Cada vez más cerca de firmarse, el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal que permitirá ordenar las administraciones municipales al punto de abrirles las puertas a créditos, inversiones y múltiples posibilidades de crecimiento obtuvo en los últimos días el aval de los intendentes convocados por el Ministerio de Hacienda.

El ministro Sergio Tressens mantuvo dos encuentros generales y varios contactos bilaterales con jefes comunales que manifestaron su interés en acceder a los beneficios propuestos por la provincia: transparencia en las cuentas públicas a cambio de oportunidades como la refinanciación de deudas municipales, anticipos de coparticipación, subsidios, ampliación de las alternativas de acceso al crédito y mejoramiento general de la performance fiscal a la hora de atraer inversión privada. El propio gobernador pasó el dato clave después de su último viaje a la Capital Federal: “Las empresas que buscan inversiones en zonas con potencialidad productiva miran mucho la seguridad jurídica que ofrecen los gobiernos no solamente provinciales, sino también municipales”. El primer mandatario advirtió de ese modo que al mejorar aspectos puntuales de la administración municipal las administraciones comunales de Corrientes se tornarán “más competitivas y confiables” a la hora de gestionar beneficios como los que obtuvo la provincia una vez que ordenó sus cuentas en el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. El subsecretario de Finanzas de la provincia, Erick Martínez, dio algunos detalles de la evolución de las tratativas encabezadas por el ministro Tressens para lograr el objetivo demarcado por Arturo: “Que Corrientes tenga su propio esquema de responsabilidad fiscal antes de terminar el año”. LAS METAS CENTRALES Martínez señaló que la idea general es “crear un consejo similar al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal con pautas inspiradas en el modelo nacional, como por ejemplo la transparencia en la información acerca de la ejecución del presupuesto, stock de deuda, planta de personal y todo otro dato que haga a la administración financiera de los municipios”. Se trata, en definitiva, de un mecanismo que garantiza la previsibilidad y el equilibrio fiscal a través de un incremento controlado del gasto público, que por año (siempre hablando del gasto público primario) no podrá superar el incremento del PBI más la inflación de ese mismo período. “Ese requisito básico es necesario para que el concepto de responsabilidad fiscal sea una realidad también en las municipalidades, que a partir de la firma del acuerdo no podrán destinar a gastos corrientes los recursos provenientes de endeudamiento, como es el caso de las refinanciaciones, que tienen destino específico, que son bienes de capital o inversiones”, detalló el titular de Finanzas. También explicó que en caso de que en el caso de los municipios que requieran asistencia financiera a la provincia, “sus ajustes salariales no podrán ser superiores a los que efectúe la provincia, es decir que si la provincia aumenta sueldos en determinados términos, o incrementa el número de personal, no podrán las comunas traspasar los parámetros determinados por el Estado provincial”. “Y un detalle que viene bien mencionar: en los últimos seis meses de gestión del mandato del intendente, el municipio no podrá aumentar el número de personal, ya sea de planta o contratado”, añadió el subsecretario de Finanzas. EL FAMOSO TOPE DEL 15% Otro punto central del acuerdo impulsado por la provincia, que ya se halla vigente en otras jurisdicciones del país, es el aspecto relacionado con el equilibrio fiscal, dado que los municipios “deberán ejecutar el presupuesto con un nivel de endeudamiento de la que –como sucede con la provincia respecto de su acuerdo con la Nación- no puede superar el 15 por ciento de los recursos corrientes en el mismo ejercicio fiscal”. “Si superaran este nivel los municipios no podrán solicitar garantías o avales a la provincia y perderán la posibilidad de acceder a nuevos endeudamientos, excepto que se trate de refinanciaciones que mejoren las condiciones del perfil de la deuda pública del municipio”, puntualizó Martínez, quien integra el grupo de profesionales abocado a la tarea de cerrar la faz técnica del convenio. En ese sentido, aclaró que “para acceder a nuevo endeudamiento los municipios siempre deberán contar con autorización del Ministerio de Hacienda y Finanzas”. “Hasta allí las exigencias, que son similares a las que cumplió la provincia al momento de ingresar al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, momento a partir del cual es tiempo de hablar de los beneficios que este sistema reditúa: como por ejemplo la refinanciación de la deuda de los municipios y el mejoramiento integral del perfil de esa misma deuda, que se vuelve mucho más liviana por las mejores condiciones de pago que se logran”, subrayó. Erick Martínez dio una serie de puntos positivos que los municipios obtendrían con la firma del acuerdo para conformar el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, a saber: Refinanciación de deudas; Mejoramiento integral del perfil de los pasivos municipales; Acceso a aportes del tesoro provincial (anticipos de coparticipación, subsidios, etc.); Autorización a nuevos créditos; Acceso a los programas de obras públicas de infraestructura y otras inversiones; *Facilidades para la obtención de productos del Banco de Corrientes (créditos, contratos de leasing, adelantos en cuenta corriente, etc.); Publicación en la página web de la provincia de un ranking de municipios cumplidores; Programa de compensación de deudas y acreencias recíprocas entre provincia y municipios. OTROS BENEFICIOS MUY ATRACTIVOS Hasta el momento se realizaron dos reuniones en el Ministerio de Hacienda con la participación de unos 50 intendentes y sus secretarios de Economía, encuentros en los que se evidenció un marcado interés de los jefes comunales en acceder a un nivel de prolijidad administrativa que los pondría en otro nivel de potencialidades para el crecimiento de sus localidades. Según resaltó el titular de Finanzas, Erick Martínez, los intendentes aspiran a “ingresar a este marco normativo e institucional porque les permite por un lado acceder a un cúmulo de beneficios que hoy les están vedados, y por otro lado homogeneizar políticas tributarias que tienen que ver con la reglamentación de aquellos artículos incluidos en la reforma constitucional y que han transferido a los municipios la facultad de llevar adelante políticas de reordenamiento catastral en el ámbito urbano y suburbano de sus ejidos, lo que incluye el ordenamiento de la política de impuesto de patentes a los automotores”. “Lo que hace que el gobernador Arturo Colombi haya logrado en corto plazo una respuesta positiva por parte de los municipios es el factor confiabilidad. Es decir, los intendentes ven que el Gobierno de la provincia ha dado cumplimiento a las mismas pautas establecida en la Ley Nacional de Responsabilidad fiscal, ha ordenado sus finanzas con una gestión financiera equilibrada, tiene un presupuesto ejecutado de forma ordenada y previsible, y esto ha permitido acceder a beneficios como la refinanciación de sus deudas en los últimos años. Los municipios quieren lo mismo para ellos y tienen la oportunidad de lograrlo en pocos meses más”, concluyó el subsecretario de Finanzas.