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La asamblea de petroleros aceptó la propuesta del Gobierno y Repsol

SANTA CRUZ

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Con el compromiso de la empresa, de pagarles la mitad de los salarios caídos y de donar el resto a cuatro escuelas, y del Gobierno para pasar a los trabajadores del gremio de la UOCRA al de petroleros se levantó el paro. También hubo un guiño por una suba del mínimo imponible en abril.


Subidos a la caja de una camioneta, los miembros del cuerpo de delegados del sindicato de petroleros –la facción disidente del gremio– llamaron a votar. “¿Están de acuerdo con esperar hasta abril?”, preguntó Luis Guineo, uno de los delegados. “Los que quieran mantener el corte, que levanten la mano”, propuso entonces. Y no se alzó ningún brazo. Se había logrado el acuerdo con las operadoras petroleras, encabezadas por la española Repsol, impulsado por el gobierno nacional. El convenio cumplía con dos de los tres reclamos que pedían los trabajadores: las empresas pagarán el 50 por ciento de los 18 días de paro –la otra mitad irá a cuatro escuelas de la zona– y los obreros que estaban bajo el convenio de la construcción pasarán al de petroleros, que prevé salarios mucho más altos. “Ya no somos 250 más, ahora somos 250 petroleros”, festejaba desde el micrófono uno de los beneficiados. La espera hasta abril respondía a la demanda más importante: la suba del mínimo imponible al impuesto a las Ganancias. “De Vido y Tomada hablaron de que lo van a levantar en abril. Pidieron tiempo”, aseguró Guineo, en alusión a las conversaciones mantenidas por los ministros de Planificación y de Trabajo con el mediador, el cura Juan Carlos Molina. Sus compañeros aceptaron levantar la medida y lo festejaron como un triunfo. El acuerdo se logró por los buenos oficios de Molina, párroco de Cañadón Seco, quien hizo de nexo entre las partes. Su papel se hizo imprescindible hasta para la comunicación más elemental, ya que Repsol se negaba a dialogar directamente con los dirigentes de la protesta. También hubo nerviosas gestiones desde Buenos Aires, a cargo de Tomada y De Vido. Ambos se comunicaron con Molina para hacerle la última propuesta. “Tenemos que darle un respiro al Presidente”, admitía Marcelo Gómez, delegado de planta de la empresa Bolland, una de las compañías –la mayoría pequeñas, creadas tras la privatización de YPF– de servicios petroleros que trabaja para Repsol. Los petroleros festejaron el acuerdo con gritos y abrazos. “Petroleeerooos, carajo”, cantaban. “Gracias por el aguante”, se decían entre ellos. El pase del convenio colectivo de la Uocra al de petroleros se refrendará en unos días en la sede de Caleta Olivia del Ministerio de Trabajo. La resolución beneficiará a 220 empleados de la empresa Metrapet-Serpecom, a 48 de Indus y a 18 de Argentina 2000. Estas compañías los tenían bajo el convenio de la construcción porque implicaba un menor costo laboral. “Algunos de los empleados de Indus, que viven en (Pico) Truncado, hace veinte años que venían haciendo trabajo de petrolero”, reveló Gómez, un joven de treinta años, muy flaco y con un conocimiento puntilloso de los números de la empresa donde trabaja. “En Las Heras 3 (la batería de extracción de crudo más grande de todo el yacimiento), extraemos 10.500 metros cúbicos por día de petróleo. Son tres millones de dólares por día”. Según los delegados, el acuerdo implicó un compromiso por parte del gobierno provincial de no desencadenar una “persecución gremial” contra los trabajadores que participaron del corte de ruta. Sobre el enfrentamiento en la comisaría para liberar a Mario Navarro, los tiros y el asesinato del policía Jorge Sayago, la cuestión es bien distinta. “Si nos citan vamos a ir. Si no vas, es porque estás ocultando algo. Yo no tengo ningún problema. Además, nosotros nos quedamos en el piquete. Desde acá oímos los gases y la balacera”, dijo Guineo. La investigación por la muerte parece irse acercando a algunos responsables: según fuentes que conocen la instrucción judicial, como también policiales, en la comisaría de Las Heras ya tendrían identificados a cuatro personas. De ellos, la mayoría serían desocupados y familiares de petroleros. Sin embargo, quizá por la rapidez que se le quiere imprimir a la investigación, entre los policías se observan contradicciones al hablar de quiénes serían los sospechosos. Al momento de la última asamblea de trabajadores, en la entrada de la ciudad sobre la ruta 43, se encontraba un grupo mínimo de dirigentes de organizaciones sociales y sindicales que habían llegado desde otras latitudes. Estaban dos trabajadores de la fábrica Zanon, que habían viajado por tierra desde Neuquén; el dirigente del Movimiento Territorial Liberación (MTL), Carlos Chile, y algunos profesionales comprometidos con organizaciones de derechos humanos ligadas a partidos de izquierda: la Liga por los Derechos del Hombre (afín al Partido Comunista), Asociación de Profesionales en Lucha (Partido Obrero) y Ceprodh (vinculado con el PTS). Su presencia coincidió con una conclusión casi generalizada que circuló en los últimos días: que en la protesta y en el incidente ante la comisaría actuó sólo gente del lugar. Aunque los trabajadores quedaron conformes con el compromiso de que no habrá persecución gremial, la cuestión no parece tan fácil. A media tarde, cuando todavía no se había levantado el conflicto, diecisiete gerentes de Repsol y otras empresas petroleras que viajaron en una avioneta desde Comodoro Rivadavia se reunieron con el jefe de la policía de Santa Cruz, Wilfredo Roque; el secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti, y el ministro de Gobierno provincial, Claudio Dalle Mura. Una alternativa que se discutió en esa reunión fue cómo impedir que los petroleros mantengan una de sus clásicas formas de lucha: el piquete parcial, que consiste en dejar pasar a ómnibus y autos particulares aunque controlando los vehículos para que no pase ningún trabajador de pozos, yacimientos y baterías petroleras. La Gendarmería prometió un cronograma de actuación escalonado: “Primero la ruta, después el acceso a los pozos y por último el patrullaje en la ciudad”. Por Las Heras ya se pueden ver los jeeps verdes con los gendarmes, y ayer comenzó un control vehicular sobre la ruta, pidiendo documentos. Los empresarios plantearon que están estudiando impedir el acceso a sus lugares de trabajo a los trabajadores con problemas judiciales. La protesta podría derivar en que algunos petroleros sean acusados por distintos delitos: como amenazas y coacción. El problema se agrava porque en esta desolada parte de la Patagonia, muy rica en petróleo, hay una tradición de luchas gremiales muy duras. La razón es simple. Los únicos actores que pueden ofrecer empleo de calidad son Repsol y sus subsidiarias, favorecidas por un costo de producción muy bajo y un precio del crudo a niveles históricos. Los vecinos quieren que esos beneficios “derramen” sobre las localidades, elevando el nivel de ocupación. Por ejemplo, el propio intendente de Las Heras, un ex radical ahora kirchnerista, José Luis Martinelli, encabezó en 1999 una toma de instalaciones de Repsol en reclamo de empleo para los desocupados de la ciudad. Distinto es el caso con el homicidio de Sayago. En ese punto nadie tiene dudas –ni siquiera los delegados– de que la Justicia deberá ir hasta el final. “Estamos a disposición”, dijo Guineo. La conducción oficial del sindicato, que encabeza Héctor Segovia, está evaluando qué hacer en el supuesto caso de que algún miembro quedara vinculado con el tiroteo a la seccional. Podrían pedir la desafiliación ante el Ministerio de Trabajo, un trámite previsto en la legislación laboral. Los trabajadores festejaron el levantamiento de la medida como un triunfo. Dijeron que habían conseguido que les pagaran la totalidad de los días no trabajados. El cura Molina los contradijo poco después: se pagará sólo la mitad. Igual hubo alegría y fervor. Los delegados aprovecharon para denunciar los últimos episodios de “agresiones y prepotencia” llevados adelante por la policía santacruceña. “A la esposa de un compañero, Karina Delgado, le pegaron tantos golpes que le hicieron perder el embarazo”, denunció Guineo. “Pero ojo: eso no justifica la muerte. Era un trabajador como nosotros.” Fuente: Pagina /12

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Cristina firmó acuerdos con China por US$ 18.000 millones

MÁS ENDEUDAMIENTO

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El presidente chino Xi Jinping visitó la Rosada. Se anunció un mecanismo para reforzar las reservas del BCRA. También habrá créditos para represas y el Belgrano Cargas. China quiere ganar peso comercial y financiero en la región. Acuerdos que generan deudas.


(www.clarin.com) Fueron palabras del presidente Xi Jinping: este es el año del Caballo, y la Argentina es conocida -dijo- como el país de los caballos. Por eso, formuló sus deseos de que sea un “caballo galopante” la profundizada relación estratégica con la Argentina.

 

De estilo muy sobrio, con esta gráfica alusión al calendario chino sorprendió Xi a la hora de los discursos, tras encabezar con Cristina Kirchner el acto de firma de acuerdos bilaterales por más de US$ 7 mil millones, que aportarán los chinos para financiar obras de infraestructura.

 

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Estos aportes eran muy ansiados por el Gobierno, con problemas para financiarse, caída de reservas y el fallo adverso de la Justicia de EE.UU. que obliga a pagarle a los fondos buitre y al menos demoró el plan oficial de “regreso al mundo” para buscar fondos en los mercados internacionales de crédito.

 

Los acuerdos con China incluyen, tal como se había anticipado, US$ 2.099 millones para revitalizar el Belgrano Cargas (el Estado nacional aportará otros US$ 370 millones); y US$ 4.714 millones para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, obras largamente postergadas y acaso último megaproyecto de la era kirchnerista. El otro acuerdo con números a la vista es el aporte chino para la compra de 11 buques de dragado, por 423 millones de dólares.

 

En total se suscribieron una veintena de acuerdos, y una declaración conjunta que elevó el vínculo bilateral a “asociación estratégica integral”, un estatus que China sólo tenía en América latina con Brasil, México y Perú, y supone la decisión de profundizar la cooperación mutua.

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A estos acuerdos se sumó más temprano –sin presencia de los presidentes– la firma de un segundo swap (el primero fue en 2009), un intercambio de yuanes y pesos por US$ 11 mil millones que podrán usarse para reforzar las reservas del Banco Central. Cristina celebró este punto en un momento de “ataques especulativos” de los fondos buitre.

 

Xi Jinping llegó a las 17.20 a la Casa Rosada, donde fue recibido con honores militares por los Granaderos. Caminó por la alfombra roja y en el Salón Blanco lo aguardaba Cristina para el saludo, los himnos nacionales y la presentación de delegaciones. Luego pasaron al despacho presidencial, donde estuvieron reunidos a solas y luego sumaron a sus ministros, durante una hora.

 

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La última visita de un presidente chino fue la de Hu Jintao, en 2004. Allí se estableció una asociación estratégica, se firmaron memorándums de entendimiento y el gobierno kirchnerista había generado un singular clima de furor previo al propalar la versión de que llegarían US$ 20 mil millones, que nunca se concretaron.

 

Ayer, el presidente Xi tuvo su inmersión en el estilo de los actos K: hubo una videoconferencia con El Calafate, por las represas santacruceñas, con el gobernador Daniel Peralta; y otra con Maciel, Santa Fe, donde el secretario de Transporte Alejandro Ramos y Wang Hong, vicepresidenta de la empresa estatal china que canalizará los créditos, hablaron de las obras del Belgrano Cargas.

 

La jornada terminó con una cena en el Museo del Bicentenario. A la hora de los regalos volvieron los caballos. Cristina mostró las fotos –“No podíamos traerlos acá”, se excusó– de los que regaló. A la primera dama china, un caballo de silla, y a Xi, uno de polo. “Ambos son reproductores, sementales”, enfatizó. “Ahora sí, brindo por el año del Caballo de Madera, a brindar por la Argentina, por la amistad con China”, cerró la Presidenta antes de chocar copas con Xi.

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Municipio de la Costa. Otra denuncia contra Boudou de sus días como funcionario municipal

CASAS QUE NUNCA SE REALIZARON

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La denuncia tomó nuevo impulso cuando en las últimas semanas la oposición del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa impulsó una denuncia contra Amado Boudou (secretario de Hacienda local en 2005), Juan de Jesús (por entonces intendente y actual diputado provincial) y su hijo Juan Pablo (ahora a cargo de la comuna) por presunta “defraudación al Estado nacional”.


(www.perfil.comSegún reseña la publicación La Tecla, en 2005 se firmó un convenio para la construcción de viviendas con Nación, el cual fue firmado por los funcionarios mencionados, entre ellos vicepresidente procesado en la actualidad por la causa Ciccone.

 

La licitación la ganó la firma Cantera FC y debía terminar la obra en 2006; pero para agosto de 2007 se había abonado más de dos tercios del monto total y más de la mitad de las casas estaba sin terminar, según consigna la revista.

 

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Proveedores de Cantera FC denunciaron haber recibido cheques sin fondos. Tras esto, la empresa entró en convocatoria de acreedores pese a presuntamente haber cobrado hasta ese momento unos 24 millones de pesos.

 

Cantera cedió los créditos al Banco Hipotecario, y éste emprendió una causa judicial contra el municipio para cobrar la supuesta deuda de 1.930.000 pesos” por las casas que nunca se terminaron”, dicen desde la oposición. Y éste fue el puntapié para su tratamiento y denuncia la cual fue impulsada por Marcos García, concejal del bloque A toda Costa.

 

Según García, Boudou “fue quien firmó los cheques, que además no estaban a la orden, cuando los cheques en la administración pública deben estar cruzados” y porque “él firmó eso y firmó los cheques por 24 millones de pesos”, sostuvo García. Los denunciantes buscan investigar hasta qué punto llegaba la relación entre Cantera FC y el vice.

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A 20 años del atentado a la AMIA. Duros discursos contra Timerman y D´Elía

AÚN IMPUNE

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Familiares acusaron al canciller por negociar en secreto con Irán y dijeron que “nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Del piquetero K aseguraron que “debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y criticaron que tenga espacios en TV y radio.


(www.clarin.com) El vicepresidente de la AMIA, Thomas Saiegh, exigió hoy al Gobierno nacional “medidas concretas” para conseguir la captura de los iraníes acusados del atentado contra la mutual judía AMIA y que “sean sometidos a juicio en Argentina”.

 

También reclamó al Congreso de la Nación “la derogación expresa” de la ley que habilitó el memorándum con Irán, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal. Fue el primer orador de un acto que incluyó duras críticas al canciller Héctor Timerman y al piquetero oficialista Luis D’Elía.

 

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Luego de Saiegh habló el periodista Alfredo Leuco, quien comenzó diciendo que “los muertos no tienen ni paz ni justicia”. El conductor de Radio Mitre recordó diferentes historias de víctimas del atentado, como la de Sebastián, un niño de 5 años y repasó la evocación de sus compañeros en el colegio.

 

“La impunidad no es producto de un fenómeno natural sino producto de la ineficacia de ocho presidentes que pasaron y pasaron”, dijo Leuco. Y acusó al ministro Timerman por el memorándum con Irán.

 

“Será recordado como el canciller responsable del delito de lesa impunidad. Quedará grabado en la historia por esta traición al pueblo hebreo y argentino”. Y también le apuntó a Luis D’Elía, a quien acusó de antisemita.

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Finalmente, habló el familiar Luis Czyzewski, quien perdió a su hija en la masacre.  Czyzewski dijo que, “En cada una de nuestras casas hay una silla vacía”. Luego, criticó el acuerdo del Gobierno nacional con Irán y calificó de “mal gusto” al denominar ese arreglo como un memorándum de entendimiento.

 

“Señor ministro Timerman, si el memorándum fuera tan bueno ¿por qué lo negoció en secreto? Usted parece que no tuvo en cuenta que negociaba con un gobierno repudiado por la comunidad internacional”, fustigó el familiar. “Parece que para usted, señor canciller, esto no era trascendente. El gravísimo error diplomático de acordar con Irán no es gratuito”, indicó.

 

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Czyzewski agregó que, “Nuestros muertos piden justicia, no acuerdos”. Y se preguntó: “¿Por qué nunca se denunció a Irán como un país terrorista?”. También criticó al gobierno menemista y dijo que “´¿Cómo la Justicia no pudo encontrar pruebas contra Corach?”, en referencia al ex ministro del Interior de Carlos Menem, bajo cuyo mandato sucedió el atentado.

 

Y criticó que Luis D’Elía tenga espacios en radio y televisión para difundir su pensamiento antisemita. “D’Elia debería ocupar un banquillo ante la Justicia”. Y también dijo que en el programa “Fútbol para Todos” no mostró un homenaje hecho por las víctimas de la AMIA y agradeció, por el contrario, a los clubes Boca y Estudiantes.

 

Además, Czyzewski pidió a Julio Schlosser (presidente de la DAIA) que aclare los contactos que tuvo con Timerman antes de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y también añadió que, “Apoyamos la creación de una CONADEP para la causa AMIA”.

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Minutos antes de las 11, se emitió un mensaje en video grabado del Papa Francisco.

 

El año pasado los cuestionamientos pasaron por el memorándum firmado por el Gobierno con Irán, que prometía poder tomarles declaración a los funcionarios iraníes sospechosos de ser autores intelectuales de la masacre pero a cambio de hacer caer las circulares rojas de Interpol. El pacto fue declarado inconstitucional por la Cámara Federal y el Gobierno apeló a la Corte empantanando la polémica idea de Cristina.

 

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Con el sonar de la sirena, comenzó a las 9.53 el acto central para recordar a las víctimas del atentado que en 1994 destruyó la sede de la AMIA, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.

 

Bajo el lema “Ni un día de olvido”, se recordó a las víctimas del ataque perpetrado hace 20 años en la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en pleno barrio de Once. Mario Pergolini fue el maestro de ceremonias.

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