Ambiente
MuMaLa y la problemática de la minería a cielo abierto
EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO
Silvia Ferreyra, referente de MuMaLa Nacional, contó cómo vienen trabajando en torno a la problemática del agua que es contaminada por el accionar ilegal de las minerías a cielo abierto que trabajan con cianuro, ácido sulfúrico, arsénico, entre otras sustancias que la contaminan.
“Hace casi 9 años atrás, en enero de 2011, laburando a contrarreloj diseñe un logo para la campaña “El Agua Vale Más que el Oro”, lanzada en el festival Cosquín Rock con una juntada de firmas para prohibir la megaminería en todo el país. Iniciativa que impulsamos, junto a múltiples espacios políticos y sociales, desde Libres del Sur. La imagen recorrió los más recónditos lugares y se convirtió en un ícono en la defensa del agua”, dijo.
“El logo recogía la potente frase repetida en puebladas encabezadas por buena cantidad de mujeres a lo largo de la cordillera: desde el primer NO A LA MINA en Esquel (Chubut) a principios del 2003, hasta Famatina (La Rioja), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), pasando por Jáchal (San Juan), entre otras. Tomaba como emblema la gota de agua usada por habitantes del Valle del Huasco, Chile, al enfrentar a la Barrick Gold y su proyecto minero binacional Pascua Lama. Que mucho tuvo que ver con nuestra Ley de Glaciares, vetada por CFK a pocos días de aprobada, que tanto nos costó recuperar”, indicó.
“Los gobiernos pasan pero la “comunidad minera” queda: empresas, funcionarios, aportistas, consultoras, jueces amigues, gremialistas, formadores de opinión, etc. trascienden las fronteras políticas, geográficas y temporales en las usinas del poder”, señaló.
“El régimen de la actividad minera de nuestro país es una de las grandes vergüenzas heredadas del menemismo, mantenido prácticamente intacto a la fecha: estabilidad fiscal por 30 años, devolución del IVA en gastos de exploración, tope del 3% de regalías, reciente tope del 8% en retenciones, tasas municipales irrisorias, al igual que las tarifas de energía, gas, combustible y agua. Se llevan nuestras riquezas a pura declaración jurada, sin más controles que su firma”, destacó.
“La onza de oro ronda en el mercado internacional cerca de los 1.500 dólares, unos $94 mil y pico; según Barrick, la mina Veladero (San Juan) produjo en el 2018 unas 556 mil onzas de oro, saquen la cuenta del negocio. Aunque no es sólo el robo de nuestras riquezas”, informó.
“En este año una piba sueca de trenzas sacudió la opinión pública mundial exigiendo a los gobiernos la necesidad de actuar ante la inminencia del cambio climático. Su ejemplo movilizó a jóvenes y no tan jóvenes de todo el planeta; aquí en Argentina ese reclamo logró la sanción de la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. La desertificación es una de las consecuencias que deberán enfrentar las autoridades”, precisó.
“La mayoría de los yacimientos metalíferos se ubican en zonas de la cordillera donde el agua es escasa, en ese marco es difícil pensar la sustentabilidad de la actividad: la enorme cantidad de agua requerida por la megaminería dificulta seriamente su convivencia con la producción agrícola, propia de estas regiones. El Departamento de Irrigación de Mendoza ya califica como “nueva normalidad” la situación de emergencia hídrica provincial”, contó.
“También es difícil hablar de sustentabilidad analizando los casos de La Alumbrera, Catamarca, la primera megaminera más grande del país, con sentencia firme de la Corte Suprema de Tucumán en uno de los juicios por contaminación, y la mina Veladero, en San Juan, también con causas por los sucesivos derrames en los últimos años. Pero tampoco es sólo el agua y la contaminación”, señaló.
“Desde hace siglos nos repiten como único modelo de desarrollo posible seguir cambiando oro por cuentas de vidrio, la llegada de inversiones extranjeras aportando las divisas necesarias para la economía. Varios de los grandes emprendimientos mineros en Argentina están hoy en su etapa final y sirven de testimonio vivo de los verdaderos resultados: sociedades que siguen dependiendo fuertemente del aporte Estatal provincial y nacional para financiar servicios y empleo, con democracias disminuidas donde se condena cualquier diferencia o cuestionamiento, el poder político fuertemente centralizado en pocas manos, y el clientelismo como moneda corriente”, dijo.
“Por eso, con o sin ley protectora del agua, ninguno de los megaproyectos megamineros anunciados pudieron instalarse en los últimos años en nuestro país, siempre encontraron la resistencia firme de las comunidades. Las mujeres, en muchos casos trabajadoras de la tierra y sostén económico y social de nuestras familias y comunidades, nos consideramos herederas de culturas originarias, soñamos un mundo sin desigualdades de género, en armonía con nuestro ambiente y hábitat, sólo así será mejor el futuro”, comentó.
“En estos días vivimos con mucha expectativa la posibilidad de lograr un cambio de rumbo en el país. El presidente nos convocó en su discurso de asunción a que si sentíamos que se desviaba del camino, saliéramos a la calle a recordarle lo que hacía. Es un error pensar que las leyes que protegen el agua son el problema y la megaminería es la solución; es exactamente al revés. Bueno, allí están para recordarle: Mendoza de pie en las rutas, pronto estará Chubut. Nuestra dirigencia política hoy tiene la oportunidad de pensar otras alternativas de desarrollo, compatibles con el cuidado del ambiente, sobre bases de mayor soberanía”, finalizó.
En virtud a la decisión de considerar al turismo como política de estado, el Gobierno provincial lleva adelante acciones tendientes a preservar nuestros recursos naturales, en esta ocasión de la fauna íctica en el río Paraná. A través de la Dirección de Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de Turismo, en la jornada del domingo 20 de diciembre se procedió al secuestro de carnet habilitante de pesca deportiva a dos personas oriundas de la ciudad de Corrientes ante una actividad ilícita contemplada en las normas vigentes.
A consecuencia de ello, el área legal del organismo aplicó las sanciones correspondientes, que en este tipo de circunstancias alcanza a triplicar el valor de las multas, más el retiro del carnet que habilita para la práctica de la pesca deportiva en Corrientes. Este tipo de sanciones busca ser ejemplificadoras, ya que se está sacrificando ejemplares de dorados y el estado provincial mantiene firme su convicción de preservar los recursos naturales como principal atractivo de la actividad turística.
Se trata de un sector con gran futuro, que involucra a toda una comunidad y que es motor generador de mano de obra genuina para los correntinos. Acciones de esta naturaleza deben ser penadas con medidas ejemplificadoras. Corrientes como provincia productora de naturaleza tiene a la pesca deportiva como uno de sus principales atractivos turísticos, y debido a esta bajante del Paraná la Provincia tiene establecida hace más de cuatro meses un sistema de veda de pesca y devolución obligatoria.
Cabe destacar que las piezas decomisadas son entregadas al Ministerio de Desarrollo Social, que luego coordina con diferentes comedores barriales, donde son consumidos.
El sistema fue diseñado por estudiantes y graduados de Ingeniería y de otras facultades de la UNLP. El software se encuentra en pleno funcionamiento en una plantinera de la ciudad de La Plata. El desarrollo es una de las propuestas finalistas del concurso IB50K del Instituto Balseiro.
Con el objetivo de mejorar la producción y reducir los riesgos fitosanitarios en cultivos bajo cubierta un equipo interdisciplinario, integrado por estudiantes y graduados de la Facultad de Ingeniería y de otras unidades académicas de la UNLP, creó una plataforma que brinda un servicio integral para el productor agropecuario. El proyecto es uno de los ocho finalistas de la décima edición del concurso IB50K, organizado por el Instituto Balseiro (IB).
La plataforma, denominada Pliot, facilita la automatización de tareas repetitivas realizando acciones de monitoreo y control en invernaderos. Consiste en una red de sensores y actuadores, conectada de forma inalámbrica dentro del invernáculo y enlazada a un servidor. El invernadero envía datos a la nube (internet) y el software permite la visualización de distintas variables para que luego se puedan ejecutar distintas acciones.
“Pliot surge frente a una necesidad del cordón frutihortícola bonaerense, pero puede adaptarse a cualquier tipo de producción de cultivo bajo cubierta. Si bien apuntamos en primera instancia a las plantineras, que poseen más tecnología que los invernaderos, este sistema también puede usarse en hidroponía, floricultura y para la producción de flores ornamentales”, detalló Federico Raggio, estudiante de Ingeniería Electrónica.
Según el joven, una primera versión del sistema se encuentra hace más de un año en funcionamiento y con grandes resultados obtenidos en una importante plantinera de la Capital bonaerense. El equipo de la Universidad Nacional de La Plata tiene una alianza estratégica con dicho vivero con el fin de trabajar en conjunto y mejorar el producto.
“Con el objetivo de ofrecer un buen servicio, al grupo se fueron sumando integrantes de distintas especialidades. Se incorporó un ingeniero agrónomo para poseer un conocimiento exhaustivo de cómo afectan a la producción las distintas variables a medir y las acciones a tomar en consecuencia, además de ser el nexo con la industria del agro. También se sumó un estudiante de Ingeniería Industrial con la idea de tener un mejor manejo del emprendimiento; y una estudiante de Diseño en Comunicación Visual porque estamos convencidos de que la apariencia externa interpela al usuario, facilitando el uso del mismo. El buen disen~o nos ofrece un balance entre usabilidad y funcionalidad, logrando un aporte de valor al proyecto”, afirmó Raggio.
Además del estudiante forman parte del equipo los alumnos Bautista Bertone (Ing. Industrial), Danilo Parra (Ing. Electrónica), Francisco Quarin (Ing. Electrónica) y Juan Cruz Scatuerchio (Ing. Electrónica). También lo integran el Ing. Electrónico Martín García Zambon; la estudiante de Diseño en Comunicación Visual de la Facultad de Artes, Micaela Quarin; y el Ing. Agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Torcuato Saino.
Francisco Quarin detalló que el sistema “permite hacer mediciones como humedad ambiente, temperatura ambiente, humedad del suelo, radiación solar y emisión de gases. También la automatización de aperturas cenitales de los invernaderos y la automatización del sistema de calefacción y refrigeración de plantineras. Además puede realizar un seguimiento más exhaustivo de la producción evitando riesgos del personal y controlar las distintas variables fuera del horario de trabajo”.
Por su parte, decano de Ingeniería Horacio Frene destacó “el aporte al desarrollo tecnológico de estudiantes y graduados de la Facultad para dar respuesta a una necesidad del sector frutihortícola”. Y celebró la participación del equipo multidisciplinario de la UNLP en el certamen.
El Concurso de Planes de Negocio de Base Tecnológica IB50K, organizado por el Instituto Balseiro y la Universidad Nacional de Cuyo, premia con más de 50 mil dólares a las iniciativas tecno-emprendedoras de jóvenes estudiantes terciarios, universitarios y profesionales noveles.
Cabe mencionar que los ocho planes de negocios seleccionados pasaron por un proceso de evaluación técnica y económica a cargo de tecnólogos, investigadores y expertos en negocios. La final tendrá lugar el 27 de noviembre y se realizará de manera abierta al público bajo la modalidad online.
Investigadores, biólogos y graduados de la UNNE que integran el “Foro de Humedales NEA” marcaron su posición con respecto a la necesidad de una norma nacional proteccionista. Ante el lobby del sector productivo, esgrimen, “no siempre los intereses de un pequeño número de productores son los mismos que los de la mayoría de la población”. Ven en la potencial ley, una herramienta de regulación de la producción extractivista.
Ante el creciente lobby del sector productivo, un grupo de investigadores, biólogos y graduados que integran el “Foro de Humedales NEA” esgrimen el beneficio general sobre el particular. “No siempre los intereses de un pequeño número de productores son los mismos que los de la mayoría de la población”. Este colectivo ve en la potencial ley, una herramienta de regulación de la producción extractivista.
Prosigue en el Congreso de la Nación y en distintos ámbitos el debate en torno al proyecto de Ley de Protección de Humedales, que apuesta a generar nuevos instrumentos para su protección. El parlamento argentino ya tuvo en los últimos años oportunidades de sancionar una ley, sin lograr consensos, en un tema que genera posturas encontradas.
Con el fin de seguir aportando algunas reflexiones sobre la cuestión, el Departamento de Comunicación Institucional del Rectorado de la Unne hizo un relevamiento de opinión a un colectivo de académicos reunidos en el “Foro Humedales NEA”, surgido desde Corrientes y conformado por investigadores y biólogos y estudiantes provenientes del ambiente estatal, privado y universitario, entre ellos investigadores, docentes y egresados de la Universidad.
El objetivo del foro es hacer pública una voz académica respetando la diversidad de opiniones pero sin perder de eje el interés común como lo son los humedales, preservando su uso sustentable que no solo considera el aspecto de su aprovechamiento económico sino que aún más lo preserva para las futuras generaciones.
Señalan que por diversas razones, quizás centradas en una falsa dicotomía entre el sector ambientalista y el sector productivo, el tratamiento de proyectos en el Congreso de regulación de humedales siempre naufragó.
—Uno de los fundamentos por el que el proyecto de ley es trabado, gira en torno al impacto socioeconómico que su sanción generaría. Algunos legisladores sostienen que el proyecto tal como está planteado restringirá las actividades productivas afectando a miles de productores y a los demás eslabones de la cadena de valor. ¿Tienen una opinión al respecto?
—Es necesario separar los beneficios ecosistémicos que provee la protección de un ambiente que es de todos, de las ganancias que obtendría un sector reducido de la población a partir de la explotación del mismo. Claramente, entendemos que el aumento de la protección de ciertos ambientes, puede limitar algunas áreas de producción, pero en general los ambientes seleccionados para su protección pueden traer beneficios ecosistémicos. Los humedales prestan una amplia gama de servicios importantes y fundamentales (por ejemplo, peces y fibras, abastecimiento de agua, purificación del agua, protección de la costa, oportunidades de recreación y, cada vez más, turismo) que son decisivos para el bienestar del hombre. Al mantener el funcionamiento natural de los humedales se les permitirá seguir prestando estos “servicios” que impactan de manera positiva en la calidad de vida de la población en general, que lejos está del lobby productivo. Por otro lado, la interacción entre Nación y Provincia acerca de las decisiones sobre qué y cómo proteger, permite que los intereses de ambos sean protegidos. Finalmente, no siempre los intereses de un pequeño número de productores son los mismos que los de la mayoría de la población, en términos de cómo interactuar con la protección del ambiente y al uso de los “recursos” naturales. Esta ley de presupuestos mínimos para el ordenamiento, protección y utilización de los humedales en el país, nos ayudará a que todos seamos beneficiados de forma equitativa en cuanto a los servicios ecosistémicos, y a que las formas de producción extractivistas, con extensas modificaciones al ambiente sean reguladas.
—¿Cuál creen ustedes sería la definición de humedal que mejor consensúe los intereses de ambientalistas y productores?
—En el marco del Inventario Nacional, “un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.
—Existen planteos referidos a la potestad de Nación de regular aspectos que podrían concernir a las provincias. Desde el Senado de Corrientes entienden que debe tenerse en cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional que indica que “las provincias se reservaron la facultad legislativa complementaria de la materia ambiental, la cual no es meramente procesal o reglamentaria respecto de las leyes de presupuestos mínimos emanadas del Congreso de la Nación”. ¿Qué opinan al respecto?
—Podemos empezar a mirar esto desde otra perspectiva y no como una intromisión del estado nacional en un territorio provincial, el tener un tercer agente que regule, arbitre o audite lo que sucede en la provincia en materia de humedales y de un recurso natural estratégico para el país como es el agua, garantiza potencialmente el uso discrecional y sustentable de estos ambientes.
No obstante, es verdad que desde la modificación de la Constitución en 1994, las provincias tienen la potestad sobre los manejos de sus recursos naturales. Pero también creemos que en cuestión de protección de los ambientes debemos tener una visión más federal, y aún más regional. Por ejemplo, estas diferencias se han manifestado recientemente con la problemática de la autorización de la pesca en el Río Paraná entre las provincias de Chaco y Corrientes. Ni los ambientes, ni su biodiversidad tienen límites políticos y por eso es de suma importancia la concreción de una ley de presupuestos mínimos. Un presupuesto mínimo, como está establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, permite tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. Más allá de que una ley de humedales nacional tiene incluidos diálogos en las determinaciones de las áreas a proteger, es necesario el rol del Estado a nivel nacional, para velar por los recursos naturales que pertenecen a toda la sociedad. Y de alguna manera debemos asegurar el mantenimiento de la biodiversidad de los humedales, su estructura y las funciones de estos ecosistemas, orientando su gestión en un marco de concertación y articulación federal, intersectorial y participativa.
—¿Qué rol considera deben jugar las provincias en la regulación de los humedales?
—Las provincias deben tener un rol protagónico en la aplicación de la definición de humedales lograda a través de un consenso nacional y representativo. Creemos que existe la posibilidad de que las provincias puedan generar sus capacidades técnicas para el desarrollo de acciones y medidas para la conservación, el uso sostenible y la promoción de programas de capacitación e intercambio de información dirigido al personal vinculado a la gestión de los humedales. Todo este proceso debería ser participativo y vinculante, en el cual tanto los grandes productores agropecuarios y forestales, un equipo técnico heterogéneo, representantes de campesinos y pequeños productores, como el resto de la sociedad forme parte de la toma de decisiones.
—¿La importancia de una ley de Humedales, se limita a la protección, conservación de determinadas áreas?
—No podemos dejar de ver, que con en el sistema actual de producción y sin esta ley de Humedales, ya hay migraciones, pobreza, envenenamiento, modificación masiva del ambiente, contaminación, trabajo precarizado y tantas otras situaciones que desde los centros urbanos quizás no se ven. Si de una vez por todas queremos seriamente sentarnos a discutir cómo modificar la situación de pobreza y las migraciones internas, deberíamos ir un paso atrás y discutir los sistemas de producción basados en el agronegocio y el consumo desmedido. En este marco, una ley de protección de humedales, puede encaminarnos hacia un manejo sustentable de nuestros recursos.
Esta nota refleja las opiniones individuales de los suscribientes, y no la opinión de sus respectivas filiaciones.
Firman en orden alfabético: Dr. Federico Exequiel Arce (UNNE); Alejandra Báez – Estudiante Cs. Biológicas (UNNE); Mgtr. Melanie Browne – Bióloga; Tomás Camarasa – Abogado y téc. univ. en gestión ambiental, egresado UNNE; Dra. Micaela Camino (CONICET); Dr. Felix Ignacio Contreras (CONICET-UNNE); Dr. Adrian Di Giacomo (CONICET-UNNE); Lic. Janinna Faraone – Bióloga egresada UNNE; Dra. Ma. Emilia Garcia Denegri (UNNE); Debora Rocio Gilles – Estudiante Cs. Biológicas (UNNE); María Clara González – Estudiante de Cs. Biológicas (UNNE); Dra. Cecilia Kopuchian (CONICET); Dr. Martin Kowalewski (CONICET-UNNE); Dr. Esteban Meza Torres (CONICET); Dr. Angel Miño Boilini; Med. Vet. Belén Natalini (CONICET); Lic. Renata Nicora Chequín – Bióloga egresada UNNE; Lic. María Florencia Pucheta – Bióloga; Dra. Mariana Raño – Bióloga; Dra. Veronica Romero (UNNE); Lic. Romina Florencia Quijano – Bióloga y guardaparques egresada UNNE; Adriana Belén Vallejos – Guardaparques egresada UNNE; Dra. Silvia Clarisa Zaninovich – Bióloga egresada UNNE, Dr. Alfredo Eduardo Zurita.
