A partir del análisis del actual régimen de alícuotas, la SRT verificó que las ART aumentaron los precios en promedio un 10%, pero también se observó que para una misma actividad y sin registrarse accidentes durante el período completo de cobertura, existen empleadores cuyas alícuotas están distanciadas en hasta 300%.

Estos aumentos desproporcionados han generado un mayor número de consultas de los empleadores. A su vez, los organismos de control de las ART estudian la modificación de las normas reglamentarias que rigen la forma de establecer las alícuotas. Corrientes al Día pudo saber que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) detectó que desde setiembre del año pasado las ART incrementaron en promedio un 10% el precio de sus alícuotas en porcentaje de la masa salarial, que ese aumento se está produciendo entre las grandes empresas, y sobre todo en el sector de servicios comunales, sociales y personales. Según el superintendente de Riesgos del Trabajo, Héctor Verón, “el aumento resulta lógico y racional, si recordamos que cuando comenzó el sistema se pensaba en una alícuota promedio del 3%, pero la competencia entre las ART por ganar afiliados hizo que el primer año del sistema cerrara con una alícuota media del 1,20% y, en consecuencia, se bajó el costo eludiendo el trabajo preventivo que les compete a las ART”. Sin embargo, “tampoco, podríamos afirmar que hoy las ART compiten por mejores servicios y más prevención para justificar el aumento de alícuotas, como se puede ver en Colombia donde el régimen de alícuotas es uniforme”, aclara el funcionario. La SRT observó en las variaciones registradas en los precios de los contratos entre diciembre de 2004 y julio del 2005, que el 68% de los contratos vigentes mantuvieron el valor de la alícuota en porcentaje de la masa salarial o bien lo disminuyeron. En cambio, desagregando las variaciones porcentuales de acuerdo al tamaño de la empresa asegurada, se constató que las empresas que poseen más de 5000 trabajadores registran el mayor incremento de precios, con un 21% de aumento; las que tiene entre 1501 y 2500 trabajadores un 15,6% en promedio; las de menos de 40 empleados presentan incrementos menores al 5%; y por el contrario, las que poseen 1 trabajador, presentan el 71,8% de los contratos con reducción en sus valores. Por otra parte la SRT detectó que los Servicios Sociales son el sector que presentó el mayor incremento en las alícuotas, alcanzando el aumento un 13,22%, seguido por el Transporte con un 10,3%. Con respecto a estos aumentos a las grandes empresas, Verón señaló que “debe tenerse en cuenta que hasta este momento las grandes empresas han tenido y siguen teniendo mayor poder de negociación de los precios de sus alícuotas debido al número de empleados que sus contratos cubren. Circunstancia, que explica en cierta manera que sean las Pyme las que sostienen económicamente el sistema“. En efecto, se han observado casos en que “una PyME paga frente al mismo riesgo y con igual accidentabilidad, alícuotas mucho más altas que las grande empresas. Por eso, comenzar a equilibrar las cosas e iniciar un camino que se espera continúe para revertir esta fijación de precios inequitativa es un paso positivo”, adelanta Verón. Además, según el Superintendente, “el análisis de las variaciones de las alícuotas que cobran las ART nos demostró que, si bien los aumentos en promedio son lógicos, no debemos olvidar que estamos hablando de promedios, por lo tanto, podría estar ocurriendo que en casos particulares el aumento haya sido mucho más alto, lo que nos reafirma el grave problema que se constata hace tiempo: ¿Cómo se establecen los precios en riesgos del trabajo?. A propósito, “nosotros -aseguró el Superintendente de Riesgos del Trabajo- estamos en condiciones de conocer con rigor estadístico cuales serían los valores que deberían adquirir las alícuotas en cada caso, es decir podríamos perfectamente establecer valores fijos y solo móviles en cuanto a su capacidad de reflejar la presencia o inexistencia de esfuerzos de las empresas por la prevención. Disponemos de la información suficiente para esto”. Por su parte, el subgerente de Control de Entidades de la SRT, Alberto Pagliano señala que “la facultad para pactar libremente las alícuotas generó un sistema de precios inequitativo. Basta ver que aún dentro de una misma aseguradora, dos empresas con idénticas características, (actividad, cantidad de trabajadores cubiertos, frecuencia y gravedad de accidentes), paguen por esta cobertura precios muy disímiles, llegando en casos extremos a un 300% de diferencia entre sus precios. Esto se produce por la libertad que existe para fijar precios sin un marco referencial claro, atento que existen aproximadamente 2300 valores de alícuota aprobados por Aseguradora”. Otro inconveniente –que subraya Pagliano- “es la posibilidad de aumento de la alícuota en cualquier momento del contrato, con la única salvedad de que ésta no haya sido incrementada en los 12 meses anteriores, lo que provoca que el empleador no tenga tiempo de traspasarse a otra ART más económica y, luego, quede cautivo por la deuda contraída. Por eso, pensamos que sólo debería permitirse el cambio de la alícuota durante la vigencia del contrato si existe agravación del riesgo por ejemplo por cambio de actividad o como consecuencia de reticencia del empleador, por ejemplo al no declarar correctamente su actividad ante la aseguradora”. Cabe recordar que el artículo 24 de la Ley de Riesgos del Trabajo delega en forma conjunta a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) el establecimiento de los indicadores que las ART deberán tener en cuenta para diseñar el régimen de alícuotas del sistema, dejando para la SSN la facultad de aprobación de los tarifarios. Asimismo, la ley estipula que los indicadores deberán reflejar la siniestralidad presunta, la siniestralidad efectiva y la permanencia de un empleador en una misma aseguradora. Siendo las principales previsiones en torno a esta materia las establecidas por las Resoluciones Conjuntas SSN Nº 24.364 y SRT Nº 1/96 y SSN Nº 24.445 y SRT Nº 3/96, por el artículo 15 del Decreto Nº 170/96 y por el Decreto Nº 590/97. En donde estas normas dispusieron que las alícuotas, contemplen dos partes, una calculada en base a un porcentaje sobre la retribución del trabajador (masa salarial); y otra a partir de una suma fija por trabajador. De este modo, aclara el Subgerente de Control de Entidades, “el sistema adoptado para que las ART establezcan sus propias alícuotas, es sumamente complejo. Las actividades registradas por la Dirección General Impositiva, responden al CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) que alcanzan a 572 posiciones. A su vez, conforme al Decreto N° 170/96, cada empresa puede estar en relación a la Ley de Higiene y Seguridad, en uno de los cuatro niveles posibles según el grado de cumplimiento a dicha norma. Por lo tanto, se obtiene una matriz cuyos ejes indican el grado de cumplimiento de las condiciones de Higiene y Seguridad y, en el otro, la rama de actividad según el CIIU. En consecuencia, surge un cuadro de alícuotas que contempla 2.288 situaciones posibles”. A lo dicho se le adiciona que en la actualidad coexisten dos Revisiones del CIIU lo cual, hace aún más disperso el universo de precios existentes. Para el superintendente Héctor Verón esta situación debe revisarse. “Si bien el régimen tarifario debe ser sometido al control formal de la Superintendencia de Seguros de la Nación, estamos impulsando para resolver en forma conjunta una modificación normativa del régimen para lograr que efectivamente las alícuotas resulten suficientes, no abusivas y no discriminatorias”. De acuerdo a la experiencia acumulada en el Sistema de Riesgos del Trabajo, plantea Verón construir nuevos indicadores. Tales como la Frecuencia y Gravedad (medida en días de baja) de los accidentes. Y además establecer Grupos Homogéneos de Riesgo donde se incluyan actividades con similares características siniestrales. Así, destaca el funcionario “se establecería un régimen de alícuotas compuesto por seis grupos de precios, donde el precio mínimo de cada grupo (tarifa mínima) es el límite superior del anterior (tarifa no abusiva), en función del cual se deberán cotizar tanto las pequeñas como las grandes empresas, con la salvedad que en estas últimas el precio estará en función de su propia siniestralidad y no de la actividad desarrollada, lo cual evita subsidios entre empresas de distinta categoría”. Otro componente en el régimen de alícuotas que esta en consideración, añade Pagliano, “es incluir el porcentaje que cada aseguradora destinará a tareas de prevención. De manera que este procedimiento ampliaría lo establecido en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (punto 26.1.7), ya que incluye entre los factores de gastos el porcentaje de la alícuota destinado a prevención, cuestión que, por primera vez, se incorporaría al concepto de la estructura tarifaria comercial”. “Naturalmente serán fijados cuales serán los gastos que serán atribuidos a prevención para evitar equívocos”, comentó el Superintendente. En definitiva, “estamos convencidos que el nuevo modelo de Régimen de Alícuotas debe quedar firmemente sustentado por los basamentos de la ley 20.091 de Entidades de Seguro y su Control, la cual estipula en su artículo 26 que las primas deben resultar suficientes para el cumplimiento de las obligaciones del asegurador, que no deben resultar abusivas o arbitrariamente discriminatorias, según esta ley los parámetros fundamentales para la autorización de las tarifas son la equidad, la suficiencia, la homogeneidad y la representatividad”, concluyó Verón.