Política
Media sanción a la derogación del aumento de tarifa energética
“OFICIALISMO A OSCURAS”
Luego de una larga jornada en su tercera, Sesión la Cámara de Senadores de Corrientes, presidida por el vicegobernador Rubén Pruyas, aprobó el Proyecto de Ley presentado por varios Señores Senadores por el que se deroga el Decreto Nº 2668/08 que ratifica la Resolución de la DPEC Nº 1049/08 autorizando el Poder Ejecutivo un nuevo cuadro tarifario, el Nº 89. El oficialismo artúrico “una vez más se puso de espaldas a la ciudadanía”.
Este proyecto, incluido en el orden del día, anula el denominado “tarifazo energético” y ahora con la media sanción del Senado, pasó a la Cámara de Diputados, a la que se le pidió “celeridad”. La media sanción del proyecto de Ley del Senado tiene “efecto retroactivo”. Fueron varios los senadores que argumentaron a favor de la derogación del decreto en cuestión y entre los argumentos señalaron que “se disponga de los Giros de Partida presupuestarios suficientes, para que la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), neutralice los incrementos en la tarifa de energía eléctrica. Ello es posible, desafectando los montos necesarios de la Partida 360 Publicidad y Propaganda y supletoriamente del Presupuesto General de la Entidad 7, Secretaría General de la Gobernación. Incluso el senador del Partido Nuevo Horacio Colombo argumentó que con lo que se gastó de publicidad en noviembre y diciembre de 2008, suma que asciende a 14 millones de pesos, más los “17 millones que se gastaron en enero”, para “insultar y difamar a la oposición”. El proyecto, que logró la media sanción en la tarde de este jueves, dispone que la DPEC, proceda a reformular la facturación del sexto bimestre del año 2008 en adelante, sin los incrementos establecidos por el Cuadro Tarifario N° 89. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO El abusivo e injustificado aumento tarifario dispuesto por el Decreto N° 2668/08 del Poder Ejecutivo provincial, que homologa la Resolución N° 1049/08 del Interventor de la Dirección Provincial de Energía, por la que se aprobó el Cuadro Tarifario N° 89 con efecto retroactivo, se encuentra viciado de nulidad insanable, pues en primer lugar, dicha norma no se atiene a las prescripciones contenidas en la Ley nacional N° 24.065 (Régimen Nacional de la Energía Eléctrica) a la que se adhiriera la provincia por ley N° 4709, en cuanto a las pautas que limitan los mecanismos abusivos en la determinación de las tarifas aplicables a los usuarios por parte de las empresas distribuidoras, como es la Dirección Provincial de Energía de Corrientes. Por otra parte, tampoco se han reunido para el dictado del Decreto 2668/08, los requisitos imprescindibles para el despacho de un acto administrativo que incremente los precios de la energía eléctrica en la Provincia de Corrientes, según lo establece la propia Constitución provincial. Se expondrá primero sintéticamente la abusiva determinación del aumento tarifario que justifica esta iniciativa legislativa, para referir posteriormente las razones de orden constitucional que imponen la derogación lisa y llana de aquélla norma. Es importante remarcar inicialmente que la provincia de Corrientes debe ajustarse a las prescripciones de la ley nacional N° 24.065, pues oportunamente, cuando se reformó sustancialmente el mercado eléctrico privatizándolo, la provincia de Corrientes se adhirió expresamente a dicho sistema mediante el dictado de la ley 4709. Dicha normativa establece claramente la forma en la que debe determinarse la tarifa eléctrica que deberán pagar los usuarios. Se establecen claras reglas de juego para la intervención de cada actor del mercado: generadores, transportistas, distribuidores, entes reguladores, Nación, Provincias y usuarios. Tal sistema privado, pero minuciosamente controlado por el Estado Nacional desde el punto de vista técnico, quien además fija tarifas referenciales que deben ser tenidas en cuenta por los actores al momento de fijar las tarifas que finalmente pagarán los usuarios, entró en grave crisis con los episodios económicos e institucionales que vivió el país en el año 2001. A fin de evitar que la disparada de los costos afecte el bolsillo de los usuarios de menores recursos, el Estado nacional decidió subsidiar las tarifas eléctricas en forma directa e indirecta, permitiendo con ello que los actores privados del mercado eléctrico continúen en actividad, aún con baja o nula rentabilidad, sin que ello repercuta en el bolsillo de los usuarios. Dicha situación se mantuvo durante varios años, aún en los de mayor crecimiento económico del país. La grave crisis internacional generada en el mercado inmobiliario norteamericano a partir del año 2007 y que estallara finalmente a mediados y fines del año 2008 en todo el mundo financiero, provocando recesión en los mercados de las principales potencias del mundo, también está golpeando a los países de economías emergentes como el nuestro. Esto obligó al gobierno nacional a tomar medidas para contener el gasto público, iniciando así un programa de reducción de subsidios. En ése marco, la Secretaría de Energía de la Nación dicta el 31 de octubre de 2008 la Resolución SE N° 1169/08, mediante la cual fija nuevos precios de entrega de energía a los distribuidores, lo que sirve de excusa para disparar el abusivo tarifazo dispuesto en Corrientes por la DEPEC, mediante la Resolución N° 1049/08, homologado por el Decreto N°2668/08. Vale la pena transcribir uno de los párrafos de los considerandos de la Resolución N° 1049/08 de la DEPEC, cuando dice: “… Estos incrementos obligaron entonces a realizar una revisión de las tarifas que aplica la DEPEC mediante el Cuadro Tarifario N° 88, prestando especial atención al mecanismo de traslado de los precios sancionados para cada segmento de demanda. En este sentido se considera que el menor perjuicio económico-financiero para la DPEC, consiste en aplicar a los usuarios residenciales tarifas que reflejen lo mejor posible los diferentes segmentos establecidos en la Resolución SE N° 1169/08, debido a que de esta forma las fluctuaciones de las facturaciones de CAMMESA se verán prácticamente compensadas con las facturaciones de la DEPEC hacia sus usuarios…”. Queda claro entonces en forma meridiana, que el único objetivo perseguido con el dictado de la Resolución 1049/08 ha sido el provocar EL MENOR PERJUICIO ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA DPEC (sic). ¿Y los derechos de los usuarios?: SON LA VARIABLE DE AJUSTE DE ESE MENOR PERJUICIO ECONOMICO-FINANCIERO PARA LA DPEC. Si bien cabe destacar, como un fuerte alegato contra toda actitud anti republicana, provenga de quien provenga, que los principales funcionarios del área del Gobierno Provincial no concurrieron a la citación que le formulara la Comisión de Defensa del Consumidor del Senado provincial, dejándonos así sin la valiosa información que de ellos hubiéramos obtenido para un mejor y más profundo conocimiento de la situación, no por ello se carece de elementos contundentes para acreditar palmariamente el abuso extremo en el que cae la Resolución 1049/08 y su Decreto homologatorio 2668/08. Basta para ello con comparar los montos facturados por CAMMESA a DPEC, con los que facturara en el mismo período la DPEC a sus usuarios. FACTURA DE CAMMESA A DPEC En el mes de Noviembre del 2007 y pagada en enero de 2008, la factura recibida por la Dirección de Energía fue de 8.709.387,00; mientras que por el mes de Diciembre , pagado por la empresa en Febrero del 2008, la facturación fue de 10.430.945,00, mientras que la facturación de la DPEC a los usuarios fue en enero del 2008 de 16.560.433,00 y en febrero de 18.866.959 pesos. En tanto que para el año 2008, la factura de CAMMESA a la DPEC, para el período del mes de noviembre cuya factura llegó en enero del 2009, el monto total fue de 11.916.638,00 y en el mes de diciembre de 2008, que la empresa del estado pagó en febrero del 2009 fue de 13.560.475 de pesos, mientras que la facturación de la DPEC a los usuarios fue en enero de 2009 de 25.619.542 y en febrero de 25.836.601. Esto deja claro para cualquier buen entendedor, que “… las fluctuaciones de las facturaciones de CAMMESA …” están en el orden del veinte por ciento (20 %), desagregando el crecimiento anual del consumo (11 %). Sin embargo, las fluctuaciones de las facturaciones de la DPEC a sus usuarios llega en muchos casos hasta el 300 % (Trescientos por ciento) como es de público y notorio, constituyéndose de tal modo en un abuso injustificado de la DPEC en la determinación de la tarifa eléctrica. Esa simple cuenta expuesta precedentemente, deja en claro –como mínimo- que es falso que tan tremendo incremento en el precio de la electricidad tenga fundamento en el aumento tarifario dispuesto por la Nación. Por el contrario, cada ciudadano correntino -y obviamente los infrascriptos- tiene pleno conocimiento de la enorme ineficiencia de la DPEC, respecto de la cual nada se dice por parte de sus autoridades, ni por los responsables políticos de la marcha de la provincia y sus instituciones. En este aspecto, es sabido que el Costo real de la Energía es el porcentaje menor de la tarifa, ya que la mayor proporción está en el Costo propio de la Distribuidora y en las voluminosas y extraordinarias pérdidas. Es allí donde se cargan las Ineficiencias nunca corregidas de la DPEC a pesar del desfile de Asesores de Asistencia Técnica contratados inútilmente hace muy poco tiempo. Entre otros costos desmedidos que finalmente se pretende enjugar cargándoselo alegremente al usuario con el tarifazo que nos ocupa, están las Pérdidas de Energía que permiten a la DPEC lograr la medalla de plata entre las distribuidoras del país, según la última auditoría realizada por CAMMESA entre 72 Distribuidores de todo el país, con un 37,8 % (Treinta y siete coma ocho) de pérdidas, lo que significa unos 85,5 (ochenta y cinco coma cinco) millones de pesos por año a precios del año 2006, significativo del 55% de la recaudación de dicho año. Es la misma empresa que además del desastroso contrato con URBATEC, tiene en su nómina salarial a 36 o 37 Gerentes y Sub Gerentes con un sueldo promedio mensual de 10.000 pesos cada uno. Una empresa que en el famoso Plan Verano de URBATEC contrató sin licitación previa por 52 millones de pesos obras que van a cumplir dos años de ejecución y solamente tres fueron terminadas (5 % de la inversión), a pesar de ser contratos firmados por un precio un 30 % mayor que el del presupuesto oficial, y con adelantos financieros del orden del 30 al 35 por ciento. Todas estas ineficiencias la DPEC pretende cargar sobre los menguados bolsillos de los usuarios, y esto constituye en forma muy evidente un acto abusivo en tanto y cuanto no responde al más elemental principio de equidad. Sabemos los correntinos que hay otros caminos más justos y equitativos para solventar la ineficiencia de la DPEC. A recorrerlos, propende esta iniciativa legislativa.- Además de las razones técnicas expuestas que fundamentan suficientemente la derogación del Decreto 2668/08 por abusivo e ilegal, existen razones de orden constitucional que impiden su vigencia. Esto es así porque el art.48 de la Constitución Provincial establece clara y expresamente: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades deben proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establece los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia provincial, previendo el mecanismo de audiencias públicas y la necesaria participación en los organismos de control y en la confección o modificación de dicho régimen regulatorio, de las asociaciones de consumidores y usuarios y de los municipios interesados….”. Es decir que el incremento tarifario de la energía eléctrica ha incumplido con los preceptos constitucionales ut-supra transcriptos: no hubo previa participación pública de la ciudadanía, recaudo constitucional de validez para toda modificación de tarifas de servicios públicos (también el art. 42 de la Constitución Nacional prevé este recaudo); se estableció la retroactividad de la norma afectando derechos adquiridos; no se informó adecuada y verazmente; no se ha eficientizado la calidad del servicio energético y tampoco se han protegido los derechos del usuario; por lo tanto el decreto dictado es nulo de nulidad absoluta, conforme lo dispone el art. 27 de la Constitución Provincial. Efectivamente, considerando que la Audiencia Pública previa es un requisito de validez del acto que dispone el aumento tarifario, si esa audiencia no se celebra, es evidente que por ausencia de ese recaudo el acto que dispone el incremento es nulo. Ese requisito, la celebración de la audiencia pública previa, es una condición esencial de validez para el incremento de las tarifas de los servicios públicos. Se asimila entonces la obligatoriedad de celebrar audiencia pública con carácter previo al acto que dispone un aumento tarifario de servicios públicos, a la necesidad de que se emita el dictamen del servicio jurídico permanente del organismo, con carácter previo al dictado de un acto administrativo; pero en este caso con una categorización diferente, ya que se trata de una garantía de rango constitucional. Otro vicio insanable del decreto cuya derogación se propone, es su carácter retroactivo. Es decir, la imposición hacia el pasado de una obligación de pago, lo que claramente afecta los derechos del usuario, violando con ello uno de los principios básicos de nuestro sistema jurídico vigente, contenido en las expresas disposiciones del artículo 3° del Código Civil. El carácter retroactivo de la decisión invalida sus efectos, ya que el mismo genera cargas hacia el pasado, violentando la libertad de los usuarios de decidir su propio nivel de consumo conforme el precio de la energía eléctrica consumida. Se afectaron así derechos adquiridos de los usuarios, pues estos adquirieron hasta el momento de la resolución que dispone la reestructuración tarifaria, el derecho a pagar una suma determinada por kilovatio. Hasta ese momento, el pago se corresponde a los valores que anteriormente estaban asignados. Esa carga retroactiva es sin dudas escandalosa y vulnera todo tipo de derechos de los usuarios, ya que violenta al orden legal que debe imperar en todo estado de derecho. Por otra parte, resulta ostensible que el decreto ha violado también el derecho a la información que permite que los usuarios puedan decidir mediando genuina voluntad de su parte, ejerciendo su libertad de elección, con conocimiento de cuáles son sus derechos y obligaciones, así como conocer cuáles son las obligaciones que tienen frente a ellos el Estado, sus organismos, y las personas del derecho privado, sean físicas o jurídicas. Con base en lo señalado, no puede soslayarse la trascendencia del derecho a la información de las personas, de manera total y suficiente sobre cuáles son sus derechos como consumidores o usuarios. Efectivamente, las personas que adquieren bienes y/o servicios en el marco de una relación de consumo, o que se encuentran expuestas a estas relaciones, o que son destinatarios de ofertas o publicidades como usuarios potenciales, tienen el derecho a ser informados de modo claro, detallado, preciso sobre todos los alcances y efectos de la relación de consumo actual o futura. Frente al derecho de las personas a ser debidamente informadas, emerge la obligación del Estado y de los proveedores a brindar esa información a las personas administradas. Para que la información que reciben los usuarios sea eficaz, de modo que permita que éstos sean debidamente protegidos en sus derechos, es necesario que sea previa. El usuario debe saber ANTES de comprar un bien o servicio todas las condiciones que se le imponen, y los derechos que adquiere. Asimismo, debe estar informado sobre los efectos que produce el uso de lo adquirido; el régimen de garantías; las medidas de seguridad que deben adoptarse; las penalidades por incumplimiento de las partes; así como cualquier otra información que resulte conducente para que el usuario pueda con genuina y libre voluntad decidirse por adquirir la cosa o el servicio. La información además de previa debe ser absoluta. Esto es, que se le debe informar al usuario sobre todas las condiciones y etapas de la relación de consumo (precio, plazos, garantías, intereses, etc.) Lo absoluto entonces se vincula con la totalidad de los alcances y efectos que puede tener la decisión que adopta el usuario. Asimismo, esa información debe ser suficiente. La información debe ser detallada y minuciosa, para permitir que el usuario pueda elegir con plena voluntad, sin errores. Por ello, la información debe ser completa y objetiva, es decir, no debe contener interpretaciones parciales, sesgadas o intencionadas del proveedor, que confundan al usuario. Lo suficiente se relaciona con que la información brindada debe tener tal entidad que permita al usuario decidir conociendo inmediatamente sobre todos los aspectos de la relación de consumo. Debe ser además sencilla. La información debe ser transmitida de modo claro, sin tecnicismos para permitir la fácil comprensión del consumidor, y evitar que este adopte una decisión mediando error. También debe ser cierta, veraz, detallada y precisa, de modo tal que se resguarde que los usuarios puedan decidir conociendo de modo concreto la naturaleza, alcances y efectos integrales de la relación de consumo. Más allá de las citadas características, la información que se le brinda al usuario debe ser gratuita, es decir sin cargo para él. Así se garantiza que el usuario pueda conocer sin ninguna limitación sobre sus derechos y obligaciones; como asimismo que pueda ejercer su derecho de defensa en caso que considere que se le imponen cargas excesivas, o que se le cobra en exceso, o que el proveedor no cumple con sus obligaciones. A todos los vicios nulificantes antes mencionados, se suma la violación del art. 48 de la Constitución Provincial en cuanto a la calidad y eficiencia del servicio, ya que la DPEC brinda al usuario un servicio energético evidentemente ineficaz, que se pone de manifiesto a menudo y de manera evidente en la baja tensión, cortes reiterados del suministro, sobre tensión, etc., y con el desperfecto de electrodomésticos como consecuencia de las referidas fallas. No obstante el anti republicano retaceo, deformación y ocultamiento de la información por parte de los funcionarios del área energética del gobierno provincial, a la ciudadanía correntina le queda muy en claro que tanto la Resolución de la DPEC N° 1.049/08 como el Decreto homologatorio del Poder Ejecutivo provincial N° 2668/08, son nulos de nulidad absoluta por ser violatorios de la legislación vigente; por expresar una decisión abusiva en perjuicio de sus intereses económicos en tanto usuarios del servicio eléctrico de Corrientes; y por sobre todas las cosas, por ser manifiestamente violatorios de la Constitución Provincial recientemente reformada. RESOLUCIONES APROBADAS En esa misma tarde el Senado aprobó el Proyecto de Resolución presentado por el Senador Sergio Flinta por el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial informe los motivos por los que no se designa un responsable en la Subsecretaría de Seguridad del Ministerio de Gobierno y Justicia. Cabe acotar que este proyecto, tampoco fue acompañado por el oficialismo artúrico. También se convirtió en ley el Proyecto de Resolución presentado por el Senador Gustavo Canteros por el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre entrega de subsidios del Instituto de Lotería y Casinos en la ciudad de Goya por parte de la Diputada del Frente de Todos Cecilia Gortari. Asimismo aprobaron el Proyecto de Resolución presentado por los Senadores Horacio Colombo, Gustavo Canteros y Ricardo Colombi por el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre consumos, facturaciones y pagos por energía eléctrica. Además convirtió en Resolución el presentado por los Senadores Gustavo Canteros y Ricardo Colombi por el que se solicita al Poder Ejecutivo disponga las medidas conducentes a restituir el servicio de una copa de leche diaria y almuerzo en las escuelas periféricas. De la misma manera dieron su voto para aprobar el Proyecto de Resolución presentado por la Senadora Liliana Beatriz Wetzel por el que se declara de interés la Campaña “Buenas Bibliotecas. Buenos Vecinos” de Wal-Mart Argentina S.R.L. y la Fundación Compromiso. Sumado a esto aprobaron el Proyecto de Resolución presentado por la Senadora Lucía Portela por el que se solicita al Poder Ejecutivo asigne un lugar físico apto para el funcionamiento del Centro de Educación Física creado recientemente en Santa Lucía (Corrientes). Asimismo aprobaron el Proyecto de Resolución presentado por la Senadora Gabriela Margarita Médici por el que se solicita a la H. Cámara de Diputados designe sus representantes para integrar la Comisión Bicameral de designación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes. PROYECTOS DE DECLARACIONES En lo que respecta a proyectos de Declaración la Cámara declaró de interés el documento “Hacia el Bicentenario en Justicia y Solidaridad”, elaborado por los Obispos de las tres Diócesis de Corrientes.
Este miércoles 30, se llevó a cabo la presentación del Programa Potenciar Corrientes a través de una reunión virtual, llevada a cabo entre el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Adán Gaya, la Directora de Comercialización de Corrientes, Débora Galarza Alcaraz y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.
El Programa Potenciar consiste en una iniciativa dispuesta en tres ejes fundamentales (socio-productivo, socio-comunitario y socio-laboral), por medio de la cual podrán desarrollarse los 21 proyectos presentados por la Provincia ante Nación con esto van a ser beneficiados más de 2400 titulares de toda la provincia con una inversión de 163 millones de pesos, presupuesto que será desembolsado por el fondo de Desarrollo Social de Nación y a partir de enero comenzarán los trabajos pertinentes para lograr este objetivo.
EL Programa Potenciar constituye una serie de iniciativas que tiene como receptores principales a titulares de los Programas Sociales “Salario social complementario” y “Ellas hacen” que se fusionan para la creación del programa “Potenciar”.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y Nación, busca impulsar el desarrollo productivo de los beneficiarios de los programas sociales "Salario social complementario" y "Ellas hacen”.
El proyecto se plantea objetivos en tres dimensiones:
Socio-laboral: por medio del cual se buscará lograr la terminalidad educativa, la formación para el empleo y mejorar las capacidades de autogestión de emprendimientos y asociativismo de titulares del programa. En esta dimensión se incluyen 11 (once) opciones de formación, cuyos ejes principales son: Innovación para la terminalidad educativa de titulares, formación profesional de titulares para incrementar su empleabilidad, formación para el empleo mediante capacitaciones en oficios a titulares y alfabetización financiera y Cooperativismo.
Socio-productivo: se generarán actividades de autoempleo para fortalecer emprendimientos y crear canales de comercialización para los productos generados por titulares del programa con el objeto de obtener nuevas fuentes que fortalezcan sus ingresos. En esta dimensión están incluidos 7 proyectos que trabajan los siguientes ejes: Producción de alimentos en huertas comunitarias y familiares, servicios ambientales; creación, fortalecimiento de emprendimientos y comercio de productos de la economía social desarrollado por titulares e infraestructura social.
Socio-comunitario: se brindarán herramientas para la detección y abordaje de los consumos problemáticos y tareas de sensibilización en la población tendientes a generar conciencia frente a la situación de pandemia y reproducir los hábitos de cuidado. Se incluyen actividades culturales, deportivas y acciones que beneficiarán a usuarios de los centros de promoción del menor y comedores, que tendrán como ejes: la prevención en tránsito y de consumos problemáticos, tareas de cuidado y actividades recreativas.
El Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio pone énfasis en su anuario en los logros que se alcanzaron a pesar de las dificultades que ocasionó la pandemia del coronavirus. Un repaso por algunos de los puntos más fuertes de la gestión del titular del organismo, Raúl Schiavi, y de las tres subsecretarías.
El Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, a cargo de Raúl Schiavi, realizó durante el 2020 una serie de trabajos en línea con los ejes de modernización, desarrollo e inclusión social trazados por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, al inicio de su gestión. Fue un año atípico producto de la pandemia de la COVID-19, lo que provocó cambios en la gestión que determinaron un nuevo esquema de trabajo donde la virtualidad tomó un notable protagonismo. A pesar de las consecuencias de la cuarentena, la Provincia siguió su camino hacia la industrialización, logrando nuevas inversiones y fortaleciendo sectores estratégicos de la economía.
En su discurso de apertura del Periodo de Sesiones Ordinarias -1 de marzo-, Valdés destacó el programa Red de Parques Industriales de Corrientes con el que desde el Ministerio trabajan en organizar, planificar y administrar los predios destinados a las empresas.
En lo que respecta a la atracción de inversiones en el sector industrial, por gestiones del Ministerio de Industria, se concretaron importantes proyectos de radicación de empresas en los parques industriales.
Vale recordar cuando Valdés firmó un Acta de Compromiso con 11 empresas para que se instalen en el parque industrial de Ituzaingó. Asimismo, en otra ocasión el viceintendente de la ciudad de Corrientes, Emilio Lanari, y el ministro Schiavi firmaron un convenio para que el parque industrial de Santa Catalina forme parte de la Red de Parques Industriales.
Este año también se produjeron importantes avances en la obra del Parque Tecnológico Corrientes-UNNE, que se construye en el Campus Deodoro Roca de la capital.
En un encuentro celebrado en el parque forestoindustrial Santa Rosa, Schiavi y empresarios acordaron la modalidad de administración del predio.
En materia de infraestructura, este año se dio un importante paso en la obra de conexión de gas natural al parque industrial de Mercedes porque llegaron los caños de la conexión.
En Bella Vista, funcionarios provinciales mantuvieron un encuentro con sus pares del municipio, empresarios e integrantes de la Cámara de Comercio local para finiquitar aspectos del proyecto ejecutivo del terreno destinado a concentrar al parque industrial de esa ciudad.
En agosto se conoció que la empresa Transporte Snaider SRL invertirá 70 millones de pesos para instalarse en el parque industrial y centro logístico Paso de los Libres.
Este año también el Ministerio generó un aporte clave a la hora de medir a los sectores industriales al lanzar su propio Índice de Producción Industrial. A través de encuestas realizadas a decenas de empresas instaladas en la provincia se obtienen datos útiles para la implementación de políticas públicas. La iniciativa es llevada adelante por los Ministerios de Industria y de Hacienda, a través de la Dirección de Estadística y Censos.
Hubo un fuerte compromiso entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Rosa para trabajar mancomunadamente en la prevención de incendios en aserraderos.El ministro Schiavi y el intendente Pedro Maidana acordaron una serie de tareas para alentar a la relocalización de las empresas en el parque forestoindustrial. Justamente, dicha localidad fue noticia en septiembre porque se confirmó que la empresa Chriscar SRL se instalará en el parque y destinará 30 millones de pesos para la construcción de una planta de aserrado y un secadero, generando así trabajo para los correntinos.
Entre otras de las gestiones realizadas, Schiavi, recibió al intendente de Bella Vista, Walter Chávez, y al presidente de la empresa UTE BV S.A, Roger Paul Sabourin, la primera firma que manifestó su interés en radicarse en el futuro parque industrial de esa localidad. El funcionario provincial explicó las instancias que atraviesa el proyecto ejecutivo del parque industrial y los estudios que restan.
Uno de los parques industriales más prometedores es el de Libres porque además está planificado que incluya un centro logístico y eso cautivó a varias empresas. En ese sentido, el presidente de CARPAL S.A y el ministro Schiavi rubricaron un documento que establece formalmente la intención de la compañía de instalarse en el predio industrial y generar empleo local. La Provincia le otorga al proyecto los beneficios contemplados en el Régimen de Promoción de Inversiones.
Siguiendo con las gestiones de articulación con los municipios, desde el organismo garantizaron apoyo para impulsar el parque industrial de San Carlos.
Luego de los lamentables incendios que arrasaron con importantes extensiones de tierras y en algunos casos dañaron a aserraderos, el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio definió un protocolo para evitar focos ígneos en zonas de actividad industrial y también la manera de proceder en caso de que ocurran. Se trata de un trabajo amplio que considera todos los aspectos a cumplir por los trabajadores del sector.
Cerca del cierre del año, Schiavi comenzó a trabajar en junto a productores de cerveza artesanal para que ganen más mercado. Como resultado de esa gestión, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes firmaron un Convenio Marco de Cooperación con la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Provincia de Corrientes.
Procurando llevar la gestión a cada rincón de la provincia, Schiavi logró que Mocoretá se sume a la Red de Parques Industriales de Corrientes y se generaron encuentros de articulación entre Provincia y el municipio de Colonia Liebig para apuntalar la zona industrial de la ciudad.
Otra de las acciones de Gobierno provincial fue el otorgamiento de 280 mil m² de terrenos para ejecución de proyectos madereros en Ituzaingó.
En tanto, en La Cruz se avanzó con la firma de un convenio para la radicación de cinco industrias en el parque industrial. Schiavi y los responsables de las empresas rubricaron un convenio que plasma la intención de radicarse en el parque industrial de la ciudad.
Una de las importantes gestiones del año también fue la constitución de la Mesa Textil Industrial de Corrientes
Cerca de fin de año, Schiavi puso en funciones a dos nuevos funcionarios: la directora de Industria, Mariel Gabur, y el director de Pymes, Damian Garavano. Ambos procedentes del interior, la primera de Liebig, y Garavano de Paso de los Libres; aportándole al área una participación de mujeres y jóvenes del interior.
Además de todo lo anterior, el Ministerio también estuvo abocado a realizar constantemente trabajos de mantenimiento, mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura de los parques industriales de carácter provincial.
Fue un año difícil para la gestión del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio por las complicaciones que generó el coronavirus, pero vale destacar que el titular de la cartera manifestó que “muchos de los proyectos que teníamos y programas que habíamos lanzado, con la impronta del gobernador Gustavo Valdés de industrialización de nuestra producción primaria, parecían que podían postergarse o ralentizarse con la pandemia, pero la buena noticia es que no fue así”.
Subsecretaría de Industria
Para la Subsecretaría de Industria, a cargo de Edgar Benitez, el 2020 fue un reto importante porque tras dos años de realizar capacitaciones presenciales en oficios a lo largo y ancho de la provincia, surgió la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto.
El universo industrial de Corrientes estuvo parado un tiempo, pero rápidamente se activó con protocolos sanitarios, y capacitaciones del personal y la Subsecretaría estuvo ahí para ayudarlos.
Durante la pandemia, el subsecretario y sus técnicos visitaron más de 20 localidades (Ituzaingó, San Carlos, Garrucho, Garabí, Goya, Cruz de los Milagros, Pago de los Deseos, Mburucuyá, San Miguel, Concepción, Mercedes, Curuzú Cuatía, Santa Rosa, Gobernador Virasoro, Monte Caseros, La Cruz, Villa Olivari, Yapeyú, entre otros) entregando bienes de capital y recabando información de problemáticas y brindando consejos a distintos actores industriales de la provincia, desde las micro, pequeñas y medianas empresas hasta las grandes cooperativas que exportan a todo el mundo.
Este año entró en operación la planta de biomasa de Genergíabio Corrientes, ubicada en el parque de Santa Rosa, y se espera por la de FRESA, en Virasoro. Se trata de proyectos que aprovechan los subproductos de la industria forestal y la transforman en electricidad para los pobladores de las zonas aledañas.
Siguiendo este camino de las energías renovables, la cartera a cargo de Benitez realizó una exitosa capacitación virtual sobre Energías Fotovoltaicas a nivel hogareño, empresarial e institucional con más de 300 asistentes. Además, se generó una labor articulada con la Asociación de Comercio de Curuzú Cuatiá y a la Universidad de la Cuenca del Plata para realizar durante el último trimestre del año una serie de webinars sobre identidad, packaging y otras habilidades para el emprendedor.
También desde el área se fortaleció la Red de Parques Industriales de Corrientes, una red pensada como una gran tela de araña para generar unidad a pesar de las distancias geográficas entre los distintos parques, logrando una sinergia entre empresarios, municipios y prestadores locales de bienes y servicios. Se iniciaron expedientes para unas 30 empresas (6 en Santa Rosa, 19 en Ituzaingó, 5 en Mercedes y 3 en Paso de los Libres) y se están tramitando la incorporación de otras.
“El 2020 fue un año atípico, pero nos pudimos adaptar rápido y seguir respondiendo a las problemáticas de aquellos que quieren apostar por la industria correntina y llevar adelante el desarrollo, la modernización y la inclusión social de todos los correntinos”, dijo el subsecretario Benitez.
Subsecretaría de Trabajo
El organismo a cargo de Jorge Rivolta realizó distintas capacitaciones a lo largo del año, incorporando la modalidad de manera remota por el contexto de pandemia y las medidas sanitarias definidas en consecuencia.
De las jornadas participaron 1575 alumnos, de los cuales 524 son de la ciudad de Corrientes y los restantes 1051 participantes residen en otros puntos de la provincia. Aproximadamente se llegó al 75 por ciento de la provincia, alcanzando a un total de 58 localidades.
Las capacitaciones abordaron en total 20 oficios: Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contable, Bioseguridad, Capacitación Administrativa y Contable, Ceremonial y Protocolo, Community Manager, Cuidados Gerontológicos, Gestoría Administrativa, Introducción al Marketing, Lengua de Señas, Manipulación de Alimentos, Oportunidad Laboral Pospandemia, Oratoria, Primeros Auxilios, Secretariado Jurídico, Secretariado Jurídico Administrativo, Seguridad e Higiene Laboral, Valores en el ámbito laboral.
El curso con más participantes fue el de Lenguaje de Señas con 218 alumnos.
Por otra parte, Trabajo avanzó en la creación de una comisión tripartita contra la violencia laboral. Junto a organizaciones sindicales, cámaras empresariales y autoridades universitarias diagramaron políticas conjuntas para combatir este flagelo en Corrientes.
También reforzaron el llamado a adherirse a la Rúbrica Digital, la iniciativa que permite la firma de documentación laboral a través de Internet, de manera segura, gratuita y rápida. En este sentido, Rivolta expresó que “la modernización del Estado es imprescindible porque puede hacer frente a cualquier contingencia” en el marco de la pandemia.
Entre las gestiones del subsecretario de Trabajo se destacan las reuniones que mantuvo con legisladores para impulsar la Ley de Conciliación Laboral. Rivolta, participó de distintos encuentros para explicar el proyecto que busca la adhesión para contener al trabajador y darle una alternativa rápida de resolución de un conflicto laboral. En esa línea, los sindicatos le entregaron a Rivolta propuestas para la Ley de Conciliación Laboral.
La cartera laboral dictó talleres para reforzar la seguridad sanitaria en más de 200 comedores como parte de la lucha contra el coronavirus. Junto a la Dirección de Seguridad Alimentaria capacitaron al personal de los centros comunitarios en medidas de higiene y manipulación de alimentos con el fin de unificar criterios para desarrollar las actividades.
Cerca de fin de año Trabajo expuso acciones contra la explotación infantil en una capacitación del RENATRE. En el ciclo realizado a través de plataforma Zoom “Trabajo cultural, cosecha y empaque de arándanos”, la Subsecretaría de Trabajo generó aportes y participó en la organización del mismo.
A modo de síntesis de lo que dejó el año, en contexto de pandemia Trabajo avanzó con mil conciliaciones laborales. Desde junio de este año se lograron mil acuerdos para evitar conflictos en los lugares de trabajo, más precisamente para colaborar en el cumplimiento y efectivización de protocolos sanitarios, acercando a las partes para buscar soluciones en común.
Subsecretaría de Comercio
En lo que respecta a las gestiones del organismo a cargo de Juan José Ahmar, las gestiones realizadas estuvieron vinculadas en resguardar y garantizar los derechos de los consumidores haciendo controles en comercios, concretando capacitaciones, ampliando la presencia de las delegaciones en el interior provincial y realizando mediaciones entre empresas y usuarios.
Una de las actividades más relevantes del año de la Subsecretaría de Comercio fue en marzo cuando Schiavi inauguró una delegación de Defensa del Consumidor en Gobernador Virasoro. Es la tercera oficina de la Dirección de Defensa del Consumidor en el interior provincial y en la nueva sede se toman denuncias por reclamos a empresas de bienes y servicios, evitando traslados a la Capital por trámites.
La Subsecretaría es la entidad encargada del cumplimiento y control de comercios porque así lo dispone la Nación. En materia de controles, el año inició con los agentes del organismo recorriendo las librerías que ofrecían la Canasta Escolar Correntina; pero una vez que se desató la pandemia en todo el territorio nacional, en la provincia se abocaron a constatar precios y disponibilidad de alcohol en gel y repelentes en farmacias y droguerías de Capital para verificar la existencia y los precios de esos productos. Para evitar maniobras desleales, Comercio inspeccionó también droguerías por la faltante de alcohol en gel. En ese contexto complicado, desde la cartera industrial pidieron a Nación que intime a los fabricantes de este producto para distribuir y abastecer a la comunidad.
Las inspecciones incluyeron también a los comercios adheridos al programa Precios Cuidados para asegurar la presencia de los productos en las góndolas. Gracias a este trabajo se logró que los precios de supermercados se retrotraigan y se ajusten a los acuerdos realizados.
Las verdulerías y fruterías de la Capital también estuvieron en la agenda de Comercio con el fin de evitar abusos de precios. En algunos casos detectaron irregularidades y se labraron actas por no exponer los costos de los alimentos.
Los controles de precios también llegaron a municipios del interior. Desde el inicio de los operativos de control de Precios Máximos, la Subsecretaría de Comercio diagramó un sistema de trabajo coordinado con las municipalidades de la ciudad de Corrientes, Ituzaingó, Gobernador Virasoro, Bella Vista, Goya, Alvear y Mburucuyá.
Dada la continuidad de la cuarentena y con las medidas obligatorias de prevención del coronavirus, se verificaron la disponibilidad y los precios de venta de barbijos y alcohol en gel.
Los inspectores de Comercio controlaron los Precios Máximos en Itá Ibaté, y se reunieron con el intendente para avanzar con la apertura de una delegación en la localidad.
El precio del gas -como todos los años- es otro de los temas sensibles del área y en el 2020 no fue la excepción porque se realizaron numerosos controles de los precios de venta del gas envasado en distribuidoras de Capital. En la mayoría de los casos, en los centros de distribución de respetaba el precio máximo establecido por la Nación.
Los controles también abarcaron el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria en supermercados. Por decisión de Ahmar, los comercios de Capital fueron visitados por los agentes para corroborar el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas para la lucha contra el coronavirus.
En lo que respecta a fiscalizaciones también se verificó el correcto uso de las Tarjetas Sapucay y Mbareté, y ya en el último mes del año se corroboraron el cumplimiento de los Precios Cuidados y la disponibilidad de la canasta navideña. También controlaron el tiempo máximo de espera en las filas de las cajas y las medidas sanitarias de prevención del coronavirus.
Este año profundizó las relaciones entre empresarios y funcionarios del Ministerio porque ante la pandemia, se realizaron una serie de encuentros para desplegar un plan de tareas en los comercios con el fin de llevar tranquilidad a la población y garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención de la COVID-19.
En algunos casos, los controles derivaron en sanciones por incumplimiento. En este caso se labraron actas por irregularidades en los precios establecidos por la Nación. Como autoridad de aplicación, la Subsecretaría actuó clausurando supermercados en la capital y el interior provincial, fundamentalmente en casos donde se detectaron productos vencidos y se decomisaron alcohol en gel de dudosa procedencia.
Los locales de cobranzas extrabancarias también fueron apercibidos por el organismo. Tras recibir denuncias por cobros de plus, cargos o adicionales los agentes públicos realizaron controles y detectaron incumplimientos y labraron actas de infracción para desalentar las prácticas abusivas.
En Paso de la Patria y Mburucuyá se verificó el cumplimiento del régimen de Precios Máximos y al identificar productos que se vendían a valores superiores y se labraron actas de infracción.
Desde agosto rige la nueva etapa del programa Precios Cuidados y en Corrientes se aplica en las sucursales de las cadenas nacionales. En sus recorridas, los agentes detectaron faltantes y labraron actas de infracción.
La gestión de Ahmar incluyó también este año una capacitación a trabajadores de delegaciones de Defensa del Consumidor de Ituzaingó y Gobernador Virasoro. El objetivo del evento fue brindar mejor atención y asesoramiento al público.
Otro de los puntos fuertes del 2020 fue el lanzamiento de la aplicación para teléfonos celulares Precios Correntinos, la cual permite constatar el valor de los productos contemplados por el programa nacional Precios Máximos. La app posee una solicitud para realizar denuncias anónimas, ante las irregularidades que se puedan presentar.
Este año la Justicia confirmó las multas aplicadas por la Subsecretaría de Comercio. El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó las sanciones en causas iniciadas de oficio por el organismo para dar respuesta a reclamos realizados por consumidores. Los fallos fueron resueltos por unanimidad.
Ya en el cierre del año, Comercio estuvo ocupado en un trabajo articulado para lograr una tienda virtual para comerciantes y artesanos. El ministro Schiavi; el subsecretario Ahmar, y el gerente de APICC, Carlos Vasallo, dialogaron sobre el Plan de Transformación Digital dirigida a comerciantes y artesanos correntinos. La pandemia aceleró el proceso de digitalización de la compra-venta, por lo cual se proyecta una herramienta de comercio electrónico.
Política
Corrientes 2030. Recta final por una década de objetivos consensuados
PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO
“Tenemos que pensar y planificar la Corrientes del 2030”, dijo el gobernador Gustavo Valdés cuando presentó en octubre pasado el Plan Estratégico Participativo que lleva adelante la elaboración del Nuevo Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social. Desde entonces, se concretaron decenas de charlas y talleres virtuales abiertos con miles de participantes, en los cuales se recolectaron cientos de propuestas sobre Desarrollo, Modernización, Inclusión y Género. Ahora, se preparan entrevistas a diversos referentes y talleres de consultas para culminar en la redacción final del acuerdo que se espera firmar en abril próximo. De esta forma, el Mandatario planteó “mirar hacia adelante con objetivos claros, definidos y consensuados por todos”.
El equipo técnico Corrientes 2030 procesa las propuestas que se aportaron en los talleres virtuales que convocaron recientemente a unas 6 mil personas de toda la provincia. Es así que se logró recoger una importante cantidad de ideas y aspiraciones de los muy diversos sectores de la sociedad, las cuales se pondrán a disposición para la redacción del Nuevo Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social.
“Corrientes 2030 es un espacio de diálogo, trabajo conjunto y planificación en el que miramos el mañana por fuera de la coyuntura”, indicó Valdés en una de sus publicaciones de redes sociales, sosteniendo que el mismo es “abierto y transparente con el foco puesto en el fortalecimiento de la participación ciudadana”.
Con estas premisas, se realizaron a través de videoconferencias ocho charlas de sensibilización y 25 talleres participativos para las distintas regiones de la provincia, en los cuales participaron unas 6 mil personas, pertenecientes a diversos ámbitos de la sociedad. Los mismos se dividieron en los cuatro ejes de este plan estratégico: Desarrollo, Modernización, Inclusión y Género, concluyendo en el último destinado exclusivamente para jóvenes, el cual abordó estas cuatro temáticas.
En tanto, en las charlas de sensibilización que se realizaron previamente a los talleres, los ministros y otros funcionarios explicaron la tarea que llevan adelante desde sus respectivas áreas y la visión que guía sus pasos, en tal sentido.
Cabe señalar que para cada eje se convocaron especialistas en cada taller y fue así que para Desarrollo, los académicos Fabio Quetglas y Vicente Donato, remarcaron la importancia de establecer conectividad con países limítrofes para abrir nuevos mercados; mientras que en Modernización, el ingeniero Carlos Pallotti explicó su importancia para la economía y la transformación de la sociedad; luego, la socióloga Gabriela Agosto describió el rol de la educación y los gobiernos locales en la Inclusión; y en el eje Género, Julia Pomares (CIPPEC), planteó la necesidad de políticas públicas para una mayor inserción de la mujer en el ámbito laboral.
Ahora, la siguiente etapa de este Plan Estratégico Participativo consiste en la realización de entrevistas en profundidad a distintos referentes, tanto de los sectores público como privado, las cuales tendrán a su cargo un equipo especializado del ámbito académico, durante el mes de febrero. La información que se obtenga de este trabajo se sumará al conjunto de propuestas obtenido de los talleres y con ello, el equipo técnico Corrientes 2030 redactará el primer borrador del Pacto.
Con este documento preliminar se realizará durante el mes de marzo una nueva ronda de talleres de consulta y validación, a fin de consensuar la versión definitiva con los municipios y los Consejos Regionales, en los cuales se nuclean diversas instituciones públicas y privadas, y que integran el Consejo Provincial para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social, órgano representativo con rango constitucional.
Al respecto, Valdés señaló que “con la puesta en marcha del Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030, abrimos las puertas para que cada uno de los correntinos y las correntinas puedan hacer su aporte a través de las organizaciones de la sociedad civil. Así, mediante los talleres virtuales participativos, recibimos cientos de ideas para impulsar el desarrollo, la modernización, la inclusión social, con un acento puesto en hacer efectivos los derechos de las mujeres y los jóvenes”.
“Ahora vamos a procesar todas esas propuestas para que sean revisadas y ordenadas de cara a una nueva consulta”, afirmó luego, a fin de que “tengan el consenso necesario para que antes que finalice el PEP 2021, podamos firmar el Nuevo Pacto Correntino para el Desarrollo Económico y Social que guiará a nuestra provincia durante los próximos 10 años”. Cabe señalar que el primer Pacto fue firmado el 5 de diciembre de 2013 con Ricardo Colombi como gobernador, tras un proceso similar al que actualmente se lleva adelante con Valdés como principal impulsor y con la firme decisión política de rubricar este nuevo acuerdo en abril próximo.
“Cumplimos el primer paso”, había dicho el Mandatario en referencia al PEP 2021 cuando presentó el 16 de octubre pasado el nuevo Plan Estratégico Participativo, sosteniendo que “ahora tenemos que pensar y planificar la Corrientes del 2030”. Y consideró que este proceso “tiene que ver con proyectar el presupuesto a ese período: son los recursos que tenemos para crecer, desarrollarnos y para mirar hacia adelante, pero fundamentalmente para brindar calidad institucional con objetivos claros, definidos y consensuados por todos en una provincia que necesita tener definiciones de futuro”.
