de la naturaleza propia de la vida, una afección en sus actividades motrices, una enfermedad en su actividad cognoscitiva que tiene que ver con el grado de lucidez para desarrollar y desenvolverse en esta alta magistratura…” (folio 17 de la trascripción taquigráfica de la Sesión parlamentaria del 6 de agosto de 2008) “…salvedad de discriminar entre el mal desempeño malicioso y el involuntario, producido por la llegada-que nos tocará a todos-de la madre naturaleza, donde vamos perdiendo nuestro sentido de locomoción y nuestro entendimiento…” (fs 17) “…alguno me dirá: bueno pero una incapacidad motriz que es notoria no le impide el ejercicio de sus acciones y yo voy a coincidir con ellos en esta primera y aventurada opinión, pero le digo que la capacidad de concentración, la falta de lucidez, la falta de atención, en por lo menos cinco horas continuadas le impide el ejercicio de su función como el más alto magistrado de la provincia…” (fs 18) “…cuando menos esa causal de incapacidad física y mental se materializa y está patente, esto no tiene una carga disvaliosa sino que es un dato objetivo de la naturaleza que a todos nos llegará de esta manera o de otra. Hasta ahora todos los inmortales que conozco terminan dentro de un cajón y es por eso que esta situación nos llegará absolutamente a todos…” (fs 33). Posteriormente, en declaraciones periodísticas, el Dr Aquino Britos reiteró sus expresiones discriminatorias. En el diario El Libertador dijo: “Es una realidad que duele y que a todos nos va a tocar. Acá no hay cargas peyorativas. El Dr Codello se atiende en el ICAL –Instituto correntino de atención al Lisiado-. Hay que ver que entidad tiene la patología que sufre, si le permite o no decidir con lucidez. Pero estas características por falta de capacidad física y mental por lo menos no permiten decidir procesos institucionales en público y menos con celeridad……si me demuestran que el magistrado está lúcido, si puede mantenerse cinco horas en su lugar de trabajo, nosotros retiramos el pedido de juicio político…..la incapacidad física y mental configura un mal desempeño involuntario,…….esto es un caso muy complicado y a atender, pero es la realidad, e involucra los derechos de las personas. Estas cosas se advierten con solo pegar un vistazo. No se podrá sostener una conversación prolongada con el magistrado en cuestión….” “Los propios miembros del cuerpo aseveraron que el juez no puede contener sus necesidades físicas en público, y eso sucede en plenas audiencias….” Fecha 07/08/08. “Una de las causales del pedido de juicio y la principal, que es la inhabilidad síquica y física, naturalmente le impide al Dr Codello desarrollar en la plenitud de sus funciones el cargo que ostenta..” Fecha 10/08/08 “…Una de las causales del pedido de juicio, y la principal que es la inhabilidad física y psíquica, naturalmente le impiden al doctor Codello desarrollar en la plenitud de sus funciones el cargo que ostenta…en el sentido de que el magistrado no tiene el grado de lucidez suficiente, tiene deterioro físico y psíquico notorio y que obviamente a la vista de cualquier persona poco entendida en la materia se dará cuenta…” Fecha 16/08/08 y también en Página Web de La Tierra del Paraná.- “…Tengo las sospechas que no está en condiciones de brindar el servicio de justicia, y el único medio es que se presente a un examen médico y sicológico.” Fecha 29/08/09 En “Cadena de Radios” página web del 19/8/08 indicó “…esto es producto de determinadas circunstancias ajeno a la voluntad del magistrado pero tenemos que tener en cuenta que hay un sistema de Justicia que se siente resentido por la inhabilidad física y mental y no por vejez” Terminado el juicio, continuó insistiendo.- En nota reproducida por “Sietepuntas digital.com” del 25/9/08 dijo que “…la causal más importante que era la inhabilidad física y mental del magistrado no se llego a comprobar porque no se realizaron las pericias necesarias… Esto se devela por los mecanismos propios de una pericial médico sicológica para saber si es solo deterioro físico, o si eso que padece le impide cumplir sus funciones como magistrado…”, lo que permite afirmar que a esa fecha continuaba opinando sobre la incapacidad física como fundamento para la remoción del juez.- Existen innumerables expresiones que no he podido acercar ya que las mismas fueron realizadas por medio radiales y televisivos pero que son de público y notorio conocimiento de todos los correntinos dado el alcance y la dimensión periodística que las mismas tuvieron.- De todas formas, no es la primera vez que Aquino Britos sostiene acusaciones sobre terceros o realiza declaraciones harto contradictorias. Así, en el mes de diciembre de 2005 y marzo de 2006, respectivamente, en entrevistas que le realizara Corrientes Noticias, sostuvo:”… Estoy convencido que el gobierno nacional mostró su verdadero rostro, es lo peor del peronismo, como lo señaló el Dr. Iglesias y los radicales transversales no son sino TRAVESTIS POLÍTICOS, se presentan como radicales pero en realidad son oportunistas de la política…Adviertan los valores de este gobierno, trafica influencias, prostituye a dirigentes de otras fuerzas como Borocotò y luego los descalifica, solicitan la ayuda de otros como Duhalde y luego los tildan de mafiosos…creen en su soberbia que el estado mudó a una monarquía y no se dan cuenta que la cuenta regresiva comenzó a correr cuando mostraron su rostro de miedo, corrupción, autoritarismo de un sectarismo sin precedentes que escandalizaría al mismo LÓPEZ REGA….” “…Esto que se quiere parecer a Perón y a Evita, terminará siendo parecido a María Estela de Perón y López Rega…”.- “Muchos nos quedaremos en nuestra casa si el destino es una Alianza con el kirchnerismo…”.- Valga decir que Aquino Britos no sólo hizo alianza con el peronismo kirchnerista sino que hasta defenestró a su propio partido, la UCR, para entrar como Diputado provincial por el Partido de Todos. Se convirtió así, en el propio Travesti político que denunció oportunamente. Tampoco es la primera vez que Aquino Britos lesiona sin pruebas a miembros del Superior Tribunal Justicia, como así también que ha denuncia a miembros del Poder Judicial y Legislativo como los casos de los Magistrados Dr. Juan A. Oliva, Juez Federal de Paso de los Libres; Dr. Alberto Alarcón, Juez en lo Civil y Comercial n° 13; Dr. Juan Manuel Segovia, Juez de Instrucción n° 2 de la ciudad de Corrientes; Dra. Manuela Silva, Jueza Civil y Comercial de la Ciudad de Curuzú Cuatiá; y la Dra. Silvia Cristina Garicoche, Jueza en lo Civil y Comercial n° 11 de la capital, y los Ex legisladores Nacionales Dres Lázaro Chiappe y Rodolfo Martínez Llanos.- En el año 2005 (olvidando su carácter de arquitecto de la justicia y la tarea ciclópea efectuada) según sus expresiones publicadas en el Diario Epoca (23/04/05) se refirió a la existencia de jueces corruptos, recordando que denunciaron a los magistrados Niz, Segovia y Semhan entre otros. Textualmente expuso:” También acusamos a Fernando Niz (ministro del Superior Tribunal de Justicia) y a Jorge Semhan, Fiscal General adjunto, cuando exhumando una causa archivada basada en cosa juzgada, intentó acusarlo a él, al Gobernador y a Arturo Colombi….En tanto que a Niz también se lo acusó por tráfico de influencias al aceptar órdenes de personajes políticos; esto develado mediante escuchas telefónicas.” También lo denunció por tráfico de influencias. Tan cierto es el accionar descripto anteriormente, como también es cierto que no es la primera vez que Aquino Britos pide que terceros se hagan pericias psicológicas para demostrar idoneidad.- Así, pidió estas pruebas contra el Ing. Amílcar Paladini (a la sazón, el primer solicitante de un juicio político en mi contra que ya fuera desestimado) en su escrito de denuncia. Con referencia a dicho Ingeniero expresó textualmente dispone:”…solicito se disponga JUNTA MEDICA SIQUIÁTRICA para que observe su capacidad mental, si el imputado no padece alguna alteración morbosa en sus facultades, todo ello fundado en la marcada inclinación del imputado a efectuar denuncias….”.- Para Aquino Britos, siempre refiriéndose a Paladini “…la probable patología que podría padecer el imputado se encuentra descripta en el trabajo titulado “Falsas Acusaciones”, escrito por los Dres Víctor Poggi, Luis Lozano y Guillermo Tórtora. Efectúo estas apreciaciones porque es necesario resaltar la personalidad de este sujeto que se toma la libertad de discriminar con total liviandad. Quedando, además de manifiesto que dice una cosa y hace otra, sin que implique freno inhibitorio alguno la posibilidad cierta de efectuar daños a terceros, como en este caso particular en que se funda la presente denuncia.- 3.3.- Declaraciones periodísticas de la Presidenta de la Cámara de diputados provincial Sra. Josefina Meabe de Mathó La Sra. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, tampoco ahorró expresiones discriminatorias al ser consultada por la prensa.- Así, por ejemplo, al portal de Internet “Corrientes Noticias” del día 11 de agosto 2008, dijo “…yo pienso también que a lo mejor, también, a la edad que él tiene, sería conveniente que se jubile y renuncie”.- Y en fecha 27 del mismo mes y año el diario “El Libertador” reproduce las opiniones vertidas por la legisladora: ”…Abrigo que el Dr Codello – dijo Meabe de Mathò- ante la acusación del expediente, tendría que demostrar no solo a la Cámara sino a la opinión pública que está en perfecto estado…”. Es de toda evidencia que se refiere a mi salud física y no a la forma en que desempeño las funciones que me competen como Ministro del Superior Tribunal de Justicia.- No conforme con el resultado del juicio incoado, la Presidente ironizó en varios medios de comunicación que si alguien le imputara a ella algún tipo de discapacidad, sería la primera en prestarse a los estudios para que se verificara la veracidad o no de lo alegado.- Lo que no tiene en cuenta la Presidente de la Cámara es que ella es un personaje político, acostumbrada a mediatizar todo su accionar por que de ello depende su continuidad en las arenas políticas, pero en el caso del suscripto se está en presencia de un abogado, de alguien que posee decoro y dignidad, y que cumple una función de magistrado en la que las marquesinas quedan de lado para dar lugar a la responsabilidad de administrar justicia.- 3.4.- Declaraciones del Sr Presidente del Colegio de Abogados de Corrientes 1ra Circunscripción Dr. Juan Carlos Yamandú Barrios. Especial consideración merecen las afirmaciones del Sr Presidente del Colegio de Abogados, 1ra circunscripción de la Provincia, Dr. Yamandú Barrios, no solo por el talante discriminatorio de sus expresiones, haciendo la salvedad que sus propios colegas se ocuparon de descalificar dichas afirmaciones aclarando que no se trataba de la opinión del cuerpo del cual es titular, e indicando que los mismos eran criterio estrictamente personal.- Con fecha 8 de agosto de 2008 el Dr. Barrios me remitió una nota, cuya copia se adjunta, en la que recomienda mi renuncia con motivo de un supuesto “…delicado estado de salud…”, sin expresar perjuicio alguno que mi presunto mal estado de salud hubiera producido a las funciones del organismo al que pertenezco sino a fin de “…preservar al Excmo. S. T. J. de toda circunstancia que pueda resentir su regular funcionamiento…”, ratificándose que hasta ese momento no surgía ningún mal desempeño, sino que molestaba al presentante mi supuesto estado de salud que, como se verá más adelante no tienen absoluta incidencia en la alta función que cumplo.- Quiero aclarar también que la preocupación que manifiesta, en dicha nota, respecto de la necesidad de no exponerme a consideraciones públicas negativas, se contradice cuando en diversos medios periodísticos expresa los fundamentos de este curioso pedido de renuncia.- En “El Libertador” del 9/8/08 dice que se pidió esa renuncia “…en virtud de sus (mis) evidentes limitaciones intelectuales para ejercer el cargo…” ampliando que “ya es cosa de todos los días que se hable del estado de salud de Codello”.- Reiteró sus opiniones el Corrientes Noticias” del 25/8/08: “Es notable que carece de facultades para desempeñar su rol por sus condiciones físicas e intelectuales que entendemos que lo llevan a que se provoquen actos de mal desempeño.” El Libertador, 14/08/08.- En Corrientes Noticias, en fecha 25/08/08 sostuvo: “….ha llegado a tanto la cosa que ya están perjudicando a este pobre hombre que tiene derecho a llevar una vida tranquila en los años que tiene.”.- Una vez terminado el proceso del juicio político, el Dr. Barrios efectuó la presentación de un nuevo Juicio Político, ya que al parecer no estuvo conforme con el resultado del anterior. En todo momento expresó públicamente que sería el Colegio de Abogados – que preside – el que lo presentaría pero, llegado el momento, debió hacerlo a titulo personal porque la Institución se negó terminantemente a apoyar los desvaríos en que asentó el Dr. Yamandú Barios su nueva denuncia.- Cabe destacar que, entre las pruebas que solicita, propone una entrevista personal mía a fin de que – dice – la Comisión Investigadora tenga conocimiento personal e inmediato de mi estado de salud, como si fueran éstos profesionales que se encuentren capacitados para ello y como si mi salud física debiera ser evaluada para seguir ejerciendo mi ministerio.- En la página Web “www.todocorrientes.com” del día 9 de septiembre de 2008 se reproduce un documento presentado por el Dr. Barrios a la Comisión de Juicio Político en el que solicita una serie de medidas destinadas a probar mi presunta “incapacidad psíquica y física”…”el pedido de enjuiciarlo por mal desempeño es por la inhabilidad psicofísica que tiene, lo que no lo hace idóneo para ejercer el cargo”. En ninguna circunstancia menciona hecho alguno que acredite un mal desempeño en la función siendo, como lo tengo dicho, que mi problema físico data del año 1997 y ejerzo el cargo de Ministro del Superior de Justicia desde el 29 de julio del año 2002 hasta la fecha, sin que tales afecciones físicas tuvieran otra relevancia que molestar a alguna gente, entre ellas al Dr. Yamandú Barrios.- 4.- NATURALEZA DISCRIMINATORIA DE LAS AFIRMACIONES Todas las expresiones antes reproducidas, fundadas en meras presunciones y que manifiestan prejuicios en razón de la edad y de la incapacidad motora parcial que sufro, implican indudablemente actos de discriminación.- Es sabido que un acto se considera discriminatorio cuando establece una distinción entre dos o más personas fundado en razones de índole racial, religiosa, de género, ideológicas, económicas, sociales, o de cualquier otra índole.- Así lo indican expresamente los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que poseen jerarquía constitucional conforme lo dispone el art 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. En tal sentido se expresan en relación con la imposibilidad de efectuar distinciones sobre la base de criterios considerados discriminatorios, en forma directa o indirecta, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombres (art II), Declaración Universal de Derechos Humanos (art 2° inc. 1), , Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art 1°), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art 2° inc 2), Convención Americana sobre Derechos Humanos (art 1°), Convención de los Derechos del Niño (art 2° inc 1), Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, (ART 1° INC 1), Convención Internacional de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (art 1°). La definición normativa de la discriminación puede producirse mediante una cláusula de protección general o por enumeración de ejes de discriminación, por lo que resulta complejo establecer un criterio único que permita describir el fenómeno discriminatorio con patrones unívocos.- Sin embargo, queda en claro en todas las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, que para que un hecho pueda calificarse como discriminatorio, es imprescindible que se encuentre presente una distinción arbitraria que tenga su razón o fundamento en motivos de raza, color, sexo, idioma, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.- El caso de las personas con discapacidad presenta ciertas particularidades, pues efectivamente en ellas se manifiestan impedimentos físicos y/o psíquicos de distinta índole que requieren del resto de la sociedad, comportamientos que permitan el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales, poniendo a su cargo la obligación de implementar mecanismos que permitan superar los obstáculos que provocan esas capacidades diferentes.- De esta manera, las personas con alguna discapacidad en modo alguno podrán ser impedidas de ejercer sus derechos por causa o motivo de la mayor dificultad que posean para acceder a ellos, debiendo cargar la sociedad con el deber de permitirles sortear esas dificultades instrumentando los medios necesarios para ello.- Pero en otros casos, como ocurre con quien promueve esta denuncia, las distintas capacidades físicas no constituyen impedimentos que merezcan un especial tratamiento, pues si bien existe y padezco de alguna dificultad física ella no obsta al pleno ejercicio de la actividad a mi cargo.- En estos casos, la discriminación se produce cuando se pretende impedir el ejercicio de un derecho invocando para ello una discapacidad que en nada afecta mi actividad como Ministro del Superior Tribunal.- Como ya lo dije, se trata de una dificultad deambulatoria parcial, que solo requiere (y no siempre) del auxilio de un bastón.- Efectivamente, en mi cargo debo desplegar una tarea esencialmente intelectual, desarrollada por otra parte en un ámbito compartido con otras personas especialmente preparadas para el estudio de los expedientes y el análisis de los antecedentes que luego serán el fundamento de las sentencias. Otras tareas, como asistir a Acuerdos tampoco se entorpecen por una simple dificultad de desplazamiento.- No obstante, las personas que aquí se denuncian no han medido las consecuencias de sus palabras claramente discriminatorias, al aludir a la dolencia antes apuntada como un obstáculo que (siempre a su arbitrario criterio) justificaría un juicio político por “mal desempeño”.- Pero no conformes con semejante imputación, se han hecho referencias también discriminatorias respecto de mi edad, aludiendo a condiciones de senectud que harían necesaria mi renuncia o, en su caso, la procedencia de un juicio político.- Tengo a la fecha 72 años de edad y me encuentro en la plenitud de mis capacidades intelectuales.- “Aun cuando la prolongación de la vida humana –producto del avance científico es uno de los logros del siglo XX, ella trae aparejada, para la franja etaria de adultos mayores, el surgimiento de nuevos desafíos y problemas sociales, que conllevan en muchos casos situaciones de discriminación. Envejecer es un proceso dinámico, gradual, natural e inevitable, en el que se dan cambios a nivel biológico, corporal, psicológico y social, que transcurre en el tiempo y está delimitado por éste. No constituye una etapa rígida sino que es una parte más del crecimiento del ser humano como lo son la niñez, la adolescencia o la adultez. En cada contexto histórico-social se construye una imagen y un rol de las personas mayores, valoradas de manera distinta. (…) En nuestra sociedad, donde se valora a los seres humanos por su vinculación con la capacidad de producir o de acumular riqueza material, el paradigma a emular resulta ser el de la juventud, sana, fuerte y productiva. En sentido inverso, se ha cargado de signos negativos la ancianidad, asociándola a la enfermedad, la incapacidad y la improductividad. Sobre la base de esta valoración negativa estereotipada se han generado toda clase de actitudes y prácticas discriminatorias, que van desde el aislamiento y zaherimiento en el seno de la familia, la falta de respeto en la vía pública y el maltrato en las instituciones hasta la ausencia de políticas públicas dirigidas a esta etapa de la vida del ser humano” (Texto extraído del Decreto 1086/2005 – “Hacia